La “guerra” contra el narcotráfico ha cobrado la vida de más de 900 niños. Además, 30 mil se han incorporado a la delincuencia organizada y un número indeterminado de reclutas menores de edad son utilizados por las Fuerzas Armadas mexicanas para erradicar cultivos de enervantes. Organizaciones civiles advierten sobre las violaciones a los derechos de los niños que viven un conflicto armado singular. “El Estado privilegia el combate al crimen organizado por encima de la protección a los más vulnerables”: Redim
De diciembre de 2006 a diciembre de 2009, la supuesta guerra del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa cobró la vida de 823 niños. Sólo en los primeros cuatro meses de este año, otros 90 menores han sido asesinados, señala la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
En el Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados se asienta: “El número creciente de víctimas de la violencia, generada por criminales, e incluso en ocasiones por la respuesta incontrolada de la policía o de las Fuerzas Armadas, motiva a revisar la viabilidad de la política de seguridad del gobierno actual”.
El protocolo busca identificar qué debe corregirse de la legislación para que los niños no tengan ningún vínculo con enfrenamientos armados y violentos. De esta manera, toca temas como el reclutamiento militar voluntario u obligatorio y la participación en las hostilidades.
“Aunque la ‘guerra’ contra el narcotráfico no está considerada formalmente como un conflicto armado –comenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Redim–, debe considerarse como tal”. Argumenta que la capacidad de fuego de los grupos criminales es más amplia y potente que la del Estado, y los “daños colaterales” que ha padecido la población civil hacen de la lucha contra el crimen organizado un conflicto armado singular.
Más allá de las muertes, la Red alerta sobre la situación de los menores de edad que están siendo reclutados por el Ejército y el crimen organizado. De acuerdo con el Tercer informe de labores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), durante 2009, en la erradicación de cultivos de mariguana y amapola, participaron jóvenes que realizaban su servicio militar nacional de manera anticipada (menores de 18 años) y acudían a escuelas militares.
En tanto, hasta 30 mil niños cooperan con los grupos criminales y están involucrados en la comisión de delitos, como el tráfico de drogas y la trata de personas. La Redim sostiene que la respuesta del gobierno federal, que se acerca más a criminalizar que a la prevención, aleja aún más el acceso de los menores a sus derechos, ocasionado que quienes ya están enganchados en la violencia respondan con más agresividad.
Hace 20 años que el gobierno mexicano firmó la Convención sobre los Derechos de los Niños y aún no existen disposiciones que garanticen la protección de ellos en un conflicto armado singular. El Estado mexicano privilegia la “guerra” contra el narcotráfico y pasa por encima de los derechos de la población más vulnerable, afirma la asociación civil.
Niños reclutados El reclutamiento de niños está prohibido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; sin embargo, en la legislación mexicana, no es una conducta tipificada. Mientras el Código de Justicia Militar es pobre respecto de los crímenes de guerra, ni el Código Penal Federal ni ninguna otra ley sancionan el alistamiento de menores de edad.
Por el contrario, la legislación militar permite su reclutamiento obligatorio y voluntario, advierte el Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados.
La Ley del Servicio Militar, en sus artículos 5 y 11, contempla la excepción por la que adolescentes de 16 y 17 años puedan anticipar su incorporación para cumplir con sus obligaciones militares. Además, en el Ejército se pueden admitir voluntarios en activo menores de 18 años y mayores de 16, en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos, mediante un contrato con el Estado.
La Redim observa que la Sedena enfatiza los beneficios del reclutamiento voluntario: el servicio médico integral para el militar y sus derechohabientes; prestaciones; casa habitación; periodos vacacionales; pensión; servicios turísticos, y becas escolares. Puesto que los jóvenes que se alistan en el Ejército tienen limitadas oportunidades de educación y empleo, “seguramente, en un país como México, esos beneficios representan un incentivo considerable”, expone la asociación civil.
Niños en el crimen organizado
Según el Informe, hasta 30 mil niños cooperan con los grupos criminales y están involucrados en la comisión de 22 tipos de delitos, desde el tráfico de droga hasta secuestro y trata de personas.
Progresivamente, apunta, los niños terminan sus carreras criminales en tareas de mayor importancia y violencia. Es así que los más pequeños trabajan como vigilantes, mientras que los mayores se ocupan del traslado de la droga; y a partir de los 16 años, son contratados como sicarios.
Violencia e impunidad
Desde que se inició la guerra contra el narcotráfico, más de 900 niños han perdido la vida, estima la Redim. En Baja California, Chihuahua, Durango y Sinaloa, sedes de los grupos del crimen organizado, han aumentado los homicidios dolosos contra adolescentes, de entre 15 y 17, años hasta en un 543 por ciento.
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