MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- En este año electoral ya se habla de realizar foros para la tan sobada reforma fiscal que requiere el país. Pero siendo honestos, pocos ciudadanos confían en los dichos de los políticos y ahora, difícilmente podemos tomarles la palabra de que confeccionarán una verdadera reforma fiscal, mucho menos cuando estarán en juego 13 gubernaturas.
Los partidos en la Cámara de Diputados se preparan ya para programar foros rumbo a la citada reforma, incluso, entre los rumores surgidos esta última semana en San Lázaro está el que tanto PRI como PAN pretenden modificar nuevamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Como se recordará el IVA era de 10% para las zonas fronterizas y de 15% para el resto del país. A partir del 1 de enero de este año, y como resultado de la Ley de Ingresos que aprobaron diputados y senadores del PRI y el PAN, el 15 de octubre de 2009, subió un punto. Es decir quedó en 11% y 16%, respectivamente.
La propuesta que se discute entre el PRI y el PAN, presuntamente es que el eje central de tal reforma sea la disminución del IVA a 13% y que éste sea generalizado, es decir, que incluya alimentos y medicinas, los cuales, hasta el momento, están exentos de ese gravamen.
El PRI lo ha desmentido. Tan sólo el pasado viernes, el diputado de ese partido, Sebastián Lerdo de Tejada, aclaró que lo único discutido hasta el momento es el establecimiento del marco constitucional y legal que debe tomarse en cuenta en materia recaudatoria.
Falso o no de que estos partidos pretendan utilizar como bandera política la promoción para disminuir el IVA, lo cierto es que el famoso impuesto vuelve a estar en boca de todos, mientras que del tema de quiénes pagan o dejan de pagar impuestos en este país, no se toca. Y éste, es uno de los temas centrales que tendría que incluir una verdadera reforma fiscal.
El punto aquí es la falta de transparencia fiscal de parte del gobierno. Hasta ahora no tenemos la certeza de quiénes deben al fisco y cuánto obtendría el gobierno en recursos adicionales si realmente se decidiera a cobrarles.
La coyuntura para hacerlo la abrió justamente el gobierno federal cuando en su iniciativa de Ley de Ingresos planteó modificar el régimen fiscal en el tema del “pago de impuestos diferidos”, que no es otra cosa que los impuestos que deben las grandes empresas al gobierno y que, desde el año 2004, éste les permite pagar en cómodas parcialidades.
En su iniciativa, el gobierno propuso que parte de ese dinero que se debe, las empresas liquidaran el 60% para este año. Además, ofreció cifras, dijo que, de aceptarse la propuesta, se tendrían ingresos adicionales por 27 mil millones de pesos.
Pero ambos partidos, PRI y PAN, se opusieron y la recaudación pasó de 60% a 25% por pagar.
Si los partidos quisieran entrarle de verdad a una reforma fiscal que beneficie al país, debieran empezar por anular estos regímenes especiales. En cuanto al gobierno, éste debiera iniciar, de una vez por todas, a ofrecer información certera sobre cuáles son las grandes empresas y cuánto deben al fisco.
¿Por qué las grandes empresas? Pues porque al ciudadano común y corriente no se le ofrece la posibilidad de pagar en cómodas parcialidades el IVA del 15% que se le cobra en cada producto, mientras que a los empresarios sí se les permite pagar sus impuestos a plazos.
Esta transparencia fiscal debe incluir datos certeros y no cifras como las que, por ejemplo, se dieron a conocer recientemente sobre Bachoco, empresa propiedad del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Según la información que circuló en los principales diarios hace menos de un mes, este año la empresa pagará 200 millones de pesos por impuestos diferidos. Sin embargo, si nos atenemos a las cifras que se reportan sobre esta empresa en la Bolsa Mexicana de Valores, su adeudo por impuestos diferidos es de mil 700millones de pesos.
Si la ley se modificó respecto a la propuesta del Ejecutivo Federal, lo que deberá pagar es el 25% de su adeudo, esto es, 425 millones de pesos. Entonces ¿por qué sólo pagará menos de la mitad?, es decir, 200 millones de pesos.
La única respuesta que se nos ocurre es que la evasión fiscal continúa.
Podemos dar otras cifras que evidencian la falta de transparencia del gobierno. Por ejemplo, en aquel octubre de 2009 se informó que si se aplicaba el 60% de cobro al adeudo de los impuestos diferidos, el gobierno obtendría 27 mil millones de pesos.
Sin embargo, si vemos las cifras que aparecen en la BMV, tan sólo por los impuestos que se adeudaban en 2004, diez empresas debían 65 mil millones de pesos y del 60% que se pretendía recuperar, la cantidad habría sido de 39 mil 382 millones de pesos, no de 27 mil millones de pesos como afirmó el gobierno federal.
Por si fuera poco, ¡las cifras anteriores son sólo de 10 empresas y no de los 422 grupos que cotizan en la Bolsa!
Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esas cifras que ofreció al Congreso de la Unión?
Las 10 empresas a las que nos referimos y que juntas consolidaron impuestos en 2004 por 65 mil 637 millones de pesos, son: Cemex, América Movil-Telcel, Femsa Embotellador de Coca Cola, Telmex, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Maseca, Wal-Mart, Coppel, Vitro y Alfa.
Todo esto viene a cuenta, en primer lugar, porque si se desea realmente hacer una reforma fiscal este 2010 los legisladores tendrían que establecer mecanismos en la ley que obliguen al gobierno federal a proporcionar información real, a ser transparente y que todo el mundo pueda conocer quiénes son los que deben al fisco y cuánto.
Segundo, si se desea una reforma fiscal verdadera, no se trata de bajar o incrementar el IVA --que de manera inevitable tenemos que pagar todos los mexicanos--; se trata de que todos, ciudadanos común y corrientes, y grandes empresarios, cumplan con sus obligaciones fiscales para que, a su vez, puedan reclamar sus derechos sobre el uso de tales recursos, sobre todo para atender problemáticas sociales.
Pero difícilmente esto ocurrirá. Tenemos el antecedente aquí descrito: PRI y PAN tuvieron la oportunidad de cobrarle 60% de sus adeudos a las empresas y no lo hicieron. Tan sólo pasaron el cobro de su adeudo de 60% a 25%.
Lamentablemente, hay elementos para pensar que esto no ocurrirá, uno de ellos es que se trata de un año electoral. ¿Usted sabe cuánto aporta cada uno de estos empresarios a las campañas políticas? Con certeza sólo los partidos lo saben; los demás mortales llegamos a tener información suelta de que, generalmente, los apoyan con varios millones de pesos, como ocurrió con Cemex y Bimbo en la elección presidencial de Vicente Fox aquel año 2000.
A la dupla PRI-PAN le aterroriza echarse de enemigos a los empresarios, por lo tanto no podemos creer que habrá un cambio que alcance la eliminación de todos los regímenes especiales.
Además, estamos en año electoral y lo que los partidos están acostumbrados a ofrecer son ilusiones a los ciudadanos, y a entregarles migajas de lo que muchos de sus políticos obtienen. Una gran migaja sería acariciar la posibilidad de disminuir el IVA, uno de los temas más sensibles para la población.
En suma, una verdadera reforma fiscal debiera incluir la eliminación de privilegios para los grandes empresarios y la entrega obligada de información real del gobierno federal al Congreso de la Unión y a la población en general.
Pero esto, en un año electoral tan importante donde se juegan 13 gubernaturas, difícilmente ocurrirá. Y sin pretender ser pesimista, la gran reforma fiscal quedará en simples foros y nuevos parches fiscales, los cuales se aplicarán en la Ley de Ingresos del 2011 que se discutirá en octubre próximo. Por cierto, un par de semanas después de que ocurra la última elección para gobernador.
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