GSM, totalmente fuera

Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS

“Más vale el buen nombre que las muchas riquezas”.- Miguel de Cervantes Saavedra

Al no encontrar ya ningún argumento que lograra convencer tanto a los diferentes grupos al interior del PRD como a sus aliados en el Partido del Trabajo y en Convergencia, a Jesús Ortega no le quedó otro remedio que dejar fuera de la contienda a Gregorio Sánchez Martínez y señalar que tendrá que cumplir con los mandatos de la ley electoral. Sin atreverse a dar la cara, el “chucho” mayor se hizo escuchar a través de Armando López Campa, secretario general del CEN de Convergencia, quien enfático pronunció: “Sí será sustituida la candidatura de Gregorio Sánchez al gobierno de Quintana Roo”, al tiempo de subrayar que la decisión fue tomada por los dirigentes de los partidos integrantes del DIA.
Informó que cuentan con una lista de 10 prospectos para la sustitución del ex alcalde y que a partir de este viernes, están analizando minuciosamente sus currículum. Esta decisión viene a derrumbar de un jalón todas las mentiras expresadas por Jesús Ortega y la reconstrucción que deba llevar a cabo ese partido, se antoja muy difícil ante el desgaste provocado por la serie de falsedades y amenazas que dé cara a los ciudadanos quintanarroenses —y en particular a los que habitan en Cancún—, expresó el líder nacional perredista. El dirigente de Convergencia refirió que en la decisión pesó el hecho de que si no se acataba lo que señaló el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el sentido de retirar de inmediato la propaganda de “Greg” y presentar antes del 8 de junio un nuevo candidato para la elección de gobernador, “los tres partidos podrían perder las prerrogativas correspondientes”. Abundó en que la sustitución de Greg se determinó porque aunque la autoridad electoral le restituya sus derechos políticos, definitivamente no es posible que pueda obtener su libertad, “ni pagando una fianza, por la gravedad de los delitos” relacionados con el narcotráfico.
Tal y como sucedió hace 4 años, el único activo limpio con el que cuenta ahora el Partido de la Revolución Democrática tiene un nombre: Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño ha logrado mantenerse al margen de cualquier tipo de componendas, se ha enfrentado una y otra vez a los espacios informativos cerrados, mismos que en ocasiones logra abrir por lo innegable del impacto de su presencia, como sucede cada vez que, con su llamado, la plancha del Zócalo capitalino reúne a decenas de miles de ciudadanos. Y, en el presente, con todo lo que se ha registrado en la cúpula de ese partido tiene un elemento más a su favor: hablar con la verdad.
Hasta hoy, ninguno de los señalamientos, de las acusaciones vertidas por el ex candidato presidencial ha caído en la falsedad. Uno a uno se han ido documentando, se han hecho del dominio público, no han sido desmentidos y se ha dejado en claro el saqueo que hemos sufrido los mexicanos de manos del gobierno panista y de otros priístas. López Obrador ha llevado a cabo una intensa campaña de cuatro años, en los cuales no sólo enfrenta al poder en turno y a los otros partidos opositores, sino al “fuego amigo” proveniente de las filas de los “chuchos”.
Y es aquí donde la diferencia es muy clara. Con relación al caso Gregorio Sánchez Martínez, el ex candidato presidencial no duda en declarar que puede haber intenciones políticas detrás de su destitución como candidato, aunque recalca con mayor severidad que no puede decir si es culpable o no y, sensatamente, deja en manos de quienes procuran la Ley e investigan tal determinación. Toda esta prudencia, las muestras de cordura y de buen manejo político obviamente que no se refleja en las actitudes de Jesús Ortega, o del propio Zambrano o del ya abiertamente aspirante presidencial Carlos Navarrete.
La conferencia de prensa efectuada en la Ciudad de México, encabezada por el líder nacional solaztequista, dio cuenta de la insistencia de Ortega de retar, no al PAN, ni al PRI, sino a los jueces para que violenten los dictados que aparecen en la Carta Magna, en la Constitución, en el Código Penal, al reiterar que Gregorio Sánchez Martínez no tiene sus derechos políticos cancelados. Pero si eso sucedió la mañana de ayer, en la tarde pasó a ser historia frente a las declaraciones que también, en conferencia de prensa, presentaron los partidos integrante del DIA. Ortega insistía, malévolamente, en que su queja tendría eco y que tras las rejas podrían contar con candidato a la gubernatura de una Entidad cuya importancia radica en la actividad turística, en ser la ventana del país al mundo, en la enorme cantidad de divisas que enriquecen las reservas internacionales. De esa manera, mostraba una abierta rebeldía sobre el tiempo que tienen de plazo tanto para quitar la propaganda del que decían seguía siendo su candidato como para registrar a su suplente. Sin embargo, el hecho de perder las prerrogativas, es decir, el dinerito que se entrega a los partidos para la realización de campañas también influyó en su cambio de determinación.
Ahora que, no contentos con tales acciones, los dirigentes partidistas del DIA juegan con los nombres de quienes podrían sustituirlo. Lo mismo hablaron de Niurka Sáliva, esposa de Sánchez Martínez, como de su hija Karina Alfaro, pareja del candidato a diputado Alejandro Luna. O de otros 10 curriculum que, según, están analizando. Y, sobre este renglón, al sacar el nombre de la señorita Karina, obligan a que, con aspiraciones de tal magnitud, se busque conocer sus antecedentes. De ahí que se sepa que no lleva el apellido paterno porque su señora madre decidió registrarla como su hermana. O sea que, sin el menor rubor, ponen en los aparadores, bajo los reflectores, la vida íntima, personal, de una jovencita que no está preparada para ninguno de estos embates.
No es explicable la actuación de Jesús Ortega en el terreno político y de ahí que las versiones sobre entregas económicas fuertes, de esas que obligan, sean las que estaban logrando que se mantuviera una defensa irracional. Porque, habrá que subrayarlo y muy bien, el PRD en Benito Juárez, en todo Quintana Roo, no nació con la llegada de Ortega o de sus “chuchos”, o de don Gregorio, ya estaba aquí, ya se había registrado su posición, tenía militantes y dirigentes en prácticamente todos los ayuntamientos y a nivel estatal. ¿Por qué ninguno de ellos ha sido siquiera nombrado para sustituir al ex alcalde con licencia? O sea que, como afirmara Juan Ignacio García Zalvidea, en las filas perredistas, a nivel nacional, donde se otorgan las candidaturas, ¿si no hay dinero no existe oportunidad alguna y estas posiciones están al mejor postor?
Las aberraciones fueron multiplicándose, se extendieron. Gerardo Mora Vallejo, coordinador de la campaña de la alianza PRD, PT, Convergencia, sostenía que la campaña seguiría sin candidato aunque, a partir de ayer, cambió de opinión al saber que su nombre está incluido entre los 10 sustitutos del ex abanderado perredista. Lo que más temen es que la gente que habita en ese lugar, como ya viene haciéndolo, manifieste su rechazo hacia Julián Ricalde, al prever que no realizará ninguna acción que muestre la culpabilidad de Sánchez Martínez, de Carlos Trigos, de Javier de la Vega, de “El Puma”, de todos los involucrados con los hurtos a la comuna y menos aún, devolverán el dinero que es lo que ya se reclama porque “los encierran un tiempo o los inhabilitan pero la bolsa nunca se las tocan”.
Expectantes, los militantes ven derrumbarse al Sol Azteca. El grupo de diputados federales lopezobradorista presionó a la dirigencia nacional a designar ya un nuevo candidato al gobierno quintanarroense para sustituir a Gregorio Sánchez, procesado por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado. Exigen cerrar ya el caso “Greg” y dejar el encarcelamiento en el ámbito judicial para no afectar la imagen de otros candidatos en otras entidad y a fin de evitar los riesgos de no alcanzar la votación suficiente (más del 3 por ciento) y quedarse sin representación en el Congreso estatal. El PRD, dicen, no debe perder más tiempo, pues también “está encima” el plazo para iniciar la impresión de boletas electorales.
Queda claro que “los chuchos”, quienes intentaron borrar a López Obrador del mapa perredista, dejarlo incluso sin partido, hoy han evidenciado que es el único activo limpio con el que cuenta. Ni mentiras, ni componendas, ni complicidades, ni relaciones con el mundo de la mafia, de la delincuencia organizada, de los malos que no sólo saquean sino que matan, drogan, violan, asaltan, secuestran, decapitan, cuecen, que arrojan cadáveres a fosas, se ligan en ningún momento al tabasqueño; menos aún los arreglos con el poder a cambio de prebendas y bajo argumentos de “diálogos políticos”; nada de viajes al extranjero con toda la familia todo pagado, nada de mansiones y autos lujosos. Ya los “chuchos” no parece que puedan negar canonjías y acuerdos económicos y acercamientos con los malosos. No, después de Sánchez Martínez. No, después de obligar la votación a favor de medidas que han terminado de hundir la ya de por sí insuficiente economía familiar.

AHORA CONTRA TRABAJADORES
La reforma laboral propuesta por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso de la Unión, elaborada en el escritorio del secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, en estricto cumplimiento de las instrucciones de la oligarquía empresarial del país, tiene como finalidad eliminar las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos logradas tras largas y sacrificadas jornadas de lucha a lo largo de los dos siglos pasados, poner a México en condiciones de “seguir siendo atractivo a la inversión” internacional, convirtiéndolo en una mera entidad manufacturera, y transformar al Estado mexicano en un vulgar “pollero” que diga “tú te vas y tú no te vas” a Estados Unidos.
Paralelamente, el panismo calderonista, quien intenta sentar a negociar a la bancada priísta con esta reforma-anzuelo para cumplir los dictados del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como de poderosos grupos empresariales, locales y trasnacionales, pretende establecer consignas y liderazgos con miras a la elección presidencial del 2012, en cuyo contexto la política de ofensiva y agresividad laboral contra los trabajadores gremiales, como los mineros y los electricistas, ha posicionado al zedillista Lozano Alarcón, le ha dado una fama muy negra que lo ha ido convirtiendo en el “hombre fuerte” de la derecha ortodoxa que pretende liderar los destinos del futurismo albiazul. Es, en los hechos, una apuesta por un nefasto funcionario público al que pretenden hacer crecer política y artificialmente.
Especialistas en derecho laboral, consultados y entrevistados en el programa radiofónico “Estado de los Estados”, dirigido por quien esto escribe y que se transmite por la estación 620 de AM, de la Cadena Rasa desde la capital de la República, coinciden en señalar que la propuesta de reforma laboral de Acción Nacional, así como fue elaborada, “no va a pasar” en el Congreso de la Unión. Señalan que no cuenta con el apoyo de las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD que han manifestado su abierto rechazo a esas pretensiones contra los trabajadores mexicanos y del sindicalismo corporativo, y sostienen que se trata simplemente de una carnada para tratar de sacar provecho en río revuelto para un régimen que le ha faltado capacidad para gobernar y que se está desdibujando.
Este es el contexto en el que iniciarán, el próximo lunes 7 de junio, los foros de análisis sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que organiza la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Monterrey, Guadalajara, Mérida, Tijuana y el Distrito Federal, y en la que participarán trabajadores, académicos, investigadores, organizaciones sociales y representantes del sector empresarial, con el propósito de presentar el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, en septiembre, “una propuesta consensuada que impida que sea trastocado el derecho de huelga, la contratación colectiva y la autonomía sindical”, como lo pretende la iniciativa panista, y que responda a la necesidad de “elevar la competitividad de las empresas con respeto pleno a los derechos laborales, consagrados en el Artículo 123 Constitucional”.

DE LOS PASILLOS
Muy poca atención, casi nula, ha concedido Felipe Calderón a la tragedia de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la cual murieron 49 niños y se registraron 74 lesionados. Cierto que fue dos días después de la tragedia, el 7 de junio pasado, pero no se ha vuelto a parar y su administración, al igual que lo hizo la del ex gobernador Eduardo Bours, se esforzó inútilmente por eludir responsabilidades. La magnitud de la tragedia sacó al PRI de la silla gubernamental y fue factor determinante para que llegará al gobierno estatal el panista Guillermo Padres Elías, quien prácticamente nada ha hecho para cumplir sus compromisos de campaña y castigar a los responsables. Así como Calderón ha optado por no visitar Hermosillo, y hasta el momento no lo ha programado, su correligionario Padrés Elías evade el tema referente al proyecto de dictamen del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, que responsabiliza a Juan Molinar, titular de la SCT; Daniel Karam, director del IMSS; al ex gobernador Eduardo Bours y al ex alcalde Ernesto Gándara, y sólo señala que “estaré en espera de que se resuelva”. El que sí avaló el posicionamiento del ministro Zaldívar fue el diputado perredista Emilio Serrano, presidente de la Comisión Especial que investiga e siniestro de la Guardería ABC, quien recalcó que los funcionarios señalados tienen graves responsabilidades en el caso.
Ante su manifiesta incapacidad para resolver los conflictos y problemas relacionados con el sector educativo del país, lo que ha obligado a numerosos grupos de profesores de diversas entidades a trasladarse hasta la capital de la República para poder establecer desde aquí los mecanismos que les garanticen mejores condiciones para su sector, el titular de la SEP (Secretaría de Educación Pública), Alonso Lujambio, opta por descalificar a los mentores, calificándolos de “mexicanos minoritarios, irresponsables”, y “vándalos”, luego de que un grupo de integrantes de la Sección 18 de la CNTE protestó en el edificio sede de la SEP, donde rompió vidrios y dañó una puerta que data de 1731. Ese funcionario también criticó a la Policía del Distrito Federal por no actuar contra los inconformes. Sin embargo, no tuvo que ir muy lejos por la respuesta que le dio de inmediato José Ángel Dávila, secretario de Gobierno del DF, quien informó que la Secretaría de Gobernación no pidió la intervención de los elementos de los policias capitalinos para resguardar las instalaciones de la SEP, toda vez que estas estaban protegidas por la Policía Federal Preventiva. Además, criticó que la presencia de profesores de prácticamente todos los estados de la República en el DF se deba a que vienen a solicitar solución a problemas que corresponde resolver precisamente a Alonso Lujambio.

(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com)