Golpe fascista

Por Julio Pimentel Ramírez

Una vez más queda al descubierto el carácter autoritario y represivo del régimen político mexicano, en esta ocasión con el golpe fascista mediante el cual el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón tomó por asalto las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, al tiempo que emitía un inconstitucional decreto anunciando la liquidación de la paraestatal que incluye, por supuesto, el desmantelamiento del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Como en otras ocasiones (recuérdese entre ellas la toma de la UNAM en 1999, las represiones en Atenco, Oaxaca y Lázaro Cárdenas) la militarizada Policía Federal, ahora bajo la dirección del desprestigiado Genaro García Luna, desplegó un amplio operativo en fin de semana tratando de aprovechar además la euforia futbolera, culminando la intensa campaña mediática dirigida en contra del SME y de la propia compañía energética, a la que califican de ineficiente y costosa para el erario público.
Cabe subrayar que con este acto de fuerza indigno de un gobierno que sea realmente democrático pero propio de quien desesperada y vanamente intenta legitimarse en el poder, se golpea tanto al sindicalismo democrático -que con todo y sus errores y prácticas que no terminan por dejar atrás la herencia corporativa del viejo sindicalismo, representa un obstáculo a la estrategia privatizadora de los neoliberales- como a lo que queda de los sectores estratégicos en manos del Estado, los cuales en el marco de un gobierno que ponga en el centro los intereses de la mayoría de los mexicanos representan una garantía de soberanía y desarrollo.
No se debe de perder de vista que desde hace casi treinta años las sucesivas administraciones neoliberales han impulsado políticas privatizadoras que han desmantelado a más de mil 150 empresas paraestatales, despidiendo trabajadores y poniendo en manos de un reducido grupo de oligarcas los recursos económicos de la nación.
Son claras las intenciones de Felipe Calderón de culminar este proceso de despojo entregando las riquezas energéticas -petróleo, gas, electricidad- a consorcios extranjeros y nacionales, para lo cual al lado de sus incondicionales del PAN y sus socios del PRI y de otros partidos políticos promueve reformas constitucionales y cambios legales. Cuando éstos no bastan queda el golpe de mano, tal como lo hicieron el pasado fin de semana.
En el caso de Luz y Fuerza del Centro, encargada del suministro eléctrico en la capital del país y en municipios de Hidalgo, Puebla, Morelos y Estado de México, fue clara la intromisión gubernamental en la autonomía sindical, negando la llamada “toma de nota” a la nueva dirigencia electa de acuerdo a los estatutos de la organización, al tiempo que favoreció a grupos minoritarios con lo que alentó la división interna y debilitó la fuerza de negociación.
Además, son las políticas del propio gobierno federal de favorecer a los grupos poderosos (no pagan impuestos, reciben créditos con bajas tasas de interés y a plazos largos, cubren tarifas preferenciales, etc.), las que llevan a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a la “quiebra” mediante los beneficios a grandes empresas y ahora pretextan, a través de grandes campañas mediáticas, que las prestaciones de los trabajadores y “su ineficiencia laboral” son los principales obstáculos para brindar un servicio adecuado.
Especialistas en materia jurídica señalan que La liquidación de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) es un acto presidencial que viola los artículos 14, 16, 73 y 131 de la Constitución. Los juristas agregan que el decreto de extinción es ilegal, violatorio de la Carta Magna, pues Felipe Calderón, titular del Ejecutivo federal, rebasó sus atribuciones constitucionales al pasar por encima de los derechos exclusivos del Congreso de la Unión.
Agregan que por enésima ocasión, Calderón “vuelve a hacer uso excesivo y abusivo de sus facultades, porque con una apariencia de legalidad está recurriendo a múltiples leyes en los fundamentos de la actuación en el decreto y solamente a un artículo de la Constitución, el 89, pero se le olvidó el fundamental: el 131.
Es más, en un claro intento de presión y chantaje, con objeto de agilizar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal propuso que las liquidaciones a los trabajadores electricistas equivaldrán, en promedio, a dos años y medio de sus salarios. La oferta gubernamental incluye 4 mil millones de pesos extras al monto original previsto de 16 mil millones de pesos, si los pagos son aceptados por los trabajadores antes del 14 de noviembre.
Cabe preguntarse: ¿Si no hay dinero de dónde saldrán esos 20 mil millones de pesos?, ¿por qué no se utilizan esos recursos para modernizar Luz y Fuerza del Centro, respetando a su sindicato?
Les urge terminar este agresivo capitulo lo más rápido posible, para que una vez “saneada” la empresa y sin un sindicato incómodo se pueda proceder a privatizarla. Aunque el gobierno federal niega esas intenciones, es claro que si no se logra detener ese paso, en algunos meses veremos que los neoliberales avanzarán en la entrega de los recursos de la nación.