De 2007 a la fecha, Petróleos Mexicanos habría manejado más de 800 mil millones de pesos a través de su filial PMI Norteamérica, monto que es seis veces el costo de la Refinería Bicentenario. Al ser una de las 25 empresas “privadas no paraestatales” de Pemex, esa PMI mantiene el capital público como particular en cuentas bancarias extranjeras. Según la gestión de Suárez Coppel, la privatización del erario es legal.
La administración de Juan José Suárez Coppel en Petróleos Mexicanos (Pemex) considera legal la privatización del dinero público. En esa lógica, miles de millones de pesos son tratados como capital privado y resguardados en cuentas bancarias particulares, radicadas en México y en el extranjero. Ello, a pesar de que su origen es la venta del petróleo.
Se trata de los recursos que Pemex transfiere, maneja y obtiene por intermediación de sus 25 empresas “privadas no paraestatales”, principalmente de las 10 conocidas como Grupo PMI. Estas últimas, dedicadas a comercializar –por encomienda y a nombre de la paraestatal– el crudo y sus derivados en los mercados internacionales.
No obstante que se trata de la venta de bienes de la nación, la petrolera mexicana considera que, al ser “sociedades privadas”, los recursos que manejan sus 25 filiales “también son de naturaleza privada”. “Por lo tanto, quedan excluidos del ámbito de competencia de la Cámara de Diputados”.
Lo anterior lo afirmaron altos funcionarios de la paraestatal durante una reunión sostenida con representantes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fines de 2009. En ese encuentro se discutieron los resultados y observaciones preliminares a la revisión de la Cuenta Pública 2008.
De la reseña hecha por la ASF se desprende que los servidores públicos de Pemex citaron dos jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de “demostrar” la legalidad de la privatización del erario. También, con el objeto de evitar la fiscalización ordenada por los legisladores a los multimillonarios recursos públicos que se manejan como privados en esa empresa del Estado.
“Bajo el derecho positivo mexicano, es posible que un ente de la administración pública federal llegue a obtener recursos privados que, naturalmente, quedarán excluidos de la Cuenta Pública, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia en nuestro país a través de las siguientes jurisprudencias”: P/J-126/2006; P/J-123/2006, expusieron los altos funcionarios de Pemex.
Ambas tesis se refieren a la supuesta naturaleza privada del Derecho de Trámite Aduanero, un impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público creó en 1993 como una “contraprestación privada” y que fue avalado por la Suprema Corte en octubre de 2006.
En ese contexto, los representantes de Pemex destacaron que la Auditoría Superior “carece de facultades para auditar, verificar y formular pliegos de observaciones únicamente respecto de los ingresos privados contenidos en el rubro financiero ‘DTA’ [Derecho de Trámite Aduanero]”. Criterio que también valdría, según la paraestatal, para las finanzas de sus empresas privadas constituidas en México y en el extranjero, sobre todo en paraísos fiscales, y operadas con recursos públicos.
Según la ASF, el Derecho de Trámite Aduanero –junto con la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA, también creada por Hacienda– habría implicado un fraude multianual por más de 10 mil millones de pesos en contra de las finanzas de la nación.
Más de 800 mil MDP “privados”
En el caso de las 25 empresas privadas de Pemex, la defraudación a la hacienda pública sería incalculable. Las compañías fueron constituidas a fines de la década de 1980 y principios de 1990. Desde entonces, son manejadas al margen de la ley, señala la Auditoría Superior.
Tan sólo en lo que va del sexenio de Felipe Calderón, PMI Norteamérica, SA de CV, habría amasado un “patrimonio privado” superior a los 800 mil millones de pesos, monto que es seis veces el costo de la Refinería Bicentenario, que Pemex construirá en Tula, Hidalgo, y que asciende a 129 mil millones de pesos.
Triangulación de recursos
Además de privatizar el dinero público, PMI Norteamérica estaría involucrada en triangulación de recursos a cinco filiales del Grupo PMI, que no son sus accionistas. También, en la inversión de capital en la refinería Deer Park, que –a nombre de Pemex– posee en sociedad con la trasnacional Shell.
Y es que la compañía instrumental ha transferido recursos multimillonarios a PMI Trading, PMI Holdings North America, Deer Park y PMI Services North America en calidad de “inversiones en el extranjero” y “préstamos”, revela el reporte de la ASF.
El negocio de Shell
Las filiales privadas de Pemex no son las únicas que ganan. También, la trasnacional Shell, por medio de Deer Park Refining Limited Partnership. La sociedad permite a la trasnacional adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993 entre Shell y la filial privada de Pemex.
Contrario a ello, la copropiedad no parece tan benéfica para PMI Norteamérica. En 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con la operación de Deer Park.
Pemex, la única que no gana
Las pérdidas que la refinería trasladó a las finanzas de PMI Norteamérica casi sumaron lo mismo que las ganancias. En los “ingresos por dividendos” derivados de su participación en Deer Park, la filial registró 2 mil 923 millones 216 mil pesos.
De ese dinero, Petróleos Mexicanos no vio ni un peso. Mientras que, el 26 de septiembre de 2008, PMI Norteamérica pagó dividendos a sus dos accionistas –25 millones 727 mil pesos a PMI Holdings, BV, y 10 millones 162 mil pesos a PMI Holdings Petróleos España, extraídos de su cuenta bancaria en JP Morgan Chase–, a Pemex no le restituyó nada.
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