El caso no termina, hay denuncia internacional

En riesgo, sobrevivientes de la matanza: ONG

Gabriel León, Emir Olivares y Elio Henríquez

El Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal) advirtió que a pesar de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de liberar a 20 de los autores materiales de la masacre de Acteal, el caso no está concluido, ya que existe un proceso abierto contra el Estado mexicano –promovido por las víctimas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas– ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a que no se ha detenido a todos los autores materiales ni se ha llegado a los responsables intelectuales.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) afirmó que con ese fallo la Suprema Corte se convierte en un perpetrador más de esa masacre (ocurrida el 22 de diciembre de 1997), asumiendo su papel en la estrategia de contrainsurgencia en el contexto del conflicto armado no resuelto en Chiapas.

Organizaciones sociales y personalidades consideraron que con la liberación de los responsables de la matanza, el máximo tribunal del país nuevamente dio su aval a la impunidad y pone en evidencia que las instancias de procuración y administración de justicia, son usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.

Martín Hernández, presidente del Sicsal en México, aseguró que la acusación ante la CIDH es contra quienes en aquel momento eran los máximos responsables de la política en el país, incluido el ex presidente Ernesto Zedillo, por lo que el proceso sigue, si bien no en instancias nacionales sí en las externas, a fin de hallar la justicia y el Estado tendrá que respoder.

Advirtió que al dejar en libertad a los responsables no solamente se comete un acto de negación de la justicia para las víctimas, sino que se abona al conflicto porque no sabemos si se reagruparán como paramilitares, si tomarán venganza o si van a motivar nuevos desplazamientos de familias, temerosas de su seguridad.

En Chiapas, el Frayba sentenció que “de nueva cuenta la SCJN emite un fallo contra los derechos humanos, la verdad y la justicia tal como han sido las resoluciones en los casos de San Salvador Atenco, la represión en Oaxaca, la guerra sucia y Lidya Cacho”.

Asentó que la acción constituye un retroceso del escaso avance concerniente a castigar a los perpetradores materiales de la masacre. Además de que con esa resolución la Suprema Corte será responsable de los riesgos a la vida, integridad y seguridad personal, que coloca actualmente a las personas sobrevivientes, familiares, testigos y pobladores de las comunidades de Chenalhó.

El Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Serapaz, 33 organismos más y personalidades como Miguel Concha, Gonzalo Ituarte, el ex rector de la UNAM Pablo González Casanova, Ofelia Medina, Carmen Huete y Adolfo Gilly, se adhirieron a un pronunciamiento en el que afirman que por negligencias cometidas por agentes del Estado durante el crimen y el proceso de investigación, la masacre quedará impune.

La Conferencia del Episcopado de México dijo que el caso se debe abrir, no para tomar venganza, sino para evitar que se repitan errores en el sistema de justicia nacional.