Luego de ocho meses de discusión entre la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y los participantes en la nueva licitación por el espectro de radiofrecuencias, el gobierno federal entregó a precio de ganga una parte de la concesión al binomio Televisa-Nextel, con lo que ocasiona un daño patrimonial al erario federal de aproximadamente 5 mil millones de pesos. Además, provocó un “bloqueo” en otra de las secciones de la subasta, lo que implicó una afectación a la hacienda pública por un monto similar.
Inconforme con la entrega de las radiofrecuencias a sus competidores, el Grupo Salinas –de Ricardo Salinas Pliego– por medio de Portatel del Sureste, SA, de CV (Iusacell), presentó el 19 de julio último una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en contra de varios funcionarios del gobierno federal “por el posible daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal” en más de 4 mil 800 millones de pesos y por “una afectación de áreas estratégicas de la economía”.
En el documento de 40 cuartillas, la empresa exige que se investigue la licitación 21 emitida por Cofetel “para que, de resultar fundada la denuncia, se determinen los daños y perjuicios ocasionados a la nación” y se finquen responsabilidades a los funcionarios que participaron en la elaboración de las bases de licitación, su implementación y su final conclusión.
En su querella el Grupo Salinas argumenta que el gobierno entregó a la dupla Televisa-Nextel un bloque de 30 megahertz (Mhz) a un precio de 180 millones 300 mil pesos. En cambio, otras empresas que recibieron la concesión de un tramo igual –30 Mhz– debieron pagar por éste 5 mil 48 millones 300 mil pesos. Es decir, el mismo bloque de frecuencias (30) se le cobró a Televisa y su socio a un precio 28 veces inferior que al resto de los competidores.
Lo anterior significa que las autoridades federales vendieron los megahertz a precios diferentes y bajo condiciones distintas al dueto Televisa-Nextel que al resto de las competidoras: Telcel, Telefónica y Iusacell, con un millonario beneficio para la primera en detrimento de la hacienda pública.
En su columna “Cuenta corriente” publicada en Excélsior el 5 de julio último, la periodista Alicia Salgado reveló que a través de diversos oficios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió en febrero y marzo pasados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Cofetel les advertía sobre el diferencial de precio y el efecto negativo que eso representaba para el erario, por lo que sugería “igualar los pagos”.
En esos oficios emitidos por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Hacienda, a cargo de Juan Manuel Pérez Porrúa y por el subsecretario José Antonio Meade, se advierte, según Salgado, lo siguiente:
“Una desigualdad en el régimen de pago por el otorgamiento de concesiones correspondientes al uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico, generaría que el Estado percibiera una contraprestación menor a la que tiene derechos, conforme al valor real del espectro radioeléctrico. En este contexto es necesario IGUALAR los pagos que realizan quienes obtienen una concesión mediante el proceso de licitación pública.”
Señalamientos
En la denuncia entregada a Juan Manuel Portal Martínez, auditor Superior de la Federación, se indica que los servidores públicos involucrados son el titular de la SCT (Juan Molinar Horcasitas) y el subsecretario de Comunicaciones de esa dependencia (Gabriela Hernández Cardoso), “por su participación activa y/o su omisión con respecto al diseño e instrumentación del proceso de licitación 21”.
También menciona a los integrantes de Cofetel –su presidente, Mony de Swaan Addati y a los cuatro comisionados que la integran: José Luis Peralta Higuera, Rafael Noel del Villar Alrich, Gonzalo Martínez Pous y José Ernesto Gil Elorduy– “por la emisión de las bases de licitación… en las que ilícita e ilegalmente se incluyen límites máximos de acumulación de espectro a los posibles interesados en participar en las mismas, así como por el diseño, instrumentación y conducción ilícita e ilegal del proceso de dicha licitación, abarcando cada uno de los concursos al efecto realizados”.
Asimismo, la demanda menciona al secretario de Economía (Bruno Francisco Ferrari García de Alba), “por la falta de supervisión y vigilancia de los procedimientos efectuados por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), en particular por su resolución que determinó imponer límites máximos de acumulación de espectro a los interesados en participar, bajo una supuesta medida protectora y promotora en materia de competencia”.
En la querella se menciona a los integrantes de la Cofeco y a su presidente (Eduardo Pérez Motta), por imponer los límites máximos “ocasionando, además de un efecto contrario a la competencia y a la libre concurrencia, el daño patrimonial a la hacienda pública federal”.
Los denunciantes consideran que los funcionarios aludidos violaron el artículo 134 constitucional en donde se establece que a través de las licitaciones se deben asegurar al Estado los mejores beneficios económicos.
El grupo encabezado por Salinas Pliego también solicita la intervención de la ASF, pues dicha instancia está obligada a realizar una investigación ante la denuncia y “fincar las responsabilidades que procedan”.
El diputado federal Mario di Costanzo detalla que en este caso la ASF está obligada a interponer una querella ante las autoridades judiciales y la Secretaría de la Función Pública.
En la denuncia se argumenta que de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF puede realizar investigaciones excepcionales cuando exista “un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes público federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a 100 mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal”. En este caso, se justifica plenamente la intervención de la Auditoría, pues la afectación asciende a poco más de 4 mil 800 millones de pesos.
En el mismo artículo de la ley se indica que la indagación se puede realizar cuando exista probable “afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía”.
Licitación a modo En la Cámara de Diputados se sabía que el gobierno lanzaría la licitación de una nueva banda de frecuencias, la de 1710-1770/2110-2170 Mhz, por lo que el 20 de octubre de 2009 aprobó cambios a la Ley Federal de Derechos –impuestos que paga aquella empresa que obtiene una concesión del gobierno.
El 10 de diciembre de ese año, la Cofetel emitió las bases para la licitación 21, así como para la 20 (1850-1910/1930-1990 Mhz).
Desde el momento en que Cofetel lanzó la licitación 21 empezaron los problemas debido a que dicha instancia “modificó” y no respetó el llamado “Programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos determinados que podrán ser materia de licitación pública” que la SCT autorizó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008.
En este programa se estableció que para la banda 1710-1770/2110-2170 Mhz la licitación se haría en dos bloques de 20 Mhz y 5 bloques de 10 Mhz para cada una de las nueve regiones que existen en el país.
Entre los argumentos que dio el entonces titular de la SCT, Luis Téllez, fue que la citada banda “ha sido identificada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para prestar servicios móviles de tercera generación y tiene potencial de ofrecer servicios de banda ancha”.
A pesar de que ya existía ese programa avalado por la SCT, la Cofetel lo desatendió, lo reestructuró y el 23 de noviembre de 2009 publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria para el procedimiento de licitación 20 y 21 a pesar de que la única facultada para publicarlo era la SCT.
Así, la Cofetel que hoy encabeza Mony de Swaan redefinió la licitación número 21 en dos bloques de 30 Mhz cada uno –en lugar de los dos bloques de 20 Mhz cada uno– y estableció tres bloques de 10 Mhz –en lugar de los cinco bloques de 10 Mhz–, para cada una de las nueve regiones del país.
Esta acción de Cofetel fue avalada por la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) que encabeza Eduardo Pérez Mota, el 8 de octubre de 2009. No sólo autorizó una reestructura de dos bloques de 30 Mhz, sino también la propuesta de establecer “un límite de acumulación de espectro de 80 Mhz en una misma región”. Se argumentó que esta era una “medida protectora y promotora en materia de competencia”. Con ello se garantizó que una sola empresa no podrá tener más de 80 Mhz.
Este hecho unido al malestar que generó entre los concursantes el cambio de bloques de 20 Mhz por dos bloques de 30 Mhz ocasionó el reclamo de las empresas participantes que sintieron afectados sus intereses.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la ASF “el límite de acumulación de espectro en combinación con la estructura de la licitación 21 en dos bloques nacionales de 30 Mhz, cada uno, propició de manera automática que se excluyera de participar en las subastas correspondientes de dichos bloques a empresas que actualmente operan en el mercado, como Telcel, Telefónica y Iusacell, y allanó el camino para que uno de sus bloques se destinara a la asociación conformada por el grupo de interés económico identificado como Televisa-Nextel a un precio muy por debajo de lo que el mercado está dispuesto a pagar por dicho bloque nacional”.
Ofensiva del PRI
Todos los argumentos presentados ante la ASF por la empresa del propietario de TV Azteca fueron retomados por el Partido Revolucionario Institucional cuando el pasado 28 de julio, pretendieron mediante un punto de acuerdo someter a votación la comparecencia ante la Comisión Permanente, de Mony de Swaan, presidente de Cofetel y sus cuatro comisionados.
Asimismo, solicitaron la presencia del presidente de Cofeco, Eduardo Pérez Mota; del titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, para que todos ellos expliquen “la situación prevaleciente en la licitación número 21”.
El punto de acuerdo elaborado por los diputados priistas Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias y Silvio Lagos Galindo, integrantes de la Comisión Permanente, pedía que la presencia de estos funcionarios se considerara “como asunto de urgente resolución y puesto a discusión de inmediato en razón del grado de avance que tiene el proceso de la licitación 21”.
Sin embargo el punto no fue abordado en la pasada sesión de la comisión por lo que automáticamente se envió a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para que se someta a votación en la sesión del próximo miércoles 4.
En la explicación del punto de acuerdo de los priistas se sintetizó cómo se atendería aquello de no rebasar por una empresa el límite de 80 Mhz impuesto por la Cofetel y avalado por la Cofeco:
“Dicho límite se computaría sumando tanto el espectro actualmente concesionado –es decir lo que ya tienen en su poder Telcel, Telefónica y Iusacell; a Televisa-Nextel no se le sumaría nada pues es la primera vez que concursan–, como el ancho de banda que el participante y, en su caso, su grupo de interés pudiera acumular como resultado tanto de la licitación 21 como de la licitación de las bandas contenidas en la licitación 20”.
Por ello, en su denuncia ante la ASF Grupo Salinas sostiene que se reestructuró una licitación a modo para favorecer a Televisa-Nextel y excluir a las otras tres participantes dado que éstas ya cuentan con espectro y de entrar a concursar por alguna de las bandas de 30 Mhz, rebasarían con facilidad el límite permitido de 80 Mhz.
A la reestructura de la licitación que hizo Cofetel avalada por Cofeco para cambiar lo establecido por la SCT en 2008, el grupo parlamentario del PRI se refirió en los siguientes términos:
“Este extraño maridaje entre dos organismos supuestamente garantes de la imparcialidad y equilibro ha dado lugar a un proceso orientado que, a la luz de los resultados actuales, se traduce, por una parte, en un daño patrimonial para el erario y, por otra, en un perjuicio para los usuarios al restringirse la libre competencia.”
El PRI establece claramente que la manera en que se realizó la licitación 21 podría traducirse en violaciones a la libre competencia. En primer lugar, porque el límite de 80 Mhz, determinó que los operadores actuales no pudieran participar en la licitación de los dos bloques de 30 Mhz, dado que su espectro ya concesionado más el que pudieran obtener en las licitaciones 20 y 21, superaría el límite de los 80 Mhz impuesto en las bases de licitación.
Además, porque tal limitación tuvo como consecuencia que hubiera un solo oferente (Televisa-Nextel) para uno de los dos bloques de 30 Mhz.
Este bloque de 30 es el que costó a Televisa-Nextel 180 millones 300 mil pesos, y fue tan bajo porque fue el único que ofertó. En cambio, las demás empresas que recibieron 30 Mhz en otro de los tramos de la licitación debieron desembolsar 5 mil 048 millones de pesos.
Y así lo dice el PRI: “La falta de competencia para licitar estos bloques de 30 Mhz ha determinado que el consorcio interesado (Televisa-Nextel) presente una oferta sólo por el límite mínimo de los ingresos esperados por el gobierno federal”.
Aunado a todo ello, alega el PRI, el otro bloque de 30 Mhz se tendrá que declarar desierto ya que ni Televisa-Nextel podrán participar pues rebasarían el tope de 80 Mhz. Esto porque la propia Televisa-Nextel también participó en los otros tres bloques de 10 Mhz licitados por regiones.
Llama la atención uno de los alegatos que sustenta el PRI en su punto de acuerdo: sostiene que “en los círculos oficiales se ha esgrimido el argumento de que, por una parte, el objetivo de la licitación no es recaudatorio y, por la otra, que los beneficiarios de la licitación deberán pagar cuantiosos derechos a lo largo de los 20 años de vigencia de la concesión.
El tricolor asegura que esto es falso, pues de acuerdo con el artículo 244E de la Ley de Derechos aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2009 y que forma parte de la Ley de Ingresos, se otorgó la exención de pago de derechos para los nuevos competidores. Es decir, a Televisa-Nextel se le dispensó el pago de mil 300 millones de pesos.
De ahí que el daño patrimonial al erario por el bloque por el que participó Televisa-Nextel no se limita a 4 mil 800 millones de pesos, sino que rebasa los 5 mil millones de pesos.
Y a esto deben sumarse los otros 5 mil millones de pesos que dejarán de entrar a las arcas gubernamentales por tener que declararse desierta la oferta del bloque de 30 Mhz. Ello, a consecuencia del famoso apartado que establece que un solo propietario no puede detentar más de 80 Mhz.
Pese a todo, el pasado 26 de julio la SCT emitió un comunicado en el cual sostiene que las licitaciones 20 y 21 continúan “ya que no existe impedimento legal alguno para la entrega de las concesiones a los ganadores de dicho proceso”.
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