Abusos de militares bajo observación del Congreso de EU

A dos años de que comenzó el Operativo Conjunto Chihuahua, aumentaron los asesinatos de mujeres, las violaciones tumultuarias, así como los casos de acoso y abuso sexual en retenes militares, seguidos de una política de escarnio y ocultamiento de información por las fuerzas armadas hacia las madres, hijas y hermanas de hombres detenidos en la guerra contra el narcotráfico, revela un memorándum que evalúa el Congreso estadunidense. Bajo la Iniciativa Mérida, el gobierno mexicano se comprometió a respetar los derechos humanos e investigar y llevar ante la justicia a los responsables militares, de lo contrario le será retenida una parte de los fondos de esa estrategia.

Nydia Egremy

Cuando en abril de 2008 se trasladaron a Chihuahua más de 8 mil elementos policiales y militares para realizar tareas de seguridad, el gobierno federal no previó el impacto de esa presencia armada en una población tan vulnerable como la femenina, blanco en los últimos años de una violencia a la que acompaña un amplio margen de impunidad, refiere el memorándum Las mujeres en riesgo en Chihuahua: entre la ocupación militar y policiaca, la violencia y el narcotráfico. Ese documento, enviado a los asesores de política exterior del Congreso de Estados Unidos el 27 de enero de 2010, sostiene que, pese a la presencia masiva de las fuerzas de seguridad en esa entidad, aumentaron significativamente los asesinatos, extorsiones, robos y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Chihuahua es la entidad federativa del país que reúne el mayor número de recomendaciones de instancias nacionales e internacionales por la persistente violación de derechos humanos contra niñas y mujeres. “Al día de hoy, es aún más riesgoso vivir en esa entidad por los altos índices de asesinatos y secuestros que afectan a ese sector de la población”, cita el memorándum firmado por Maureen Meyer, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés); Luz Esthela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), y Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El 13 de junio de 2009, Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch (HRW), solicitó a Hillary Clinton, secretaria de Estado, que el gobierno de Barack Obama no certificara que México cumplía con los requisitos que establece la Iniciativa Mérida.

La misiva de HRW argumentaba que tal certificación del gobierno estadunidense era improcedente “mientras los abusos cometidos por el Ejército Mexicano continúen siendo juzgados por tribunales militares y no por autoridades civiles”. Además, sostenía que México “no ha cumplido con su obligación de investigar y juzgar la creciente cantidad de abusos graves cometidos por las fuerzas castrenses como: violaciones, asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias que quedan en la impunidad”.

Un mes después, la organización Amnistía Internacional solicitó al gobierno estadunidense que retuviera el 15 por ciento de los fondos de la Iniciativa Mérida en tanto el gobierno mexicano no cumpliera con sus obligaciones en el ámbito de las garantías individuales. El 5 de agosto, el senador demócrata Patrick Leahy, presidente del Subcomité de Adjudicaciones sobre Asuntos Extranjeros del Senado, se hizo eco de las demandas de ambas organizaciones y se opuso a que el informe del Departamento de Estado emitiera una opinión favorable sobre los derechos humanos en México en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.

El legislador por Vermont hizo notar que el informe de la Sección 1406 (b) de la Ley de Apropiaciones Suplementarias de 2008 y la Sección 7045 (e) (1) de la Ley de Antología de Apropiaciones –relacionado con los derechos humanos en México– no incluía avances en esa materia. Describió que también inquietaba a los congresistas la “falta de progreso y de transparencia en casos que involucran alegatos contra el personal militar mexicano”, aunque sostuvo que apoyaba al gobierno mexicano y anunció que el Congreso proveería a México, sin condiciones, del 85 por ciento de los fondos asignados a la Iniciativa Mérida.

Sólo se condicionó la liberación del 15 por ciento restante de los fondos (unos 43 millones de dólares) hasta que la Secretaría de Estado reportara al Congreso “que el Ejército Mexicano es responsable de respetar la ley”; es decir, perseguir a militares y agentes policiacos que violan los derechos humanos. A más de dos años después de estas advertencias, persisten los abusos contra mujeres, según el memorándum Las mujeres en riesgo en Chihuahua: entre la ocupación militar y policiaca, la violencia y el narcotráfico, que se remitió al Capitolio estadunidense el 27 de enero de 2009.

Maureen Meyer, coordinadora de Programas para México y Centroamérica de la WOLA, explica que su tarea es constatar que el gobierno mexicano cumpla sus compromisos sobre derechos humanos, lo que verifica a través del trabajo con organizaciones de ambos países. Describe que este memorándum se centró en la situación de las mujeres de Ciudad Juárez “porque el Congreso ha expresado en varias ocasiones su preocupación por los feminicidios y la falta de investigación en varios de los asesinatos que han sucedido desde 1993”.

Confía que, tras conocer la vulnerabilidad de las mujeres en el contexto actual de Ciudad Juárez, el próximo informe del Departamento de Estado sobre la Iniciativa Mérida subraye los efectos de la masiva presencia militar y de la Policía Federal en los operativos antidrogas, y pida al gobierno mexicano que cumpla con el requisito de investigar y sancionar a los responsables de violar los derechos humanos.

Crímenes de género

El memorándum refiere que, de acuerdo con la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida de la Subprocuraduría de Justicia del estado de Chihuahua, en 2009 fueron asesinadas 184 mujeres, una cifra récord que triplica el registro más alto de los años más críticos del feminicidio en Ciudad Juárez.

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