17 diciembre 2009
El Estado mexicano recibió dos sentencias ejemplares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una inmensa victoria para la sociedad, porque permite abrigar la esperanza de que no todo está perdido ante el marasmo de la impunidad.
Rosendo Radilla era maestro en Guerrero, un activista que creía en la equidad y en el reparto de tierras. En 1974, en un ambiente en que la izquierda era aniquilada por el Estado, el Ejército mexicano lo secuestró, despareció su cuerpo y se dedicó a desacreditarlo para que nadie se atreviera a defenderlo.
Además de reivindicar su caso, 25 años después, la Corte también sentenció a México por tres feminicidios en Chihuahua. Las pruebas contundentes que mostraban la responsabilidad de agentes judiciales y federales precipitaron este fallo, pese a los intentos de este gobierno federal por exculpar a los responsables.
Durante décadas millones de personas hemos marchado contra la desigualdad, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, las redes de pornografía, las masacres, las violaciones de militares y los encarcelamientos injustos. Marchamos contra los abusos de poder y por nuestro deseo real de vivir en paz y en libertad. Y cada marcha lleva el sentimiento oculto de su inutilidad y el deseo expreso de que esta vez, ante la evidencia, el resultado será justo porque sólo así reivindicará el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales, el de sus familiares a saber que la batalla no fue en vano, el de la comunidad para saber que sí se puede trabajar en favor de la equidad aunque a veces cueste la vida; marchamos por el derecho a rebelarnos, a ejercer una ciudadanía comprometida con causas sociales protegidas por la Constitución.
México debe sanar sus heridas del pasado, lejano y reciente. La CIDH les recuerda a los gobernantes que no podrán coludirse impunemente con criminales, jueces y Generales, que cuando las instancias judiciales de México dejan indefensas a sus víctimas, una comunidad internacional les vigila.
Efectivamente Calderón no es responsable de estos casos en particular, pero es el jefe de un Estado que debe mostrarse capaz de reconocer y corregir errores del pasado. Si no lo hace, sus aparatos de seguridad seguirán cometiendo los mismos delitos y en el futuro será su gobierno el condenado por la comunidad internacional.
Rosendo Radilla era maestro en Guerrero, un activista que creía en la equidad y en el reparto de tierras. En 1974, en un ambiente en que la izquierda era aniquilada por el Estado, el Ejército mexicano lo secuestró, despareció su cuerpo y se dedicó a desacreditarlo para que nadie se atreviera a defenderlo.
Además de reivindicar su caso, 25 años después, la Corte también sentenció a México por tres feminicidios en Chihuahua. Las pruebas contundentes que mostraban la responsabilidad de agentes judiciales y federales precipitaron este fallo, pese a los intentos de este gobierno federal por exculpar a los responsables.
Durante décadas millones de personas hemos marchado contra la desigualdad, los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, las redes de pornografía, las masacres, las violaciones de militares y los encarcelamientos injustos. Marchamos contra los abusos de poder y por nuestro deseo real de vivir en paz y en libertad. Y cada marcha lleva el sentimiento oculto de su inutilidad y el deseo expreso de que esta vez, ante la evidencia, el resultado será justo porque sólo así reivindicará el derecho de las víctimas a ser reconocidas como tales, el de sus familiares a saber que la batalla no fue en vano, el de la comunidad para saber que sí se puede trabajar en favor de la equidad aunque a veces cueste la vida; marchamos por el derecho a rebelarnos, a ejercer una ciudadanía comprometida con causas sociales protegidas por la Constitución.
México debe sanar sus heridas del pasado, lejano y reciente. La CIDH les recuerda a los gobernantes que no podrán coludirse impunemente con criminales, jueces y Generales, que cuando las instancias judiciales de México dejan indefensas a sus víctimas, una comunidad internacional les vigila.
Efectivamente Calderón no es responsable de estos casos en particular, pero es el jefe de un Estado que debe mostrarse capaz de reconocer y corregir errores del pasado. Si no lo hace, sus aparatos de seguridad seguirán cometiendo los mismos delitos y en el futuro será su gobierno el condenado por la comunidad internacional.
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