15 abril 2010
Se dice que casi 2 millones de personas registraron sus teléfonos celulares a nombre de Carlos Slim y de Felipe Calderón. Durante semanas circularon por internet, en las preparatorias y universidades los datos de la CURP del hombre más rico del mundo (y dueño entre otras empresas de Telcel) y del presidente de México. Las autoridades de SEGOB y COFETEL aseguran que fue una broma irresponsable, pero nada más lejos de la verdad. Lo que subyace en este acto de rebelión creativa es pura desconfianza y preocupación de los usuarios porque su información sea usada inadecuadamente.
Cuando las autoridades crearon el Renaut se estableció que esta sería una medida que obligaba a los concesionarios a llevar a cabo un registro y control de sus usuarios, donde además del número se indicara la modalidad de la contratación, el nombre completo, el domicilio y nacionalidad, los datos contenidos en la identificación oficial del usuario, comprobante de domicilio y huella dactilar, y en caso de personas morales la razón social, cédula fiscal, copia del documento que acreditaba la capacidad para contratar. Pero a las telefónicas les da exactamente igual quién compre y cómo se use (son una empresa no una autoridad) lo que le interesa es vender aparatos y tiempo aire. Por su parte los delincuentes que durante años han comprado móviles para extorsionar, amenazar y contactar a sus compradores de drogas, han usado desechables o aparatos de alta tecnología satelital de tipo militar.
Se registraron ya 58.2 millones de líneas, 70 por ciento del total comercializadas. No hay certeza de cuántas se registraron con sus verdaderos propietarios. El sistema simplificado de registro con nombre y CURP dejó abierta la posibilidad de que prácticamente cualquiera mintiera.
El 45% de presidiarios del país tienen acceso a celulares que no fueron, ni serán, registrados a sus nombres. Miles de personas han dicho, y con razón, que este registro carece de sentido, hecho de forma improvisada y bajo un discurso anti crimen como si viviéramos en un país en que la sociedad confía en que las autoridades harán buen uso y resguardo de la información personal.
Es un hecho que desde sectas cristianas hasta vendedores y políticos envían mensajes y llaman a los celulares porque obtuvieron las bases de datos ilícitamente. Casos de filtración inquietan a quienes han aprendido las lecciones de la corrupción de burócratas capaces de vender listados para fines políticos y criminales. Lo cierto es que las telefónicas debieron vender inicialmente las líneas y aparatos con rigurosos controles, pero éste es el país de los monopolios en que algunos empresarios dictan sus propias reglas y durante décadas el Estado no se ha atrevido a confrontarles. Ahora las telefónicas están amparadas para seguir vendiendo y quienes cumplieron hicieron un ejercicio de honestidad casi inútil. Un censo más con poca credibilidad y muchas lecciones por aprender nos deja el Renaut.
Cuando las autoridades crearon el Renaut se estableció que esta sería una medida que obligaba a los concesionarios a llevar a cabo un registro y control de sus usuarios, donde además del número se indicara la modalidad de la contratación, el nombre completo, el domicilio y nacionalidad, los datos contenidos en la identificación oficial del usuario, comprobante de domicilio y huella dactilar, y en caso de personas morales la razón social, cédula fiscal, copia del documento que acreditaba la capacidad para contratar. Pero a las telefónicas les da exactamente igual quién compre y cómo se use (son una empresa no una autoridad) lo que le interesa es vender aparatos y tiempo aire. Por su parte los delincuentes que durante años han comprado móviles para extorsionar, amenazar y contactar a sus compradores de drogas, han usado desechables o aparatos de alta tecnología satelital de tipo militar.
Se registraron ya 58.2 millones de líneas, 70 por ciento del total comercializadas. No hay certeza de cuántas se registraron con sus verdaderos propietarios. El sistema simplificado de registro con nombre y CURP dejó abierta la posibilidad de que prácticamente cualquiera mintiera.
El 45% de presidiarios del país tienen acceso a celulares que no fueron, ni serán, registrados a sus nombres. Miles de personas han dicho, y con razón, que este registro carece de sentido, hecho de forma improvisada y bajo un discurso anti crimen como si viviéramos en un país en que la sociedad confía en que las autoridades harán buen uso y resguardo de la información personal.
Es un hecho que desde sectas cristianas hasta vendedores y políticos envían mensajes y llaman a los celulares porque obtuvieron las bases de datos ilícitamente. Casos de filtración inquietan a quienes han aprendido las lecciones de la corrupción de burócratas capaces de vender listados para fines políticos y criminales. Lo cierto es que las telefónicas debieron vender inicialmente las líneas y aparatos con rigurosos controles, pero éste es el país de los monopolios en que algunos empresarios dictan sus propias reglas y durante décadas el Estado no se ha atrevido a confrontarles. Ahora las telefónicas están amparadas para seguir vendiendo y quienes cumplieron hicieron un ejercicio de honestidad casi inútil. Un censo más con poca credibilidad y muchas lecciones por aprender nos deja el Renaut.
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