El saqueo

Luis Javier Garrido

Las medidas, que de manera desquiciada el grupo de Felipe Calderón y los think tanks del extranjero que lo asesoran están urdiendo al vapor a mitad del sexenio para enfrentar las consecuencias del desastre de su gestión en lo económico y en lo social, no buscan rescatar al país, sino al régimen yunquista-calderonista para que, de no salir a flote, pueda al menos aprovechar el tiempo que le quede para seguir saqueando a México.

1. La pretensión delirante de Felipe Calderón y de los grupos a los que sirve, desconociendo que perdieron las elecciones y que son repudiados por una amplia mayoría de mexicanos, es que el PRI y los demás partidos les autoricen desde las cámaras legislativas tener las manos libres para que, a más de tres años de concluir su gestión de facto, puedan disponer de manera discrecional e ilimitada de las reservas financieras de la nación, de todos los recursos económicos del aparato estatal y paraestatal y, como si fuera poco, tengan la posibilidad de manipular conforme a sus intereses y criterios las políticas hacendaria y social del Estado, al que miran más que nunca como mero botín.

2. Desconociendo que perdieron las elecciones federales de 2009 y que no tienen el consenso de los mexicanos para nada por el resultado desastroso de su gestión, Calderón y los panistas buscan ahora mediante una serie de iniciativas mal elaboradas pasarle más abiertamente al pueblo de México el costo de dicho fracaso con nuevos impuestos, como el del 2 por ciento al consumo, e imponerle una serie de medidas incoherentes entre las cuales siguen destacando la contrarreforma laboral, el desmantelamiento total del sistema de pensiones y de la educación pública superior, la imposición de nuevos programas neoliberales, y de paso quieren tener las manos libres para disponer libremente del patrimonio de la nación en una serie de propuestas que lo menos que se puede decir es que son escandalosas.

3. El gobierno panista de facto carece de un proyecto nacional y sólo actúa en función de los intereses económicos que representa y de su propio afán de supervivencia, por lo que no sorprende que la propuesta de paquete económico para 2010 suponga ese incremento de impuestos y un ridículo cambio de funcionarios que pretende hacer entrar al gobierno a individuos más descalificados de los que ya estaban por ser notorios traficantes de influencias vinculados a los peores intereses nacionales y extranjeros, así como la supresión de secretarías de Estado que les molestan, como la de la Reforma Agraria (que les recuerda el desastre al que han llevado al campo mexicano) o la de la Función Pública (que durante muchos años no hizo otra cosa que encubrir el peculado de priístas y panistas).

4. La lógica de Calderón y de sus amigos, que han asumido que su destino político está en manos del PRI y de Carlos Salinas de Gortari, es muy simple: pretenden utilizar todos los recursos de la nación a su alcance para sobrevivir como gobierno, pero, en caso de no lograrlo (que saben que es lo más probable que acontezca), no ocultan su pretensión de llevar a sus extremos la política de saqueo de la nación que han llevado a cabo como si los años que les quedaran fueran todos años de Hidalgo.

5. El titular de Hacienda, Agustín Carstens, empleado del FMI y quien debería haber renunciado hace tiempo por su incompetencia, no explica en su paquete económico para 2010 por qué prevé que prosiga en medio de la crisis un dispendio discrecional descomunal en el rubro de Los Pinos.

6. El nombramiento que Felipe Calderón pretende se le acepte de colocar a un individuo reconocido como un hampón de cuello blanco, Juan José Suárez Coppel, al frente de Petróleos Mexicanos, es una prueba del cinismo y de la desmesura de los panistas y de su desprecio a los mexicanos. Suárez Coppel ha sido señalado desde hace años como un venal traficante de influencias, que como empleado del ex titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, colaboró con la estrategia trasnacional para llevar la paraestatal a la quiebra. Cabeza de una red de presuntos delincuentes infiltrados en la empresa que debería ser orgullo de México, violó de manera reiterada la Constitución para entregar contratos multimillonarios a corporaciones extranjeras a las que se halla vinculado, por lo que nadie duda que se le quiere colocar ahí para lucrar con los recursos petroleros del país y acelerar el desmantelamiento de Pemex.

7. La pretensión de Calderón de que el Senado apruebe como nuevo procurador general de la República a otro individuo en extremo descalificado ha motivado ya un escándalo internacional, pues el desacreditado abogado Arturo Chávez, integrante de la mafia de traficantes de influencias de Diego Fernández de Cevallos, no nada más es responsable directo de la impunidad que prevaleció en Chihuahua por el caso de las muertas de Juárez cuando fungió como procurador del gobierno de Francisco Barrio (1992-1998), sino que se le ha señalado también como corresponsable directo del auge del narcotráfico en esa entidad durante esos años, lo que hace suponer que es por ese motivo que se le busca colocar en la Procuraduría General de la República: para que pueda avanzar la política de Calderón de reordenamiento del narco en función de sus intereses.

8. La intención de Felipe Calderón de apoderarse ilegalmente de las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunciada por su titular Daniel Karam, para tapar los boquetes que abrió con sus políticas, no hacen más que evidenciar las dimensiones del desastre económico y de la vulgaridad de las políticas del calderonismo.

9. La salida más sensata a la gravísima situación por la que atraviesa México, y que se tomaría en cualquier régimen democrático, está en manos del Poder Legislativo y es muy sencilla: sería la remoción de Felipe Calderón del cargo que ilegalmente ocupa, para el que no está preparado y en el que ha cometido tantísimos actos criminales contra el pueblo de México, y el establecimiento de un gobierno de transición, pero, al parecer, la clase política no quiere asumir sus responsabilidades.

10. La situación que vive el país es crítica, como reconocen todos los actores políticos, y si el Congreso de la Unión no tiene la capacidad ni la voluntad de poner un alto a este gobierno de improvisados y perversos estará convocando a la mayor movilización del pueblo mexicano que se recuerde en los tiempos recientes.