1. La negativa de los diputados del PRI a que la Cámara de Diputados pida a la Suprema Corte investigar la constitucionalidad de esos actos del gobierno, que dilataron en anunciar más de un mes (La Jornada, 19/11/09) en función de sus oscuras componendas con el PAN, y que el martes 24 va a oficializarse en el pleno ahondando la pendiente de ilegalidad en que se desliza el país, es un claro ejemplo de cómo las gravísimas decisiones se están tomando en función de los intereses de la “clase política”
llevan al desmantelamiento de la nación.
2. El anuncio de que el PRI va a negarse a respaldar la controversia constitucional contra el decreto de Calderón del 11 de octubre, en el que éste asume facultades que sólo competen al Congreso al decretar la desaparición de una empresa pública –Luz y Fuerza del Centro–, ignorando la legislación laboral para cesar a 44 mil trabajadores –acto que a juicio de múltiples expertos constituyó una abierta violación a la Constitución–, confirma una vez más que los priístas continúan dando la espalda a la clase trabajadora y que la llamada “clase política”
sigue en su conjunto dispuesta a llevar a México por la pendiente de la ilegalidad, sin darse cuenta de que está deslegitimando por completo al poder público.
3. En las negociaciones y pactos secretos que para todo llevan a cabo priístas y panistas, dentro del marco de los acuerdos entre Carlos Salinas y el PAN para “cogobernar”
a México, esta grave decisión del PRI muestra de nuevo que la burocracia salinista no tiene otro proyecto que el mismo de los panistas: servir a las mafias de poder económico para continuar enriqueciéndose, y cierra una vez más la vía de la legalidad en el país. No en balde es el priísta Alfredo Elías Ayub el que está privatizando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –en contra de lo determinado en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales– favoreciendo a empresas como Techint, según denunció Martín Esparza (secretario general del SME) durante un mitin frente a las oficinas de la trasnacional que tuvo lugar el día 18.
4. Las graves decisiones que se están tomando en México no las quiere asumir nadie, mostrando los integrantes de la “clase política ”
una absoluta cobardía que contrasta con lo que acontecía en el pasado, pues tan luego como las adoptan pagan costosísimas campañas en los medios desresponsabilizándose de lo aprobado, culpándose priístas y panistas hasta el ridículo por lo aprobado.
5. El “estilo personal de (intentar) gobernar”
de Felipe Calderón supone en ese tenor asumir como suyas decisiones del gobierno y luego tratar de desresponsabilizarse para no tener que pagar los costos políticos (y jurídicos) de sus actos o desafanarse de las consecuencias de los mismos culpando tanto a los priístas como a los factores internacionales por lo que acontece, como sucedió con el presupuesto y la Ley de Ingresos y está pasando en materia energética. No sólo desarrolla en los medios una campaña de una bajeza moral sin límites contra los trabajadores electricistas, culpándolos de corrupción e ineficiencia y del manejo de una empresa que estaba en manos del gobierno, sino que ahora resulta que él no tiene mucho que ver con nada, cuando todo mundo sabe que la corrupción en la CFE y en Luz y Fuerza del Centro los beneficia a él y a sus amigos.
6. Calderón y su equipo de ineptos pretenden ser irresponsables en el conflicto con el SME sorprendidos por las dimensiones que ha alcanzado, y en insólitas declaraciones éste se refirió en días pasados a su decreto declarando que fue una decisión “a la que el gobierno fue llevado y presionado”
, aunque no dijo por quiénes (La Jornada, 13/11/09), pero reconociendo implícitamente su carácter de personero de trasnacionales a las que sirve. Y unos días después, al inaugurar las ampliaciones de un consorcio privado (porque su gobierno tiene bien poco que inaugurar), aceptó que las decisiones se toman en su administración por varias personas, pues pidió luces a los “integrantes”
del Ejecutivo.
7. Calderón no puede históricamente zafarse de su responsabilidad en el actual desastre económico y social de México, que obedece a factores internos. Y si a factores internacionales quiere referirse no puede dejar de escuchar las palabras de Joseph Stiglitz (Nobel de Economía 2001), quien afirmó el miércoles 18 que el manejo de la crisis en México ha sido “de los peores del mundo”
.
8. La Constitución mexicana establece muy claramente en su artículo 80 que el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo, y que los secretarios de Estado son sólo sus colaboradores. En consecuencia, el responsable principal de los atentados contra la nación y los derechos de los mexicanos, así como del desastre económico y social, es él, que se ostenta como Presidente de la República, lo que no exime de una responsabilidad histórica, política y delictiva por sus actos contra la nación a los principales integrantes de la cúpula panista y priísta incluyendo a Carlos Salinas de Gortari, quien aparece como el verdadero poder tras el binomio PRI-PAN y el jefe de ese Calderón que se pretende irresponsable.
9. La Suprema Corte de Justicia, doblegada al panismo conservador, puede negarse con su tradicional indignidad a investigar las graves violaciones de Calderón a la Constitución en materia energética y decidir que va a actuar, una vez más, al igual que el PRI, como una instancia cómplice del PAN en el desmantelamiento de la nación, pero eso no va más que a contribuir aún más a profundizar la crisis.
10. El pueblo mexicano, que es la única fuerza capaz de rescatar al país del desastre, parece que no tiene ya mucha paciencia, y los signos de que este escenario de corrupción impune institucionalizada no va a durar mucho siguen multiplicándose. Quienes gobiernan sí tienen responsabilidades y tarde o temprano ese pueblo que tanto desprecian los va a llamar a cuentas.
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