Ya que estamos en el renglón de precisiones analicemos esta nota de La Jornada cuya fuente es las Agencias Internacionales.
Dpa y Reuters
Caracas, 14 de agosto. La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela aprobó en las primeras horas de este viernes una polémica ley de educación, la cual agudizó la polarización en el país y que podría ser desconocida por gremios y universitarios.
Antes de la aprobación, la fracción del partido opositor Podemos de 11 diputados decidió retirarse de la cámara y anunció que agotará las gestiones para convocar una consulta con el fin de abrogar la ley.
Los diputados que se retiraron no argumentaron en contra de la ley sino que simplemente se opusieron y optaron por salirse.
El jefe legislativo de Podemos, Ismael García, anunció que organizará un plan de acción para evitar que se imponga un proyecto autoritario, hegemónico que no tiene nada que ver con Venezuela ni con la Constitución.
Este proyecto de ley está apegado a la Constitución pero, claro, hay que leer tanto la Constitución como la ley para constatarlo.
El debate, que se alargó por 10 horas, avanzó con rapidez luego de que la fracción de diputados del opositor partido Podemos abandonó la cámara para dejar la responsabilidad de aprobar la legislación a la mayoría oficialista.
El debate sobre la ley se dio en todo el país, la ley se podía descargar de internet y se imprimieron miles de copias para ser discutidas por el pueblo antes de llegar a la segunda discusión en la Asamblea Nacional.
La presidenta de la Asamblea, Celia Flores, dijo que la nueva ley recibirá la aprobación final después de que la Comisión Permanente de Educación realice las correcciones que se hicieron al proyecto original.
Dichas correcciones surgieron del debate PÚBLICO. ¿En qué país de América, una ley pasa a debatirse por el pueblo?
Indicó que la ley busca afianzar la patria potestad (custodia de los niños), al plantear que las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la formación de valores, principios, creencias, actitudes, normas y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
Los medios hicieron una campaña difundiendo que la ley les quitaba la patria potestad a los padres lo cual se demostró que no era cierto. Pero esta mentira nos da la pauta de que la oposición recurre a la mentira para descalificarla porque en el fondo lo que no quieren acatar es que el acceso a la educación superior sea gratuita y para todos los estratos y, sobre todo, que las autoridades universitarias tengan que rendirle cuentas a toda la comunidad y al gobierno de cómo se gastan el dinero. Al fin de cuentas toda la bronca está en relación con el dinero y en que se abra la participación y la crítica a los estudiantes.
Defensa gubernamental
El gobierno dijo que entre los beneficios que tiene la ley está el incremento de los días de escolaridad, donde se establece que el año escolar tendrá un mínimo de 200 días de clases, aunque mantiene los 60 días de vacaciones.
Agregó que respetará la pluralidad ideológica fundamentada por una parte en la doctrina bolivariana y en el humanismo social, además de estar abierta a todas las corrientes del pensamiento. Sus promotores afirman que la ley garantiza también la igualdad de oportunidades de educación para todos los estratos sociales.
El proyecto recibió duras críticas de gremios y especialistas al considerar que la ley pretende ideologizar a los alumnos en el socialismo, en tanto que la jerarquía de la Iglesia Católica advirtió que elimina la educación religiosa en las escuelas venezolanas.
Es decir, quieren que los alumnos sean ideologizados por el capitalismo y por la religión, no dentro del proyecto de gobierno que ha ganado el 62% de aceptación entre los venezolanos.
Los opositores a la ley aseguran que los 56 artículos que la conforman otorgan poder amplio al Estado para intervenir en la educación de los niños y elimina el derecho de la familia a elegir el tipo de enseñanza que prefieren para sus hijos.
Lo cual es exactamente al revés, lo que se da es el derecho de la familia a estar al tanto e incidir en qué es lo que les están enseñando a sus hijos.
El artículo 50 es uno de los más polémicos al establecer que los medios de comunicación tienen prohibido publicar informaciones que produzcan terror en los niños, inciten al odio, atenten contra los sanos valores del pueblo venezolano, la salud mental y física de la población.
Esto está en relación a que los medios en Venezuela frecuentemente han incitado al magnicidio, incluso recomendando cómo debe hacerse, a matar a los chavistas y a decirles a los niños que éstos les van a quitar a sus padres.
La mención a la prensa provocó la reacción de los periodistas, que alertaron sobre los peligros a la libertad de expresión.
La libertad de expresión en Venezuela es en efecto peligrosa pero porque hay un libertinaje brutal en el que irresponsablemente todo mundo puede decir lo que le viene en gana así sea calumnia, mentira o difamación sin que haya un órgano rector que limite los delitos de información falsa y tendenciosa en contra del gobierno o de discriminación contra indígenas, negros o pobres. En Venezuela se puede llamar a través de los medios a burlar las leyes como aquí mismo se señala.
Un grupo de periodistas de la Cadena Capriles, los diarios Últimas Noticias, El Mundo y Líder fue agredido el jueves cuando entregaban volantes impresos en Caracas, en los que alertaban sobre el hecho de que el Ministerio de Educación podrá intervenir cualquier medio que en su consideración viole la ley. Doce periodistas resultaron heridos luego del ataque con piedras y palos.
Estas violaciones están siendo investigadas por el Ministerio Público para sancionar a los responsables y de hecho ya hay chavistas presos por haber agredido a un Canal de Televisión. Es decir la ley se aplica parejo. En cuanto al número de lesionados se reportan nueve no doce. La Fiscal señaló que la institución que dirige no ha recibido otras denuncias en este sentido, por lo que instó a todas las personas que hayan resultado heridas en estos hechos a contactar las fiscales asignadas para este caso, con el objetivo de que no quede impune ninguna agresión.
A la vez, la oposición y estudiantes universitarios advirtieron que llamarán a desconocer la ley, ante el temor de que no puedan escoger sus carreras profesionales.
Otra mentira, en ninguna cláusula hay la posibilidad de que no se puedan escoger las carreras profesionales.
La ley de Educación será enviada al presidente Hugo Chávez para su promulgación.
No aguantan un debate de altura, ni porque ha hablado la Iglesia católica golpista, afirmó la diputada oficialista, Iris Varela, al recordar los pronunciamiento de obispos contra la ley.
Reacciones internacionales
El gobierno dijo que entre los beneficios de la nueva ley destacan el impulso de la autonomía universitaria, el análisis de los medios de prensa como cátedra, la integración familia-docente e igualdad educativa.
Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) de Nueva York condenó hoy el asalto violento cometido el jueves en Venezuela por supuestos partidarios del gobierno de Hugo Chávez contra una docena de periodistas.
Otra vez son 9 no 12. Lo curioso es que este Comité no ha condenado las múltiples agresiones que han sufrido los periodistas que simpatizan con el gobierno de Chávez por parte de la oposición.
En tanto, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó la honda preocupación manifestada por la UNESCO en un comunicado sobre la libertad de expresión en Venezuela, por considerar que estuvo basado en falsas informaciones, señaló un boletín oficial.
Según el texto, la delegación venezolana en la UNESCO solicitó al secretario general del organismo Koichiro Matsuura una rectificación oficial a su comunicado, en el que se pedía a Chávez que reconsidere su decisión de revocar la licencia de transmisión a 34 televisoras y radios del país.
El gobierno venezolano rechaza de la manera más enér-gica las insinuaciones de los burócratas que elaboraron el comunicado (...) (que) está basado en falsas informaciones, en tergiversaciones flagrantes y en distorsiones tendenciosas, reza el documento oficial.
La decisión adoptada el mes pasado, que afectó a 32 emisoras de radio y dos televisoras, podría provocar además la cancelación de las licencias de unas 240 emisoras de radio y 45 canales de televisión, que según la autoridad venezolana en Telecomunicaciones (Conatel) no cumplieron con los requisitos legales para hacer uso de la frecuencia.
Antes de que la UNESCO divulgara el comunicado tendrían que haber investigado si estas radioemisoras en efecto están fuera de la ley. Y por cierto la cancelación de las licencias no significa que pasarán a ser utilizadas por el gobierno sino que se les repartirán al pueblo pues éste también requiere de un medio de expresión. En Venezuela el 80% de los medios es privado, el 9% es del gobierno y el 11% es del pueblo. Más vale que se vayan redistribuyendo de forma más equitativa ¿no?
En el comunicado, el gobierno venezolano lamenta además que tan grave desliz se inscriba con toda nitidez en una campaña mediática internacional destinada a desprestigiar a un Estado que es miembro de la UNESCO.
Chávez afirmó la semana pasada que ningún país puede competir en libertad de expresión con Venezuela.
Así es.
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