Ante la debilidad de las corporaciones policiacas para combatir al crimen organizado, pues sus elementos están en total desventaja frente a los sicarios que laboran para los cárteles de la droga, la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) echará mano de 40 mil guardias de seguridad privada que se sumarán a la guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.
Este apoyo de la iniciativa privada quedará plasmado en un “convenio” que están por firmar la SSP y el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), el cual aglutina a las 200 empresas de seguridad más importantes del país, que tienen sus propios guardias, escoltas y agentes investigadores, así como la más avanzada tecnología en el ramo.
Alejandro Desfassiaux, presidente del CNSP, adelanta a Proceso:
“Mediante un convenio, 40 mil guardias de seguridad privada del país tendrán coordinación con Seguridad Pública federal, con el fin de apoyar la lucha contra el crimen organizado.”
Añade que a las empresas también “les está afectando el crimen organizado”, por lo que el CNSP decidió meterse de lleno en la lucha para combatirlo, ofreciendo de entrada a sus miles de elementos.
Y agrega:
“Ayudaremos a detener el crimen. Pero también vamos a necesitar del apoyo federal, a través de inteligencia policial, para acabar de raíz con los problemas de las bandas organizadas que operan en distintas partes del país, bajo modus operandi totalmente distintos.”
Indica que realizarán una “coordinación operativa” con la SSP, mediante el “convenio que ya estamos por firmar”.
Desfassiaux prefiere no dar más información sobre ese acuerdo con la dependencia encabezada por Genaro García Luna, toda vez que aún se afinan sus detalles. Eso sí, asegura que, en este momento, el crimen organizado le está ganando la batalla a las corporaciones policiacas a las que vendrán a reforzar.
“Los delincuentes han terminado por tener más fuerza que la policía. Pero lo más grave es que parte de la policía se ha pasado al lado de la delincuencia, dejando contactos dentro del sistema. Así se establece una coordinación perfecta. Ya no hay fronteras entre los buenos y los malos”, dice.
Y enumera las principales desventajas de la policía que han provocado el fortalecimiento del narcotráfico: bajísimos salarios, desventaja física, baja capacidad de fuego, deficiente capacitación, falta de coordinación entre las corporaciones policiacas y carencia de un verdadero sistema de inteligencia policial.
A esto se agrega, dice, el continuo desinterés de los gobiernos, que han utilizado los recursos económicos destinados a los organismos de seguridad para sus fines políticos y electorales.
Entrevistado en sus oficinas de la colonia Anzures, a un costado del hotel Camino Real, Desfassiaux describe así al típico policía mexicano:
“Mal uniformado y sin ninguna función específica. A cuántos policías no te dan ganas de darles dinero para un refresco, y no porque te estén infraccionando, sino porque sólo de verlos dices: ‘Pobre cabrón. Se ve que tiene hambre’. Ese es el verdadero problema de nuestra policía, el hambre.”
Municipios desprotegidos
La situación es tan grave que según datos de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Policías Estatales y Municipales, de la SSP federal, actualmente hay más de 400 municipios en el país que ni siquiera cuentan con un cuerpo policiaco propio.
Esas cifras –contenidas en el informe Municipios por entidad federativa que no cuentan con algún cuerpo de seguridad propio– revelan que los municipios sin policía se concentran en 18 estados del país. Oaxaca ocupa el primer lugar, con 362 municipios en esa condición. Le siguen Chiapas, con nueve; Veracruz, Jalisco y Yucatán, cada uno con seis, luego Guerrero, Puebla y Sonora, cada uno con cuatro alcaldías sin seguridad.
Zacatecas y Coahuila tienen dos municipios sin policías locales. En tanto que el Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima y Chihuahua reportan un municipio que carece de cuerpo de seguridad.
La SSP también ha informado que en mil 783 municipios –más de la mitad de los 2 mil 419 del país– tienen, cada uno, menos de 100 policías.
El problema se agrava si se considera que 62% de esos policías recibe un salario de menos de 4 mil pesos mensuales. Y 68.3% no cuenta ni siquiera con educación primaria.
En distintos foros, García Luna ha dicho que si prosigue este rezago en infraestructura humana, no se podrá erradicar el crimen organizado ni la corrupción policiaca. Por ello propone que las policías municipales pasen a formar parte de las 32 policías estatales, bajo un mando único.
Por su parte, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Monte Alejandro Rubido García, comenta que casi la mitad de los policías municipales –42.7%– son relativamente viejos para cumplir con sus funciones, pues sus edades fluctúan entre 36 y 55 años.
El pasado 14 de julio, Rubido García participó en el Foro Nacional sobre Federalismo, Municipio y Seguridad, organizado por la Cámara de Diputados en su recinto de San Lázaro. Ahí planteó que el Ejército dejará la lucha contra el narcotráfico hasta que exista una policía fuerte.
–¿Las 32 corporaciones policiacas significarán el regreso del Ejército a sus cuarteles? –se le pregunta.
–Conforme vayamos teniendo policías más sólidas, como hoy día es la Policía Federal, más rápida será la vuelta de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.
Pero de los 433 mil 222 elementos policiacos que hay en México, divididos en los tres órdenes de gobierno, la Policía Federal apenas representa 9.7%, apunta el funcionario.
En ese foro, el diputado Alejandro Encinas, coordinador de la bancada del PRD, rechazó el proyecto de una policía única, con el argumento de que la excesiva concentración de mando provocará mayor corrupción.
Abismal desventaja
Las corporaciones policiacas, dice Desfassiaux, cuentan con elementos que se encuentran en desventaja física frente a los sicarios contratados por el narcotráfico, quienes son pistoleros jóvenes cuyas edades fluctúan entre 18 y 24 años.
“Al policía viejo le preocupa mucho no exponerse, irla llevando tranquilamente. De ahí que cuando recibe una llamada de emergencia prefiere no encarar al delincuente. Es una cuestión de sobrevivencia natural. Los reflejos de un cincuentón son más lentos que los de un chavo de 18 años. El policía no se enfrentará, por miedo… o porque tiene compromisos con el crimen organizado.”
La obesidad ha sido un problema constante entre los elementos policiacos de todo el país, por lo que son muy vulnerables a la diabetes, a la hipertensión y a los padecimientos cardiovasculares. Algunas corporaciones intentan someter a dieta y ejercicio a sus integrantes obesos.
Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) puso en marcha el Programa Integral Contra la Obesidad, pues se dio cuenta de que siete de cada 10 policías capitalinos tienen de 8 a 25 kilos de sobrepeso.
El doctor Alfredo Peniche, quien labora en ese programa, asegura que “la cultura de botanear está presente en la mayor parte de nuestra población. La policía tiene también esa costumbre”.
Y Nora Frías, subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, del gobierno capitalino, dice que “este año hemos llevado seguimiento de 6 mil consultas. No sólo se cuida el peso, también enfermedades como hipertensión y diabetes”.
El problema es tal que, en son de broma, ya se comenta que al policía mexicano podrá escapársele el delincuente… pero jamás un puesto de tacos.
¿Cómo afecta la obesidad al desempeño policiaco? El estudio Para profesionalizar a nuestros policías, que este año elaboró el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), da una respuesta precisa:
“La condición física de la mayoría (de los policías) es deplorable… Siete de cada 10 agentes no tienen la capacidad de perseguir a un delincuente por más de 100 metros.”
El documento agrega:
“Nuestros policías de investigación padecen serias carencias para realizar la función que tienen encomendada; a saber, la de auxiliar al Ministerio Público en la persecución de los delitos lo que exige, entre otras cosas, el dominio de las diversas disciplinas que integran la criminalística.
“Unos y otros con frecuencia no poseen siquiera los conocimientos básicos o la práctica indispensable de defensa personal, tiro con armas de fuego, informática o razonamiento oral o escrito.”
También indica que la baja remuneración favorece la corrupción policiaca:
“Los bajos salarios y la precaria situación laboral propician el descuido en el empleo, los actos de corrupción, tales como sobornos y exacciones, y en el peor de los casos la connivencia con delincuentes.”
Acerca de este punto, Desfassiaux plantea:
“Por supuesto que para un policía, así reciba un alto salario de 6 mil pesos mensuales, resulta muy tentador pasarse a las filas del narco, donde le pagarán unos 30 mil pesos al mes. Hay una gran diferencia salarial. Por eso la infiltración del crimen organizado alcanza a la policía y a los presidentes municipales.
“El policía mexicano –agrega– tiene muy bajas prestaciones laborales. Vive prácticamente en el desamparo. En cambio, pregúntele usted a cualquier policía de condado de Estados Unidos por qué sigue en activo, y le contestará que lo hace por el sueldo, las prestaciones y la jubilación. Los policías locales estadunidenses pueden pagar la educación universitaria de sus hijos. Reciben una recompensa final. El mexicano no.”
–¿Y cómo anda la capacidad de fuego de nuestra policía, en comparación con la del narco?
–Es bajísima. Le pongo sólo un caso ilustrativo sobre el punto; muchos policías siguen usando los viejos revólveres 38, obsoletos desde hace más de una década. Igualmente baja es su preparación en prácticas de tiro y armamento. En cambio, el narcotraficante opera con armas de alto calibre que renueva constantemente. Estamos hablando de fusiles AK-47 o de armas calibre 50, que perforan vehículos blindados. Entre uno y otro bando, la diferencia en la capacidad de fuego es abismal.
Inoperancia
En la lucha contra la delincuencia organizada hace falta que las corporaciones trabajen de manera conjunta. Acerca de este aspecto, el presidente del CNSP resalta además la “falta de coordinación” entre las policías federales, estatales y municipales, que resta eficacia al combate contra el crimen organizado. “Cuando, por ejemplo, la Policía Federal quiere auxiliar a un estado o municipio, no puede comunicarse porque son distintas las frecuencias y claves de radio de las policías locales”, dice.
También lamenta la falta de una eficaz inteligencia policial:
“Sobre todo en la parte económica hace falta una mayor inteligencia en coordinación con la Secretaría de Hacienda, para saber de dónde provienen los recursos de la delincuencia y en qué negocios se lava el dinero ilícito. Así se afectaría verdaderamente a los recursos del narcotráfico.”
Considera que la debilidad del sistema policiaco es un problema estructural provocado por las propias autoridades.
“Los gobernantes en turno –puntualiza– han utilizado los recursos de las corporaciones policiacas para sus fines políticos y electorales. Ahí está el reciente caso de las llamadas telefónicas que le grabaron al gobernador de Veracruz, donde pide utilizar para las campañas los recursos de las patrullas. Por los mismos motivos, muchos alcaldes se oponen a la supresión de las policías municipales para crear una policía única. Las ambiciones políticas personales siempre se anteponen al beneficio social.”
Los 40 mil guardias privados que se sumarán a los cuerpos policiacos en la lucha contra el crimen, aclara Desfassiaux, pertenecen solamente a las 200 empresas de seguridad privada afiliadas al CNSP, que son las más importantes del país y tienen la certificación de la SSP.
Entre esas compañías destacan las pioneras en el país: Multisistemas de Seguridad Privada, Argos, Mexicana de Seguridad, Pinkerton y Protección y Vigilancia. Cada empresa recluta y adiestra a sus propios guardias en prácticas de tiro, manejo de armamento, actuación en situaciones de crisis, defensa personal, primeros auxilios, etcétera.
Aparte de guardias privados, ofrecen el servicio de escoltas y de agentes investigadores, que lo mismo indagan un delito o negocian el rescate de un secuestro, remplazando así a la policía. Además, comercializan chalecos antibalas, ropa blindada, equipos electrónicos de seguridad y blindaje de vehículos.
Debido a la inseguridad, esas empresas se están multiplicando a velocidad meteórica en México, al grado de que es una industria que ya factura alrededor de 28 mil millones de pesos al año y proporciona empleo a más de 200 mil personas (Proceso 1758).
Sin embargo, advierte Desfassiaux, existen alrededor de 6 mil compañías de seguridad privada que operan en México sin ningún control:
“Son empresas patito que están trabajando de manera irregular. De pronto operan en un estado y después se cambian a otro y luego a otro, sin registrarse ante la Secretaría de Seguridad Pública federal. Todavía no hay una legislación adecuada que las pueda regular.”
–¿Están sustituyendo a la policía?
–En teoría, el Estado debe garantizar la seguridad del ciudadano. Pero ya dejó de hacerlo, mientras que las personas siguen con la misma necesidad de proteger su vida, su familia y su patrimonio. Nosotros venimos a cumplir esa función. Ahora apoyaremos al gobierno en su lucha contra el crimen organizado.
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