No hay castigo por asesinatos o desapariciones, revela el ObservatorioPresenta reporte luego de un recorrido por Oaxaca, Chiapas y el DF
Georgina Saldierna
En México, los defensores de las garantías individuales son objeto de atentados mortales, amenazas, desapariciones forzadas y campañas de desprestigio por realizar sus actividades, revela el Informe 2009 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Dicho documento fue elaborado tras la visita al país de una delegación que recorrió los estados de Oaxaca y Chiapas, así como el Distrito Federal, donde se entrevistó con actores institucionales y de organizaciones sociales.
Como resultado de las investigaciones efectuadas, el documento refiere el acoso que padecen los promotores de las garantías fundamentales y las limitaciones que enfrentan para realizar su trabajo. Por ejemplo, los abogados defensores experimentan restricciones de acceso a la información en poder del Estado, además de muchas dificultades para entrevistarse con autoridades y para entrar a los penales donde se encuentran sus clientes.
El Observatorio, integrado por la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, considera que estos obstáculos son de carácter funcional, más que legal, y pertenecen a una cultura del secretismo.
También señala que promotoras y defensoras de los derechos han sido víctimas de atentados mortales, cuya autoría frecuentemente se ha imputado a desconocidos armados sin que –en la mayoría de los casos– los responsables hayan sido identificados y, menos aún, sancionados. Entre otros recuerda los casos de Manuel Hidalgo Espinoza, dirigente de la organización Casa del Pueblo, en Chiapas, y de Aldo Zamora, activista contra la deforestación ilegal del parque nacional de Zempoala.
El informe da cuenta de los testimonios que presentaron diversas agrupaciones en torno al carácter recurrente y sistemático de las amenazas en su contra, que violentan su seguridad jurídica, física y sicológica, y que muchas veces atañen también a sus cónyuges y familiares. En su mayoría –señala–, se trata de hostigamiento y amenazas por correo electrónico o teléfono celular. En otros casos ocurren seguimientos personales, de vigilancia y patrullajes alrededor de sus oficinas y allanamiento de domicilios o de sus oficinas, muchas veces con robo de material informático, dinero y efectos personales.
Por ejemplo, Alejandro Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, afirmó haber recibido amenazas de muerte el 24 de abril de 2008, dirigidas a él, su esposa y sus familiares.
Entre las recomendaciones presentadas en esta semana a autoridades mexicanas se encuentra la de promover la difusión, el conocimiento y la aplicación efectiva de la declaración sobre los defensores y crear una verdadera política de Estado en la materia, tomando como base las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En México, los defensores de las garantías individuales son objeto de atentados mortales, amenazas, desapariciones forzadas y campañas de desprestigio por realizar sus actividades, revela el Informe 2009 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.
Dicho documento fue elaborado tras la visita al país de una delegación que recorrió los estados de Oaxaca y Chiapas, así como el Distrito Federal, donde se entrevistó con actores institucionales y de organizaciones sociales.
Como resultado de las investigaciones efectuadas, el documento refiere el acoso que padecen los promotores de las garantías fundamentales y las limitaciones que enfrentan para realizar su trabajo. Por ejemplo, los abogados defensores experimentan restricciones de acceso a la información en poder del Estado, además de muchas dificultades para entrevistarse con autoridades y para entrar a los penales donde se encuentran sus clientes.
El Observatorio, integrado por la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, considera que estos obstáculos son de carácter funcional, más que legal, y pertenecen a una cultura del secretismo.
También señala que promotoras y defensoras de los derechos han sido víctimas de atentados mortales, cuya autoría frecuentemente se ha imputado a desconocidos armados sin que –en la mayoría de los casos– los responsables hayan sido identificados y, menos aún, sancionados. Entre otros recuerda los casos de Manuel Hidalgo Espinoza, dirigente de la organización Casa del Pueblo, en Chiapas, y de Aldo Zamora, activista contra la deforestación ilegal del parque nacional de Zempoala.
El informe da cuenta de los testimonios que presentaron diversas agrupaciones en torno al carácter recurrente y sistemático de las amenazas en su contra, que violentan su seguridad jurídica, física y sicológica, y que muchas veces atañen también a sus cónyuges y familiares. En su mayoría –señala–, se trata de hostigamiento y amenazas por correo electrónico o teléfono celular. En otros casos ocurren seguimientos personales, de vigilancia y patrullajes alrededor de sus oficinas y allanamiento de domicilios o de sus oficinas, muchas veces con robo de material informático, dinero y efectos personales.
Por ejemplo, Alejandro Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, afirmó haber recibido amenazas de muerte el 24 de abril de 2008, dirigidas a él, su esposa y sus familiares.
Entre las recomendaciones presentadas en esta semana a autoridades mexicanas se encuentra la de promover la difusión, el conocimiento y la aplicación efectiva de la declaración sobre los defensores y crear una verdadera política de Estado en la materia, tomando como base las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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