México: Vivienda. Ominoso rescate en puerta

Gerardo Fernández Casanova
Entre las muchas bombas de tiempo sembradas por los panistas en su abominable paso por la presidencia, la de la vivienda está ya madura para estallar y lo hará de manera estrepitosa. Por lo pronto las principales empresas desarrolladoras están técnicamente quebradas y a la espera de ser venturosamente rescatadas con cargo al erario. Es el cuento de nunca acabar y, si se acaba, te lo vuelvo a contar. Ya se pueden tomar riesgos absurdos en los negocios auspiciados desde el gobierno empresarial que, a fin de cuentas, sus promotores serán salvados para “evitar males mayores a la economía”. Incluso se pueden cometer los más garrafales errores que, de todas formas, quien pagará por ellos no será quien los comete sino el gobierno; pero tampoco es el gobierno sino cada uno de los habitantes del país, sin deberla ni temerla.
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AMLO. XXVI Encuentro Nacional de Vivienda 27 marzo 2012

El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, durante su participación en el XXVI Encuentro Nacional de Vivienda organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), en la Ciudad de México.

López Obrador estuvo acompañado por el presidente nacional de la CANADEVI, Flavio Torres Ramírez; Fernando Abusaid, vicepresidente de la CANADEVI; Antonio Ramón Elizondo, afiliado de la CANADEVI, Rodrigo de León Segovia,presidente delegacional de la CANADEVI de Nuevo León; Juan Carlos Díaz, afiliado de la CANADEVI.

Aumentan a 87 millones, mexicanos en pobreza

Aumentan los mexicanos en pobreza extrema. Mientras el Estado de México es la entidad con más población en miseria, Batopilas (Chihuahua) mantiene índices de desarrollo humano inferiores a Nígeria, el país más pobre del mundo.

Isabel Argüello

Con el panismo, sólo 19 millones 530 mil mexicanos tienen “asegurado” un bienestar económico y social; esto equivale al 18.3 por ciento de la población, considerada “no pobre” y “no vulnerable” por el gobierno federal.

Los otros 87 millones 150 mil mexicanos son pobres, admite el Informe de pobreza multidimensional en México 2008, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De éstos, más de 47 millones son “pobres multidimensionales”.

El rezago en educación, vivienda, alimentación, salud y seguridad social afecta a 81.7 por ciento de mexicanos, reconoce la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

“Hay desigualdad y no hay voluntad política para transformar el panorama de la sociedad”, lamenta la doctora Araceli Damián González, investigadora de El Colegio de México.

“Es un fracaso el modelo económico que se ha seguido en nuestro país durante los últimos 30 años. Menos del 20 por ciento de la población tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, y sólo 20 personas tienen una riqueza equivalente al 10 por ciento del producto interno bruto. En realidad, estamos en una situación crítica”, dice Damián González.

En entrevista con Contralínea, el doctor Gonzalo Hernández Licona –secretario Ejecutivo del Coneval– asegura que México no ha crecido económicamente porque no ha habido acuerdos políticos. “Se empantanan muchas veces elementos en las decisiones políticas que no permiten que hayan soluciones de crecimiento. De no ser por esto, tendríamos niveles de pobreza o de vulnerabilidad mucho menores; un reto bien importante”.

Pobreza multidimensional

Para matizar las cifras, los pobres ahora son denominados multidimensionales. Son 47 millones 190 mil personas identificadas en esa condición. De éstos, 30 millones 820 mil (65.3 por ciento) viven en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Jalisco, Distrito Federal, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.

Hernández Licona reconoce que a esos mexicanos no les alcanza para comprar lo “mínimo necesario”. Según él, las políticas públicas de desarrollo social del Estado deben enfocarse a este sector porque es la población con más carencias sociales.

Del total de “pobres multidimensionales”, 23.73 por ciento padece pobreza extrema (11 millones 200 mil) y 76.27 (36 millones), moderada. Chiapas tiene más de 1 millón 500 mil en extrema pobreza; el Distrito Federal y Jalisco superan, cada uno, los 2 millones de pobres moderados; y el Estado de México, Puebla y Veracruz están en ambas clasificaciones.

Araceli Damián, especialista en economía urbana, asegura que el dato de “pobres multidimensionales” se duplicaría si se considera la vulnerabilidad del resto de la población. “La pobreza es de 81.7 por ciento; pero como es una cantidad que políticamente no se puede manejar, decidieron tomar otro criterio. Vamos a tener cifras maquilladas, como siempre hace el gobierno, mientras la desigualdad es cada día más lacerante”.

De los 35 millones 180 mil “vulnerables por carencia social”, más de la tercera parte habita en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Veracruz. En contraste, de los 4 millones 780 mil “vulnerables por ingreso”, cerca de 2 millones residen en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Coahuila y Nuevo León.

Para Hernández Licona, quienes se encuentran en la categorización de “vulnerabilidad por ingreso” o “carencia” están en riesgo de convertirse en “pobres multidimensionales”. “No todos ellos van a caer en pobreza. Algunos podrían caer, otros no, pero siguen siendo vulnerables”.

Indígenas, los más pobres

La pobreza multidimensional afecta a tres de cada cuatro indígenas. De este 75.7 por ciento, más de la mitad está en pobreza extrema. El Informe de pobreza multidimensional en México 2008 enumera la diferencia de carencias sociales entre la población indígena y la nacional: seguridad social, 85.8 y 64.7; educación, 49.9 y 21.7; acceso a los servicios de salud, 52.7 y 40.7; y alimentación 42.1 y 21.6, respectivamente.

“‘Pobres multidimensionales’ hay en toda la República, aunque se hace más evidente en los estados con mayor número de indígenas. Han sido sistemáticamente marginados del desarrollo; fueron sometidos y despojados de sus tierras, obligados a migrar a las zonas áridas y poco productivas. Es una cuestión histórica y ancestral; un problema que no se resolvió con la Independencia ni la Revolución”, comenta la investigadora Damián González.

Hernández Licona explica que Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, la Tarahumara y El Nayar son lugares de acceso complicado, por lo que llevar servicios lo es aún más. Muchos indígenas viven en esas zonas y sufren esa problemática. Además, “el Banco Mundial habla de elementos que generan desigualdad y discriminación hacia los indígenas en relación con los apoyos que reciben”.

David Jiménez Rumbo, presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, pone como ejemplos Cochoapa El Grande, considerado el municipio más pobre de México y uno de los más pobres de América Latina, y Metlatónoc, en Guerrero: “Dos de los municipios más necesitados de este mundo, donde hay hombres y mujeres que han perdido el brillo de la inteligencia en los ojos”.

“No podemos decir que las cosas están marchando bien. Las políticas neoliberales que vienen aplicándose de manera moderada desde la época de Miguel de la Madrid, luego de manera más contundente y con más profundidad con Carlos Salinas de Gortari, y llevadas al extremo del antipatriotismo en los gobiernos panistas, han venido acentuando el fenómeno de la pobreza en el Sur del país, básicamente en las regiones indígenas”, asegura Jiménez Rumbo.

Carencias sociales

Alrededor del 10 por ciento de los residentes de cada entidad federativa no cuenta con educación básica. Significa que 23 millones a nivel nacional tienen esta carencia. El Estado de México encabeza los resultados, con 2 millones 720 mil personas; le sigue Jalisco, con 2 millones 40 mil; Chiapas y Puebla, con 3 millones 110 mil cada uno.

En materia de salud, 43 millones 380 mil personas (40.7 por ciento de la población total del país) carecen de este derecho social. El 45 por ciento del Estado de México no tiene acceso a la salud (6 millones 600 mil mexiquenses), al igual que el 40.1 por ciento del Distrito Federal (3 millones 530 mil). Más de 2 millones de poblanos y veracruzanos pasan por la misma situación.

La seguridad social es un derecho, no obstante 68 millones 990 mil mexicanos no lo tienen. En ocho estados, 38 millones 340 mil personas están excluidas de este bien: Estado de México (9 millones 970 mil), Veracruz (5 millones 190 mil), Distrito Federal (4 millones 650 mil), Puebla (4 millones 340 mil), Jalisco (4 millones 10 mil), Chiapas (3 millones 810 mil), Guanajuato (3 millones 320 mil) y Michoacán (3 millones 50 mil personas). El contar con un empleo formal no es garantía, pues 62.3 por ciento no tuvo acceso a la seguridad social.

Veracruz, el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla tienen, en conjunto, cerca de 10 millones de personas que presentan carencia por calidad y espacios de la vivienda. En México, 18 millones 620 mil (17.5 por ciento) padecen esta circunstancia.

Los servicios básicos de vivienda son otro problema que deben enfrentar los mexicanos (20 millones 130 mil, es decir 18.9 por ciento). Veracruz, el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las entidades con mayor incidencia y número de personas con carencia de techo, muros y pisos; además del “hacinamiento” o ubicación amontonada de los objetos dentro del hogar, según los elementos que consideró el Coneval.

El 37.9 por ciento de los individuos con carencia en los servicios básicos de la vivienda no cuenta con acceso al agua; 34.7 por ciento, al drenaje, y 0.5 por ciento, a la electricidad. Más de 3 millones de mexicanos no tienen acceso a ninguno de los tres servicios, agrega el Informe de pobreza multidimensional en México 2008.

A nivel nacional, más de 23 millones de personas no tienen acceso a la alimentación. Los estados que se repiten en esta carencia social son el Estado de México, Veracruz, Puebla, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con 14 millones 930 mil personas en total.

Finalmente, el Informe menciona el ingreso corriente per cápita en cada sistematización poblacional: 973 pesos, los “pobres multidimensionales; 4 mil 26, los “vulnerables por carencia social”; 1 mil 366, los “vulnerables por ingreso”; y 5 mil 576, los “no pobres” y “no vulnerables”. Las tres entidades con menor ingreso fueron Chiapas, Guerrero y Oaxaca, dependiendo de la condición de género.

No obstante los resultados, el economista y representante del Coneval, Gonzalo Hernández, alardea de esta nueva metodología de pobreza multidimensional. “Hoy, cada estado sabe en dónde flaquea respecto de sus dimensiones sociales. Estamos muy orgullosos en México de tener esta metodología; somos el primer país que la tenemos, que cumplimos con la Ley General de Desarrollo Social. Queremos mostrar la realidad tal como es, y creo que así se ha entendido”.

Carlos Flores Rico, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, revela que hay 56.5 millones de pobres en México, más de 10 millones que al inicio de sexenio. “Tan sólo en dos años, aumentaron 6 millones de pobres (2006-2008). Es decir, en este momento la suma de pobreza es de 56.5 millones de pobres. En la Comisión, estamos creando una propuesta alternativa para lograr que entre 33 y 37 millones de personas, en unos 10 o 15 años más o menos”, puedan mejorar sus condiciones de vida.

Niños y adolescentes, indefensos ante la crisis económica

La “pobreza multidimensional” abarca a 53.3 por ciento de niños y adolescentes en nuestro país, es decir 20 millones 800 mil, establece el informe La niñez y la adolescencia en el contexto de la crisis económica global: el caso de México, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

De 39 millones de jóvenes que se contemplaron para este estudio, más de la mitad se encuentra en “pobreza multidimensional”; 28.8 por ciento (11 millones 200 mil) es “vulnerable por carencia social”; 4.6 por ciento (1 millón 800 mil), “vulnerable por ingreso”, y 13.3 por ciento (5 millones 200 mil), “no pobres y no vulnerables”.

Ante la crisis económica del año pasado, la reducción del ingreso fue inminente. “En términos generales, 54 por ciento de la población declaró que en 2009 se encontraba en una situación económica peor, o mucho peor, que en 2008”. Por falta de recursos, los padres de familia tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al doctor, comprarles el medicamento para su atención, mandarlos a la escuela, comprar artículos de uso diario e invertir en actividades de entretenimiento.

Indígenas, condenados a la marginación

En 2005, la mayoría de la población de 2 mil 32 municipios era indígena. El Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), evidenció que algunos municipios están por debajo del índice de desarrollo humano (IDH) de los países más pobres del mundo; por ejemplo, Batopilas, Chihuahua, con 0.3010, respecto del Níger (África), que tiene 0.3300.

En 2008 se contabilizaron 11 millones 300 mil indígenas, de los cuales 4 millones 300 mil pertenecía a “pobreza extrema por ingreso” y 3 millones 600 mil, en situación de “pobreza multidimensional extrema”. Este dato se ve reflejado en los estados con menor IDH: Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz.

Al analizar la distribución del gasto entre grupos, se observa que la población indígena se beneficia del 9.34 por ciento del gasto público total de desarrollo humano, mientras la población no indígena tiene el 90.7 por ciento. Para la atención de la población indígena por ramo ?20 “Desarrollo social”?, en 2009 se destinaron 10 mil 474 millones 500 mil pesos, según el Informe.

Los 20 municipios con IDH menor a 0.5 son Batopilas, Carichí, Morelos, Balleza, Urique, Uruachi, San Francisco de Borja y Nonoava (Chihuahua); Cochoapa El Grande (Guerrero); Guadalupe y Calvo, Guazapares (Chiapas); Tehuipango y Mixtla de Altamirano (Veracruz); Mezquitic (Jalisco); Coicoyán de las Flores y San Sebastián Coatlán (Oaxaca); Chilchotla (Puebla); Del Nayar (Nayarit); Topia (Durango); y Candelaria (Campeche).

Ana del Toro, asistente de Comunicación del PNUD en México, proporcionó un listado de otros 36 municipios que también están por debajo del 0.5 y tienen un IDH medio: San Martín de las Peras, San Simón Zahuatlán, Santa María la Asunción, Santo Domingo Tepuxtepec, Santiago Ixtlayuca, Santa Lucía Miahuatlán, Santiago Yaitepec, Santa María Tepantlali, San Juan Petlapa, San Miguel Ahuehuetitlán, Huautepec, Santiago Amoltepec y San José Tenango (Oaxaca); Metlatónoc, José Joaquín de Herrera, Alcozahuca de Guerrero, Atlixtac, Acatepec y Xochistlahuaca (Guerrero); Santiago el Pinar, Mitontic, Sitalá, Chamela, Aldama, San Juan Cancuc, Chalchihuitán, Chenalhó, Zinacantán y Pantelhó (Chiapas); Texcatepec, Filomeno Mata, Soledad Atzompa y Ilamatlán (Veracruz); Tahdziú (Yucatán); Guachochi (Chihuahua); y Tepetzintla (Puebla).

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Fracasan políticas públicas contra la pobreza

Cobertura universal en educación y salud, además del crecimiento en la construcción de viviendas son los “logros” que destaca el gobierno federal en materia de combate a la pobreza. Informes oficiales y expertos en la materia aseguran que esta política ha sido un rotundo fracaso, ya que más del 80 por ciento de la población padece por lo menos alguna carencia socia.

Érika Ramírez

Son más de 82 millones de mexicanos los que tienen al menos una carencia social, es decir, que se encuentran en niveles de pobreza que no les permiten tener una vida plena respecto de sus derechos sociales, señalan expertos en la materia. Su fuente: el Informe de pobreza multidimensional en México, elaborado en 2010 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Advierten que la política social desarrollada por el gobierno de Felipe Calderón ha fracaso completamente.

No obstante, para el gobierno federal el combate a la pobreza ha tenido “logros” en materia de salud –con la cobertura universal a la que se pretende llegar el próximo año a través del Seguro Popular–, la cobertura universal en educación primaria y la construcción de hasta 3.3 millones de viviendas, asegura en entrevista con Contralínea Marco Antonio Paz Pellat, subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Los datos del Coneval son contundentes. Durante 2008, el 77.2 por ciento de la población presentaba al menos una carencia social, mientras que 30.7 por ciento tenía tres o más carencias sociales; se trata de 82.4 y 32.8 millones de personas, respectivamente.

“La percepción que queda entre todos los actores y la propia población es que es insuficiente”, dice el encargado de planear, diseñar y evaluar las acciones de la Sedesol, correspondientes a los programas en materia de disminución de la pobreza.

“La pobreza en México es un tema estructural. Mientras no logremos tasas de crecimiento que nos permitan crear los empleos que se requieren, es muy difícil tener un combate a fondo”, reconoce el maestro en consultoría estratégica de organizaciones por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Alerta que en las próximas mediciones se podría observar un incremento en los niveles de pobreza alimentaria, al pasar del 18.2 a 19 o 19.5, como consecuencia de la crisis económica de 2008 en el mundo, “que para el impacto tan feroz, y cómo ha afectado a otros países, nos sale bastante bien. Donde creo que se va a incrementar un poco más es en la pobreza patrimonial, porque afectó más a los habitantes de las áreas urbanas por las pérdidas de sus casas”.

Los logros, según el PAN

A finales de marzo pasado, el presidente Felipe Calderón presentó el informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del cual aseguró que “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres: se ha incrementado su acceso a servicios de salud, educación y vivienda”.

Bajo el mismo tenor, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol dice que el Inegi está haciendo un esfuerzo importante para presentar la información en plataformas, como la de georreferenciación, que servirá para saber dónde están las carencias y así tener mayor control.

“Hemos podido sortear cambios de gobierno por la institucionalidad. El reto está en bajar la institucionalidad a estados y municipios donde creemos que todavía hay oportunidad”, dice Paz Pellat.

Salud, maquillada

Los “logros” que destaca el servidor público son en materia de salud, educación y vivienda. En el primero de ellos, dice, “prácticamente hemos duplicado en los últimos años el acceso a los servicios de salud.

“Estamos a punto de llegar este año o el próximo a la cobertura universal. Lo que quiere decir que ningún mexicano puede estar fuera de los servicios, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Seguro Popular. Todavía hay retos importantes, pues además de la cobertura, se debe lograr la calidad. Esta última es financiada por los gobiernos estatales”.

Según el Coneval, 40.7 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios de salud. En tanto, los resultados del Inegi indican que entre 2000 y 2010 el porcentaje de población que declaró ser derechohabiente a servicios de salud aumentó de 40.1 por ciento a 64.6 por ciento, es decir unos 72.5 millones de mexicanos.

Los datos del informe Principales resultados del censo de población y vivienda 2010 marcan que el IMSS cuenta con el 48.8 por ciento de población afiliada, seguido del Seguro Popular y para una Nueva Generación, que en conjunto cubren al 36.2 por ciento, y el 8.7 por ciento corresponde al ISSSTE.

Gustavo Leal Fernández, investigador del área de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel Xochimilco, critica los logros gubernamentales que, dice, “sólo han sido electoreros y un rotundo fracaso”.

Para el investigador de la UAM, las únicas instituciones que garantizan una atención integral a la salud son el IMSS y el ISSSTE, no obstante éstas pasan por presiones financieras que no permiten ampliar la cobertura. El Seguro Popular, dice, “es un instrumento electorero, diseñado por el foxismo, que tiene como única meta la afiliación”.

Vivienda, en crecimiento

El otro avance destacado por el subsecretario de la Sedesol, Marco Antonio Paz Pellat, es el crecimiento en la construcción de vivienda. “En estos últimos 10 años, una de cada cuatro viviendas que se han construido fue financiada por este gobierno”.

Durante la administración de Felipe Calderón, añade, “estamos hablando de 3.3 millones de viviendas construidas”. No obstante, dice, “tenemos un reto muy importante en vivienda rural”.

De acuerdo con el informe del Censo de población y vivienda 2010, el parque habitacional en el país es de 35 millones 617 mil 724 viviendas. De éstas, “el porcentaje de viviendas con piso de tierra decrece 13.3 puntos”, al pasar de 19.5 por ciento en 1990 a 6.2 por ciento en 2010.

“En 2010, poco más de la mitad de las viviendas del país (55.9 por ciento) tiene pisos de cemento o firme. El 37.3 por ciento tiene pisos de madera, mosaico u otro recubrimiento. Entre 1990 y 2010, estas últimas registran un incremento de 10.6 puntos porcentuales”, indica el Inegi.

Los datos que proporciona el Coneval indican que, en 2008, el 17.5 por ciento de la población tenía carencia por calidad y espacios de la vivienda, y 18.9 por ciento no contaba con los servicios básicos.

El Coneval –organismo público descentralizado de la administración pública federal, encargado de generar información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México– señala que en la población indígena se presentan las brechas más extremas en los indicadores de vivienda. “Prácticamente la mitad de las personas hablantes de lengua indígena era carente por calidad y espacios y por acceso a servicios básicos en la vivienda”, muestra el Informe de pobreza multidimensional en México.

Educación primaria

“Hablar de la educación en México es de los temas más controversiales porque todos hablan de que nos sentimos insatisfechos por la educación que tenemos”, dice Marco Antonio Paz.

Sin embargo, el subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Sedesol asegura que “hay avances que no se pueden negar. Uno de ellos es que hemos logrado la cobertura universal en materia de educación primaria; vamos a lograr la cobertura universal en materia de secundaria y estamos avanzando fuerte en materia de preparatoria.

“En estos últimos 10 años, pasamos de 7.3 a 8.4 el promedio de escolaridad a nivel nacional. Todos podrían decir que es un grado nada más, pero es un grado que nos ha costado un esfuerzo muy importante y que les permite a todos tener acceso. Por su puesto, ahí también el tema de la calidad es un tema pendiente”, enfatiza.

Julio Boltvinik Kalinka, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1993, experto en pobreza, critica la versión oficial del crecimiento en educación. “Hay muchos niños que no asisten a la escuela, no terminan la primaria, y los problemas más graves son en las zonas indígenas y en las comunidades rurales muy dispersas”.

En estas zonas, dice el académico de El Colegio de México, llega la “educación” a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que imparte una “educación de cuarta, porque los que la imparten no son profesores, sino promotores educativos. En México, la norma educativa incluye dos cosas más: la secundaria y el preescolar”.

De este último, expone Boltvinik Kalinka con datos del Censo 2010, “el 84 por ciento de los niños de tres años de edad que debería estar en primer grado de preescolar no asiste. El porcentaje baja a 44 por ciento a la edad de cuatro años que tampoco acuden, y la no asistencia en los niños de cinco años es del 12 por ciento”.

El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 2, 3 y 4 de la Ley General de Educación establecen que “toda la población debe cursar la educación básica obligatoria, es decir, los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria”.

Según el Coneval, en 2008, “el 21.7 por ciento de la población total del país presentaba rezago educativo, lo que equivale aproximadamente a 23 millones de personas. Las entidades federativas con mayor incidencia fueron Chiapas, Michoacán y Oaxaca, todas con más de 30 por ciento de su población en rezago educativo”. Mientras que el Inegi asegura que el 94.7 por ciento de la población de seis a 14 años asiste a la escuela.

Bancarizar la pobreza

Uno de los objetivos que tiene la Sedesol, a cargo de Heriberto Félix Guerra, para disminuir la pobreza es “bancarizar” a los más pobres del país que están afiliados al Programa Oportunidades, para que a través de este mecanismo puedan tener un ahorro o disminuir el cobro de comisiones en el envío de remesas, explica Marco Antonio Paz Pellat.

“Hemos caminado en el tema Oportunidades: en cómo hacerlo un programa menos dependiente de la estructura que lo maneja, porque son seres humanos los que lo operan y ahí entra la coerción política. Los estamos bancarizando”, explica.

Según el funcionario, para la Secretaría de Hacienda uno de los temas más importantes es la inclusión financiera. Ésta “les permite a las personas disfrutar de todos los derechos universales que tiene un ser humano, entre ellos a ser considerado como un posible sujeto a un crédito.

“Estamos bancarizando [el Programa Oportunidades] porque a la gente le queremos dar poder, la queremos empoderar. Vamos a entregar una tarjeta relacionada con una cuenta bancaria, con un chip y su huella dactilar. Las tiendas Diconsa serán las corresponsales”, expone.

Explica que será a través de estas sucursales operadas por la Sedesol que la gente irá a recoger su dinero (correspondiente al programa); ya no habrá intermediario y, además, dice, “la gente puede ahorrar”.

“Con la bancarización, no sólo le estamos dando transparencia, sino que estamos haciendo que toda esa gente vaya generando un historial crediticio. La gente en pobreza ahorra el doble que la gente que no lo está. Digo 15, 20, 30 pesos, pero ahorra”, asegura el funcionario.

“Lo que quiere el secretario Heriberto Félix es empoderar a la gente, ciudadanizar la política, porque mientras siga dependiendo del gobierno, siempre va a existir la tentación del uso electoral y político, que es el asunto de no tener reglas en los estados.”

Con la bancarización, añade, “queremos hacer un conducto para que lleguen las remesas. Te da mucho coraje ver cómo les cobran estos baquetones a la bola de migrantes que dejan a sus familias y se están jugando el pellejo en Estados Unidos. Les llegan a cobrar hasta el 50 por ciento por el envío de remesas”.

Julio Boltvinik Kalinka critica los discursos oficiales que pretenden demostrar un bienestar entre la población. “Él tiene que decir que todo va bien, para eso le pagan”.

“Hay que quitarse de la cabeza que la pobreza se combate con programas”. La pobreza se combate con desarrollo económico y social, lo que implica instrumentar políticas que permitan un crecimiento vigoroso a través de la creación de empleos bien pagados, dice el experto.

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

Ah... ¡Qué Chávez!

José Steinsleger

A 12 años del inicio de la revolución bolivariana, dibujemos algunas palomitas que dan cuenta de la preocupante orientación estatista de ésta. Aclaración pertinente: los datos que siguen a continuación no provienen de Wikileaks.

Economía y finanzas

1. Liberación del país del Fondo Monetario Internacional. 2. Aumento de las reservas internacionales. 3. Disminución de la deuda pública de 47.5 a 25 puntos (2003-2006). 4. Eliminación del impuesto al débito bancario. 5. Creación de tres grandes bancos: del Tesoro, de Desarrollo y del Sur.

Petróleo

6. Recuperación de la industria petrolera. 7. Recuperación de la OPEP como organización defensora de los precios del petróleo, y creación de Petrosur. 8. Liberación de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) de la comisión de valores de Estados Unidos, pagando la deuda correspondiente (26 mil millones de dólares). 9. Aumento de las reservas con la recuperación de la franja del Orinoco.

Agricultura y producción

10. Rescate de tierras para la agricultura y entrega de tierra a campesinos. 11. Diversificación de la producción. Creación de fábricas como la de tractores, bicicletas y automóviles, así como cemento en asociación con Irán.

Salud

12. Creación de un nuevo Servicio Nacional de Salud (Misión Barrio Adentro). 13. Dotación de hospitales con incubadoras y equipos sofisticados. 14. Construcción del Cardiológico infantil. 15. Millares de personas que han recuperado la vista (Misión Milagro). 16. Disminución de la mortalidad infantil en 27 por ciento. 17. Aumento en la esperanza de vida a 73.18 años. 18. Construcción de la primera Clínica Popular Indígena en Apure, y extensa red de 10 ambulatorios para los indígenas.

Mujer

19. Creación de Inamujer. 20. Creación del programa Simoncito (atención a los niños desde antes de nacer). 21. Extensión del periodo de lactancia materna que obliga a los empleadores a darle más semanas a las madres trabajadoras. 22. Apoyo a 200 mil madres con dificultades económicas (Misión Madres del Barrio).

Educación

23. Universidad Bolivariana en todos los estados (más de 800 técnicos superiores graduados), y Universidad del Deporte, en Cojedes. 24. Apertura de estudios de bachillerato para miles de personas. Más de 200 mil bachilleres graduados (Misión Ribas). 25. Alfabetización de más de millón y medio de personas, por lo cual la UNESCO declaró al país libre de analfabetismo. 26. Recuperación de más de 10 mil planteles educativos. 27. Creación de 58 mil 236 nuevas escuelas. 28. Creación de 255 escuelas técnicas donde estudian 203 mil alumnos. La meta es llegar a 500 escuelas técnicas para 500 mil alumnos. 29. Edición de más de 50 millones de libros de distribución gratuita para elevar el nivel cultural del pueblo. 30. Dotación a las bibliotecas públicas del país. 31. Recuperación de más de 100 mil planteles educativos. 32. Creación de más de 6 mil escuelas bolivarianas y 75 mil bibliotecas de aula. 33. Pago de todos los pasivos de los maestros y aumento sustancial de sueldo. 34. Eliminación de cobro de matrículas en los colegios del Estado.

Pobreza, trabajo y vivienda

35. Disminución de la pobreza crítica de 80 a 30 por ciento (1998-2007). 36. Atención a cientos de personas y niños de calle (Misión Negra Hipólita). 37. Red de Casas de Alimentación para personas en necesidad. 38. Declaración de inamovilidad laboral, para impedir despidos. 39. Programa de sustitución de ranchos por viviendas. 40. Con prestaciones, el salario mínimo del trabajador venezolano asciende a 638 dólares mensuales (8 mil pesos mexicanos).

Servicios

41. Aumento del número de personas que hoy tienen agua potable y electricidad. 42. Creación de los Distritos Sociales de PDVSA para asistir a cientos de comunidades en el país. 43. Plan nacional de gasificación (gas directo para todas las comunidades).

Comunicación

44. Creación de Telesur y la Agencia Bolivariana de Noticias (ABN). 45. Aprobación de la ley de responsabilidad social en radio y televisión. 46. Puesta en órbita del satélite Simón Bolívar, para el desarrollo de telemedicina, teleducación y la independencia de información.

Medio ambiente

47. Aumento de 6 mil 700 aves de la población de flamencos del Caribe, especie amenazada de extinción. 48. Siembra de 20 millones de árboles desde 2006 (Misión Árbol).

Seguridad

49. Aumento del número de afiliados al Seguro Social, y de las pensiones a los ancianos. 50. Pago de todas las deudas con profesores, médicos y jubilados. 51. Jubilación a maestros de las escuelas católicas Fe y Alegría, que en 50 años no habían recibido jubilación y aguinaldos. 52. Construcción de ciudades penitenciarias a fin de resolver la problemática de las cárceles.

Fuerzas armadas

53. Independización de las Fuerzas Armadas de la influencia de la Escuela de las Américas. 54. Salida de técnicos yanquis que realizaban espionaje en los cuarteles y diversificación de mercados para abastecerse de armas.

Integración

55. Ingreso al Mercosur. 56. Creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) como alternativa del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Política

57. Elevación de la autoestima de los venezolanos. 58. Establecimiento de la soberanía del país. 59. Enaltecimiento de la historia de luchas populares y nacionales. 60. Democracia efectiva.

Fuente: La Jornada México


Jose Steinsleger es escritor y periodista. Miembro fundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP, 1976), de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (ALASEI-UNESCO, 1984) y del movimiento "En defensa de la humanidad" (México, 2003). Desde 1996 mantiene una columna fija en el periódico mexicano La Jornada. Autor y co-autor de algunos libros sobre la coyuntura política de América Latina.

Censo a la carta

Eduardo Sojo, titular del Inegi.

Ernesto Villanueva

MÉXICO, D.F., 10 de marzo.- El censo nacional que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene un valor que trasciende las fronteras. Sus resultados constituyen las cifras oficiales de México para la toma de decisiones tanto de organismos internacionales como nacionales. Una de las críticas recurrentes que se formularon en este espacio fue la ausencia de autonomía del Inegi, a diferencia de sus contrapartes en las democracias mínimamente consolidadas. Hoy, el Inegi es un organismo autónomo constitucional, sin embargo, sigue atrapado por la política como nunca antes. Veamos.

Primero. El censo de población y vivienda es el ejercicio más completo que realiza el Estado mexicano para medir una serie de variables que son comparables en el tiempo.

Los sondeos y las encuestas son herramientas importantes de medición, pero sus márgenes de error –por cubrir solamente muestras, aunque sean representativas– son sustancialmente mayores que el de un censo, que prácticamente no debe albergar error alguno.

En el pasado, la crítica sobre los censos del Inegi se centraba en la veracidad de sus resultados, por su vinculación orgánica al Poder Ejecutivo Federal como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda. Hoy, empero, el Inegi no guarda ni siquiera las formas para restringir la información pública. Las dudas ahora alcanzan a los criterios para integrar el cuestionario que será la base del censo 2010. Se ha cambiado el cuestionario de 52 preguntas utilizado en 2000, al finalizar el sexenio de Ernesto Zedillo, a sólo 29 reactivos elaborados bajo la responsabilidad de Eduardo Sojo, afecto al presidente Felipe Calderón. No se trata de un cambio cualquiera que tenga por objeto saber más de los mexicanos; antes bien, se pretende evitar el escrutinio público sobre variables sensibles para el país en los últimos 10 años.

Segundo. El cuestionario básico del censo 2010, de entrada, elimina uno de los elementos básicos: la posibilidad de comparar.

Un avance de un estudio de la experta en demografía Luz María Valdés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pone de relieve la gravedad de este hecho. La verificación de actividad de las personas introducida en 2000 ahora desaparece. La pregunta sobre la ocupación laboral –registrada por vez primera en el censo de 1895, hace 115 años– ahora no existe. Tampoco aparece el sector económico incorporado desde el censo de 1930. Lo mismo pasa con la situación en el trabajo de los mexicanos, que se incluyó desde 1940; el dato sobre el ingreso personal, que existe desde 1980, y el número de horas trabajadas que se adicionaron al censo desde 1990. Nada de esto se encuentra en el cuestionario básico del censo 2010.

Se perderán los datos sobre los materiales de la vivienda de los mexicanos, incluidos desde 1930. Los tipos de servicio de energía eléctrica, que fueron de conocimiento público a partir del censo de 1970, no tendrán cabida por esta ocasión. Y así podría seguirse citando otros rubros que el gobierno de Felipe Calderón considera que los mexicanos no necesitan saber.

El mayor número de datos de los censos se registran en los censos de 1990 y de 2000. En ningún caso, sin embargo, se registra una disminución del derecho a conocer como sucede con Calderón, lo que muestra las convicciones presidenciales a propósito del Bicentenario.

Tercero. ¿Será casualidad que el cuestionario básico del censo 2010 sufra mutilaciones que nunca se han observado desde 1895?¿Podría haber alguna posibilidad de que, en realidad, Felipe Calderón se niegue a que se registre cómo se ha afectado al empleo –su lema de campaña presidencial– en los últimos 10 años? ¿Podría caber la duda de que, en realidad, se quiere retirar aquellas preguntas incómodas para el gobierno de Calderón de cara al proceso electoral de 2012, porque algún partido de oposición las podría utilizar como herramienta de campaña antipanista? ¿O se debe aceptar que lo hecho de 2000 para atrás era un error metodológico y además muy caro, como explicó el Inegi?

Los registros oficiales de los mexicanos no deben ser objeto de negociaciones de la política. La ley permite ahora que el presidente del Inegi tenga un ingreso igual al de un secretario de Estado y crea cuatro puestos en la Junta de Gobierno con percepciones idénticas al de un subsecretario. Basta ahora que, por mayoría simple, el Senado ratifique las designaciones presidenciales. Este esquema representa un avance formal en relación a estructura anterior, pero en los hechos se observan las fallas de esa autonomía, que resulta que todo ha cambiado para seguir igual, como en El Gatopardo de Lampedusa, pero que además cuesta más para rendir menos a la sociedad.

evillanueva99@yahoo.com

Fraude millonario en el sector vivienda

Laura Itzel Castillo
En concreto

Desde Vicente Fox se ha puesto como ejemplo de progreso al sector de la vivienda. Sin embargo, la euforia oficial no aguanta la prueba de la sabiduría popular: Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, pues estos grandes “logros” no benefician a la población, sino todo lo contrario.

De acuerdo con su propia Ley Orgánica, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) tiene por objeto otorgar fondos a la vivienda preferentemente de interés social. Lejos de este fin, ha favorecido a las constructoras URBI, GEO, DEMET, ARA, SARE, SADASI, HOMEX. Estas desarrolladoras inmobiliarias cotizan en la Bolsa de Valores, sus ventas en 2005 ascendieron a casi 12 mil millones de pesos (cifra que representa más de la mitad del presupuesto de la Sedesol para 2010). Con el mismo patrón, la SHF ha destinado fondos públicos a las siguientes intermediarias financieras (Sofoles): Su Casita, Grupo Financiero BBV-Bancomer y Deutsche Bank, entre otros.

Pero, además de lo anterior, el crecimiento de estas empresas se puede explicar por presuntas prácticas fraudulentas. En 2008, los especialistas Julieta Alemán, Javier Gutiérrez y Gabriel Gómez, a petición de la SHF elaboraron el estudio Modelo de detección de fraude por sobrevaluación del valor de la vivienda. Descubrieron un acuerdo entre Sofoles y constructoras para inflar en 40% el precio de las casas y así tener mayores utilidades.

El estudio también encontró que la mayor parte de estas irregularidades se da en Baja California, Jalisco, DF, estado de México, Nuevo León y Quintana Roo. Es de llamar la atención que de acuerdo a los datos del Banco de México es en estas entidades donde ha crecido más la cartera vencida. Encabezan la lista Quintana Roo con 330%, Nuevo León con 121% y Jalisco con 77% de 2008 a 2009, mientras que el crecimiento nacional en este rubro fue de 49% en el mismo lapso. Por si fuera poco, en el estado de México y Nuevo León más de 80% de los avalúos irregulares fueron realizados por un perito que está en una “lista negra” de la propia SHF.

Otro tipo de fraude se da bajo la figura de renta con opción a compra (ROC), en el que están involucrados básicamente los organismos ya mencionados. Este programa es ilegal, pues no está contemplado en la Ley Orgánica de la SHF, que de ser así tendría que llamarse Sociedad Arrendataria Federal. Las familias en este esquema llevan pagando 4 o 5 años “enganches” y “rentas” por montos totales que van de los 45 a los 280 mil pesos. No obstante se niega la escrituración de los contratos de compra-venta y garantía hipotecaria. Por si no bastara, estos organismos están desalojando a las familias, como sucede en distintos fraccionamientos de Tecámac, Ecatepec y Cuautitlán, en el estado de México.

Ante esta situación, promoveré un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados con el objeto de llamar a cuentas e imponer las sanciones conducentes a los titulares de la Sociedad Hipotecaria Federal, de Su Casita y de Deutsche Bank.

Fuente: El Universal

La tragedia urbana criminal brasileña y latino-americana

Barómetro Internacional

Por Bruno Lima Rocha

La ciudad de Río de Janeiro tiene 6 millones de habitantes de los cuales más de 2 millones viven en cerca de 700 favelas. La zona metropolitana tiene en su total unos 10 millones y las condiciones de vida son las mismas. Todos los años el hecho de vivir en cerros lleva a que la tierra se deslice y casas y vidas sean destruidas. Esto es el padrón de ocupación de la costa del estado, y la favelización es un fenómeno de distintas zonas del litoral y de la sierra. En este fin de 2009 y principio de 2010, en una bellísima región, la ciudad de Angra dos Reis y sus alrededores, fue donde más llovió llevando a matar a casi un centenar de personas. Se puede afirmar que la región de la Bahía de la Isla Grande (litoral sur del Estado de Río de Janeiro, donde queda el municipio de Angra) es una síntesis del Brasil. Fue allá que los cerros se deslizaron, matando decenas de personas y dejando sin casa a centenares de familias en los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Buena parte de la ciudad favelizada convive como mano de obra barata para complejos de ocio y de lujo, como resorts, marinas particulares, con gran circulación de lanchas, barcos y yates y hasta islas privadas. Como hace por lo menos 40 años que existe esa convivencia, aún con la retracción del polo naval (varios astilleros cerraron y ahora retornan con la Petrobrás), habría sido posible la urbanización ordenada mediante una política distributiva. Sería racional prever la tasación de proyectos inmobiliarios con fines turísticos y de ocio y con eso financiar una ocupación urbana sin residencias en áreas de riesgo. Ocurrió lo opuesto.

La misma “lógica” nacional (y continental) entiende la especulación inmobiliaria como expansión de la construcción civil, sirviendo como termómetro de la economía. Es una inversión del concepto de economía como utilización racional de recursos finitos. Obedeciendo a una racionalidad mínima, programas como Mi Casa Mi Vida (del gobierno nacional, de Lula, llevando vivienda barata mediante préstamos gubernamentales) no alimentarían el oligopolio de las empresas de construcción civil y sí, primero, se dedicarían a la urbanización de favelas, la remoción -después de remunerar la salida de gente que vive en áreas de riesgo- y el aprovechamiento de todos los millones de inmóviles parados. A la vez, exigiría la universalización del sistema cloacal y sanitario (que en las ciudades brasileñas no llega a ocupar el 25%) y el más que urgente tratamiento de aguas. Es un absurdo paradojal debatir el futuro sostenible en Copenhaguen y no prever que cualquier edificación privada necesita de sanidad urbana más allá de los muros de los condominios.

En el tema medio ambiente, el absurdo estructural brasileño continúa. Tenemos la legislación ambiental más avanzada del mundo y el discurso de agentes económicos y operadores políticos es que “tanta ley” traba el progreso. Pura trampa del lenguaje neoliberal. Preservar la Mata Atlántica (región de floresta del litoral, la más devastada desde 1500), en el caso de Isla Grande (un parque natural localizado en una isla), es siempre más importante que levantar un proyecto inmobiliario de residencia o turismo. De eufemismo en eufemismo, “flexibilizan” la defensa de los recursos naturales colectivos y no renovables en pro del interés particular de algunos oligopolios. Cuando la tragedia humana es fruto de la omisión y del mal gobierno por décadas, el hecho, además de trágico, es un acto criminal.

Los argumentos de arriba no implican caer en la tentación autoritaria. Por el contrario. Entre cualquier sentido de orden y el ejercicio del derecho, la vivienda es prioridad. No se puede responsabilizar a la población carente, que construye su residencia donde pueda y no donde quiera. Tampoco es lícito exigir disciplina a las favelas y liberar el hambre de las bestias sin fin de las empresas de construcción civil que erigen grandes obras residenciales.

El problema es político. Como ya constaté en artículos anteriores, la actividad-fin de los mandatarios es la acumulación de poder y la actividad-medio es la proyección de la auto-imagen en el ejercicio de sus mandatos. La preocupación con el bien común está detrás de la atención a los inversores del consorcio político-electoral y de la supervivencia política.

En este ambiente, el acto de gobernar queda enterrado, sólo existiendo en la base la presión directa de agentes sociales organizados. En este caso, es urgente aumentar el poder ciudadano para el control social del Estado y el recurrente acotamiento de la expansión de los agentes económicos del sector de la construcción civil. Si en el mediano plazo no resolvemos la urbanización brasileña, entonces en todo inicio de verano tendremos criminales tragedias como la de Angra dos Reis con sus decenas de muertos.

Infelizmente, la experiencia directa y la convivencia con hermanos latino-americanos de otros países me demuestran que el título de ese artículo es acertado. El surgimiento de una urbanización no reglada, donde los pobres se amontonan en áreas geográficamente no aptas y los fondos públicos son puestos en la construcción civil para apartamentos y condominios de lujo o clase media alta, es un patrón de los capitales y las grandes ciudades del continente de Bolívar y Artigas.

Lo que dice la derecha brasileña a través de sus medios

El editorial del periódico El Globo de 07 de enero de 2010 (trae el título “Causa y efecto”), y aborda el tema de el hacer la vista gorda de gobernantes en función de la ocupación de tierras urbanas irregulares, incluyéndose en estas las áreas de riesgo. Vale recordar que este periódico es parte del Grupo Diarios América (GDA) y se trata del segundo mayor periódico impreso del Brasil y es el diario oficial del 5º mayor conglomerado de comunicaciones del mundo (las Organizaciones Globo, familia Marinho). El argumento no es de todo errado, pues está reclamando la baja calidad de la representación política en el país y afirmando que hay un acuerdo tácito –y cínico– entre ocupantes del Ejecutivo y los candidatos que operan en estos rincones favelizados. Aún exagerando el concepto de favela fuera del triángulo de Rio-São Paulo – BH (pues en las favelas el territorio es parcial o totalmente controlado por fuerzas para-legales locales), la existencia del candidato a edil (que también es ocupante de tierra para fines comerciales) o del diputado estadual, que operan como comerciantes informales inmobiliarios, es un hecho. Estos, según el editorialista de confianza de la familia Marinho (la más poderosa dueña de medios corporativos de Brasil), estiran votos y negocian “sus áreas” con más de 2/3 de los votos de allá (mayoría absoluta). La relación cínica sería de los gobiernos con estos mafiosos chicos que se dedican a la politiquería y el asistencialismo barato con familias carentes de todo.

Uno a esta altura del partido ya no puede ser inocente en este tema. Y, además, cualquier persona que se haya envuelto en la lucha por vivienda sabe de la existencia de estos comerciantes de tierra urbana controlando a las familias de bajo poder financiero. Pero, por la lógica expresada por uno de los poderes mediáticos oficiosos del Brasil, la suma de alianza entre coroneles urbanos y candidatos fuertes al Ejecutivo es lo que permite la existencia y aumento de la favelización. Como era de esperarse, ellos no relacionan al aumento de viviendas irregulares con la poca dedicación de recursos para proyectos de Residencia Popular. Y, por supuesto, cuando estos proyectos ocurren, la plata va para las grandes empresas que construyen y llegan a las familias mediante préstamos a la gente y no como repaso o distribución de riqueza por el Estado.

La criminal omisión de gobierno

El ordenamiento directo del suelo urbano y de los espacios geográficos de grandes concentraciones poblacionales en áreas irregulares es deber del nivel de gobierno municipal. Llegan años y se van años, comienzan y terminan mandatos y el problema central no es abordado. ¡Favela, vila, mocambo, palafita, bajada y otras denominaciones regionales brasileñas para vivienda en mala condición no debería ser parte del paisaje! Al ser vista como tal, lo que es un crimen de Estado –por omisión de décadas consecutivas– la favela queda como parte “normal” de la ciudad. La misma barriada debería recibir agua tratada, residencias reformadas y calles más anchas. No se hace ni el mínimo y después la gente es llevada a acostumbrarse a ver familias pobres llorando en la tele por la muerte de seres queridos. ¡Cuanta hipocresía!

Reconozco que es imposible promover la regularización territorial de las áreas irregulares, con título de posesión, sanidad, apertura de calles y vías públicas y presencia del Estado con el conjunto de servicios, en un periodo de cuatro años. Pero, el reconocimiento a través de fotografías aéreas, la localización de las áreas de riesgo y la decisión política de impedir la expansión de casas donde el acto de construir puede implicar la muerte de esos habitantes, esto sí es algo posible. Y, es perfectamente posible interrumpir cualquier tentativa de “flexibilizar” leyes ambientales, en especial en aquello que implicar expandir la especulación inmobiliaria con el deterioro de áreas verdes.

La contraparte es el absurdo del progreso de pocos en nombre del progreso de todos. No es argumento válido contraponer el supuesto desarrollo económico a la “flexibilización” de leyes ambientales. La legislación brasileña de medio ambiente es excelente, y sirve como freno a la especulación inmobiliaria y al hambre voraz de obras faraónicas, ejecutadas por consorcios privados y casi siempre financiadas con el dinero del contribuyente depositado en el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, el mayor banco de fomento del mundo) o en la Caja Económica Federal. En el caso de las ciudades, la omisión histórica en Angra dos Reis (para triste ejemplo ilustrativo) es la materialización del concepto de que la actividad-fin de la mayoría de los gobiernos de turno es permanecer ocupando una parcela de poder o expandiendo su control sobre presupuestos y cargos. La actividad-medio es el acto de negociar con las fuerzas sociales, respetando las relaciones asimétricas, atendiendo de entrada a los agentes económicos en general y a los inversores de sus propias candidaturas en particular.

La publicidad de gobierno crea un clima de euforia anunciando millones de metros cúbicos de concreto empleados, cuando deberíamos conmemorar tubos de cloacas y aguas tratadas. El dinero va para las mega empresas de construcción mientras la basura sigue acumulándose (con poca reciclaje) y los coliformes fecales van para los espejos de aguas y sus márgenes. Por la lógica racional -o la falta de esta en función de la cultura de prebendas, clientelas y patrimonialismo- la planificación de las ciudades, previendo su expansión, viene primero. Hacer crecer la malla urbana implica poner metro, tren de superficie (urbano y metropolitano) y condiciones de vida sostenibles como la limpieza del aire y del agua. Esto viene concomitante a la idea-guía de que regular el suelo urbano implica crear redes de tubos cloacales y tratamiento de aguas.

Aquí se hace lo contrario y todo año mueren brasileños en función de la desidia y de la criminal omisión en los tres niveles de gobierno. ¿Hasta cuando?

blimarocha@gmail.com

SE BUSCA.....DELINCUENTE

ESTE ES EL DELINCUENTE QUE ENCABEZA A LA MAFIA NEOLIBERAL QUE HA ASESINADO A MEXICO!!

Se abatirían subsidios, afirma el Presidente
Ahorros, si los pobres usan menos agua y luz: Calderón
*“Signos claros de recuperación”, insiste el Ejecutivo
*Fed: 60 mil mdd, los depósitos de mexicanos en EU

J. Aranda, P. Muñoz y R. González

Felipe Calderón encabezó ayer el primer Foro Internacional de Vivienda Sustentable. Ante una eventual alza en agua y electricidad, dijo: “a pesar de que la gente considera altas las tarifas, la verdad es que gran parte de esos suministros están subsidiados a costos crecientes” .Fotos José Carlo González