Garantías para "Proceso", pide la Permanente a la SSP

JENARO VILLAMIL

En lugar de contribuir al cuestionamiento de los medios de comunicación, la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Genaro García Luna debe garantizar "a todos y cada uno de ellos el libre ejercicio de las libertades de prensa y de expresión", señala el exhorto aprobado el pasado miércoles 18 como punto de acuerdo por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Y en lo que respecta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los legisladores le piden "dar prioridad a todas las denuncias" de la prensa, como la que presentó este semanario por la agresión cometida en su contra por la SSP.

Con el voto unánime de todos los partidos políticos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el miércoles 18 el punto de acuerdo que exhorta a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, a "tomar las medidas pertinentes e implementar los programas y acciones necesarios a fin de garantizar la integridad y seguridad de comunicadores, periodistas, reporteros, editorialistas y equipo de producción de los medios de comunicación nacionales e internacionales que laboran en nuestro país, especialmente aquellos del semanario Proceso".El punto de acuerdo fue aprobado una semana después de que la propuesta fue leída en tribuna por el diputado Javier González Garza, coordinador de la bancada del PRD, quien advirtió que desde la Secretaría de Seguridad Pública se emprenden acciones ilegales "y el problema es que la revista Procesoha denunciado estas cosas".En el dictamen, discutido y aprobado el martes 17 en el seno de la Primera Comisión, los legisladores verificaron documentalmente la denuncia que expuso la revista en su edición del 2 de agosto y encontraron lo siguiente:
"1.- En el número 1709 del semanario de Información y Análisis Proceso, con fecha 2 de agosto de 2009, se puede observar, en las fotografías de portada y las insertas en las páginas 6, 7 y 8, una mesa en la cual se encuentran ejemplares del propio medio de comunicación, números 1705, 1707, 1708 y Edición Especial de esta revista número 25, junto a recibos, llaveros, carteras y dinero en efectivo de diversas denominaciones. Detrás de esta mesa, se aprecia la presencia de seis personas detenidas, dos mujeres y cuatro hombres y, en el fondo, oficiales uniformados pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública federal.
"2.- El día 29 de julio de 2009, en las instalaciones de la Policía Federal en Iztapalapa, el jefe de División Antidrogas de esta corporación, Ramón Pequeño, realizó una conferencia de prensa para presentar a seis presuntos integrantes de la organización criminal conocida como La Familia, momento en el que fueron tomadas las fotografías que reporta la revista Proceso en el número 1709, por diversos reporteros gráficos.
"3.- Según informó la Secretaría de Seguridad Pública a través del comunicado de prensa 317 de fecha 29 de julio de 2009, 'efectivos de la Policía Federal lograron la detención el día de ayer, en acciones simultáneas, de seis presuntos integrantes de la estructura financiera de La Familia Michoacana'.
"4.- El video de la propia Secretaría de Seguridad Pública federal al respecto, difundido el 30 de julio del 2009, contiene aproximadamente tres minutos de grabación en los que se visualiza el interrogatorio al señor Armando Quintero Guerra, alias El Licenciado, en donde específicamente señala a esta revista como parte de los recursos utilizados por el grupo delictivo conocido como La Familia, y se le hace referencia, de manera directa, al menos en tres ocasiones. Cabe señalar que este video también fue publicado a través de la página electrónica de El Universal.
"El dictamen cita el propio comunicado de la SSP que informa de todos los vehículos, armas y droga incautada.Ante estos hechos, la comisión dictaminadora consideró que "en el contexto de un incremento constante de los índices de violencia en contra de los comunicadores", las referencias de los funcionarios de la SSP contra Proceso "pueden generar diversas interpretaciones que deriven en actos de agresiones hacia los integrantes de este equipo editorial, poniendo en situación de vulnerabilidad a estos comunicadores".En consecuencia, "la dictaminadora considera esencial que las autoridades federales, lejos de contribuir al cuestionamiento de los medios de comunicación, garanticen a todos y cada uno de ellos el libre ejercicio de las libertades de prensa y de expresión, garantizados por nuestra Carta Magna, cuidando de no perjudicar a terceras personas", abunda el dictamen.También señala que Proceso interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una denuncia por "omisión o comisión" si la autoridad federal no brinda las garantías indispensables. En este sentido, los legisladores exhortan al organismo a "dar prioridad a todas las denuncias realizadas por medios de comunicación y actuar conforme a derecho corresponda, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales".La comisión dictaminadora coincide con la propuesta de acuerdo promovida por los diputados Javier González Garza y José Alfonso Suárez del Real, pero profundiza y subraya que para la Secretaría Seguridad Pública "debe ser prioridad la protección de la integridad y seguridad de todos los medios de comunicación y, especialmente, del semanario Proceso".También solicitan a la CNDH que, en la medida de sus posibilidades, "priorice las investigaciones relacionadas con denuncias realizadas por medios de comunicación, comunicadores, periodistas o editorialistas".
Más demandas para García Luna
En la misma sesión de la Comisión Permanente se aprobaron otros dos puntos de acuerdo. Uno de ellos busca que el secretario de Seguridad Pública informe con detalle el proyecto para concesionar a particulares 12 centros penitenciarios federales.Promovido por la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez, el punto de acuerdo fue avalado por los integrantes de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, quienes expresaron su preocupación por la "deplorable" situación en los centros penitenciarios, y advirtieron que el proyecto de privatización debe ser analizado, ya que le corresponde al Estado "sostener la seguridad y la vigencia de los derechos ciudadanos".El segundo punto de acuerdo, promovido por el senador Francisco Herrera León, del PRI, pide a García Luna un informe detallado sobre la atención a migrantes centroamericanos que han sido víctimas de secuestro.La comisión dictaminadora registra que de septiembre de 2008 a febrero de 2009 fueron secuestrados 9 mil 758 centroamericanos y otros migrantes de Ecuador, Brasil, Costa Rica y Perú. Las entidades con mayor incidencia en la comisión de estos delitos son Veracruz, con 2 mil 900 secuestros, y Tabasco, con 2 mil 300. En conjunto, ambos integran el 53% de estos casos.