El asesinato del candidato puntero a gobernador de Tamaulipas conmovió al país. Calderón convocó paladinamente a las fuerzas políticas a definir unidos ¿qué hacer? ¿Unificará, si instiga la división, reprime movimientos sociales, persigue y encarcela líderes, agrede a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pretende silenciar a la prensa, divide con dobleces?
El caso del Sindicato Mexicano de Electricistas ejemplifica la sevicia pública. Pero, albricias, el Senado convoca a dos foros, el 29 y 30 de junio, para analizar el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro con el que Calderón maquina aniquilar a un sindicato nacionalista y desemplear a 44 mil trabajadores. Comprometieron difundirlo por el Canal del Congreso. Oportunidad para esclarecer una acción de efectos políticos y sociales demoledores. Tenemos por un lado una campaña oficial de medios, satanizadora del sindicato, presiones y amenazas. Por otro, movilización y resistencia pacífica de los trabajadores.
El Primer Foro exhibió la inconstitucionalidad del decreto presidencial. El sindicato pidió amparo, negado en primera instancia con un argumento aterrador: los derechos individuales deben ceder ante “intereses superiores de la nación” en el caso de una empresa ineficiente, o sea, por encima de la Constitución ubican “intereses superiores”, ¿los de un poder totalitario? El recurso de revisión está en la Suprema Corte con 57 agravios por violaciones a la Constitución: falta de fundamento y motivación, violaciones a la garantía de audiencia, al derecho al trabajo, a los derechos explícitos de los trabajadores, carencia de facultades del Presidente.
Calderón decretó la desaparición de una empresa pública, la terminación del contrato colectivo y las relaciones de trabajo de 44 mil personas, lo que requiere legalmente un proceso en Conciliación y Arbitraje, una demanda, audiencia a los trabajadores y acreditar la causa de fuerza mayor alegada, y sólo después de la autorización, en su caso, se puede proceder a la liquidación.
No fue así. La víspera de la firma por el Ejecutivo del decreto, a las 10 de la noche, en la oscuridad, policías armadas ocuparon violentamente las instalaciones de la empresa, echaron a los trabajadores a la calle. Las televisoras coludidas advertían: en un momento Presidencia informaría algo. Llegó la noticia después de la ocupación policiaca y se inició una feroz campaña de difamación. Días después se solicitó a la Junta de Conciliación, presidida por un ex empleado del secretario del Trabajo, Lozano, la autorización de la terminación del contrato, laudo nulo dictado a posteriori. Se advirtió a los trabajadores que quedaban desempleados, pero de aceptar su liquidación les darían un bono “copeteado”, indigno abuso de poder. Dispuso el gobierno dinero público para esta liquidación “a fortiori”, fuera de presupuesto, peculado. Violó Calderón la Constitución en sus artículos centrales, la esencia de su contenido, las garantías sociales y las responsabilidades del Estado, en los artículos 25 y 26. Él y su gobierno conculcaron la norma en la que se sustentan.
Afirma Mario de la Cueva, maestro emérito: “la Constitución es la norma que organiza los poderes y determina las competencias, por lo que es superior a las autoridades investidas por ella de atribuciones, de ahí que la autoridad que actúa en contra de la Constitución da un golpe de Estado y pierde su legitimidad”.
Golpe de Estado es el rompimiento violento del orden constitucional, urdido por el propio aparato del Estado, utilizado para imponer sus dictados. Ese es el golpe de mano de Calderón para eliminar por encima de la Constitución un sindicato que le estorbaba. De no restablecer el orden constitucional, el poder quedará facultado para imponer su voluntad por encima de la Constitución. Desliz a la dictadura.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
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