Los levantones de jornaleros son cada vez más frecuentes en los campos agrícolas de Sinaloa, donde cada año llegan de distintos puntos del país a cultivar hortalizas, cortar tomate, pizcar algodón, aunque pocos casos se denuncian. Si el campesino tiene suerte, después de sembrar o cosechar enervantes, el narcotráfico lo devolverá sano y salvo.
El 11 de noviembre de 2008, un comando armado a bordo de 20 camionetas Hummer y Cheyenne cercó los galerones donde dormían los acasillados (originarios de Oaxaca) en el campo La Guajira, sobre la carretera Culiacán-El Dorado, municipio de Navolato. Mientras subían a 27 hombres, las mujeres fueron sometidas en las barracas y advertidas de no llamar a nadie. Tres días después, 16 de ellos fueron liberados.
El 9 de mayo de 2009, un comando se llevó a 50 jornaleros de la empacadora agrícola Nazario, en Mocorito. Una semana después, fueron liberados algunos. Ante la Procuraduría de Justicia del estado (averiguación previa 69/2009), varios narraron cómo fueron obligados a sembrar enervantes en algún punto de la sierra por sujetos encapuchados y armados.
?¿Piensan regresar? –se les pregunta a algunos de estos campesinos. La respuesta es generalizada: para todos, vale más el hambre que el miedo.
Apenas en enero, en el Campo Santa Fe de la agrícola Beltrán, ubicado en el kilómetro 2.5 de la carretera La Palma-Vitaruta, en Navolato, “se perdió” José Crescencio Ildefonso, un joven de 30 años de edad, según reportó su familia.
Hay también reporte de 26 hombres “desaparecidos” en Villa Unión, Culiacán, Guamuchil, Navolato y la carretera Sinaloa-Torreón, algunos levantados por hombres armados, según acreditan los testigos. De otros, nadie vio nada.
La mayoría se registró entre agosto y septiembre de 2008. Con un lapso de siete meses de diferencia, los hermanos Jesús Alberto y Gorgonio Rendón Yáñez, de 44 y 41 años de edad, fueron “sustraídos” de su domicilio de Altata y El Tetuán, Navolato, por sujetos armados que se los llevaron a bordo de camionetas.
Está también Francisco Manuel López Escobar, mecánico de 24 años de edad. El 26 de octubre de 2009, a su taller llegaron unas personas a pedirle revisar su vehículo varado en la maxipista. En el camino, se les atravesaron unos carros de los que descendieron hombres encapuchados y se los llevaron.
El 25 de agosto de 2009, mientras transitaba por la autopista Mazatlán-Sinaloa a la altura del municipio de Elota, el autobús número 4256 de la línea Tap, proveniente de Sonorita, Sonora, con destino a Morelia, fue detenido en un retén de supuestos agentes de la Procuraduría General de la República (PGR). Subieron a la unidad y bajaron a Noé López Rivera, de 29 años. Se lo llevaron con destino desconocido.
En las inmediaciones de un autobús, también “desapareció” Macario Urizar Quiñonez, quien regresaba a su natal Guatemala. A su paso por Sinaloa, cuando se bajó a cenar con Ludwing Zacarías, fue a un baño y no regresó al camión. Infructuosamente lo buscaron en la zona.
En tierra de alacranes, ley del narcotráficoTorreón y Durango comparten algo más que la geografía y la afición por el pasito duranguense. Unos dicen que los 72 kilómetros que hay entre Torreón y Cuencamé están bajo control de Los Zetas; otros, que bajo el mando del Chapo Guzmán. Lo cierto es que, a punta de levantones, el narcotráfico impone su ley, cobra sus rentas, mantiene bajo control a las poblaciones y levanta jornaleros a diestra y siniestra.
Desde marzo pasado, José de Jesús Esparza Chaires, oriundo de esa zona, y naturalizado ciudadano estadunidense, denunció en el noticiero de Carmen Aristegui que, en Cuencamé, el narco levanta civiles para explotarlos laboralmente, incluidos dos de sus hermanos. Narró una historia escalofriante: poblaciones enteras cercadas por el narco. Extrañamente, en medio de la “guerra” oficial contra el narcotráfico, ninguna autoridad se ha ocupado de atender la situación que vive Cuencamé, que a poco se convierte en pueblo fantasma.
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