MÉXICO, D.F., 10 de marzo.- El censo nacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene un valor que trasciende las fronteras. Sus resultados constituyen las cifras oficiales de México para la toma de decisiones tanto de organismos internacionales como nacionales. Una de las críticas recurrentes que se formularon en este espacio fue la ausencia de autonomía del Inegi, a diferencia de sus contrapartes en las democracias mínimamente consolidadas. Hoy, el Inegi es un organismo autónomo constitucional, sin embargo, sigue atrapado por la política como nunca antes. Veamos.
Primero. El censo de población y vivienda es el ejercicio más completo que realiza el Estado mexicano para medir una serie de variables que son comparables en el tiempo.
Los sondeos y las encuestas son herramientas importantes de medición, pero sus márgenes de error –por cubrir solamente muestras, aunque sean representativas– son sustancialmente mayores que el de un censo, que prácticamente no debe albergar error alguno.
En el pasado, la crítica sobre los censos del Inegi se centraba en la veracidad de sus resultados, por su vinculación orgánica al Poder Ejecutivo Federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Hoy, empero, el Inegi no guarda ni siquiera las formas para restringir la información pública. Las dudas ahora alcanzan a los criterios para integrar el cuestionario que será la base del censo 2010. Se ha cambiado el cuestionario de 52 preguntas utilizado en 2000, al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo, a sólo 29 reactivos elaborados bajo la responsabilidad de Eduardo Sojo, afecto al presidente Felipe Calderón. No se trata de un cambio cualquiera que tenga por objeto saber más de los mexicanos; antes bien, se pretende evitar el escrutinio público sobre variables sensibles para el país en los últimos 10 años.
Segundo. El cuestionario básico del censo 2010, de entrada, elimina uno de los elementos básicos: la posibilidad de comparar.
Un avance de un estudio de la experta en demografía Luz María Valdés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pone de relieve la gravedad de este hecho. La verificación de actividad de las personas introducida en 2000 ahora desaparece. La pregunta sobre la ocupación laboral –registrada por vez primera en el censo de 1895, hace 115 años– ahora no existe. Tampoco aparece el sector económico incorporado desde el censo de 1930. Lo mismo pasa con la situación en el trabajo de los mexicanos, que se incluyó desde 1940; el dato sobre el ingreso personal, que existe desde 1980, y el número de horas trabajadas que se adicionaron al censo desde 1990. Nada de esto se encuentra en el cuestionario básico del censo 2010.
Se perderán los datos sobre los materiales de la vivienda de los mexicanos, incluidos desde 1930. Los tipos de servicio de energía eléctrica, que fueron de conocimiento público a partir del censo de 1970, no tendrán cabida por esta ocasión. Y así podría seguirse citando otros rubros que el gobierno de Felipe Calderón considera que los mexicanos no necesitan saber.
El mayor número de datos de los censos se registran en los censos de 1990 y de 2000. En ningún caso, sin embargo, se registra una disminución del derecho a conocer como sucede con Calderón, lo que muestra las convicciones presidenciales a propósito del Bicentenario.
Tercero. ¿Será casualidad que el cuestionario básico del censo 2010 sufra mutilaciones que nunca se han observado desde 1895?¿Podría haber alguna posibilidad de que, en realidad, Felipe Calderón se niegue a que se registre cómo se ha afectado al empleo –su lema de campaña presidencial– en los últimos 10 años? ¿Podría caber la duda de que, en realidad, se quiere retirar aquellas preguntas incómodas para el gobierno de Calderón de cara al proceso electoral de 2012, porque algún partido de oposición las podría utilizar como herramienta de campaña antipanista? ¿O se debe aceptar que lo hecho de 2000 para atrás era un error metodológico y además muy caro, como explicó el Inegi?
Los registros oficiales de los mexicanos no deben ser objeto de negociaciones de la política. La ley permite ahora que el presidente del Inegi tenga un ingreso igual al de un secretario de Estado y crea cuatro puestos en la Junta de Gobierno con percepciones idénticas al de un subsecretario. Basta ahora que, por mayoría simple, el Senado ratifique las designaciones presidenciales. Este esquema representa un avance formal en relación a estructura anterior, pero en los hechos se observan las fallas de esa autonomía, que resulta que todo ha cambiado para seguir igual, como en El Gatopardo de Lampedusa, pero que además cuesta más para rendir menos a la sociedad.
evillanueva99@yahoo.com
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