Soberanes: promesas al aire

GLORIA LETICIA DíAZ

“Sin miramiento alguno”, se atenderán las quejas contra el gobierno de Felipe Calderón promovidas por el semanario Proceso, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, tras la presentación de su Recomendación General número 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad persistente.

Soberanes respondió así cuando la reportera le cuestionó la omisión, en su recuento de violaciones a la libertad de expresión, de las quejas presentadas por Proceso por la “asignación discriminatoria de publicidad” oficial, así como por el intento del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de vincular al semanario con miembros del cártel de La Familia michoacana (Proceso 1697, 1700 y 1710).El ombudsman aseguró que en la recomendación general y en otras particulares se abordaron la cancelación de publicidad y la presión fiscal como mecanismos de “persecución de Estado”, asuntos que, por cierto, no están incluidos en el documento oficial.Sin hacer referencia a la queja formulada por Proceso contra la SSP, por incluir ejemplares de este semanario en la presentación de pruebas de delito contra miembros de La Familia el 29 de julio, Soberanes dijo: “De las quejas de Proceso, tenga usted por seguro que serán atendidas a cabalidad y emitiremos un pronunciamiento conforme a derecho, aquí sin miramiento alguno”.Soberanes formuló la declaración el miércoles 19, el mismo día en que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo dirigido a la SSP y a la CNDH sobre la última queja presentada por el semanario ante el organismo de derechos humanos.Tanto para la directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Brisa Maya Solís, como para la consultora legal de Article 19, Cynthia Cárdenas, la omisión de casos como el de Proceso y de otras violaciones al derecho a la libertad de expresión en la Recomendación General 17 de la CNDH la convierten en un documento débil, limitado, tardío, sin contundencia y vago en el señalamiento de responsables de proteger y garantizar ese derecho fundamental.Y es que lo presentado por Soberanes Fernández es un recuento estadístico de las 737 quejas atendidas desde 1991 por el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos (492 recibidas sólo desde 2001 y hasta julio de 2009), en el que se hace énfasis en 65 casos graves ocurridos en los últimos nueve años de gobiernos panistas: 52 asesinatos, siete desapariciones y seis atentados con explosivos en instalaciones de medios de comunicación.El balance se enfoca en las deficiencias en las investigaciones de las agresiones a periodistas, retomando algunas recomendaciones formuladas con antelación por la CNDH, y que se traducen en la generación de “un clima de impunidad institucionalizada”.El recuento hace una especial observación de los “pobres” resultados de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP, dependencia de la Procuraduría General de la República), como los calificó en la conferencia de prensa el propio Soberanes, y también apunta fallas de algunas procuradurías estatales.En el análisis de la labor de la FEADP, se advierte que de febrero de 2006 a noviembre de 2008 dicha dependencia sólo ejercitó acción penal en tres de los casos graves, dato que refleja que “su actuación no ha tenido el efecto considerable sobre la protección y combate a la impunidad que prevalece en los agravios a periodistas y medios de comunicación, ya sea por su limitada competencia o por la deficiencia en sus investigaciones”.Respecto de los otros 62 casos graves, 17 de ellos fueron consignados ante un juez penal por “las diferentes procuradurías, federal y estatal”, pero sólo nueve tuvieron sentencias condenatorias, se indica. En dos de estas condenas, la CNDH “acreditó la actuación irregular de las autoridades” estatales, que ameritaron recomendaciones. Se trató de los casos de Gregorio Rodríguez Hernández, de El Debate, en Sinaloa, y Amado Ramírez, corresponsal de Televisa en Acapulco. En Guerrero, la Procuraduría de Justicia “fabricó testigos y torturó a los probables responsables”.Además, según el recuento, en 48 de los 65 registros de violaciones graves “no se ha resuelto la averiguación previa”.En su discurso, Soberanes resaltó: “En suma, la falta de diligencia por parte de las autoridades procuradoras de justicia ha generado, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten las líneas de investigación procedentes”.El documento fue dirigido a los 31 mandatarios estatales y al jefe de gobierno del Distrito Federal, así como los procuradores generales de la República y de Justicia Militar, y formula sugerencias muy generales para combatir la impunidad; agotar las líneas de investigación en los casos de agresiones a periodistas; hacer una “evaluación técnico jurídica” de los servidores públicos encargados de las indagatorias; garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la labor periodística; impulsar medidas de reparación de daño para periodistas y medios, y capacitar a personal de las agencias de Ministerio Público en derechos humanos y libertad de expresión.

Tiro errado
En su recomendación, Soberanes también pide que la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sean las instancias que impulsen “las reformas legales reglamentarias y administrativas para definir de manera clara y adecuada la competencia y responsabilidad de las instancias procuradoras de justicia para conocer de los delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación y para lograr mayor eficiencia en las investigaciones relacionadas con tales agresiones; asimismo, impulsar la transparencia en la rendición de cuentas de los resultados de la investigación de estos casos”.Brisa Maya Solís advierte que, al ser formulado como una “recomendación general”, el documento emitido por Soberanes en los últimos meses de su gestión no tiene garantías de recibir “respuestas contundentes y mucho menos ser aceptada”.Además, considera que la “CNDH debió dirigir la recomendación a los responsables de protección y defensa de derechos humanos del país, y no a la Conago, que es una instancia política. Entre las deficiencias de la recomendación, destaca no haber señalado “con nombre y apellido” a los responsables de garantizar la libertad de expresión.“Hay tareas más amplias y más altas que cumplir: la federalización de los delitos contra los periodistas, asunto parado en el Senado; hacer algo con la fiscalía especial, que le corresponde al Ejecutivo, y que el Poder Judicial asuma los casos y dé acceso a la justicia”, apunta.Cynthia Cárdenas coincide: “Hay instancias del Estado relacionadas con el tema a las que debió dirigir la recomendación: el secretario de Gobernación, encargado de la prevención y de políticas públicas, así como todos los procuradores e instancias de investigación”.Ambas le reconocen a Soberanes que abordó el tema central en la violación a las garantías de los periodistas: la impunidad. Sin embargo, consideran que el señalamiento del ombudsman es tardío.Dice Cárdenas: “Esta recomendación está precedida por varias hechas por la comunidad internacional. Sólo hay que recordar que el Examen Periódico Universal del Consejo de Naciones Unidas le formuló a México tres recomendaciones sobre la investigación efectiva y la sanción de responsables en materia de agresiones a periodistas y sobre la necesidad de fortalecer la fiscalía especial, que ya tiene tres años operando de forma ineficiente. Así lo han señalado varias organizaciones de la sociedad civil desde hace tiempo, y apenas ahora Soberanes lo advierte”.Para Solís, “hay que entender que la CNDH está pasando por un momento de crisis ante la opinión pública, y este tipo de recomendaciones, que necesitábamos desde hace tiempo, las emite Soberanes al cierre de su administración”.Las activistas insisten en que, a pesar de que la CNDH aborda en su análisis los casos más graves de agresiones contra periodistas y la impunidad en que se encuentran, no refleja la complejidad del problema.“El espectro es mucho más amplio, el recuento que hace la CNDH no puede tomarse como una radiografía completa. Hablamos de hostigamiento, discriminación en la distribución de publicidad, acoso, sanción a los medios… aunque en todos los casos el punto central es la impunidad. Cualquiera puede amenazar el ejercicio de la libertad de expresión, por distintas causas y distintas formas, porque persiste la impunidad”, resalta Solís.