Presiona gobierno para evitar amparo por extinción de LFC

Prepara expediente negro para encarcelar a dirigentes: Esparza
Presiona gobierno para evitar amparo por extinción de LFC
Jefes y funcionarios federales hostigan a la juez Coutiño, afirma

Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, con Alejandro Sánchez Camacho y otros diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito FederalFoto María Meléndrez Parada.

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada

El gobierno federal y autoridades judiciales presionan a la juez Guillermina Coutiño Mata para que este viernes no otorgue el amparo definitivo contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), afirmó ayer Martín Esparza Flores, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En conferencia de prensa, sostuvo que las autoridades están manipulando todo e incluso dan cifras falsas sobre el número de trabajadores liquidados.
Acerca de los señalamientos del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien calificó de irresponsable el llamado del SME a los usuarios para que se amparen y no paguen la luz, Esparza señaló que el irresponsable es el funcionario por mandar a más de 44 mil trabajadores al desempleo, a la calle.
Sobre lo expresado por Lozano de que si se otorga el amparo definitivo en favor del SME los trabajadores podrán obtener su liquidación hasta que concluya el proceso legal, Esparza puntualizó que es mucho mejor que los sindicalizados no sean liquidados, pues así estarán en posibilidad de recuperar su fuente de empleo, ya que el contrato colectivo está vigente, subsiste la materia de trabajo y podrán apelar a la figura de patrón sustituto para ser contratados por la Comisión Federal de Electricidad.
Apoyo de agroproductores
A la conferencia de prensa en el SME acudieron representantes de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), quienes entregarron 3 toneladas de arroz, frijol y maíz en apoyo al sindicato.
Víctor Suárez, dirigente de la ANEC, y Salvador Rodríguez, productor arrocero, plantearon que así como se acabó la soberanía alimentaria en México, se pretende acabar con la energética, por lo que unirán fuerzas con los electricistas.
Esparza explicó que tras los intentos de acabar con LFC están en juego un sinnúmero de negocios de los amigos del presidente Felipe Calderón y de trasnacionales. Recordó que la secretaria de Energía, Georgina Kessel, fue presidenta de la Comisión Reguladora de Energía, instancia que otorgó más de 700 permisos de generación de electricidad en sexenios recientes, sobre todo a empresas extranjeras.
Trasnacionales y empresas privadas ya tienen en sus manos 40 por ciento de la generación eléctrica del país y la venden tanto a la CFE como a grandes consumidores; ahora quieren el mercado del centro del país. Son negocios millonarios los que están detrás del decreto de extinción de LFC, insistió. Comentó que por eso el gobierno va con todo contra el SME, porque les estorba para acelerar la privatización.
Esparza aseguró que existen indicios de que ya están preparando un expediente negro contra los miembros del comité central del SME para meterlos a la cárcel, además de que han incrementado la persecución, vigilancia y amedrentamiento contra los representantes del gremio.
El SME no va a dar marcha atrás, sostuvo, e indicó que este jueves se realizará la segunda asamblea nacional popular, a la cual asistirán organizaciones sindicales, sociales y políticas, para acordar el paro cívico nacional del próximo 11 de noviembre, al que se sumarán otros grupos y corrientes estudiantiles.
La lucha se conduce en todas las vertientes, aunque la mano del gobierno se está metiendo incluso con el Poder Judicial. Ahora están presionado a la juez Guillermina Coutiño –quien otorgó el amparo provisional contra el decreto de extinción– para que no dictamine la suspensión definitiva.
Aclaró que ya tienen aislada a la juez y la han estado hostigando sus propios superiores y funcionarios federales, lo cual es inconcebible en un estado en el que supuestamente hay división de poderes.
Reiteró que las autoridades buscan a toda costa que no se dictamine el amparo definitivo, ya que el gobierno se vería obligado a reinstalar a los trabajadores respetando su contrato colectivo.
Fuente: La jornada