En la ruta de la privatización...

Rosalía Vergara

Especialistas y críticos de la administración calderonista anticipan el fin del subsidio al consumo de energía eléctrica. Como mal precedente está la intención de aumentar las tarifas del suministro hasta en cien por ciento en algunos estados. El propósito: entregar el servicio a particulares. Y si de eficiencia se trataba, antes predominaban las quejas contra Luz y Fuerza del Centro; ahora, las protestas son contra la CFE por cobros indebidos…

El costo del consumo eléctrico de 6 millones de usuarios que recibían el servicio de Luz y Fuerza del Centro (LFC) en el Distrito Federal, Estado de México y algunos municipios de Puebla, Morelos e Hidalgo aumentará más de 100%, advierten especialistas.
Cuauhtémoc Velasco Oliva, presidente de la asociación civil Energía y Rendición de Cuentas, dice que la estrategia del gobierno de Felipe Calderón es mantener el aumento gradual de las tarifas iniciado en 1999 por Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El exdiputado del Partido Convergencia y coordinador del libro El sector eléctrico en México. Costos, tarifas y opacidad. ¿Por qué son elevadas las tarifas eléctricas? explica que los usuarios deberán pagar el costo de producción de energía eléctrica, además de asumir el retiro del subsidio de 42 mil millones de pesos que recibía LFC.
Señala que la CFE no tiene liquidez suficiente para hacer frente a los gastos. “Aunque haga la manipulación contable de los recursos, éstos no son suficientes, porque además tiene el reto de mejorar el servicio, y tan sólo en la Ciudad de México se necesita una inversión multimillonaria”.
En eso coinciden David Bohen y Sergio González Broca, del Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), disidencia del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) en entrevistas con Proceso y en un ensayo titulado: Elevación furtiva de las tarifas eléctricas.
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, afirmó en conferencia de prensa el lunes 4 de enero que el usuario tenía derecho al subsidio de consumo de luz tal y como lo brindaba LFC, y “no se está aplicando a los nuevos recibos de la CFE”.
Al liquidar LFC se elimina esa aportación del gobierno, pero el costo de producción y de la luz eléctrica que asumía el gobierno ahora será cobrado a los usuarios. “Esto se operará como se ha hecho en los últimos nueve años, de manera tramposa. La única salida que tienen es el aumento de las tarifas eléctricas”, cobrando “un precio promedio” del último recibo de luz de 2009 con un supuesto subsidio, a través de la CFE, asegura Velasco Oliva.
La intención, dice, es que los usuarios de la tarifa de uso doméstico pasen a la tarifa Doméstica de Alto Consumo, creada en el sexenio de Vicente Fox, que encareció el precio de la electricidad principalmente en el norte del país.
Velasco Oliva cita una declaración de la secretaria de Energía, Georgina Kessel, en la revista El Mundo del Petróleo de octubre de 2009, en la que sostiene que los subsidios se deben dirigir a personas de escasos recursos y que el resto pague el costo real de los combustibles, e incluso un poco más por el servicio público.
Según las estimaciones de la funcionaria, la mitad de los usuarios domésticos de la CFE y LFC pudieran migrar hacia la tarifa DAC.
Velasco Oliva explica que las tarifas eléctricas deberán compensar la caída de ingresos de la CFE “porque ya no puede vender energía cara a Luz y Fuerza del Centro, y adicionalmente se le redujo el presupuesto de 220 a 211 millones de pesos”.

La intención de los aumentos

El pasado 3 de enero, la CFE anunció que a partir del 1 de enero las tarifas eléctricas aumentarán mensualmente y registrarán un incremento anual acumulado de al menos 4%. Para determinar el monto del alza se tomará como referencia la inflación y los precios internacionales del gas natural, carbón, combustóleo y diesel.
En enero, la tarifa de uso doméstico básico aumentará 0.03%, según determinó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hasta 2008, los subsidios representaban 50% del cobro en el recibo de luz, según la propia Secretaría de Energía, indica Velasco Oliva.
En su opinión, mientras aumenta la tarifa de uso doméstico, disminuirán los precios en las tarifas industriales. “Esa ha sido la política de estos gobiernos, principalmente del panista Felipe Calderón, que aumentan los subsidios a los empresarios y golpean el salario de los trabajadores cobrando las tarifas eléctricas a un alto costo”.
José Antonio Almazán, exsecretario del Exterior del SME, detalla que las protestas por cobros indebidos de energía eléctrica están a la vista. Pone como ejemplo el municipio de Candelaria, en Campeche, “donde una decena de ciudadanos pobres de esas zonas rurales se organizaron para protestar por los cobros excesivos. Hay tres presos políticos acusados de secuestrar a funcionarios”.
Ese y otros casos se desahogaron en el Encuentro Nacional por una Tarifa Social y Contra los Cobros Excesivos de Luz organizado por el SME en agosto del año pasado. Ahí se informó de ese caso que data de 2006, cuando la población se inconformó porque la CFE les cobraba recibos de hasta 5 mil pesos. En noviembre fueron detenidos Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez y Guadalupe Borja, acusados de privación ilegal de la libertad del delegado estatal de la CFE, Leovigildo Domínguez López.
En abril pasado, inconformes de Ixtepec, Oaxaca, fueron detenidos por supuesta privación ilegal de la libertad, luego de protestar en las oficinas locales de la CFE contra el representante Eduardo Olivares, por la misma razón: altas tarifas eléctricas. Cinco personas escaparon de las autoridades y son consideradas prófugas.
Velasco Oliva recuerda que el año pasado la CFE fue una de las empresas con más quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): 4 mil 883 de enero a septiembre del año pasado. La dependencia inició 82 procedimientos por infracciones a la ley a escala nacional y aplicó 41 multas por un monto de 1 millón 811 mil 93 pesos.
El aumento al precio doméstico y de uso residencial se realiza de manera paralela a la privatización de la industria eléctrica desde 1997, según documenta el estudio Elevación furtiva de las tarifas eléctricas, elaborado por el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE).
David Bohen, extrabajador de la CFE y fundador del SUTERM, así como Sergio González Broca, especialista en la materia, ambos miembros del FTE, coinciden en que las tarifas eléctricas se incrementarán no sólo por el retiro del subsidio al consumo: seguirán aumentando de manera independiente porque es parte del proceso de privatización del sector, que en 2008 ya había concesionado 50% de la capacidad de generación a empresas privadas de capital trasnacional.
Según Martín Esparza, Iberdrola, Techint y Repsol, e incluso Unión Fenosa son las empresas beneficiadas durante el sexenio de Felipe Calderón.
El informe hace una revisión sobre el aumento de tarifas desde 1997 a 2008. Desde la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 existían seis tarifas eléctricas que se calculaban en periodos de consumo de 58 a 62 días y de mayores de 52 o 62 días. En el quinto bimestre de 2008 apareció por primera vez el historial de consumo de seis bimestres y el promedio del cobro total, indica.
En 1992, el presidente Carlos Salinas de Gortari impuso la modificación a la ley de servicio público de energía eléctrica por particulares para su venta, “lo que está expresamente prohibido por la Constitución”. Sin embargo, antes de 1992 ya se habían autorizado permisos para la generación privada para abastecimiento y emergencia.
Un año después se crea la Comisión Reguladora de Energía, “un organismo con autoridad para otorgar permisos a las empresas privadas”, justo lo que hacía falta “para concretar en la práctica la privatización del sector eléctrico”.
Relata que el 12 de febrero de 1996 el entonces presidente Ernesto Zedillo dio a conocer el Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000 en el que se proponía, entre otras cosas, “alcanzar una estructura de precios y tarifas eficiente y equitativa que permita la adecuada capitalización del sector”.
Se permitía fomentar la participación del sector privado impulsando una mayor participación en la generación de energía eléctrica, recurriendo a esquemas de arrendamiento y de productores independientes de energía para las plantas generadoras, y establecer una política de precios y tarifas.
El 24 de diciembre de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para ajustar y modificar las tarifas eléctricas para “evitar el deterioro financiero del sector”. Pero en el programa zedillista se establecen restricciones a los subsidios. En 2000, las tarifas aumentaron 50% respecto de 1997.
El 29 de diciembre de 2000, recién estrenado el sexenio foxista, se publicó en el DOF el aumento a las tarifas para evitar el deterioro de la CFE y LFC. El objetivo era “mantener la política de deslices mensuales equivalentes a la inflación esperada para las tarifas de los sectores de servicios y agrícola”, dice el reporte.
Remata: “En mayo de 2001, el gobierno vuelve a mostrar total congruencia con sus planes de incrementar las ganancias para entregarlas a los generadores privados; por primera vez en los recibos de electricidad aparecieron el costo real por suministro, el importe a pagar por energía y dos subsidios: al consumidor y por otras transferencias. El cobro de estos últimos sobrepasan las dos terceras partes del costo real del consumo de luz”. Posteriormente se creó la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) para los consumidores de más de 3 mil kwh, “elevando exageradamente el precio de la electricidad”, dice.
En el análisis se destaca que el ajuste hecho por el gobierno de Fox a las tarifas provoca que mientras menos consuma el usuario los aumentos serán mayores gracias a la tarifa DAC “diseñada para golpear a los usuarios de más bajo consumo”.
David Bohen explica en entrevista telefónica que la última versión de los planes en el Programa de Obras de la Industria del Sector Eléctrico (POISE) 2009-2018 “indica que está cerca la privatización de la industria eléctrica”.