Barómetro Internacional
Un muerto y decenas de heridos en los cortes de ruta la semana pasada
Ernesto Tamara.
Aunque hay indicios de inicio de un diálogo entre el gobierno del presidente Rafael Correa y las organizaciones indígenas, la radicalización de las posiciones anticipan un proceso largo y dificultoso que puede ser usado por la derecha para promover la desestabilización y provocar el derrocamiento del mandatario a sólo dos meses de haber asumido la presidencia después de la reforma constitucional aprobada el pasado año.
Un primer encuentro entre el presidente Rafael Correa y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se iba a realizar este lunes 5 de octubre, en lo que podría ser el primero de una serie de encuentros para definir una agenda que aborde los reclamos de las organizaciones indígenas.
Antes, el presidente Rafael Correa reiteró después de los sucesos que culminaron con la muerte de un indígena, un llamado al diálogo para resolver las supuestas diferencias.
"Lamentablemente, explicó Correa, grupos tremendamente violentos y armados con escopetas y carabinas dispararon a los policías, y hoy tenemos que lamentar la muerte de un hermano ecuatoriano, indígena de la comunidad shuar, por un impacto de perdigones en la cabeza". "Nosotros, agregó, el vicepresidente Lenin Moreno y yo, estamos aquí por la vida, nos podemos equivocar pero es por la vida, la salud, el agua, la educación básica y superior, por una mejor vida del pueblo y esto nos tiene destrozados como humanistas y cristianos."
"El diálogo ha sido planteado, ojalá regrese la sensatez", dijo Correa, que insistió que las premisas de la protestas son falsas. "El problema no es la Ley del Agua, ni la minería, ni la autonomía de la región. Temo que, de fondo, hayan motivos desestabilizadores", indicó. En este sentido, el mandatario reiteró su llamado a los indígenas para que no se dejen utilizar como "instrumento de sus propios explotadores". Además, dijo que otro aspecto de fondo es que la dirigencia shuar quiere convencer a sus pueblos de que ellos son los dueños del territorio, que no tienen que someterse a las leyes del Estado y que deben sacar a los colonos de esa zona.
Indígenas evalúan el diálogo
Después de poner condiciones para dialogar con el presidente, las organizaciones indígenas están realizando consultas para evaluar la situación e iniciar una negociación con el gobierno. Al principio los movimientos indígenas reclamaban que el presidente en persona se trasladara a la sede los indígenas amazónicos, rechazando la invitación a concurrir a la sede del gobierno en Quito. Sin embargo, el pasado fin de semana, después de anunciar que "no estaban" en condiciones de concurrir a Quito ya que debían efectuar consultas, decidieron aceptar el diálogo, aunque todavía no estaba decidido en donde se llevaría a cabo. Jorge Guamán, coordinador del Movimiento Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dijo que las organizaciones indígenas se reunirían para establecer el día y la hora del encuentro con el gobierno central. Dijo que que la Conaie quiere "ir al diálogo con Correa con una sola posición. En la Conaie hay muchas nacionalidades y todos los dirigentes de estas nacionalidades quieren estar presentes en el diálogo con el presidente", explicó el pasado viernes Guamán.
También el presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae), Tito Pwenchil, explicó porque no acudían a la reunión citada para el viernes. "Nosotros tenemos que tomar decisiones colectivas y de manera contundente, y serias". El dirigente indígena remarcó que se debe buscar "un diálogo serio, un diálogo que trace precedentes para el futuro de nuestro país".
Diferentes caminos
Ya en las elecciones pasada del 26 de abril, las organizaciones indígenas que habían respaldo el proceso de Revolución Ciudadana, como definió Correa, se habían apartado del gobierno durante la discusión de la nueva Constitución en la Asamblea Constituyente. Algunas leyes sancionadas por el nuevo parlamento, como la ley de minería y la ley de aguas recibieron fuertes críticas de los movimientos indigenistas, que el pasado 21 de septiembre, anunciaron un paro con corte de rutas contra esas leyes y otras decisiones del gobierno central.
Durante el paro, el miércoles 30 de septiembre, la policía chocó con los indígenas que cortaban las rutas, con un saldo de un muerto y unos 40 heridos. Las organizaciones indígenas culparon a la policía y directamente responsabilizaron al presidente Correa por la muerte. El gobierno por su parte dijo que 30 policías habían resultado heridos por perdigones disparados por los manifestantes, y que la policía iba desarmada, responsabilizando también a grupos de los manifestantes, por la muerte de profesor y miembro de la etnia shuar, Bosco Wizuma. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Amazonas Ecuatoriana (CONFENIAE) emitió un comunicado responsabilizando al gobierno por la muerte, y calificó al presidente Correa, de "dictador".
"La nacionalidades amazónicas FICSH, OPIP, NAE, NAWE, ONISE, OISE, FEINCE, NAZAE, NASHIE, NAPE, NASHE, FCUNAE, ONWAN, FENASH-P, FONAKISE, FEPCESH-S, CONAKINO, FECANSH-O y FEPNASH-Z.CH, agrupados como CONFENIAE, frente el crimen del gobierno dictador de Rafael Correa Delgado, continua el levantamiento indígena y no se rendirá jamás frente la cúpula derechista disfrazada de socialista", decía el comunicado del jueves 1 de octubre. "Nada ni nadie nos callará, somos naciones constituidos culturalmente antes de la vida Republicana, por ende no aceptaremos condiciones de políticas extractivitas ni la regionalización amazónica".
Al mismo tiempo, el comunicado ponía condiciones para aceptar el diálogo propuesto por el gobierno. "Para terminar este levantamiento el gobierno nacional tendrá que llegar personalmente a nuestra sede en UNION BASE, Prov. Pastaza, así como llegó en la época de campaña y prometió apoyarnos, ayudarnos y protegernos, esas palabras debe cumplir y no reprimir a las naciones como a criminales. De la misma manera no aceptamos dialogar con emisarios (ministros) incompetentes ni competentes".
El pasado 21 de septiembre, cuando ya estaba anunciado el paro y movilización de los indígenas, el ministro Coordinador de la Política, Ricardo Patiño, sostuvo que la posición de la CONAIE, "era inentendible" y recordó que días antes se había acordado canales de diálogo con la Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana (SPPC), Doris Soliz, para establecer distintos mecanismos de seguimiento de los temas que les preocupan. En ese entonces, los asuntos que preocupaban a la CONAIE y que fueron colocados en la mesa de diálogo eran los proyectos de Ley de Recursos Hídricos, de Circunscripciones Indígenas, de Deportes, de Cultura, de Comunicación, de Participación Ciudadana y el futuro de instituciones como la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la de Dirección Nacional de Salud Intercultural.
Para ese seguimiento, la Secretaría propuso formar mesas de trabajo sobre las leyes en discusión en la Asamblea, Tierras y territorios e Instituciones Indígenas; se establecieron mecanismos directos de diálogo en la Asamblea Constituyente y el Bloque de PAIS para profundizar el debate sobre las leyes de Recursos Hídricos, Territorial, Comunicación; por último, Patiño señaló que un grupo de ministros y funcionarios de alto nivel, estarían al frente de las mesas de trabajo.
El Coordinador de Política sostuvo que el gobierno nacional reconoce al movimiento indígena (CONAIE, FENOCIN, FEI, FEINE) como un actor social y político importante, de cuya lucha, postulados, reivindicaciones y procesos históricos, se ha nutrido la Revolución Ciudadana y ratifica su apertura al diálogo como un mecanismo de construcción de consensos y de manejo democrático de los desacuerdos
Correa: "Están siendo manipulados"
Por su parte, el presidente Rafael Correa, antes de la protesta y durante la misma, convocó al movimiento indígena a dialogar, y les advirtió que estaban siendo manipulados por la oposición derechista.
En una transmisión por cadena, el presidente Correa aseguró que no hay ninguna ley, ni puede haberla, que permita la privatización del agua, ya que ello está expresamente prohibido por la Constitución. Correa preguntó a los indígenas que participaron en las protestas si alguno había leído que la ley establecía formas de privatización, para afirmar se les engañó, y revelar que, en el fondo, algunos dirigentes indígenas quieren la Amazonía sólo para ellos. "Han estado tratando de convencer a la población que Morona-Santiago (provincia ecuatoriana) es de los indígenas, que no tiene que depender del Estado ecuatoriano, que no tiene que haber mestizos y algunos han llegado a decir ¡Muerte a los colonos!", señaló. "Podemos vivir en paz. En Morona -afirmó Correa- hay espacio suficiente para indígenas shuar y colonos, somos hermanos y Morona es la provincia donde mayor inversión pública por habitante ha hecho este gobierno, con carreteras, hospitales, puentes". "Están siendo atendidos pero, por supuesto, en dos años y medio de gobierno no podemos resolver dos siglos de abandono. Ningún gobierno ha hecho tanto por Morona como el de la Revolución Ciudadana", enfatizó.
Reveló que el resultado de la autopsia indica que el indígena fallecido fue muerto por perdigones, y añadió que "esas armas las tenían los que se atrincheraron en los extremos del río Upano y dispararon contra los policías, quienes no usaron armas de fuego para intentar despejar los obstáculos en la vía, y ahora quieren buscar los culpables entre las víctimas. Los 40 policías heridos de perdigones son los culpables de recibir los disparos o el muerto de recibir un perdigonazo en la frente", al mismo tiempo advirtió que "los responsables de esos hechos responderán ante la justicia". El presidente Correa también denunció que la oposición, especialmente el partido del ex presidente Lucio Gutiérrez, está financiando las protestas. Dijo que tenía información de que el prefecto de Morona, en la región amazónica, Marcelino Chumpi también estaba cooperando con los cortes de rutas.
La gobernadora de ese Estado, Sonia Ortega, había denunciado el martes, que personal y empleados de la Prefectura encabezada por Chumpi, estaban usando maquinaria de la institución para colocar piedras en las vías de ingreso a Macas y colaborar en los cortes de rutas. Unos días, antes, el lunes 21 de septiembre, el prefecto Marcelino Chumpi (del movimiento Pachakutik), anunció que la Amazona ecuatoriana se declararía autónoma del gobierno central. "El artículo 250 de la Constitución nos da la potestad" declaró al portar de noticias "Ecuador Inmediato".
Autogobierno indígena
El pasado 11 de septiembre, las organizaciones indígenas emitieron una declaración en la que de hecho, rompen con el Estado y el gobierno de Ecuador, para constituirse en "autogobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas". En una reunión realizada los días 8 y 9 del mes pasado, la Asamblea Nacional Extraordinaria de los Pueblos y las Nacionalidades dio un paso para distanciarse del gobierno central. "Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas somos entidades colectivas milenarias, poseedores de territorios, recursos tangibles e intangibles, constituimos y formamos activamente en la sociedad ecuatoriana, presentes en todos los momentos del proceso de la vida organizada, aún antes de la conformación de la actual República del Ecuador, dominante, genocida, racista y segregadora desde las colonias invasoras", sostiene el documento.
Más adelante denuncia lo que considera "el permanente y progresivo atropello del gobierno" a la integridad y los derechos de los pueblos y nacionalidades", y declara al gobierno de Rafael Correa "como gobierno neoliberal y capitalista por sus acciones y actitudes influenciado de ciertos colaboradores de la partidocracia, que atentan a la soberanía de la Pachamama, los derechos colectivos, humanos y ambientales consagrados en la Constitución vigente".
En ese contexto convocan a fortalecer los gobiernos comunitarios de las nacionalidades, "declarando libre de toda injerencia y prácticas ajenas que atenten al sistema de vida y organización, como entidades económicas, políticas, culturales y lingüísticas históricamente definidas y diferenciadas", por lo que "la CONAIE y sus regionales: CONFENIAE, CONAICE y ECUARUNARI, asumen su condición de Autogobierno de las nacionalidades y pueblos indígenas". El documento también anuncia el rechazo a los programas sociales del gobierno y reclama "la implementación de verdaderos programas de reforma agraria, microcréditos blandos para la agricultura, ganadería, sistema de riego, proyectos de industria artesanal, micro-empresas comunitarias, orientados a la consecución del Sumak Kawsay" (1).
Al mismo tiempo, la Asamblea resolvió exigir al Estado y al gobierno nacional, "la nacionalización de los recursos naturales y la puesta en práctica de la auditoria a las concesiones petroleras, mineras, aguas, hidroeléctricas, telefónicas, espectro radio eléctrico y servicios ambientales; la deuda externa, la recaudación de impuestos y los recursos del Seguro Social IESS; así como, la suspensión de todo tipo de concesiones (extractivas petroleras, mineras, forestales, de agua y biodiversidad, hidroeléctricas) en los territorios de los Pueblos y Nacionalidades".
Paralelamente, exigen del gobierno las garantías inmediatas, los recursos y las facultades que conforme a los derechos contemplados en la Constitución y resoluciones internacionales, para ejercer "la administración con autonomía y descentralizaciones las instituciones públicas de los pueblos y nacionalidades: Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB, Secretaria Nacional de Salud de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador y Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas FODEPI". Además, "las garantías integrales e irrestrictas para el ejercicio del derecho a la vida y a la territorialidad de los Pueblos Libres Tagaeri, Taromenane, Oñamenane desde sus propios sistemas de vida".También "exigir a los gobiernos, garantías integrales a los derechos territoriales y la autodeterminación de las Nacionalidades y Pueblos cuyos territorios se encuentran en las zonas de frontera, quienes están amenazados por la invasión de empresas extractivas, por la militarización y la violencia: Awa, Epera, Chachi, Cofán, Secoya, Siona en la frontera con Colombia y las Nacionalidades Shuar, Achuar, Sapara, Andoas, Shiwiar con el Perú".
Otro reclamo fue la titulación de los territorios ancestrales a nivel nacional con el carácter de comunitario, imprescriptible, indivisible, inembargable; y, el respeto a ejercer sus derechos propios, las formas de participación y organización en las circunscripciones y sus gobiernos territoriales". Además se exigen cambios en el sistema de educación y se desconocen a los administradores de las instituciones indígenas designados por el gobierno nacional.
ernestotamara@gmail.com
(1) Sumak kawsay es la voz de los pueblos kechwas para el buen vivir. El buen vivir es una concepción de la vida alejada de los parámetros más caros de la modernidad y el crecimiento económico: el individualismo, la búsqueda del lucro, la relación costo-beneficio como axiomática social, la utilización de la naturaleza, la relación estratégica entre seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida humana, la violencia inherente al egoísmo del consumidor, etc. El buen vivir expresa una relación diferente entre los seres humanos y con su entorno social y natural. El buen vivir incorpora una dimensión humana, ética y holística al relacionamiento de los seres humanos tanto con su propia historia cuanto con su naturaleza.
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