Cevallos, Acosta y Carrillo.
J. Cervantes, J. Carrasco y J.G. Olmos
MÉXICO, D.F., 24 de mayo (Proceso).- Las investigaciones para localizar al exsenador panista Diego Fernández de Cevallos, desaparecido desde la noche del viernes 14, están a cargo del general Arturo Acosta Chaparro, quien hace tres años fue exonerado por el Ejército de las acusaciones que lo implicaban con el narcotráfico y actualmente permanece en el Hospital Central Militar después de que un hombre lo baleó la noche del martes 18.
A los dos se les han atribuido, en distintos momentos, relaciones con el crimen organizado, en particular con el cártel de Juárez y quien fuera su líder, Amado Carrillo Fuentes. Ambos fueron blanco de agresiones en menos de una semana.
Consultadas por Proceso, fuentes que han estado cerca de la indagatoria que se sigue en Querétaro y otras cercanas al general afirman que éste fue “contratado” por “un despacho” ligado a Diego Fernández de Cevallos y a Lozano Gracia.
Este semanario también recabó versiones en el sentido de que los servicios de Acosta los solicitó directamente la familia del político y de que el militar había comenzado a trabajar en algunas hipótesis iniciales:
Una de ellas es que el plagio habría sido motivado por asuntos que involucran a Miguel Fernández de Cevallos, hermano de Diego.
De hecho, uno de los hijos de Miguel –dice una de las fuentes– aseguró en sus primeras declaraciones ante la Procuraduría General de la República (PGR) que el viernes 14 iba en su auto por la carretera federal cuando vio a su tío Diego en el asiento trasero de una camioneta, custodiado por dos hombres vestidos de blanco; declaración que no fue creíble para las autoridades.
Otras hipótesis que presuntamente verificaba Acosta Chaparro son las del narcosecuestro y la guerrilla.
Uno de sus primeros objetivos fue el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por su supuesta relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dicen a Proceso fuentes cercanas al militar.
Con un destacado historial en la represión de la guerrilla entre los años sesenta y ochenta, y ahora en su condición de asesor de primera línea de la Sedena, Acosta Chaparro se concentró en la información sobre la alegada relación de las FARC con grupos guerrilleros y del narcotráfico en México.
Desarrollaba esa línea de investigación cuando, la noche del martes 18, en la colonia Roma de la Ciudad de México, fue atacado por un sujeto que le disparó con un arma de fuego al momento de que el militar salía de la empresa de seguridad privada Elim.
Apenas unas horas antes, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) se había deslindado de la desaparición de Fernández de Cevallos.
“Se están deslindando, pero no les creas. Ese deslinde no quiere decir nada”, le comentó Acosta Chaparro a uno de sus hermanos con quien estaba llevando la investigación, según refieren las fuentes, y advirtió: “La agresión en su contra no fue un accidente. Fue un aviso para que no se meta”.
El profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Guillermo Garduño Valero, especializado en fuerzas armadas y seguridad nacional, coincide: “Por el sistema de información que manejó por décadas y gracias a las puertas que le abrió el actual gobierno para seguir manejando información sobre grupos guerrilleros, se puede focalizar por dónde pudo venir el ataque”.
En esa línea, señala: “El atacante sabía quién era, que no debía matarlo sino dejarlo fuera de la investigación. Eso explicaría que a pesar de haber ingresado por su propio pie al Hospital Central Militar lo hayan declarado grave”.
Quienes informaron a Proceso de la participación de Acosta Chaparro en la indagatoria corroboran que desde su exoneración y liberación el general empezó a prestar servicios a la Presidencia de la República.
Incluso, afirman, entrenó a un grupo de élite del Ejército para constituir la avanzada en operativos contra el crimen organizado, específicamente en el estado de Chihuahua. No obstante, aclaran que el militar ya no trabaja para la Presidencia y únicamente brinda asesoría a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Al cierre de esta edición su estado de salud aún era grave, porque el único proyectil que hizo blanco en su cuerpo lo hizo por el abdomen y salió por un costado.
La certeza sobre la relación entre el atentado contra el general y la desaparición de Diego Fernández está en manos del Ejército, porque el primer delito fue denunciado ante el Ministerio Público Militar. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal únicamente es coadyuvante en el caso y hasta el momento no cuenta con la declaración de Acosta.
Las medallas del general
Como resultado de una investigación que la PGR abrió en enero de 1996 –justo cuando su hasta entonces titular, Antonio Lozano Gracia, iba de salida–, la dependencia dio a conocer al año siguiente que se había detectado que el general Acosta Chaparro, junto con otro militar, protegía a Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez.
También el Ejército lo investigaba. Uno de los reportes de la Subjefatura de Inteligencia de la Sección Segunda del Ejército, fechado el 4 de abril de 1997 y dirigido a un general de apellido Sánchez, refiere una reunión del general Acosta Chaparro con Amado Carrillo. “Esta reunión –dice el informe– se realizó en una casa, en Jalisco, del exlíder nacional del PRI Javier García Paniagua”.
Tres meses después de ese encuentro, en julio de 1997, Amado Carrillo murió en el hospital Santa Mónica.
Al año siguiente, como parte del llamado Maxiproceso que realizó la PGR, Acosta Chaparro fue nuevamente investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico junto con el también general Francisco Quiroz Hermosillo.
Ambos fueron señalados por tres testigos protegidos: Carlos Colín Padilla, operador financiero del cártel de Juárez; Adrián Carrera Fuentes, exdirector de la Policía Judicial Federal, y Tomás Colsa MacGregor, un joyero que fue proveedor de varios narcotraficantes.
Las indagaciones sobre Acosta Chaparro continuaron hasta 2000. En septiembre de ese año fue detenido y procesado por sus presuntos vínculos con El Señor de los Cielos. El procurador militar que inició las indagaciones en su contra y determinó que era culpable fue Rafael Macedo de la Concha, quien meses más tarde, el 1 de diciembre, fue nombrado procurador general de la República por Vicente Fox, el primer presidente panista.
Tras el consejo de guerra al que fue sometido Acosta Chaparro en 2002, el general Tomás Ángeles Dahuajare lo condenó también a perder el grado y todos sus derechos.
Al iniciarse ese proceso, organizaciones de derechos humanos y familias afectadas por la desaparición de activistas sociales de Guerrero durante la guerra sucia de los años setenta interpusieron denuncias en su contra. Lo responsabilizaron de la desaparición y asesinato de varios líderes sociales. Estos cargos se sumaron al proceso por vínculos con el narcotráfico.
Poco antes de que concluyera el sexenio de Vicente Fox, en junio de 2006 Acosta fue absuelto por el Juzgado Cuarto Militar de la acusación de homicidio calificado, relacionada con la desaparición de 22 presuntos guerrilleros.
Con la llegada de Felipe Calderón a la Presidencia, la suerte de Acosta Chaparro cambió por completo: el “máximo jefe de las fuerzas armadas” lo exoneró siete meses después de su accidentada toma de posesión. El 29 de junio de 2007 Acosta Chaparro abandonó el Campo Militar número 1; y el 23 de abril de 2008, en la ceremonia de retiro de 23 generales del Ejército, se le devolvieron todas las condecoraciones que en 2002 le quitó el general Ángeles Dahuajare (actualmente en retiro).
No sólo eso: Acosta Chaparro recibió una nueva condecoración por 45 años de servicio con “patriotismo, lealtad, abnegación, dedicación y espíritu de servicio a México y sus instituciones”.
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