Manipuladores de ideas

Barómetro Internacional

Bruno Peron Loureiro

La cuestión migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos es grave y delicada. No es simple analizar un contexto en el que los colonizadores tuvieron matrices culturales completamente diferentes y la frontera de casi tres mil kilómetros divide a naciones que muy poco se entienden.

El american way of life y otros productos estadounidenses transponen la línea divisoria entre ambos países, inclusive hasta la venta de frutas en los supermercados mexicanos. En contrapartida, México les envía millones de trabajadores no especializados para ejercer actividades sobre todo como braceros.

Desde el punto de vista de los que abogan por las leyes anti-inmigratorias, no se debe acoger al migrante que busca mejores condiciones de vida que las que le ofrece su país de origen. Así, cada país es responsable por garantir la calidad de vida de sus ciudadanos, aunque ésta sea deplorable.

Estos argumentos sin embargo son despreciables y discriminatorios. Es el momento oportuno de recordar quienes son los Estados Unidos, un país que extrae riquezas humanas y naturales de medio mundo a fin de sostener un patrón de desarrollo concentrador y obsoleto.

Un patrón de desarrollo que promueve la opulencia de los dominadores en detrimento de la marginalización de los desposeídos. En los Estados Unidos sobreviven solamente aquellos que tienen posibilidades de pagar.

La última afrenta al bienestar de la especie humana fue el proyecto de ley migratoria 1070 del republicano Russell Pearce en el Estado de Arizona. Por 17 votos contra 11, con la oposición de todos los votantes demócratas, la ley autoriza a la policía a pedir documentos de identidad a cualquiera en la calle, para inhibir la inmigración ilegal.

El transporte y la contratación laboral de inmigrantes ilegales pasa también a constituirse en crimen, así como la falta de documentos. Con esta ley se intenta acorralar a los “indocumentados”.

Este proyecto de ley ha sido considerado como la medida anti-inmigratoria más rígida tomada en los EE.UU. para controlar la inmigración ilegal. El atropello de estas decisiones se basa en el dato de que existen alrededor de once millones de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos.

La pregunta que nadie se hace es cual será el criterio de los policías y los agentes de inmigración para parar a alguien en la calle y solicitarle documentos de identidad.

Grupos de derechos civiles, defensores de la inmigración y oficiales de la embajada mexicana en EE.UU. muestran su preocupación por el rumbo que el asunto toma. El miedo, la persecución y la desinformación son tónicas de la sociedad norteamericana, como se desprende de las pasteurizadas fórmulas de su cinematografía.

Críticos del proyecto de ley de Arizona afirman que la medida es anticonstitucional y tiende a oficializar prácticas discriminatorias, principalmente contra los “latinos” y los oriundos de países latinoamericanos, aunque pertenezcan a generaciones anteriores y sean por lo tanto ciudadanos norteamericanos por nacimiento.

Es incomprensible la fórmula por la cual un país esencialmente racista como EE.UU. se yergue como centro de la atención mundial y pretendido baluarte de desarrollo. Antes que eso son paladines de la desgracia, que es tan grande como las de las naciones postradas que recurren frecuentemente a la “ayuda” financiera de el ente sanguinario más “ejemplar”.

Los Estados Unidos quieren todo menos que los migrantes de países “tercer-mundistas” crucen la frontera en búsqueda del “sueño americano” o de aquello que les fue negado en sus países de origen.

Los anglosajones frenéticos son capaces de exhibir sin pudor la impiedad con leyes anti-inmigratorias como la 1070, sin que su efecto les cause el mínimo sentimiento de compasión, sobre todo de aquellos quienes les arrebataron la mitad de su territorio, los mexicanos.

El afán de los estadounidenses por dominar el mundo choca con la crisis de su propio sistema que protege a sus productores de algodón contradiciendo su propia receta de “libre comercio”. Ya son muy pocos hoy los que creen en estos prestidigitadores y manipuladores de ideas.

Ellos tienen el derecho de defender a sus ciudadanos y su territorio, pero con decencia y respeto hacia los demás seres humanos.

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