Acribillado y abandonado debajo de un puente fue encontrado el cuerpo del periodista sinaloense José Luis Romero el pasado 16 de enero. La carretera Los Mochis-El Fuerte fue el escenario en donde agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado dieron cuentan de que el comunicador había sido ultimado a balazos en cráneo y tórax. Su muerte ocurrió el 31 de diciembre de 2009, según los reportes oficiales. Éste fue el último periodista asesinado en 2009. Diez más corrieron la misma suerte durante el tercer año de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
El documento Entre la violencia y la indiferencia: informe de agresiones contra la libertad de expresión en México 2009 ?elaborado por la organización internacional Artículo 19, oficina para México y Centroamérica, y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)? revela que en lo que va de la presente administración los asesinatos en contra de periodistas alcanzaron el 88 por ciento respecto de los seis años de gobierno de Vicente Fox.
Además, precisa, los funcionarios públicos son los principales agresores de los comunicadores hasta en un 65 por ciento de los casos registrados.
“Testigos de la censura hacia el ejercicio de la libertad de prensa”, Artículo 19 y Cencos documentaron 244 casos de periodistas violentados mediante agresiones físicas, intimidaciones, amenazas, desapariciones y homicidios.
Consecuencia de ello –indica el reporte coordinado por Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México, y Brisa Maya Solís, directora de Cencos–, existe un “entorno evidentemente adverso para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de la libertad de prensa en el país. México es el país de América Latina más peligroso para el ejercicio periodístico”.
Del capítulo “Radiografía de las violaciones a la libertad de expresión: una mirada desde los derechos humanos”, se desprende que en 2009 ambas organizaciones registraron 244 agresiones a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico.
De éstas, el 44.6 por ciento fueron agresiones físicas o materiales; 19.26 por ciento, intimidación; otro 19.26 por ciento corresponde a amenazas; 9.43 por ciento, detenidos; 4.51 por ciento fueron asesinatos y acusados de calumnia, y difamación, 2.05 por ciento.
Durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (2000-2006) se registraron 25 homicidios de periodistas, mientras que sólo en los tres primeros años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2009) se han registrado 22. Además, con la desaparición este año de la primera mujer se eleva a nueve el total de periodistas desaparecidos desde 2000.
El informe, presentado el pasado 10 de febrero, asegura que el 70 por ciento de los asesinatos está “ligado directamente con el ejercicio de la libertad de expresión y su desempeño periodístico y aquellos en los que, a pesar de que se consideren diferentes hipótesis, no se puede descartar esa posibilidad”.
La directora de Cencos dice en entrevista que esto es una muestra de total “indiferencia” por parte del Estado. El crecimiento de las agresiones y que no haya ninguna respuesta contundente es preocupante.
“Si bien el problema está ubicado en un clima de violencia e impunidad, esto es una muestra de todo lo que sucede en el acceso a la justicia. Ni la fiscalía especial ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos han demostrado una sanción a quien generó intelectualmente o que operó el asesinato. No hay claridad en las investigaciones”, dice Brisa Maya Solís, estudiante de la maestría en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Estado agresor
El informe editado por Artículo 19 y Cencos asegura que más del 65 por ciento de las agresiones a periodistas es ejecutado por funcionarios públicos. Esta sentencia se opone al discurso oficial que indica que los asesinatos, amenazas o agresiones provienen del crimen organizado.
De los más de 244 casos analizados por las organizaciones, sólo “un 6.15 por ciento de las agresiones se imputan a actores del crimen organizado, que si bien esta cifra no niega la gravedad de su participación, sí coloca elementos para una reflexión del problema desde otro enfoque”. En tanto, en un 14.34 por ciento no se logró determinar la autoría.
“Llama la atención que, en el universo de las agresiones registradas, los presuntos responsables son en un 65.57 por ciento funcionarios públicos”. En este sentido, indica el informe, “el crimen organizado no se puede considerar como un actor totalmente fuera de la responsabilidad del Estado”.
Otro 7.79 por ciento de los presuntos responsables forma parte de partidos políticos, ya sea como militantes o simpatizantes. “La gran mayoría de estas agresiones tuvieron lugar en los primeros seis meses del año y estuvieron relacionadas con diferentes procesos electorales que se dieron a mediados de 2009”, indica.
También se menciona la presunta responsabilidad del empresariado en un 2.05 por ciento; los integrantes de los sindicatos, en un 1.23 por ciento, aparecen como presuntos agresores en dos casos que están estrechamente ligados al tema de la libertad sindical.
Del análisis de Artículo 19 y Cencos se desprende que el 83.61 por ciento de las personas agredidas son periodistas; también se han registrado acciones en contra de los medios y sus trabajadores y trabajadoras hasta en un 5.74 por ciento.
Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México, critica que la respuesta del Estado para combatir los delitos contra los periodistas y comunicadores ha sido “pobre”. El incremento de los asesinatos es la muestra de ello. De los nueve registrados en 2008 a los 11 del año pasado revela todo: el gobierno actúa de manera “ineficaz, pobre y limitadamente”.
Estado sin respuesta
“En un ambiente destacado por la violencia, en 2009, quienes ejercieron el periodismo y fueron agredidos permanecen desprotegidos ante la ausencia de mecanismos idóneos para garantizar su seguridad, del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, así como por la falta de acceso a la justicia ante las agresiones de las que fueron víctimas”, dice el informe.
Las “medidas” adoptadas se traducen en “limitaciones y candados” para hacer frente a los ataques contra periodistas y comunicadores.
Ejemplo de ello es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, creada en febrero de 2006, como una respuesta ante la presión de la comunidad internacional frente al incremento de agresiones contra quienes ejercen el periodismo. Su objetivo es la investigación de las agresiones contra periodistas. Sin embargo, “su logro ha sido sortear la manera de justificar su existencia sin haber dado resultados frente al problema”.
Ante los datos presentados por Cencos y Artículo 19, la diputada panista María Yolanda Valencia Vales, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, se limita a decir que en la Cámara de Diputados apenas se está instalando la comisión que preside, y que, sin duda, la “libertad de expresión es un derecho que todos debemos tener y por lo tanto debemos ser garantes”.
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