MÉXICO, D.F., 11 de junio (apro).- Cuando el agente infiltrado de la DEA, Enrique Kiki Camarena fue asesinado en México, el gobierno de Estados Unidos desató en México una cacería hasta dar con quienes, según la justicia de ese país, fueron los responsables.
Además de una intensa campaña mediática para denigrar a México, el gobierno estadunidense violó todas las reglas para internarse en el territorio nacional, secuestrar a algunos de los alegados asesinos y presentarlos ante una corte federal.
Ahora que agentes de la Patrulla Fronteriza, en hechos distintos, asesinaron de forma artera a dos ciudadanos mexicanos, uno de ellos un menor de 14 años, Felipe Calderón está obligado a requerirle a la administración de Barak Obama la detención con fines de extradición de uno de los criminales, quien asesinó al adolescente dentro del territorio mexicano.
Calderón conoce bien el procedimiento. Solícito como ningún otro presidente, es quien más ciudadanos mexicanos ha entregado a la justicia de Estados Unidos para ser juzgados en ese país.
A la mitad de su sexenio, de diciembre de 2006 a enero de este año, ya había extraditado a 316 personas acusadas de cometer delitos en Estados Unidos, la mayoría acusada de narcotráfico.
Las propias cifras oficiales indican que en tres años, Calderón había extraditado ya un 50 por ciento más que su antecesor en todo su sexenio. Vicente Fox mandó a 219 mexicanos para ser juzgados en tribunales estadunidenses.
Esas cifras, que le han valido a Calderón la felicitación de Estados Unidos, corresponden a un informe conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República. (PGR)
Tal y como el gobierno estadunidense lo hace con los mexicanos que cometen delitos en ese país, no sólo en el caso de narcotraficantes, Calderón está en condiciones de requerir al asesino del menor Sergio Adrián Hernández, muerto en territorio nacional, en Ciudad Juárez.
El ocupante de Los Pinos no puede hacerse el desentendido ante la indignación social causada por ese asesinato y la muerte a golpes y choques eléctricos de Anastasio Hernández Rojas, a manos de patrulleros fronterizos en la garita de San Isidro, California, en la frontera con Tijuana.
Indiferente, Calderón ha visto durante su gobierno cómo decenas de mexicanos han sido asesinados en hechos parecidos.
Oficialmente, la SRE admite que en 2008 cinco mexicanos fueron asesinados por agentes de la Patrulla Fronteriza. De acuerdo con Human Rigths Watch, organización con sede en Washington, en 2009 fueron 12 y en lo que va de este año, 17.
En su guerra contra narcotraficantes, que no contra el narcotráfico, otro asesinato como el Camarena no sería extraño. Si en marzo de 1985 se desató una furia antimexicana desde la Casa Blanca y el Congreso estadunidense por la muerte de Camarena, esta vez las presiones contra México no serían menores.
Ese escenario no se descarta si se toma en cuenta que, además de la violencia descontrolada, ha crecido el número de agentes de la DEA que opera en México, sobre todo en el Distrito Federal, Monterrey, Cancún y Ciudad Juárez.
Según información que la SRE tuvo que revelar por medio de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Gubernamental, hacia 2008, antes de la Iniciativa Mérida, eran 227 agentes encubiertos los que operaban en el país.
El atentado contra el consulado estadunidense en Monterrey, las amenazas de bombas y el asesinato de tres personas vinculadas al consulado en Ciudad Juárez y la creciente operación de agentes infiltrados de la DEA en México, hacen que ese escenario tampoco sea remoto.
Si así fuera, las presiones estadunidenses no acabarían hasta “dar con los criminales”, someteros a juicio bajo sus leyes y, por lo menos, condenarlos a cadena perpetua.
Aunque no hay nada que indique una posición a la altura de la indignación social, lo que hará Calderón se sabrá cuando regresé de ver el fútbol en Sudáfrica.
jcarrasco@proceso.com.mx
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