Investigados por la PGR

J. Jesús Esquivel

El caso de corrupción que involucra a funcionarios de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad –el organismo que está supliendo las funciones de la disuelta Luz y Fuerza del Centro, estigmatizada como ineficiente, y su sindicato como corrupto– arroja los primeros nombres. Una autoridad relacionada con las indagatorias que realiza la PGR en torno al caso reveló a Proceso que en la lista de los que serán investigados se encuentran Rogelio Gasca Neri, Alfredo Elías Ayub, Benjamín Contreras Astiazarán y Antonio García Luna, además de directivos y exdirectivos en México de la empresa sueca ABB.

HOUSTON.- Los actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dados a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, motivaron que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación en contra de varios funcionarios y exfuncionarios de la paraestatal y de la Secretaría de Energía (Sener).
Una funcionaria del gobierno mexicano, cercana a la investigación, informó que la indagatoria “será muy exhaustiva”. El objetivo es “encontrar a los funcionarios responsables de conceder contratos sin licitación a una empresa estadunidense subsidiaria de la corporación ABB de Suecia, a cambio del pago de varios millones de dólares”.
Bajo la condición de que no se revele su identidad, la funcionaria entregó a Proceso una lista de los servidores públicos que, entre otras personas, son objeto de investigación por la PGR debido a su “presunta responsabilidad” en los actos de corrupción descubiertos en el seno de la CFE:
Se trata de Rogelio Gasca Neri, exdirector de la CFE, y de Alfredo Elías Ayub, titular de la misma desde 1999 hasta la fecha; en el caso de la Sener se encuentran Benjamín Contreras Astiazarán, subsecretario de Electricidad; Antonio García Luna, encargado del Órgano de Control Interno; Aldo Flores, director de Asuntos Internacionales, y Alejandro Fleming Kauffman, jefe de Asuntos Jurídicos; además, Enrique Santacana, gerente regional de ABB México, y Armando Bassave, quien hasta hace unos meses fue gerente general de esta última firma en el país.
Sin embargo, aclaró que en las acusaciones que sigue el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay otros funcionarios identificados como “C”, “G”, “J” y “N”, cuyos nombres no pueden por ahora darse a conocer.
“Pero los que sí están en la lista –precisó contundente– serán investigados porque en algún momento, durante el periodo de 1997 a 2004, cuando de acuerdo con el Departamento de Justicia se dieron los casos de corrupción, ellos debieron estar al tanto o por lo menos saber que se habían asignado contratos a la subsidiaria de la empresa sueca.”
El 23 de noviembre pasado el Departamento de Justicia hizo públicos los encausamientos judiciales H-09-629 y H-09-325 en contra del empresario estadunidense John Joseph O’Shea y el mexicano Fernando Maya Basurto, a quienes acusa de violar el Acta de Prácticas por Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés, promulgada en 1977) al conseguir contratos por medio del cohecho con funcionarios de la CFE para beneficiar a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos.
La indagatoria federal estadunidense, que inició el FBI en 2005 contra O’Shea y Maya Basurto, utilizó también información proporcionada por el gobierno federal mexicano acerca de los contratos que consiguió la subsidiaria de ABB.
El caso criminal está a cargo de la Corte Federal del Distrito Sur (Houston) del estado de Texas; pero el expediente excluye el nombre específico de casi todos los funcionarios presuntamente corruptos de la CFE, porque al Departamento de Justicia de Estados Unidos no le corresponde investigarlos ni procesarlos en las actuales circunstancias.
El gobierno de Felipe Calderón sabía de la existencia de la investigación que, desde 2005, desarrollaba el Departamento de Justicia. Aun así, permitió que la paraestatal suscribiera en 2009 otros tres nuevos y millonarios contratos con la empresa sueca, que hasta hace cinco años era representada por Maya Basurto, quien fungía como intermediario de O’Shea y como contacto directo ante la CFE.
El primero de esos contratos, signado el 10 de marzo de 2009, es por 19.2 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de un Compensador Estático de VARs de -50+150 MVAr en 230 KV, que será construido en El Palmar, Baja California Sur. Este acuerdo tiene una duración de 15 meses.
El segundo, por 29.3 millones de dólares, firmado el pasado 15 de marzo entre la CFE y ABB de México, es para la ejecución del proyecto “llave en mano” de ocho subestaciones de 138-115-34.5-13.8 KV, con una capacidad de 180 MVA y cinco líneas de transmisión de 138-115 KV con 43.7 KM-C, que darán servicio a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este contrato tiene un plazo de 13 meses.
El tercero, rubricado el 30 de abril de 2009, es por 111.7 millones de dólares, para la ejecución del proyecto “llave en mano” de dos subestaciones de 400 y 230 KV, con una capacidad de 875 MVA, incluyendo un compensador estático VARs de -300+300 MVAr en 400 KV, y un tendido en 400 KV de una línea de transmisión de 179 KM-C, que abarcarán los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán. Está previsto que la obra correspondiente sea concluida en un plazo de 18 meses.
Los encausamientos de O’Shea y Maya Basurto –copias de los cuales fueron proporcionadas a este semanario– describen los detalles de 24 transferencias bancarias internacionales –por un total de 1 millón 265 mil 428 dólares– que la subsidiaria de ABB hizo a cuatro funcionarios de la CFE. Esto, sin contar varios millones de dólares más que pidieron expresamente a O’Shea y Maya Basurto como condición para concederles al menos otros dos contratos.
Los dos casos criminales que el Departamento de Justicia presentó ante la Corte Federal en Houston, a cargo de la juez federal Lynn N. Hughes, exhiben la facilidad con la que la subsidiaria de ABB en Sugar Land, Texas, consiguió los contratos con la CFE por medio de pagos a los funcionarios mexicanos corruptos.

Expedientes y audiencias

Las más de 800 páginas que integran los expedientes de la investigación realizada por los fiscales federales Tim Johnson, Steven Tyreell y Mark F. Mendelsohn –revisadas por este corresponsal en la Corte Federal en Houston– deshilvanan la telaraña de corrupción que tejieron O’Shea y Maya Basurto con los cuatro funcionarios no identificados de la CFE.
Por ejemplo, conforme a la trascripción de la audiencia del pasado 28 de mayo ante el juez federal John R. Froeschner, Maya Basurto, por medio de sus abogados –William Rosch y Jay Kumar Aiyer–, admite haber incurrido en corrupción para conseguir los contratos con la CFE, y exhibe la facilidad con que funcionarios mexicanos acceden a pedidos de una empresa extranjera a cambio de pagos millonarios.
Los argumentos y las pruebas que han presentado los fiscales en contra de O’Shea y de Maya Basurto sustentan los cargos que formula el Departamento de Justicia, y el FBI tiene en su poder las copias con todos los datos de las transferencias bancarias que hicieron los dos acusados.
De hecho, la Corte Federal en Houston recibió el 3 y el 16 de julio de 2009 varios documentos donde aparecen los nombres de los cuatro funcionarios de la CFE que, identificados públicamente sólo como “C”, “G”, “J” y “N”, recibieron pagos de la subsidiaria de ABB a cambio de la concesión de los contratos.
Al inquirir a la oficina de la juez Hughes cuál es el contenido de esos documentos, explica al corresponsal: “Estas evidencias se encuentran en expedientes sellados y guardados en una caja fuerte de la Corte Federal, a la cual sólo tienen acceso los jueces”.
Pero de acuerdo con los encausamientos, en 1997 O’Shea, como gerente general de la subsidiaria de ABB, contrató los servicios de Maya Basurto en calidad de “intermediario”, así como de otra persona de nacionalidad mexicana a quien el Departamento de Justicia identifica como “Conspirador X”.
Ambos, en función de representantes de una firma de consultoría descrita como “Compañía Mexicana X”, se encargaron de “comprar” los buenos oficios de los funcionarios de la CFE para otorgar contratos de servicios “presuntamente licitados” a la empresa ABB.
“La subsidiaria de ABB acordó pagar a la Compañía Mexicana X un porcentaje de las ganancias que le generaran los negocios que se lograran con la CFE”, señalan.
En diciembre de 1997, la CFE concedió un contrato conocido como “Sitracen” a la subsidiaria de ABB para actualizar tecnológicamente las bases centrales de la red del sistema de distribución de electricidad en México.
“Este contrato le generó más de 44 millones de dólares a la subsidiaria de ABB en Estados Unidos”, apuntan los expedientes.
El otro contrato que destaca el Departamento de Justicia para fincar los cargos a O’Shea y a Maya Basurto es el que la CFE extendió a la subsidiaria de ABB en octubre de 2003.
“Este contrato, conocido como Evergreen, le generó ganancias de más de 37 millones de dólares” a la corporación estadunidense de ABB, puntualizan los cargos que formuló la Corte Federal en Houston el pasado 16 de noviembre.
Para la elaboración de este contrato y el encubrimiento de la transacción fraudulenta, O’Shea y Maya Basurto presuntamente involucraron los servicios de otra empresa, “Compañía S”, y los del denominado “Intermediario S”, puntualizan los documentos.
De este modo, la Compañía S se habría encargado de abrir y mantener cuentas bancarias en Alemania y Panamá para hacer “transferencias bancarias con el dinero entregado por la CFE en pago por los servicios proporcionados a los contratos Sitracen y Evergreen”.

Una novela policiaca

Como en una novela policiaca, los encausamientos narran los hechos en los que presuntamente incurrieron O’Shea y sus secuaces.
Conforme a los expedientes jurídicos, los funcionarios de la CFE informaron a O’Shea que los pagos se harían utilizando como intermediario a la Compañía S, al tiempo que O’Shea tenía que autorizar a Maya Basurto y al Conspirador X para hacer llegar el dinero al funcionario J de la CFE. Estas remuneraciones se realizarían con cheques a nombre de varios familiares de J.
Los desembolsos derivados del contrato Evergreen “se acordaron entre O’Shea, Maya Basurto, el Conspirador X y los funcionarios C y N de la CFE”, apuntan los documentos, y agregan: “Los conspiradores (…) establecieron que de manera colectiva los funcionarios de la CFE recibirían aproximadamente 10% de las ganancias percibidas por el contrato Evergreen”.
Con el registro del Departamento de Justicia en el sentido de que el contrato Evergreen generó ganancias de más de 37 millones de dólares a la subsidiaria de ABB, se concluye que los funcionarios C y N de la CFE recibieron por lo menos 3.5 millones de dólares.
En este mismo acuerdo, O’Shea habría pagado “1 millón de dólares” por los servicios de intermediarios que prestaron Maya Basurto y el Conspirador X.
Para encubrir dichas operaciones, “los funcionarios de la CFE se comprometieron a someter recibos y facturas falsos a la subsidiaria de ABB y a nombre de empresas fantasma.
“Maya Basurto fue el encargado de recibir las facturas y recibos falsos de parte del funcionario C de la CFE. Los conspiradores bautizaron a estos recibos con el nombre de ‘Pago de Impuestos del Tercer Mundo’”, indican los documentos.
Para hacer las transferencias de dinero, O’Shea y Maya Basurto mantenían una “nómina” que reflejaba los conceptos de “ganancias” que dieron a “los buenos tipos” de la CFE por el concepto de “Pago de Impuestos del Tercer Mundo”.
Según la investigación, Maya Basurto, bajo la instrucción y supervisión de O’Shea, se encargó de hacer las transferencias electrónicas de bancos mexicanos a cuentas bancarias en Estados Unidos, Alemania y Panamá.
“Por instrucción del funcionario C de la CFE, Maya Basurto envió dinero por medio de transferencias electrónicas a una cuenta en la firma financiera Merrill Lynch. El funcionario C también giro órdenes para que parte de las transferencias se depositaran en una cuenta bancaria a nombre del cuñado del funcionario N”, relatan los encausamientos, los cuales establecen además que, como parte del compromiso con “los buenos tipos”, “Maya Basurto pagó al funcionario C aproximadamente 20 mil dólares en dinero en efectivo”.
La investigación del Departamento de Justicia descubrió que algunos de los pagos a los funcionarios de la CFE se justificaron con facturas falsas a nombre de la Compañía S.
Conforme a los datos manejados, los funcionarios corruptos de la CFE habrían obtenido ganancias de aproximadamente 9% del total del dinero que generaron para la empresa ABB los contratos Sitracen y Evergreen.
De ser declarado culpable, O’Shea podría recibir una sentencia máxima de 20 años de cárcel y el pago de una multa por medio millón de dólares.
El Departamento de Justicia también responsabiliza a O’Shea de la pérdida de 2 millones 30 mil 76 dólares con 76 centavos ocasionada a la empresa ABB y de haber ordenado la distribución de unos 938 mil 436 dólares para corromper a funcionarios de la CFE.
Todo empezó cuando, a mediados de 2004, ABB descubrió las transferencias de dinero a funcionarios de la CFE que, a nombre de la subsidiaria en Texas, ordenaba O’Shea por medio de Maya Basurto. La firma se puso entonces en contacto con el Departamento de Justicia para presentar su denuncia.