Niega gobierno ante Corte Interamericana acusaciones contra militares

Gloria Leticia Díaz

MEXICO, DF, 15 de abril (abril).- El gobierno de Felipe Calderón rechazó que soldados del Ejército Mexicano hayan violado sexualmente a Inés Fernández Ortega en marzo de 2002 y, por el contrario, responsabilizó a la indígena guerrerense por negarse a colaborar con la Procuraduría de Justicia Militar para identificar a sus agresores.
En la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), efectuada en Lima, Perú, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, admitió sin embargo que la investigación continúa abierta en el Ministerio Público Militar, e hizo entrega de ocho tomos que integran el expediente para que la Corte valore los testimonios.
Gómez Robledo sólo aceptó como responsabilidad del Estado mexicano la dilación en la resolución del caso para identificar a los agresores de Inés, en la “extinción” de las muestras de semen localizadas en el cuerpo de la indígena, así como por la ausencia de atención médica especializada para casos de violación sexual, que debió incluir no sólo el examen físico sino psicológico.
A pesar del reconocimiento de fallas de origen en la indagatoria, Gómez Robledo rechazó que las declaraciones de la víctima y de su hija, testigo de la agresión, sean suficientes para atribuir responsabilidad a soldados del Ejército en la violación sexual.
“El Estado respetuosa y categóricamente sostiene que la presunta violación a la señora Fernández Ortega no puede ser atribuida al Estado ni con la información que figura en los expedientes ni mucho menos con los elementos de prueba que presenta la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos) y los peticionarios.
“En este caso, las únicas pruebas directas que la Comisión y los peticionarios han ofrecido son las declaraciones de la presunta víctima y su hija. En otros casos, la Corte ha determinado que declaraciones como estas no constituyen prueba plena, sino que deben ser valoradas en el contexto del conjunto de pruebas del proceso, y no como un indicio único y exclusivo”, señaló el funcionario de la Cancillería mexicana ante la Corte regional presidida por el juez peruano Diego García Sayán.
Gómez Robledo enfatizó que en 23 ocasiones hubo intentos por parte de la Procuraduría de Justicia Militar para que Inés Fernández acudiera a una diligencia para realizar un retrato hablado de sus agresores, así como para revisar un álbum fotográfico, situación que ocurrió hasta agosto de 2009, ocasión en que la indígena guerrerense identificó a dos soldados como quienes abusaron sexualmente de ella en 2002.
A pesar de que el mismo funcionario admitió que Inés identificó a dos de sus agresores, rechazó que ese testimonio sea prueba suficiente para atribuir a “agentes del Estado” la violación sexual.
Incluso dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el fuero militar como el indicado para dar seguimiento al caso la mujer guerrerense.
El representante del gobierno mexicano pidió también a los jueces del Tribunal interamericano desestimar los señalamientos de los representantes de Inés --el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan y Centro para la Justicia Internacional (CEJIL)-- sobre actos de intimidación y amenazas, así como el asesinato del hermano de la víctima, Lorenzo Fernández Ortega, como consecuencias de la búsqueda de la justicia.
En su réplica, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, puntualizó que “las investigaciones no han arrojado los resultados esperados; además, las comparecencias no habrían solucionado las deficiencias estructurales, como la destrucción de pruebas de semen ni que se aplicara el fuero militar”.
Abi-Mershed y la abogada de CEJIL, Gisela de León, aclararon que “correspondía al Estado mexicano investigar y realizar las debidas diligencias, pero la víctima se ha enfrentado a una barrera de impunidad, de amenazas y hostigamiento; es al Estado al que le corresponde adoptar las medidas adecuadas para resolver esta situación de denegación de justicia”.
Por su parte, el abogado de Tlachinollan, Santiago Aguirre Espinosa, desmintió a Gómez Robledo, al aclarar que la SCJN no validó al fuero militar, sino que en un juicio de amparo interpuesto por Inés Fernández, “los tribunales simplemente declararon que ella no tenía legitimación activa para impugnar la competencia, por lo que no debe soslayarse que durante el tiempo en que el caso ha permanecido en la jurisdicción militar ha habido falta de independencia, lo que es incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”.
En la sesión, los jueces cuestionaron al Estado mexicano sobre la incongruencia de negar la participación de miembros del Ejército en la agresión a Inés sin que se haya concluido la investigación.
Además, preguntaron por más casos de violación sexual en que se hayan perdido pruebas de semen y las sanciones para los funcionarios negligentes; las atribuciones de los militares para allanar viviendas; de los protocolos y equipos médicos especializados para atender casos de violencia sexual en las agencias de investigación, así como sobre la asistencia de traductores de lenguas indígenas capacitados.