La educación en el DF

Niños de primaria.

Axel Didriksson

MÉXICO, D.F., 15 de abril.- Como punto de acuerdo de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del DF, el pasado 4 de marzo se propuso “reimpulsar el proceso de descentralización de los servicios educativos en el Distrito Federal” y “concretar en el menor tiempo posible la transferencia de los servicios educativos del nivel básico”.

La capital del país es la única entidad de la República que no dispone de la descentralización de los servicios educativos de nivel básico, de las escuelas de formación de maestros ni de otros mecanismos o recursos fundamentales para realizar los cambios que podrían detonar una reforma integral en el sector.

Desde que se acordó en 1993 el proceso de descentralización, en la Ley General de Educación se entretejió un ya famoso artículo cuarto transitorio donde se dispuso que la educación básica sólo podría ser transferida al gobierno de la ciudad cuando así lo acordasen los gobiernos federal y local ¡con el SNTE! Y, por supuesto, este ha sido el escollo más grande para concretar el asunto.

No ha sido, por supuesto, la primera vez que se ha intentado establecer el pleno derecho que tiene el Distrito Federal a contar con su propio sistema educativo. Por ejemplo, en 2000, la Legislatura correspondiente aprobó la Ley de Educación para la capital, y propuso la descentralización inmediata. La respuesta fue una aplanadora del PAN y del PRI en su contra, ya que por la vía de la controversia constitucional dejaron sin efecto la ley y la iniciativa de descentralización.

Hubo muchos foros y manifestaciones en contra de esa controversia. Se tomó la tribuna de la Cámara de Diputados. Y nada: el SNTE y la SEP dijeron que no. Y lo dijeron, entre otras cosas, porque el gasto educativo en la entidad representa un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos, el control de tres secciones sindicales (la 9, la 10 y la 11) y el requerimiento de otorgar los recursos necesarios para garantizar el servicio del más grande y complejo sistema educativo que existe en el país.

De acuerdo con un estudio de David Márquez Ayala (editado por la Secretaría de Educación-GDF en 2008), las participaciones federales al Distrito Federal sufren severas reducciones desde la década de los 90. El autor precisa que, “si se suman las pérdidas estimadas de Participaciones al Distrito Federal de 1990 a 2008, la cifra total sería de 346 mil 880 millones de pesos a precios constantes de 2006”.

Lo peor de todo es que, de 1993 a la fecha, el modelo de descentralización controlado por el SNTE no ha funcionado, porque no se produjeron los cambios requeridos para elevar los niveles de cobertura social, ni para aumentar la eficiencia y la participación de los principales actores en el mejoramiento de la calidad de los servicios que las entidades ofrecen; porque representa una carga impositiva para los gobiernos de los estados, los que, además, no pueden intervenir en los aspectos fundamentales de la tarea educativa debido a que la SEP mantiene la más fuerte centralización de poderes, recursos e instrumentos; y porque lo que ha provocado es atomización, mayor control sobre las autoridades locales (las que se dejan) y la consolidación de las desigualdades educativas entre entidades, regiones y localidades.

Con la creación de la Secretaría de Educación en el Gobierno del Distrito Federal (SE-GDF), a principios de 2007, se retomó el tema de la descentralización; se formularon iniciativas de ley para alcanzarla; se efectuaron numerosos foros que condujeron a la organización del “Acuerdo social para la calidad y la transformación de la educación en la Ciudad de México”, en los cuales participaron estudiantes, profesores, empresarios, padres de familia, investigadores, artistas, sindicatos, cooperativas y otros conglomerados de representación ciudadana; se diseñó un plan de acción para la reforma educativa en el nivel básico y de profesores; se hicieron importantes propuestas donde se mostraba que era indispensable ciudadanizar la educación para elevar su cobertura y su calidad; y se impulsaron programas sociales de muy amplia cobertura para jóvenes, niños y adultos. La respuesta de la SEP y del SNTE volvió a ser: “no”.

¿Por qué no? Porque aparte de los recursos que no desean soltar, deben existir algunas trampas que no quieren que se sepan. Tan sólo para mencionar una evidencia de lo que aflora con alta turbiedad desde las oficinas de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, desde allí, la SEP ha realizado 30 mil 834 pagos a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales con goce de sueldo, y que estos pagos sumaban más de 134 millones de pesos. Asimismo, que esa oficina ha gastado 17 millones 325 mil pesos en becas para hijos de trabajadores del SNTE, cuando no existe ningún convenio que sustente tal gasto (El Universal, 31/03/2010). Una muestra pequeña de lo que se eroga en beneficio de un grupo de interés particular, que nada tiene que ver con la marcha del sistema educativo, ni de la Ciudad de México ni del país.

Esto y más podrán hallar los diputados de la V Legislatura del DF si quieren llegar hasta las últimas consecuencias en la descentralización de la educación y si ésta llega a ocurrir. Mucho está organizado y documentado para que sea posible, y sólo basta con revisar lo que la misma ciudadanía ha propuesto al respecto en lo que va de este siglo. Lo más grave sería que, por alguna razón, todo ello no se tomara en cuenta.