La policía en el IPN, onerosa y “represiva”

Gasta más el Instituto Politécnico Nacional en policías que en proyectos de investigación y modernización tecnológica. En un periodo de ocho años, las erogaciones en servicios de “seguridad y vigilancia”, contratados con la Policía Auxiliar del Distrito Federal, crecieron en 80 por ciento. Durante 2009, el monto superó los 100 millones de pesos. “Combatir la delincuencia”, entre los objetivos señalados por las autoridades; reprimir a los disidentes y subrogar los servicios que originalmente hacían los trabajadores de base son las razones reales, consideran estudiantes, trabajadores y académicos.

Contralínea
Flor Goche

El presupuesto que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) destina a los servicios de seguridad y vigilancia, prestados por el 53 Agrupamiento de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, se incrementó más de 80 por ciento en un periodo de ocho años. Los 100 millones 198 mil 998 pesos del contrato de 2009 rebasan, por separado, los gastos institucionales de proyectos de investigación (45 millones de pesos) y modernización tecnológica (79 millones 286 mil pesos).

En 2001, según información publicada en la Gaceta Politécnica el 15 de febrero de ese año, se destinaron 1 millón 500 pesos mensuales a la contratación de 300 elementos de la Policía Auxiliar. Para 2009, el monto del contrato anual (IPN-PS-AD-002-2009) alcanzó los 100 millones 198 mil 998 pesos, como consta en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Gobierno Federal.

A dicha cantidad se suman los 774 mil 19 pesos que el Patronato de Obras e Instalaciones del IPN pagó por el servicio de vigilancia en los inmuebles de su propiedad: oficinas administrativas y almacén general; contratación realizada con la Policía Auxiliar desde 1997.

El contenido de estos contratos es de carácter “reservado” por un periodo de dos años a partir del 4 de agosto de 2008. Darlo a conocer “atenta contra la seguridad institucional y pone en riesgo a la comunidad politécnica y su patrimonio”, argumenta la Secretaría General del IPN en respuesta a la solicitud de acceso a la información pública 1117100062809, presentada por Contralínea ante la Unidad de Enlace de la institución educativa.

Sin embargo, un anexo del contrato de 2004 (del que este medio posee copia), permite observar algunos detalles del gasto en este servicio, además del incremento en el número de elementos policiacos. Durante el primer trimestre del año, se gastaron 14 millones 403 mil 834 pesos en los 541 elementos contratados –241 más que en 2001.

El sueldo mensual del jefe de servicio osciló entre los 18 mil 540 y los 19 mil 819 pesos. “Más de lo que gana un profesor de tiempo completo”, apunta Samuel Sotelo, trabajador administrativo e integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Asimismo, de enero a agosto de 2004, se invirtieron casi 500 mil pesos en autopatrullas: el gasto mensual promedio por cada una fue de 15 mil 355 pesos. Se trata de vehículos con los colores del instituto y el logo “Auxilio IPN” que, tripulados por policías, recorren las instalaciones politécnicas a pesar de que la versión pública del contrato IPN-PS-AD-055-2001 expresa: “Quedando terminantemente prohibido que los elementos manejen vehículos de ‘El IPN’, excepto por autorización de ‘La PA’ a solicitud y responsabilidad expresa de aquél” (sic).

Criminalización de la protesta

Represión, intimidación y espionaje: los verdaderos objetivos de la presencia de la Policía Auxiliar del Distrito en el IPN, coinciden en señalar integrantes de la comunidad politécnica.

“Hay una criminalización de la protesta. Se usa a la policía para intimidarnos, pero también para colocarnos en una posición de violentos, agresivos, revoltosos”, afirma la profesora Rosario Trejo.

En septiembre de 2009, Trejo fue agredida por dos elementos de la Policía Auxiliar mientras pretendía realizar un trámite en la Secretaría Administrativa del IPN, como consta en una denuncia presentada en la delegación Gustavo A Madero.

“El combate al porrismo fue el pretexto” que, en 2001, las autoridades del Politécnico utilizaron para meter a la policía a las escuelas, asegura Marco Hernández, egresado de la carrera de ingeniería en comunicación y electrónica del IPN.

Nueve años después, los porros siguen ahí. Yoloxóchitl Bustamante Díez, actual directora general del IPN, reconoce en entrevista con La Jornada (publicada el 13 de enero pasado) que, aunque por el momento el porrismo “es un fenómeno que se mantiene tranquilo”, el riesgo de penetraciones es latente, “pues ante un escenario de crisis”, éste puede agudizarse.

Cuando el presidente Vicente Fox nombra a Correa Jasso como director general del IPN, le encarga cambiar la Ley Orgánica y dotar de autonomía a la institución, explica Víctor Moreno, profesor de la Escuela Superior de Cómputo e integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. “En realidad lo que pretendía era el desmantelamiento, la destrucción del Politécnico”.

“La institución educativa de nivel superior cuya existencia es absolutamente incompatible con el neoliberalismo es el Politécnico”, agrega. Fue creado y orientado para dotar al país de profesionales altamente capacitados para trabajar en la industria estratégica. “En el momento en que se está vendiendo esta industria, en ese momento deja de tener razón de ser, razón de existir, el Politécnico”.

Con estas pretensiones, el nuevo gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional “necesita otro cuerpo que reprima, que controle, que contenga la protesta; entonces mete la policía”. Esto no significa que los grupos porriles (de tradición priisita) desaparezcan; simplemente se les reduce el presupuesto, comenta Marco Hernández.

Trejo, también integrante de la USD, no puede contener la carcajada cuando se le pregunta qué hacen los policías cuando se encuentran con los porros: “No solamente la policía no combate a los porros, sino que se coordinan cuando se trata de intimidar o reprimir; obviamente coordinados, a su vez, por las autoridades del Instituto”. Aparecen, por ejemplo, cuando hay una situación “que no le gusta a la autoridad o que implica que nosotros hagamos una acción de protesta”.

“Normalmente los policías no están armados”. Sin embargo, en algunas movilizaciones, “ingresan policías armados; las exhiben en una actitud intimidatoria cuando llegamos más de 10”, afirma Samuel Sotelo.

“No están armados; de hecho dentro de las instalaciones no está permitido”, contradice tajante Sandra Marín, quien fuera jefa de la División de Prevención de la Secretaría General. “Entran con tolete, con su uniforme normal, sus chalecos; algo que les permita estar seguros, porque cuando hay una situación en la calle, no dejan de ser policías”.

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