Mi papá, que murió en 1998, volverá a pagar impuestos

Desfiladero
Jaime Avilés

A los 68 años y cinco meses de edad, el sábado 24 de enero de 1998, al cabo de una vida de trabajo, tormentas, naufragios y espectaculares victorias éticas y estéticas, murió de repente en su cama, leyendo un libro, Jaime Avilés Ortiz, mi papá. Hoy, una docena de años más tarde, gracias a Agustín Carstens y a las reformas aprobadas en diciembre por el PRI, el PAN, Convergencia, el Verde Ecologista, el Panal y los diputados del PRD leales a Jesús Ortega, a Manuel Camacho, a Carlos Salinas de Gortari y a Felipe Calderón, mi papá, al igual que cientos de miles de mexicanos que ya no están en el más acá, volverá a pagar impuestos... desde el más allá.

¿Terrorismo fiscal de ultratumba? Quién sabe, pero lo cierto es que ahora en México los muertos no sólo votan en las elecciones por los candidatos de la oligarquía, sino que además tienen obligaciones con Hacienda y las pensiones que legaron a sus viudas sufrirán un recorte impositivo de 30 por ciento. Para tratar de comprender este escalofriante asunto, Desfiladero entrevistó ayer a don Antonio Vital, dirigente de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, ex líder de las bases sindicales del Hospital General y activo participante del Foro Mundial de la Salud.

Pero comencemos por el principio, aclarando de antemano que toda la información que ustedes leerán en seguida, salvo cuando se indique lo contrario, es fruto de la experiencia y la sabiduría del señor Vital. Este se pregunta en voz alta: ¿qué es una pensión? Le respondo (para disimular mi ignorancia): ¿un lugar donde guardan sus coches los que no tienen garaje? Don Antonio ignora mi pésimo chiste y explica: una pensión es un salario mensual para el retiro, que el trabajador recibe cuando pierde la capacidad de producir debido a la edad, una enfermedad, un accidente o la muerte (en cuyo caso, el dinero lo cobra su viuda).

A lo largo de su vida productiva, los trabajadores pagan varias clases de impuestos, entre ellos el de la renta, que ahora les descuenta la tercera parte de sus ingresos, y uno más pequeño (faltaba más) con el que se forma el salario (la pensión) que percibirán cuando se jubilen. Los trabajadores de base de las empresas privadas, o sea los que cuentan con la protección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aportan 3.5 por ciento de su salario al fondo de pensiones. Los que checan tarjeta en los relojes del gobierno federal, y están adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cotizan 6.25 por ciento para su futura pensión.

Hace tres o cuatro años, el Congreso estableció que los jubilados (incluso los muertos) también pagarían impuestos, pero la medida no se llevó a la práctica hasta que el “catarrito” del año pasado (léase, la peor crisis económica de los últimos 77 años) obligó a la caricatura de “gobierno” que todavía encabeza Calderón a dictar medidas para sacarnos la mayor cantidad posible de dinero a los vivos y a los muertos, con la natural excepción de los vivales (los grandes empresarios) y los vividores (la alta burocracia). (Ojo: este desafortunado juego de palabras no es de la autoría de don Antonio.)

El costo aproximado de todas las pensiones que el “gobierno” paga actualmente asciende a unos 120 mil millones de pesos, cantidad que Desfiladero desglosa de la siguiente forma, de acuerdo con el artículo 7 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2010: los 2.1 millones de jubilados del IMSS (dato de Antonio Vital) recibirán en conjunto 105 mil 361 millones 600 mil pesos, en tanto los 800 mil jubilados del ISSSTE, los 50 mil jubilados de los gobiernos estatales y los 20 mil jubilados del Gobierno del Distrito Federal (datos de Antonio Vital) se beneficiarán de los 15 mil millones de pesos restantes, pero una tajada muy abundante y generosa de esos recursos, puntualiza don Antonio, cubrirá las desmesuradas pensiones de los jubilados de lujo (ex presidentes de la República, ex magistrados, ex ministros y ex altos funcionarios del Poder Judicial, así como generales, almirantes y otros altos cargos de las fuerzas armadas en retiro) que, a diferencia de mi difunto papá, no pagan impuestos porque disponen de un sistema de fideicomisos que les permite evadirlos.
Esta es, pues, la nueva realidad de los jubilados mexicanos. Pero, ¿qué les espera a las próximas generaciones de adultos de la tercera edad? En definitiva, nada bueno. Pensando en cómo despojarlos de toda ilusión de descanso, recreo y tranquilidad económica en la vejez, los grandes empresarios y su testaferro, el titular de la Secretaría del Desempleo y la Desprotección Social, el guarura personal del magnate metalúrgico Germán Larrea, el privatizador de redes de fibra óptica chilangas, el tenebroso señor del coopelas o cuello, el porro calderonista de tiempo completo, Javier Lozano Alarcón, tiene lista una reforma laboral que en breve pasará de Los Pinos al Congreso.

Hoy por hoy, habemos alrededor de 15 millones de trabajadores activos que contamos con seguridad social (IMSS, ISSSTE y otros), en tanto 28 millones más, en su mayoría empleados de industrias tan importantes como la automotriz, la farmacéutica y la del turismo, cuyos oficios (vendedores de coches, distribuidores de muestras médicas, comisionistas de agencias de viajes, etcétera) no están regulados por contrato alguno, por tanto no acumulan antigüedad ni tendrán derecho a jubilarse y “disfrutar” (valga la ironía) de una pensión.

Para obtener la jubilación y la pensión correspondiente, un trabajador adscrito al IMSS debe cotizar mil 250 semanas y cumplir 60 años de edad. Quienes giran en la órbita del ISSSTE deben, si son mujeres, acumular 28 años de servicio, y si son hombres, 30. De un largo tiempo a la fecha, los modernos empresarios han inventado un perverso mecanismo para ahorrar dinero. El ejemplo clásico, afirma don Antonio, es el del muchachito que empieza a trabajar en una firma a los 18 años y cuando 30 después sopla el pastel de las 48 velitas, pues ya cubrió la mitad del requisito para jubilarse: ya pagó sus mil 250 cuotas semanales. Pero aquí viene lo malo (o lo monstruoso): cuatro años después, cuando el hombre llega a la edad de 52, su patrón lo despide para no tener que pagarle la jubilación.

La reforma laboral que pronto estará en el centro de la atención pública (tal vez cuando arranque el Mundial de Sudáfrica) pretende, dice don Antonio, “precarizar” los contratos de esos 15 millones de trabajadores que hoy cotizan al IMSS, al ISSSTE o a otros. ¿Qué significa precarizar? Que los empresarios podrán desconocer los contratos colectivos de trabajo (he allí los casos de Luz y Fuerza del Centro y de la mina de cobre de Cananea), para que obreros y empleados pierdan su antigüedad y con ella su derecho a la jubilación y a su pensionsotototota de 2 mil o 3 mil pesos mensuales, menos 30 por ciento de impuesto sobre la renta.

Finalizada la entrevista con don Antonio, Desfiladero supo en otros ámbitos que, en el lado más oscuro de la luna, las alianzas electorales que Jesús Ortega (PRD), Alberto Anaya (PT), Luis Walton (Convergencia) y Manuel Camacho Solís (Carlos Salinas de Gortari) están haciendo con el PAN (Felipe Calderón) y con el PRI (Televisa y Tv Azteca) tendrán que ser pagadas con una sola moneda: la aprobación de la reforma laboral de Lozano. El Mundial empieza el 1º de julio, los comicios estatales serán el 4 y, luego, el cobro de facturas será inevitable.

En repudio a estas alianzas, a la corrupción de los chuchos y a la teocrática propuesta de Pablo Gómez para que los curas acaben con el Estado laico, el dirigente de base del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Suárez del Real, renunció ayer al PRD. Muchas y muchos más no tardarán en acompañarlo en estampida. ¡Por fin!

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