Una “Cocoa” con sabor presidencial…

Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del presidente, unifica criterios en el PAN michoacano: no todos, pero muchos la detestan. Aseguran que, además de ser prepotente, en su afán de ser candidata blanquiazul al gobierno de Michoacán, la llamada Cocoa se apoya en recursos federales pródigamente cedidos por su hermano, e incluso trató de saltarse los procesos de selección de su propio partido para llegar por la vía rápida a la contienda estatal.

Álvaro Delgado

El plan de imponer a Luisa María Calderón como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Michoacán, luego de dos años de hacer “proselitismo disfrazado”, no conoce límites: Abundantes recursos del gobierno federal, coacción a votantes, condicionamiento de obras y favoritismo de la dirigencia estatal, lo que ha dividido y confrontado a la militancia.
“Voy contra el sistema”, sentencia el senador Marko Cortés Mendoza, rival de la hermana del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, conocida con el alias de Cocoa, quien luego de no ser designada candidata, como lo pretendía, busca imponerse en la elección interna del 31 de julio con el uso del aparato del gobierno federal.
“Sin lugar a dudas, se está usando el poder del gobierno federal para influir y decidir el proceso de elección del PAN”, acusa el legislador de 34 años, quien ha logrado unificar la inconformidad panista con el clan Calderón –que no es poca–, que en Morelia tiene su entraña.
Y es que, además, la Cocoa no concita simpatía si, a donde quiera que va, la custodian entre 30 y 45 elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), el Ejército y la Policía Federal, cuyo costo, sólo de estos últimos, se estima en 5 millones de pesos mensuales, lo que implicaría –alerta Cortés– que ya rebasó el tope de gasto de precampaña del PAN fijado en 2 millones de pesos.
“Todos los hermanos del presidente tienen derecho a tener elementos del EMP para su protección, pero cuando se entra a un proceso electoral como precandidato entonces, en apego a la ley, todo lo que se usa, sea donado, sea prestado, de donde venga, es computado como gasto de campaña, sin lugar a dudas.”
–¿Entonces la Cocoa ya rebasó el tope?
–Yo no soy autoridad electoral para dar ese veredicto, pero es algo que tendrá que ser observado por el PAN y será observado por todos los demás partidos políticos para efectos de elegibilidad. No podemos poner en riesgo al PAN por una situación de ese tipo.
Por eso, receloso de la dirigencia estatal del PAN que encabeza Germán Tena, dócil a la Cocoa, Cortés pide al Comité Ejecutivo Nacional (CEN), encabezado por Gustavo Madero, y a la Comisión Nacional de Elecciones, que preside José Espina, que cese el uso de los recursos y la estructura del gobierno de Calderón para favorecer a su hermana.
“Esto vendría a enturbiar más el proceso de por sí ya enturbiado por la primera intención de no tener elecciones y luego de tener un candidato común de una coalición de partidos, que ha hecho mucho ruido a la democracia que tanto hemos pregonado en México y más en el PAN.”
Aunque la candidatura común que pretendía un grupo de magnates de Michoacán está descartada, en el CEN del PAN se analiza cancelar la elección interna y designar a la Cocoa como candidata, revela Juan José Rodríguez Prats, fugaz delegado del CEN en el estado, quien teme que gane Cortés, cuya honorabilidad pone en duda.
En entrevista, informa que ha expuesto ante el CEN evidencias de que Cortés mantiene una alianza con el gobernador perredista Leonel Godoy, pero también ha aceptado apoyos de origen oscuro.
–¿Son recursos ilegales?
–¡Ilegales, desde luego que ilegales! Yo lo dije en el CEN: Señores, por menos de esto se expulsó a Manuel Espino.
Por ello, el tabasqueño propone designar a Cocoa. “Hay posibilidad de una alianza y eso permitiría una designación, porque hay mucha gente interesada en ensuciar el proceso y, en las condiciones en que está Michoacán, correríamos un enorme riesgo”.
–¿Puede ganar Cortés?
–Es por eso que sostengo que el PAN no debe correr ese riesgo, porque hay información de que Marko Cortés tiene contacto con adversarios del PAN.
Según el exdelegado del CEN, quien el mismo día en que llegó a Michoacán se peleó con diputados locales del PAN –quienes lo acusaron de ebrio y de haberlos insultado–, el senador tiene “endeble lealtad al partido”, por lo que Madero analiza cancelar la elección y designar a Cocoa.
–¿Pero es una decisión sólo de él?
–Él consultará, tomará la decisión, informará al CEN, y éste ratifica o rectifica.
Cortés, quien no cree que se atrevan a despojar a los panistas de su derecho a elegir, desprecia a Rodríguez Prats: “Es un mentiroso. Él es un viejo priista y yo soy panista de toda la vida. Está jugando a quedar bien con el sistema porque quiere ser diputado federal”.
–¿Se lo ha dicho de frente, como él dice?
–Lo ha dicho en el CEN mintiendo y le he pedido que exhiba las pruebas, porque de otra manera está calumniando.

PAN corrompido

Las precampañas del PAN para elegir a su candidato a gobernador que participará en los cimicios constitucionales de noviembre 
–cuando se elegirán también 40 diputaciones locales y 113 alcaldías– comenzaron apenas el sábado 11, pero la disputa entre grupos es añeja y se agudizó con el proyecto de hacer gobernadora a Cocoa.
Ella misma quebrantó el compromiso de su familia de no participar en política durante todo el sexenio para no ser tildados de “hermanos incómodos”, por traficar con el poder presidencial (Proceso 1785).
Se instaló en Morelia y desde septiembre de 2008, cuando se integró como secretaria de Elecciones del PAN estatal, comenzó a edificar su candidatura, siempre bajo el cobijo presidencial. Sólo hasta noviembre de 2010, a un año de las elecciones, se separó del cargo para intensificar su activismo.
En febrero fue enviado Rodríguez Prats para poner orden y en su primera conferencia de prensa, el jueves 9, ofreció ser neutral: “No hay duda sobre la imparcialidad y tampoco queremos favorecer a nadie. Que quede muy claro: lo que se busca es que el candidato o candidatos en Michoacán correspondan a la decisión del panismo en Michoacán”.
Pero tres horas después todo cambió: A las dos de la tarde se reunió con los diputados del PAN y, según varios de ellos, despotricó contra los que apoyan a Cortés y a Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, y tiró línea a favor de Cocoa.
El choque se filtró a los medios y uno de los diputados lo describió fuera de sí por la borrachera: “Sacó su verdadero yo, asumió una actitud muy barbajana y se cansó de decirnos que éramos unos pendejos por apoyar a Marko o a Salvador”.
Confrontado también con Cortés, Rodríguez Prats dejó el cargo unos días después, aunque niega –en entrevista– que haya estado ebrio en la reunión. “Me tomé un tequila y unas cervezas”, dice y reconoce que enfureció cuando uno de los diputados le dijo que recibían dinero del gobierno estatal.
“Todos lo hacen –dijo–. Entonces yo me torné irascible. Le dije: ‘No, maestro, no todos lo hacemos y estás en el partido equivocado’. Marko Cortés también me dijo esa frase: El ‘todos lo hacen’ es la negación más brutal de la tradición del PAN.”
A Rodríguez Prats lo acusaron, en el CEN, de haber sido parcial como delegado: “Me culparon de que tomé partido. ¡Claro que tomé partido! Si vengo en defensa de la institución, cómo no tomar partido en contra de la deshonestidad, desde luego que sí”.
Fue regañado: “Me dijeron que mi función como delegado no era investigar un caso de corrupción, sino ser árbitro de una contienda. ¡Ah, chingá, entonces como árbitro de una contienda, si veo algo sucio lo debo solapar, porque yo tenía que ser imparcial! ¡Hay cosas en las que no se puede negociar! Y eso lo percibí al segundo día de haber llegado”.
En efecto, al arribar a Michoacán se entrevistó con un viejo correligionario suyo, Fausto Vallejo, alcalde de Morelia, virtual candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador y puntero en las encuestas.
“Lo primero que hice fue pedir una audiencia con él. Fui con el presidente del partido y él me lo dijo: ‘Los tres partidos están penetrados de corrupción’. Me dijo una frase que me sacudió, que se le atribuye a La Familia Michoacana: ¿A qué delincuencia organizada se refieren? ¿A la del gobierno, a la de los partidos o a la nuestra?’. Es una lápida que cae encima.”
Michoacán es emblemático para el PAN, dice: Aquí ganó su primera presidencia municipal: Quiroga; su primer diputado local y su primer diputado federal; también se postuló a la primera candidata mujer a una presidencia municipal, y michoacano es Gonzalo Chapela, compositor del himno de ese partido.
“Aquí está la lucha entre la ideología cardenista y la ideología gomezmoriniana”, afirma Rodríguez Prats, quien defiende el derecho de Cocoa a ser candidata, a pesar de haber jurado que no sería hermana incómoda: “Con todo y eso, tiene méritos y carrera propia que inició antes de Felipe. Pero, además, se está jugando hasta la vida”.
En cambio arremete contra la corrupción política auspiciada, según él, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Godoy, de la que se beneficia –acusa– el grupo que encabeza Cortés.
“Es evidente la conexión de Marko con Godoy, quien tiene un problema de confrontación dura con el presidente, y ahí el puente ha sido Fausto Vallejo.”
Revela que para la ceremonia conmemorativa del natalicio de José María Morelos y Pavón, el 30 de septiembre del año pasado, Calderón pretendía dar el discurso y Godoy se opuso, justo cuando salieron libres casi todos los funcionarios estatales y municipales procesados por el denominado michoacanazo, tramado por el gobierno federal dos meses antes de las elecciones de 2009.
“(De Los Pinos) acudieron a Fausto para que mediara con Godoy, quien le respondió: ‘Si quiere hablar, correcto, se acaba el desfile y se cierra el palacio. A ver cómo le hacen’. Se desistió y dijo el discurso Godoy. Es un choque brutal.”
En efecto, Godoy afirmó, ante un adusto Calderón, que no se puede hablar de justicia cuando no se respeta la legalidad ni los derechos ciudadanos. Y por eso, en la Constitución de Apatzingán, Morelos estableció: “Que todo el que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario…”.
Conociendo la relación con Godoy, Rodríguez Prats se reunió con Cortés, quien quería que se desconociera al comité estatal por su apoyo a Cocoa, y le preguntó: “¿para qué quiere ser gobernador”. “Me siento con atributos y he recibido apoyos”, le contestó. “Ah, caray, ¿y a cambio de qué?”, cuestionó. Y vino la frase: “Todos lo hacen”.
Aunque aclara que los apoyos no son malos de suyo, precisa: “¿En qué momento eso ya puede constituir delito? En el momento en que la aportación se da como inversión. Desgraciadamente ahí es donde ha estado la distorsión”.
–¿Cocoa no recibe apoyos que sí recibe Marko Cortés?
–No me puedo comprometer a una respuesta, porque no tengo todos los elementos. En el caso de Marko sí lo sé. En el caso de ella no lo sé. Puede suponerse, es muy difícil.

La otra “Familia”

En realidad existen pruebas, documentales y testimoniales, de que Cocoa recibe apoyos del gobierno federal, por los que ha sido denunciada dos veces ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) por actos anticipados de campaña, y de la iniciativa privada, como de productores aguacateros.
De hecho, en agosto de 2010, productores de aguacate la acusaron de intervenir para imponer a Ricardo Vega López como presidente de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán (APEAM), con el fin de dejar en manos de cuatro trasnacionales la venta y exportación de aguacate, que a su vez controla el crimen organizado.
Según información del corresponsal Francisco Castellanos, el joven empresario aguacatero Alejandro Álvarez del Toro reveló que Cocoa estuvo en Uruapan en junio para respaldar a Vega López, con el fin de tener el control de ese sector económicamente poderoso que la provee de apoyos.
Juan Luis Calderón, uno de los hermanos de Cocoa que es funcionario del ayuntamiento priista de Morelia –y que alterna esa actividad con extraños negocios en la construcción y las carreras con sus automóviles Alfa Romeo–, se sabe que le gestiona apoyos entre empresarios.
Pero lo que ha sido hasta descarado es el respaldo del gobierno federal a Cocoa, quien desde 2009 ha participado, como dirigente del PAN, en actos oficiales, inclusive como oradora. Su promoción se ha fincado en entrega de despensas, enseres domésticos y materiales de construcción.
Aunque el 23 de octubre pasado organizó, cerca de Morelia, una fiesta para celebrar su cumpleaños número 54, a la que asistieron más de 3 mil personas que consumieron carnitas, cerveza y tequila, y fue en los hechos su “destape”, sólo hasta noviembre perfiló su precandidatura, y su registro, el 5 de junio, tuvo el sello del gobierno federal.
Inclusive, a finales de enero, cuando parecía que sería designada candidata sin elección interna, el grupo delictivo La Familia Michoacana anunció su disolución mediante mantas y un comunicado, uno de cuyos párrafos aludía a los Calderón:
“En virtud de no querer seguir enfrentándonos con lo que representa la figura del Presidente, La Familia Michoacana se disuelve por completo y se abren las puertas del estado, al gobierno o proyectos de grupos que deseen continuar con la lucha que nosotros iniciamos y existe la posibilidad de brindar el apoyo de nuestra parte.”
Justamente, el primer día de su precampaña, Cocoa visitó en helicóptero Ciudad Hidalgo, Uruapan y Apatzingán, lugar donde su hermano, vistiendo una holgada casaca militar y una gorra que casi le cubría los ojos, ratificó, el 3 de enero de 2007, su declaratoria de guerra a la delincuencia.
–¿Por qué escogió Apatzingán para el inicio de su campaña?
–Porque en Apatzingán –respondió Cocoa– nacieron las instituciones de México, ahí se firmó la Constitución que habla de derechos humanos, igualdad, moderación, responsabilidad y solidaridad.
–Pero también es el lugar de origen de La Familia.
–Es también el lugar de la Constitución y queremos regresarle a nuestro Michoacán, así como a cada uno de nuestros pueblos, su origen. Es un mensaje de que queremos recuperar la paz que nos pertenece.
Sin embargo, cuando comenzó a derrumbarse el michoacanazo, al declarase inocentes a funcionarios de sus nexos con La Familia, se burló de los liberados: “¡Ahora resulta que salen más limpios que de la pila bautismal!”.
En el propio PAN la acusan de prepotente, como ocurrió al reventar la reunión juvenil estatal, celebrada el sábado 9 de abril en el hotel Pie de la Sierra, de Uruapan: Irrumpió en el hotel seguida por una turba y rodeada de miembros del EMP que agredieron al personal.
El presidente estatal de Acción Juvenil, Javier Dávalos Palafox, acusó a Cocoa de haber reventado el encuentro y de presionar a quienes no piensan como ella, acusándolos de dividir al partido, según declaró a La Jornada Michoacán.

Diputados acuerdan dar más facultades a las Fuerzas Armadas

Los diputados federales mantienen en sigilo las negociaciones para aprobar una nueva Ley de Seguridad Nacional, basada en la minuta que les envió el Senado de la República hace un año y, sobre todo, en el intenso cabildeo que ha realizado el Ejército Mexicano. Las bancadas partidistas acordaron conservar con “bajo perfil” el tema y presentar la propuesta al pleno en la última semana del presente periodo ordinario de sesiones. PRI, PAN y PRD consideran aprobar sin discusión, y antes de vacaciones, una ley que facultará a las Fuerzas Armadas de México para realizar espionaje e intervenir en asuntos de seguridad pública.

Zósimo Camacho

En la Cámara de Diputados, las bancadas de los partidos mayoritarios –Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)– llegaron a un acuerdo para modificar la Iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por el Senado el 27 de abril de 2010. Los líderes de las fracciones partidistas acordaron integrar las demandas del Ejército Mexicano a la minuta para que legalmente las Fuerzas Armadas de México puedan realizar intervención de comunicaciones, cateos, operaciones encubiertas, recopilación de información en lugares públicos y detención de delincuentes en flagrancia.

Ante la polémica que el tema genera, los legisladores acordaron no hablar de la iniciativa y mantener las negociaciones en sigilo. “La [reforma a la] Ley de Seguridad Nacional se presentará en el pleno el penúltimo o el último día del periodo de sesiones y se votará sin mayor discusión”, señala un legislador que participa en las negociaciones y que solicitó no ser identificado. Así, la nueva ley podría aprobarse en cualquiera de las dos últimas sesiones del mes: 26 o 28 de abril.

El diputado agrega que las bancadas partidistas han reconocido que las exigencias de los militares son “atendibles”. Especialmente, el Ejército Mexicano no aceptará que de nueva cuenta se le deje fuera, como ocurrió con la vigente Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005.

La legislación vigente regula de manera exclusiva las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como si este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación fuera el único encargado de preservar la seguridad nacional. “Y los militares deben realizar sus actividades en el filo de la legalidad o, incluso, de manera ilegal”, explica el legislador.

En efecto, la ley que rige actualmente las actividades de inteligencia prevé por primera vez la intervención de comunicaciones (cuentas de correo por internet y teléfonos), pero facultó para ello exclusivamente al Cisen. Incluso, en la legislación se le dedica un capítulo completo, el segundo, al Centro.

“Los militares están encabronados. Los dejaron fuera de la ley pasada y se sienten relegados. La legislación fue acaparada por el Cisen. Todo lo hizo a su modo y, hasta la fecha, sigue bloqueando la participación de las Fuerzas Armadas en la elaboración de una nueva ley de seguridad nacional”, agrega el diputado federal.

El cabildeo del Ejército Mexicano en la Cámara de Diputados ha estado encabezado por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta la fecha, la ley no faculta a las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar actividades de seguridad pública y, por lo tanto, no existen protocolos que rijan las actividades de la “lucha” contra el narcotráfico.

Fuerzas Armadas y labores de inteligencia

En entrevistas por separado, los diputados federales que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional coinciden en que se debe establecer un sistema único que norme las actividades de todas las secretarías, instituciones y dependencias que realizan actividades de inteligencia. Así, se incorporarían al marco jurídico las actividades que ya realizan el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Además, se les incorporaría en esferas que hasta la fecha no son de su competencia.

Reacios a hablar del tema, los diputados terminan por confirmar a Contralínea que existe “una posibilidad” de que una nueva ley de seguridad nacional, que abrogue la actual, se apruebe antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura (el 30 de abril de 2011).

Antes de pedir licencia como diputado federal y coordinador de la bancada del PRD –para buscar la postulación de su partido como candidato al gobierno del Estado de México–, Alejandro Encinas presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. La propuesta confirmó los acuerdos: “Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional”, explica luego de bajar de tribuna el único perredista de la presente Legislatura que ha ocupado una secretaría en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

—Es decir, se incorporarán en la ley las actividades de espionaje que realizan el Ejército y la Armada –se le inquiere.

—Sí. Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional. Se requieren labores de inteligencia que reúnan actividades civiles y militares en materia de obtención de información. Aquí hay que entender que las labores de inteligencia no son de espionaje: son de la construcción de información suficiente para garantizar el respeto a la ley y los derechos de los ciudadanos.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional y secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Rogelio Cerda, señala que lo que busca la nueva ley es “mejorar en sustento la capacidad procedimental para que quienes tienen que desarrollar funciones en el marco de la seguridad nacional del país tengan soporte legal”.

Cerda, del grupo parlamentario del PRI y quien asumió la presidencia de la Comisión de Defensa luego de que Ardelio Vargas pidiera licencia para separarse del cargo como legislador e incorporarse al gobierno de Puebla, señala que el debate no se centra en el espionaje. En la nueva legislación, explica, se establece que la seguridad nacional “es mucho más compleja que sólo aquello que tiene que ver con conspiración, sabotaje, asonada; el tema es mucho más amplio y más arduo”.

El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el diputado Gustavo González Hernández, está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas “están dando una lucha importante en el tema de la principal amenaza de México; y sí es interesante el diálogo cívico-militar que se está dando de cuál debe ser el mejor esquema para que ellos (los militares) también tengan la salvaguarda de que están actuando conforme a derecho”.

De la seguridad pública a la seguridad nacional

Entre los acuerdos ya alcanzados por las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados, también destaca el de la “gradualidad”, es decir, en el establecimiento de tres tipos de seguridad a garantizar por el Estado mexicano: seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Entre más importante sea la amenaza, más instituciones y secretarías se involucrarán en su combate.

Alejandro Encinas explica que la “gradualidad” definirá una situación de riesgo: “Sabremos cuándo un asunto de seguridad pública se convierte en un asunto de seguridad interior, y cuándo se convierte en un problema de seguridad nacional; con ello, también se establecerá cuáles son los momentos de intervención de las Fuerzas Armadas y cuáles corresponden a la autoridad civil”.

Agrega que en este tema “fundamental” todavía no se llega a un acuerdo definitivo. “Pero estamos tratando de construirlo y estamos muy cerca”.

A este respecto, Rogelio Cerda explica que el acuerdo para que exista el concepto de “gradualidad” en la Ley de Seguridad Nacional ha sido alcanzado ya. Sin embargo, reconoce que aún se trabaja para establecer en qué consistirá con puntualidad. “Estamos realizando ejercicios, en el marco de la minuta, gradualizando los riesgos que tiene el país, para que en la función del incremento del riesgo se vayan incorporando el número de oficinas, departamentos y secretarías que se involucren en los temas. Vamos de menor a mayor”.

El legislador por el PAN Gustavo Hernández González señala que, actualmente, las Fuerzas Armadas pueden intervenir, en materia de seguridad pública, en dos situaciones: “Coadyuvando con una autoridad administrativa en casos aislados y a petición de las autoridades administrativas, y cuando hay una afectación de más largo alcance tanto temporal como geográficamente; en este caso tiene que haber un procedimiento de declaratoria para que intervenga el Ejército y se restablezca el orden jurídico constitucional”. Agrega que lo que se busca con la nueva ley es “fortalecer jurídicamente estas atribuciones e incorporar otras en la ley que no han sido reconocidas explícitamente”.

Sobre si habrá una nueva ley antes de que finalice el presente periodo ordinario de sesiones, Rogelio Cerda señala: “Estamos trabajando; pronto ya vamos a tener una postura oficial. La conclusión del estudio que estamos realizando sí se dará en este periodo. No sé si alcance el tiempo para discutirla; pero estamos trabajando a tambor batiente”.

Acuerdos para una nueva ley de seguridad nacional

Regulación de las actividades de inteligencia que realizan las Fuerzas Armadas

Incorporación de las Fuerzas Armadas a algunas labores de seguridad pública

“Gradualización” y tipificación de amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional

Fuente: Contralínea 229 / 17 de abril de 2011

El miedo de Calderón cuesta 3 mil MDP

La Presidencia de la República ha gastado casi 3 mil millones de pesos del erario en la protección de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a la fecha. Para blindar su “integridad física”, el mandatario mexicano cuenta con una partida especial en el Presupuesto de Egresos 2011 por más de 630 millones y con un “seguro de riesgo” por 800 mil pesos. En lo que va del sexenio, el Estado Mayor Presidencial ­–encargado de la seguridad del presidente– ha ejercido 2 mil millones.

Érika Ramírez

En el quinto año de su “guerra” contra el narcotráfico, el presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa blinda su “integridad física” con una partida especial superior a los 630 millones de pesos, aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011.

Se trata del “apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal”. En lo que va del actual sexenio, ésta es la segunda vez que la Presidencia de la República ejerce esa partida, identificada en el PEF como P004. La primera fue en 2009; mientras que en los ejercicios 2007, 2008 y 2010 no se asignó presupuesto por ese concepto.

Este gasto –ideado en el segundo periodo presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) en el poder– se incrementó en más de 1 mil por ciento respecto de 2009, cuando ascendió a sólo 60 millones de pesos.

“Dado que el presidente Calderón ha emprendido una batalla contra el crimen organizado, más de dos quisieran causarle daño físico. Estamos hablando de líderes del narcotráfico que sienten afectados sus intereses”, justifica Luis Enrique Mercado Sánchez, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

El legislador panista niega que alguna de las partidas destinadas a la seguridad del mandatario sea extraordinaria, pues, dice, “siempre han existido y es en los esfuerzos por la transparencia que se están desglosando”.

Gasto multimillonario

Los gastos para la protección de Calderón Hinojosa no se reducen al “apoyo” para garantizar su “integridad física”. De diciembre de 2006 a la fecha, el Estado Mayor Presidencial (EMP) –cuerpo de las Fuerzas Armadas Mexicanas encargado de proteger y garantizar la seguridad del mandatario– ha ejercido 2 mil 153 millones 593 mil 93 pesos.

A estas erogaciones también se suman 800 mil pesos para la “potenciación del seguro de vida y pago extraordinario por riesgo”, consignados en las “percepciones extraordinarias” que cubren al Ejecutivo federal y registrados en el desglose de su remuneración anual. Conocido como “seguro de riesgo”, éste también se ha incrementado: de 2010 a 2011, aumentó más de 200 mil pesos.

Óscar Enrique Díaz Santos –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en presupuesto, administración y gasto públicos– señala que con la partida P004 habría una “duplicidad” en el presupuesto de la Presidencia, pues la seguridad del mandatario corre a cargo del Estado Mayor.

Para el académico, en este caso hay un manejo “encubierto” de los recursos públicos. “¿Quién le va a proporcionar la protección de su integridad al presidente y hasta qué punto se está saliendo del protocolo de seguridad?”.

Única desde que el PAN asumió la Presidencia, la partida P004 fue propuesta por segunda vez al Congreso de la Unión y aprobada en diciembre de 2010. El “apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo federal” asciende a 630 millones 909 mil 250 pesos.

De 2001 a 2011, el folio P004 sólo aparece en los presupuestos 2009 y 2011. Su primer registro, etiquetado como “apoyo a las medidas de seguridad de la Presidencia de la República”, fue 1 mil por ciento menor al actual. Hace dos años, el presidente dispuso de 60 millones de pesos, refiere el Análisis funcional programático económico del PEF 2009.

Ambas dotaciones suman 690 millones 909 mil 250 pesos. Ese monto duplica el presupuesto de 2011 asignado al Estado Mayor Presidencial, que en este ejercicio devengará 332 millones 984 mil 374 pesos.

El legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias admite que su partido apoyó la propuesta que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados en 2010, sólo para que Calderón Hinojosa no tuviera ningún pretexto en hacer bien su trabajo.

Integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Lerdo de Tejada Covarrubias añade: “Tenemos la evidencia de una sociedad en riesgo y de profunda inseguridad. Lo que no queremos es generar el más mínimo pretexto por parte del presidente o de las áreas responsables del tema para que asuman su responsabilidad y le den resultados a la gente”.

Posible ejercicio discrecional

El académico Díaz Santos duda del manejo de la partida P004. Considera que se podría estar creando una “bolsa” para otros asuntos: en el PEF no se especifica cómo debe ser ejercido, y esto permite que los recursos puedan ser transferidos a cualquier otro rubro.

El gasto es injustificable, pues se “contabiliza doblemente” una partida asignada a la seguridad del presidente, señala Mario Di Costanzo, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados.

“A menos de que ya se esté dudando del trabajo que desempeña el Estado Mayor Presidencial y se quiera hacer un escuadrón ajeno o diferente a este cuerpo. A lo mejor, Felipe Calderón tiene tanto miedo que está pidiendo que se cree un escuadrón de Rambos; no lo sabemos. Hay poca información sobre esto”, agrega el también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Según el diputado panista Luis Enrique Mercado, los dineros que garantizan la integridad de Calderón Hinojosa, ajenos al presupuesto del EMP, “están destinados a los sueldos y salarios de las personas que cuidan al presidente, las instalaciones de seguridad de Los Pinos, de los aviones, del hangar presidencial”.

No obstante, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá rendir cuentas del ejercicio del gasto y los integrantes de la Cámara, en su facultad de control, “vamos a exigir transparencia”, asegura el legislador priista Sebastián Lerdo de Tejada.

El Estado Mayor Presidencial

Responsable de resguardar la vida del presidente Felipe Calderón Hinojosa, al Estado Mayor Presidencial le han sido etiquetados 2 mil 153 millones 593 mil 93 pesos en los presupuestos de los últimos cuatro ejercicios fiscales. El monto rebasa el total suministrado en todo el sexenio de Vicente Fox Quesada: 2 mil 25 millones 705 mil 968 pesos.

La seguridad es la función “sustantiva” del EMP –dice el libro El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad, editado por el mismo órgano– “e implica un conjunto de actividades, procedimientos y/o dispositivos que permiten garantizar la adecuada operación del organismo, a fin de que las actividades presidenciales se realicen en un ambiente confiable”.

Este cuerpo castrense, bajo el mando del Ejecutivo federal, incluye dentro de su estructura orgánica las secciones Quinta, seguridad presidencial; Séptima, escoltas; y la Coordinación de Seguridad, dedicados a garantizar la seguridad de dignatarios extranjeros. Además, son apoyados permanentemente por el personal del Cuerpo de Guardias Presidenciales y del 24 Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales.

En caso de ser necesario, explica el documento oficial, es “factible” solicitar el apoyo de las autoridades de seguridad pública federales, estatales y municipales. Éstas, con un plan previamente elaborado y aprobado, pueden participar en las actividades de seguridad de referencia, siempre bajo la supervisión y control del EMP.

El directorio de la Presidencia de la República indica que el EMP lo encabeza Jesús Javier Castillo Cabrera, general de Brigada Diplomado de Estado Mayor y jefe del Estado Mayor Presidencial; Crisanto García, general brigadier diplomado de Estado Mayor y subjefe de Logística; Roberto Francisco Miranda Moreno, general brigadier diplomado de Estado Mayor y subjefe de Seguridad; y Mario Rodolfo Segura Villaseñor, general brigadier diplomado del Estado Mayor y subjefe administrativo.

Hasta ahora, las erogaciones para la seguridad de Calderón –integradas por el presupuesto del EMP, el “apoyo” y el “seguro de riesgos”– superan en 28 por ciento los gastos devengados por Vicente Fox Quesada en todo su sexenio. Mientras que de 2001 a 2006 se ejercieron 2 mil 25 millones 705 mil 968 pesos, de 2007 a 2011 se han gastado 2 mil 846 millones 4 mil 54 pesos.

Contralínea solicitó conocer la posición de la Presidencia de la República respecto del gasto en la seguridad de Calderón. Alejandro Caso Niebla, director General de Medios, sugirió formular las preguntas por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (sistema Infomex), en tanto conseguía algún funcionario que pudiera responder, “ya que la seguridad del presidente es un tema muy delicado”. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Más seguridad, menos trabajo

Los más de 2 mil 800 millones de pesos que se han suministrado para garantizar la seguridad de Calderón Hinojosa rebasan los presupuestos anuales de diversos programas de las secretarías del Trabajo, Agricultura, Salud y Educación.

Autonombrado “el presidente del empleo” –mientras intentaba conquistar al electorado mexicano en 2006–, Felipe Calderón ha depositado 1 mil 321 millones 828 mil 6 pesos más en su resguardo (durante su administración) que en la Promoción del Empleo. Este último renglón está etiquetado con una partida presupuestal de 1 mil 524 millones 176 mil 48 pesos en el PEF de este año.

Lo mismo ocurre con el Programa de Apoyo al Empleo –ambos, administrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social–, que en este ejercicio fiscal obtuvo una asignación de 1 mil 369 millones 95 mil 214 pesos, contra los 2 mil 846 millones 4 mil 54 pesos asignados para la seguridad del presidente.

Renglones que también llaman la atención son los del ramo educativo. De acuerdo con el Análisis funcional programático económico del PEF, los montos destinados a la producción y distribución de libros de texto gratuitos y al Consejo Nacional de Fomento Educativo son menores en casi 1 mil millones de pesos. El primero de estos programas obtuvo este año 2 mil 235 millones 956 mil 287 pesos, en tanto que el segundo, 1 mil 858 millones 326 mil 4 pesos.

El diputado Di Costanzo considera que los recursos especiales asignados para garantizar la seguridad e integridad se deben a que “tenemos un Ejecutivo que está buscando compensar el hecho de que no ha habido incrementos de sueldo”.

Visión del Estado Mayor Presidencial

Cumplir con eficiencia y eficacia las misiones generales que le impone su reglamento para salvaguardar la seguridad del presidente de Estados Unidos Mexicanos en el ámbito de los valores de la lealtad, la honestidad, la discreción y el profesionalismo, sustentados en los principios de institucionalidad, legalidad y disciplina.

Misiones generales

• Garantizar la seguridad del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de su familia, de los mandatarios y funcionarios extranjeros que visiten la república mexicana, de los expresidentes de la república y de otras personalidades que, por la importancia de su cargo o encomienda, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal; así como proporcionar el apoyo logístico inherente a las actividades anteriores.

• Apoyar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el desarrollo de sus actividades.

• Organizar las actividades conexas a la participación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos y su señora esposa en actos oficiales, proporcionando los recursos humanos y materiales que se requieran en apoyo de sus actividades.

• Garantizar la seguridad de las instalaciones presidenciales.

• Desarrollar las actividades de inteligencia y contrainteligencia necesarias para el cumplimiento de las funciones del Estado Mayor Presidencial.

• Coordinar las actividades de conservación, mantenimiento y restauración de las instalaciones presidenciales a cargo del Estado Mayor Presidencial.

• Administrar los recursos presupuestales asignados por la Presidencia de la República para el desempeño de las actividades correspondientes.

Fuente: El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad

Pasos para cuidar al presidente

“Visitar el sitio al cual irá el presidente para valorar los posibles riesgos y, en su caso, considerar los requerimientos necesarios para garantizar la seguridad del jefe de Estado, todo lo cual queda plasmado en un plan de seguridad.

“Previamente a una actividad presidencial, supervisar el dispositivo planeado. Hacer ajustes de último momento con base en información reciente o la evaluación de la situación imperante.

“Adicionalmente, la Sección Quinta es responsable de la seguridad de la Residencia Oficial de Los Pinos, del área presidencial ubicada en Palacio Nacional, del hangar presidencial y de otras instalaciones donde resida o se encuentre temporalmente el Ejecutivo de la nación.”

Fuente: El Estado Mayor Presidencial. Cumplir con institucionalidad

Contralínea 219 / 06 de febrero de 2011

Los reality shows de la PGR

*Fallas contra lavado de dinero
*Proliferan centros de apuestas
*Los reality shows de la PGR

El embajador estadunidense Carlos Pascual y el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, durante la firma de un convenio sobre tráfico de armas y lavado de dinero, este martes en un hotel del Distrito FederalFoto Carlos Cisnero.

Miguel Badillo

Los muertos se acumulan en las calles, los secuestros invaden todo el territorio nacional (incluído el pueblo de Tlalpan al sur de la ciudad de México), las carreteras se han vuelto inseguras y muchas ciudades parecen pueblos fantasma porque sus habitantes han huido aterrorizados por los enfrentamientos entre militares y marinos contra narcotraficantes. A pesar de ello, el gobierno federal anuncia que su “guerra” contra el crimen organizado sigue adelante, mientras que Felipe Calderón y su familia se refugian en el bunker de Los Pinos protegidos por miles de soldados del Estado Mayor Presidencial.En México todos sabemos que el problema es generado por Estados Unidos y el enorme consumo de drogas entre su población; sin embargo, el gobierno de ese país ha decidido que la batalla se libre en territorio mexicano para evitar que la violencia cruce la frontera y ponga en riesgo a los estadounidenses.

Con más de 30 mil muertos en México, aparece el combate al lavado de dinero como la única forma de frenar a los cárteles de la droga y quitarles el financiamiento que ahora los hace invensibles y con capacidad de corromper a cualquier político, policía, militar o ciudadano común. Esto también lo sabe el gobierno de Calderón, pero al respecto no hace nada y permite que miles de millones de dólares circulen libremente por instituciones financieras y empresas.

Así el blanqueo de capitales está presente en la economía con la anuenecia del gobierno panista y una manifestación de ello es la presencia de negocios ilegales vinculados con el juego y las apuestas, en donde mucho dinero proveniente del tráfico de drogas llega a los casinos y de allí sale tan limpio que nadie dudaría que está vendecido.

Empresarios de este sector han denunciado ante la secretarías de Gobernación y de Hacienda el crecimiento del juego ilegal. Hay indicios – aseguran – de la participación de recursos de procedencia ilícita en las salas de juego ilegales, que operan fundamentalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no se ha presentado. Además, se les aplica las reglas para combatir el lavado de dinero diseñadas para el sector financiero a pesar de las diferencias evidentes de su actividad. La vigilancia y la regulación para evitar el dinero sucio en los circuitos de las casas de apuesta simplemente no existe.

Las 40 recomendaciones creadas por los organismos anti lavado en México y en organismos multilaterales fueron formuladas para proteger al sistema bancario del lavado de dinero, pero ignoran las características de actividades no financieras. Por ello, los reportes sistemáticos y las reglas efectivas han resultado poco útiles y las áreas de análisis de dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República se están saturando de información que no les permite ver en donde se encuentra el verdadero problema.

Así, el análisis sobre operaciones resulta irrelevante, pues el promedio de apuesta por cliente en México es de 600 pesos. Hasta ahora México, sin embargo, ha decidido no seguir la guía de enfoque basado en riesgo para el sector de casinos creada por organismos multilaterales. Además, incumple la recomendación de la GAFI, que insisten en poner los controles sólo donde se necesitan. Como también sucede en la banca, seguir las operaciones sospechosas es más eficiente.

Una regulación especial

En las salas de juegos y apuestas el movimiento de efectivo y la operación está muy alejado del escenario que predomina en el sector bancario. En la sala de juego, por ejemplo, no puede conocer al cliente, porque en muchos casos sus visitas son esporádicas, mientras que en los bancos se persigue a trabajadores por ahorrar ahí sus ingresos.

Los empresarios de esta industria argumentan que un interrogatorio directo pondría en peligro la relación “a nadie le preguntan de donde ha sacado el dinero para pagar una cena”, dicen. Esta situación provocaría mayor migración a las salas ilegales y se agudizarían el ingreso de dinero sucio a esos centros de apuestas.

Aceptan, como si fuera una concesión, validar la información que les proporciona el cliente, pero reconocen que tienen muy pocas herramientas para conocerlo. Para ellos el lavado de dinero que se puede realizar en este negocio sólo podría presentarse si el dueño de la empresa está relacionando con actividades ilícitas.

La conclusión evidente es que resultaría muy caro para la sala, si ésta tiene que pagar el impuesto correspondiente, usar la actividad para lavar. Con esta afirmación, las empresas establecidas parecen lanzar una acusación directa sobre los establecimientos que en las zonas fronterizas están surgiendo como hongos. La alerta, sin embargo, debe encenderse en todas las áreas.

Aseguran que usar casinos legales como mecanismo de lavado es escaso y que hacerlo a través de terminales de juego, lo es aún más. El propio GAFI, a través del Grupo Pacífico, emitió un informe de tipología en el que sólo pueden encontrarse dos ejemplos relacionados con máquinas de azar: uno conllevaba la modificación y alteración del software de la máquina para que otorgara premios de forma controlada. Esto se evita, dicen los empresarios de este sector, “certificando” los equipos.

El otro implicaba el uso de “efectivo” en cada una de las terminales (“en las salas de nuestros asociados no sucede”). Si bien es cierto que no puede aplicarse al sector del juego las mismas herramientas o protocolos de detección que para las entidades financieras resulta relevante, en un país amenazado por el narcotráfico, acelerar la vigilancia en este sector.

En México el 90 por ciento de la actividad en las salas de juego se realiza en las terminales de juego. Un estudio conducido por el Grupo de Acción Pacifico en colaboración con GAFI demostró la total ausencia de casos relacionados directamente con máquinas de azar.

Sin embargo, los expertos en este sector advierten la importancia de revisar y adecuar los “sujetos obligados” en materia de juegos y sorteos para incluir como sujetos obligados las múltiples casas de juego sin permiso de Gobernación que operan a través de “amparos”.

También se debe excluir múltiples tipos de juegos y sorteos distintos a las casas de juego que son de bajo nivel de riesgo, tales como: rifas y loterías organizadas por instituciones de asistencia privada y educativa, sorteos promocionales realizados por distintas empresas o concursos y sorteos realizados por radio y televisión u otros medios masivos de comunicación.

En el caso de juegos y sorteos operados por Lotería Nacional, Pronósticos para la Asistencia Pública, Multijuegos, Sorteo Tec y otros similares, únicamente deberían de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores. En todos los demás casos el enfoque debería ser el recomendado por GAFI desde el año 2007, basado en riesgo, y no en reglas.

El pago de los premios mayores a 100 mil pesos debe ser en documento y con plena identificación del ganador. En la actualidad no sucede así, lo que parece una evidente omisión frente a las reglas dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda.

En conclusión, el país necesita evitar a toda costa el juego ilegal y la participación de personas o empresas de dudosa solvencia moral en esta actividad. Hasta ahora, los permisionarios están imposibilitados de “conocer” a sus clientes. Solo pueden solicitarles su identificación y no podrían validarla.

Pero las autoridades quieren más cooperación de este sector sin contar con las reglas claras por lo que los empresarios de esta actividad argumentan que imponer a los propietarios, directivos y trabajadores de las empresas permisionarias, la obligación de convertirse en investigadores y delatores de los criminales, es injusto y pondría en riesgo su integridad física y moral.

De hecho, por seguridad de los empleados y clientes de los permisionarios, en múltiples ocasiones será imposible para los pemisionarios negar el servicio a un cliente que no se quiera identificar y proporcionar su información.

Se espera ya la elaboración y entrada en vigor del reglamento de esta Ley y será un tema que debe cuidarse minuciosamente para evitar que el lavado de dinero siga penetrando esta actividad.

El reality show de PGR

En una entrevista Isabel Miranda de Wallace lamentó que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, responsables de custodiar a uno de los secuestradores y asesinos de su hijo Hugo Alberto Wallace “confraternizaran” con el delincuente al grado de llegar a bromear con él. Un día antes, los medios de comunicación difundieron imágenes de la búsqueda de los restos de Hugo Alberto Wallace como si fuera el final de un siniestro reality show en el que se buscaba demostrar la efectividad de las acciones judiciales y policiales de las organizaciones responsables.

El asesino del hijo de Isabel Wallace declaró ante los medios de comunicación cómo se planeó y perpetró el delito. Jacobo Tagle fue juzgado y sentenciado ante las cámaras de televisión. Nadie dudaría de su culpabilidad, pero es un hecho que las autoridades judiciales están incurriendo en fallas que pueden viciar de origen los procedimientos y permitir que judiciales impugnen las sentencias que deberían presentarse sin problemas. El trabajo de Isabel Miranda de Wallace y no el de la PGR fue impecable y fallas de este tipo podrían arruinar la aplicación de la justicia.

Tagle fue arraigado por 40 días por un juez federal mientras se le sigue calificando como presunto homicida, pero las cámaras de televisión ya dieron su veredicto. Es un caso parecido al que se presentó con la francesa Florence Cassez, secuestradora sentenciada a 60 años de prisión pero cuyo caso está siendo impugnado ante la Suprema Corte de Jusiticia. Los argumentos de sus abogados defensores se concentran en demostrar los vicios de origen del caso que fue transmitido en vivo por las pantallas de televisión.

Lo mismo ha sucedido con los juicios paralelos o televisivos en contra de la revista Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, en contra de quienes el gobierno federal ha emprendido una campaña difamatoria orquestada desde Los Pinos y para ello utilizan a un medio de comunicación afín, cuando el problema de fondo es la dolosa filtración y montaje que se hace con un supuesto testigo protegido para atacar la libertad de prensa y a un medio de comunicación que durante más de 30 años ha demostrado haber cumplido con su labor periodística. Como creerle al gobierno cuando utiliza al Ministerio Público Federal para amedrentar y amenazar la libertad de expresión, de la que él mismo debería ser garante.

oficiodepapel@yahoo.com.mx

Evo: "... pronto México se liberará"

De la Lámpara de Diógenes:

La gente comenzó a llenar la plaza desde las dos de la tarde al tiempo que le repartían banderitas de ambos países. No faltaron las mantas del único partido que apoya a AMLO: "Bienvenido Evo Morales Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia". Cientos de personas se formaban frente a los arcos detectores de metal que habían sido instalados por la delegación política, la SSP-GDF y el Estado Mayor Presidencial (EMP) en los accesos al Jardín Hidalgo.




Las vallas metálicas que contenían a las personas que ansiosas deseaban ver pasar a Evo Morales en cada pasillo del jardín coyoacanense estaban a cargo del grupo masón del PRD de la Resistencia Civil Pacífica, que con poca organización y múltiples quejas cumplían su labor lo mejor que podían, mientras la gente gritaba emocionada: "¡Fuera (muera) Calderón¡"



Finalmente llegó la comitiva diez minutos antes de las cinco de la tarde. Los acompañantes protocolarios se bajaron de sus vehículos, algunos rostros conocidos: Marti Batres, Gerardo Fernández Noroña y Porfirio Muñoz Ledo, quien no desperdició el momento de confusión, entre sahumeríos y recibimientos, para echarle unas furtivas fumadas a un cigarrillo.



Evo pasó presuroso frente a las personas que animosamente agitaban banderas bolivianas y mexicanas para desaparecer unos minutos en el interior de una de las carpas de la delegación Coyoacán había instalado. Cuando salió se dirigió directamente al templete, en donde fue recibido con gritos provenientes de miles de gargantas: ¡Evo, Evo, Evo!



Los discursos dieron inicio, algunos particularmente abucheados como el de Raúl Flores, delegado de Coyoacán. Otros más, en el predecible tono que nadie parece ya tolerar. De entre algunos grupos de personas, intentando apresurar a los oradores se escuchaba: ¡Evo, Evo, Evo!



Cuando por fin, el momento esperado llegó, Evo Morales sentenció que el compromiso de todos los movimiento sociales y populares también deben centrarse en la urgencia por preservar la vida en el planeta Tierra, dijo que el sistema capitalista no es la solución para los grandes problemas de la humanidad y resaltó que para gobernar, primero se necesita escuchar al pueblo y subordinarse a él.



El discurso de Evo terminó con las esperanzadoras palabras: "Mucha fuerza hermanos y hermanas, pronto México se liberará", mientras en Internet empezaba una batalla entre los Trending Topics de México de Twitter, demostrando que la intolerancia está justamente entre los que tienen acceso a más recursos tecnológicos y particular miedo a su propia ignorancia que aquellos que sólo tienen, muchas veces, su coraje y dignidad.

Gasto de 110 mil MDP en seguridad nacional

El gobierno de Felipe Calderón gasta más de 110 mil millones de pesos en seguridad nacional, revela un estudio de la Cámara de Diputados. El sector castrense ejecuta el 94.1 por ciento de esa discrecional erogación. Especialistas consideran que las prioridades en esta materia no son claras.

Nancy Flores

La administración federal, encabezada por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, habrá gastado en dos años 110 mil 243 millones 76 mil pesos en seguridad nacional, descubre el análisis El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010, publicado en octubre pasado por el Centro de Documentación, Información y Análisis, de la Cámara de Diputados.
Los egresos en esta materia corresponden a la Presidencia de la República y a las secretarías de Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Gobernación (Segob), que privilegia el enfoque de corte represivo (contra las amenazas) y margina el preventivo (contra los riesgos).
De acuerdo con el estudio, entre 2009 y 2010 el sector castrense ejercerá 103 mil 787 millones 870 mil pesos, que representan el 94.13 por ciento del monto global destinado a la seguridad nacional: la Sedena sufragará el 68.29 por ciento; la Semar, 25.35 por ciento; y el Estado Mayor Presidencial, 0.49 por ciento.
—La seguridad nacional se logra cuando hay una armonización y un equilibrio entre todos los elementos del poder nacional y me parece que aquí se ha desarrollado con más fuerza, con más énfasis, el elemento militar del poder nacional, y que se han desarrollado en un estado muy secundario, muy colateral los otros elementos: político, social y económico –explica Jorge Luis Sierra, especialista en seguridad nacional.
Agrega que esos factores se deben desarrollar al mismo tiempo y “pensando” en “una justicia nacional”. No obstante, en este bienio el gasto más alto corresponderá al capítulo “Defensa de la integridad, la independencia y la seguridad nacional del territorio nacional”. A éste, la Sedena le destinará en total 46 mil 16 millones 130 mil pesos.
Gasto por institución
Javier Oliva, experto en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que las urgencias de una administración se pueden advertir en su presupuesto. Por ello, pregunta cuáles son las prioridades del gobierno de Felipe Calderón, “en donde la vieja aspiración de la derecha conservadora es el control de la ciudadanía: qué hace, qué piensa, a dónde va”.
Las erogaciones en seguridad nacional dadas a conocer por la Cámara de Diputados son 4.5 veces la inversión pública a favor de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo presupuesto anual asciende en promedio a poco más de 24 mil millones de pesos.
Tan sólo el análisis El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010, revela que en ese periodo bianual la Sedena ejercerá, de manera discrecional, 75 mil 289 millones 30 mil pesos para esa tarea.
Al finalizar 2009, el gasto de la Sedena en materia de seguridad nacional sumará 38 mil 560 millones 920 mil pesos. La cifra representa el 89.6 por ciento de su presupuesto total modificado para este ejercicio, por 43 mil 32 millones 300 mil pesos, indica el Portal de Obligaciones de Transparencia de la institución.
Para 2010, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 36 mil 728 millones 110 mil pesos en ese rubro, según información extraída del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) citada por el estudio.
En segundo lugar se ubica la erogación bianual de la Semar, por 27 mil 953 millones 370 mil pesos. De este monto, en 2009 habrá gastado 14 mil 85 millones 220 mil pesos en materia de seguridad nacional, de un presupuesto total modificado para este ejercicio de 16 mil 127 millones 700 mil pesos.
El próximo año, la dependencia que encabeza el almirante Francisco Saynez Mendoza podrá sufragar en ese rubro 13 mil 886 millones 150 mil pesos, indica el estudio de la Cámara de Diputados con base en datos del PPEF.
La Secretaría de Gobernación destinará a la seguridad nacional 5 mil 184 millones 760 mil pesos entre 2009 y 2010. De esa cifra, habrá erogado 2 mil 379 millones 590 mil pesos en el ejercicio que ya concluye, a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). El resto, 2 mil 805 millones 170 mil pesos, en 2010.
En cuarto sitio se ubica la Presidencia de la República, que a través del Estado Mayor Presidencial habrá gastado 545 millones 470 mil pesos en el bienio: 288 millones 700 mil pesos en 2009 y 288 millones 250 mil en 2010.
Cisen, relegado

En el bienio analizado, Presidencia de la República habrá erogado 545 millones 470 mil pesos en seguridad nacional
El presupuesto denota las prioridades del tomador de decisiones, expresa Javier Oliva. En éste, indica, se encuentra la complementariedad del Programa para la seguridad nacional 2009-2012, cuyo decreto de aprobación se publicó el pasado 20 de agosto en el Diario Oficial de la Federación.
Aunque dicho programa destaca la participación del Cisen en la generación de inteligencia y contrainteligencia, la asignación del gasto revela que para la administración federal la prioridad no se encuentra en la instancia civil.
Jorge Luis Sierra observa que el programa plantea la “necesidad de profundizar el sistema de inteligencia y contrainteligencia y eso implica poner al Cisen en el primer lugar, digamos al frente de toda la estructura gubernamental en materia de seguridad (nacional), pero sabemos que en la práctica eso no ocurre así”.
Agrega: “En la práctica, quien está haciendo la labor principal de inteligencia y de contrainteligencia son las fuerzas armadas, y el Cisen está ocupando ahora un papel relativamente inferior dentro de la estructura de seguridad del gobierno. Hay una contradicción entre lo planteado por el propio documento y la realidad”.
De acuerdo con el estudio de la Cámara de Diputados, el gasto ejercido por el Cisen durante el bienio analizado representa apenas el 5.7 por ciento del total de egresos por concepto de seguridad nacional, contra el 68.29 por ciento que ejerce la Sedena en esta misma materia.
Gobierno sin prioridades
Con la publicación del decreto por el que se aprobó el Programa para la seguridad nacional 2009-2012, el gobierno federal intentó dar una respuesta integral a todo lo que está concibiendo como riesgos y amenazas, explica Jorge Luis Sierra.
Sin embargo, aclara el especialista, “no alcanzo a distinguir en este documento realmente cuáles son las prioridades. El documento enfatiza mucho los riesgos y amenazas que se originan de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de los movimientos armados, del terrorismo, pero al mismo tiempo dice que apoya el concepto de seguridad hemisférica emitido por la Organización de Estados Americanos, que integra otros elementos que no son directamente aquellos que se originan de las amenazas tradicionales o de las amenazas que tienen que ver con la violencia, como pueden ser la pobreza, la falta de desarrollo, disparidades sociales”.
El experto en seguridad nacional considera que, a pesar de que esos rubros son mencionados entre los riesgos que enfrenta la seguridad nacional, “no alcanzan la prioridad que sí tienen otros puntos, como es el combate al crimen organizado, al narcotráfico y a los movimientos armados. Entonces, la primera impresión que da es de desequilibrio en el planteamiento de las prioridades de este programa de seguridad nacional, sobre todo porque el plazo de tiempo que hay para cumplir esas metas es relativamente corto, son tres años”.
La ausencia de claridad respecto de las prioridades en seguridad nacional no es nueva. Sierra explica que desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional se ha intentado reorganizar el aparato de inteligencia, pero todos los esfuerzos han resultado fallidos.
De acuerdo con el programa, “en 2001 se creó la figura del consejero presidencial de seguridad nacional, que dependía directamente del titular del Ejecutivo federal y tenía funciones de asesoría y coordinación en esta materia. En 2003 dicha figura se suprimió. Lo mismo ocurrió con el Gabinete de Seguridad Nacional. En 2005 se estableció el Consejo de Seguridad Nacional con la promulgacio?n de la primera ley del país en la materia. En ese mismo año se crearon tres instituciones fundamentales para el Sistema de Seguridad Nacional, a saber: el Consejo de Seguridad Nacional, el Secretariado Técnico del Consejo y la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional”.
Aunque no los califica, dice Jorge Luis Sierra, el programa sí describe la “serie de cambios, de intentos y experimentos” que han hecho los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, para “tratar de reorganizar el aparato de inteligencia civil y militar”.

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"Ni me toques"

JOSé GIL OLMOS

MEXICO, D.F., 18 de noviembre (apro).- Un estadio de futbol lleno es como una olla de vapor que en cualquier momento puede explotar si llega al punto de ebullición y no saca la presión que contiene. Eso lo supo Felipe Calderón el pasado 11 de noviembre en la nueva casa del equipo Santos, cuando miles de gargantas se manifestaron en su contra.
Ese día, Televisión Azteca, que trasmitía en vivo el evento deportivo, reaccionó como lo hacia Imevision en sus tiempos de gloriosa censura estatal: bajó el sonido ambiental, subió el de Calderón y el de los comentaristas para tratar de acallar la protesta social que retumbó en todo el nuevo estadio del equipo de fútbol.
Pero la rechifla monumental fue más grave de lo que se alcanzó a percibir a pesar de los intentos del gobierno y de la televisora de Salinas Pliego, pues de acuerdo con versiones de asistentes, los gritos de protesta de miles de asistentes no sólo fueron de hartazgo, sino de rabia, y el tono alcanzó los niveles de la ira y la denostación personal. Las mentadas de madre fueron lo que menos le lanzaron.
De acuerdo con esta versión, la reacción del jefe del Ejecutivo y del Estado Mayor Presidencial (EMP) fue de furia ante la incapacidad de contener los gritos y la enorme rechifla en el estadio de futbol. Frente a las cámaras de televisión, Calderón no pudo ocultar el gesto de cólera y mostró ese carácter irascible que le ha hecho fama de "político de mecha corta" desde que era líder del PAN y diputado federal.
Aunque pasó el momento de ira de los asistentes al estadio, la molestia nunca desapareció del equipo presidencial, y explotó al final.
Según versiones de quienes asistieron, cuando ya se retiraba Calderón del estadio de futbol, un joven trató de acercársele, y la reacción de los miembros del Estado Mayor Presidencial fue violenta. Se lanzaron sobre el joven, lo tomaron del cuello y lo estamparon contra la pared alzándolo en vilo.
Completamente inutilizado por los militares entrenados para proteger al jefe del Ejecutivo, el joven no podía ni hablar. La acción fue tan evidente que, de acuerdo con esta versión, Margarita Zavala se percató de lo que sucedía y pidió que soltaran de inmediato al joven.
Nervioso ante la mirada de Calderón, una vez que estuvo libre, el joven explicó que su intención era simplemente tomarse una foto con el presidente. Una foto del recuerdo.
Al escucharlo, Calderón aceptó tomarse la foto tratando de aligerar el ambiente. Pero entonces el joven tuvo un nuevo error. Al momento de acercarse al presidente quiso tomarle el hombro para dar una imagen de familiaridad a la imagen, pero en eso Calderón reaccionó con ira: "Ni me toques", espetó ante el azorado rostro del seguidor del equipo Santos.
La rabia de Calderón en esos días explotó en este gesto de rechazo hacia el joven y hacia los miles que le expresaron su repudio. Pero también en esos días lo hizo contra el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, y contra los empresarios que se manifestaron contra su ley de ingresos y egresos basada en la aplicación del 2 por ciento de IVA.
Lo que en el fondo existe en el gobierno federal es un gran nerviosismo por los caminos que podría tomar la evidente inconformidad social. Porque de la desilusión, la desesperanza, la apatía y la desconfianza, se podría pasar a la protesta activa.
Por ejemplo, la sola mención de 2010 ha venido causando inquietud en el mundo gubernamental. Tan es así que, en las últimas semanas, han comenzado a difundir documentos de supuesta "inteligencia" policiaca y militar, señalando que existen posibilidades de que el año entrante podría haber una movilización armada en Chiapas y otras entidades por parte de grupos guerrilleros, como el EZLN, EPR y ERPI.
Las especies difundidas y retomadas en principio por el periódico Reforma, señalan que estos grupos se están reorganizando para realizar acciones armadas en 2010. Sin embargo, esta versión resulta hasta ridícula pues sería demasiado previsible que dichos grupos realizaran algunos actos en esas fechas y en los lugares donde más vigilancia militar y policiaca hay actualmente como en Chiapas. Esto es, menosprecian la capacidad operativa y la inteligencia de estos grupos, cuyos orígenes datan desde hace medio siglo y siguen vigentes en sus acciones.
Calderón debería tener menos enojo y más preocupación por las expresiones de hartazgo que han provocado su gobierno y el de Vicente Fox. El panismo ha mostrado su incapacidad e inmadurez para gobernar el país en la última década, ocasionando una enorme desilusión de la sociedad.
Durante estos años de gobierno, el PAN no ha creado una sola institución que funcione y que dé paso a la transición democrática. Todo lo contrario: reforzó el sistema creado por el PRI y ha creado las condiciones para que regrese al gobierno éste último partido.
La rechifla y las protestas en el nuevo estadio del Santos, más que provocar su ira, debería prenderle los focos rojos, porque no es cualquier cosa que de manera espontánea miles de gargantas al unísono se manifiesten en su contra y ratifiquen el chasco que ha resultado su administración.
Fuente: Proceso

Gerardo Fernandez Noroña Jovenes Baleados En Morelia Michoacan Por Estado Mayor Presidencial

http://www.youtube.com/watch?v=pSLsM9y3Jqg


http://www.youtube.com/watch?v=fRzz7jvwvfA


http://www.youtube.com/watch?v=rjNlyexRyAI

[RCP] El miedo y la poca vergüenza del usurpador: tercer informe en palacio

De la Lámpara de Diógenes:

La vergüenza y el miedo rodeaban esta mañana la plancha del zócalo capitalino con cientos de metros de vallas metálicas, rejas, elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP), granaderos de la Policía Federal (PF), mientras el sol iluminaba los gritos de la resistencia civil pacífica (RCP) que desde temprano habían tomado sus lugares a lo largo de la reja, alejada ahora medio centenar de metros de la fachada del Palacio Nacional.





En esta ocasión el acceso al área de la plancha del zócalo que no está siendo ocupada por la exposición "Huellas de la vida" era restringido a dos únicos accesos, custodiados por elementos de la PF. Miembros de la RCP a su vez habían ya detectado a individuos pertenecientes a las Fuerzas Federales que, vestidos de civil pero con "chícharo" en la oreja, observaban y fotografiaban a los participantes de la protesta. En varias ocasiones algunas "parejas" de elementos de la PF efectuaban rondas hasta la valla en donde se encontraba el grueso de la RCP, tomando nota en pequeñas libretas y retirándose segundos después de haber llegado.





Minutos después de las nueve y cuarto desde el extremo noreste del zócalo un contingente de fotógrafos, camarógrafos y reporteros antecedían el paso al Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña, quien junto con el Diputado Federal Jaime Cárdenas Gracia, del Diputado Federal Rigoberto Salgado Vázquez, del Diputado Federal César Francisco Burelo y del Diputado Federal Abelino Ramos Parra atravesaron el zócalo para llegar a la avenida 20 de Noviembre y traspasar ahí el cerco de granaderos de la PF, de los elementos del EMP y del Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP) que corrían intentando frenar el avance de los legisladores.





Entre golpes con los escudos, patadas y empujones medio centenar de granaderos de la PF formaban una barrera impidiendo el paso mientras que otros corrían en desorden hacia la retaguardia gritando "hacia las vallas", evidenciando la deficiente organización y escasa preparación de las fuerzas policíacas federales. Algunos de las docenas de reporteros que acercaban sus micrófonos, teléfonos celulares y cámaras hacia los miembros del Poder Legislativo de la Federación recibieron también parte de la ofensiva de las fuerzas federales quienes demostraron fehaciente y claramente que las garantías constitucionales no son respetadas por quien usurpa el Poder Ejecutivo: si esto se le hace a quienes tienen fuero federal, ¿qué le espera al ciudadano que no lo tiene?





Después de intentar pasar por la "garita" de los automóviles de invitados "VIP", en la esquina de la avenida 20 de Noviembre, el contingente se dirigió por esta calle y dobló a la izquierda sobre Venustiano Carranza. El acceso al cruce con la avenida Pino Suárez fue rápidamente cerrado por granaderos de la PF quienes sudorosos corrieron a bloquear el paso.





Ahí ante los numerosos representantes de medios de comunicación Fernández Noroña exhibió la violencia represiva ordenada por el Poder Ejecutivo para impedirles el paso a cinco miembros del Poder Legislativo. Minutos más tarde y con el convencimiento que era una pérdida de tiempo luchar contra los centenares de soldados y miembros de la PF, los diputados federales se retiraron al grito de "¡va a caer, va a caer, el pelele va a caer!" satisfechos de haber demostrado el tamaño del miedo del usurpador y la poca vergüenza que tiene.

Video de la agresión a diputados al intentar acercarse a la puerta central del Palacio Nacional

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