Desde 2001, el gobierno de Vicente Fox, que recién iniciaba su gestión, fue advertido de que el narcotráfico estaba posicionándose en los municipios, pero sus colaboradores no hicieron nada. Esa tendencia creció y ahora las bandas del crimen organizado controlan poco más de la mitad de territorio nacional, según revela un estudio reciente divulgado por la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores.
En septiembre pasado, un grupo de legisladores del PRI visitó al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para pedirle información sobre el estado en que se hallaban las investigaciones de su correligionario Rodolfo Torre Cantú, el candidato a la gubernatura de Tamaulipas que fue ejecutado en vísperas de los comicios de julio anterior.
El funcionario les mostró videos y les explicó que entre los posibles móviles del crimen estaba el robo. Uno de los diputados increpó a Chávez y le reclamó por qué no había avances en el caso de Torre y cuál era la razón por la cual muchas de las muertes nunca son aclaradas.
De acuerdo con un testigo de ese encuentro, Chávez escuchó con atención a su interlocutor y le respondió: En el país hay territorios “a los que no puedo entrar… sin el apoyo del Ejército”. Y uno de esos territorios es precisamente Tamaulipas; otros son Sinaloa, Guerrero, Chihuahua…
La respuesta de Chávez sólo corrobora lo que investigadores y exfuncionarios del gabinete federal vienen diciendo desde hace tiempo: que el Estado mexicano no sólo ha perdido fuerza en cientos de municipios, sino que el crimen organizado disputa el control territorial a las autoridades en más de la mitad de las entidades del país.
Y aun cuando un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) elaborado en 2001 daba cuenta de los problemas que enfrentaban los funcionarios de esa dependencia para trabajar con los programas sociales en diversos estados del país, ninguna autoridad se ocupó del tema.
Las voces de alerta sobre la expansión del narcotráfico en México y el control territorial y político que ejercen los cárteles de la droga en decenas de municipios arreciaron en 2007, a raíz de que el gobierno calderonista emprendió la guerra contra el crimen organizado utilizando al Ejército como instrumento.
“La guerra comenzó tarde, el narco ya controla territorios, promueve y financia candidatos a alcaldes y diputados y mantiene secuestrada la estructura municipal del país”, dijo entonces Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Un año después, en 2008, cuando en el país se contabilizaban 6 mil bajas a causa de los enfrentamientos entre los sicarios de las organizaciones antagónicas y de éstos contra las fuerzas federales, el entonces procurador, Eduardo Medina Mora, advirtió:
“El Estado mexicano ha perdido potestad en buena parte del país, los grupos criminales se han apoderado de territorios y ejercen fuerza y violencia para imponer su voluntad, cobran impuestos a través de las extorsiones y se han convertido en una verdadera amenaza para el Estado.”
Las voces de alarma llegaron al extranjero. El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, declaró en julio de 2008 al diario británico Financial Times que el narcotráfico estaba ya involucrado en las campañas de algunos legisladores.
Los cárteles de la droga han cooptado a muchos agentes regionales, integrantes del Poder Judicial y del gobierno federal, quienes brindan protección a los narcotraficantes, dijo Valdés. Y agregó: “El Congreso de la Unión no está exento”.
El 30 de agosto pasado, la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores presentó una radiografía sobre el narcotráfico en México. En sus conclusiones, los legisladores establecen, por ejemplo, que los capos de la droga controlan grandes extensiones territoriales en las que el Estado ya no puede gobernar a través de sus instituciones.
El estudio aporta un dato revelador: las redes del narcotráfico mantienen bajo su control 71% del territorio nacional.
Ramón Galindo, presidente de la comisión legislativa que elaboró el análisis, asegura que “el narco ejerce total hegemonía en 195 municipios y tiene fuertes influencias (políticas y económicas) en otras mil 500 demarcaciones”. Admite también que los capos han impuesto su voluntad mediante sobornos y amenazas a la clase política.
Elaborado por un grupo de expertos contratados por el Senado de la República, el documento detalla la forma en que las células de la delincuencia penetraron la estructura de los municipios: “En la mayoría de las alcaldías existe una estructura criminal capaz de controlar los negocios del crimen organizado, el narcomenudeo, el cultivo y tráfico de drogas y la extorsión”.
Feudalización galopante
De acuerdo con la radiografía del narco, los municipios son “el eslabón más débil” de la cadena del poder político. Los funcionarios de los ayuntamientos tienen contacto directo y cotidiano con la gente, aun con los presupuestos raquíticos con los que operan, las políticas económicas y sociales erráticas y el desinterés de los gobiernos estatales y federal.
“Los cárteles –indica– sí que han sabido la fórmula de la ecuación. Han entendido que el municipio, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, es el que había que echarse a la bolsa particularmente para las operaciones de narcomenudeo, una de las fuentes de ingreso más importantes del crimen organizado.”
Hoy, las redes criminales cuentan con infraestructura, cooperación política y con el silencio cómplice de las autoridades municipales; además, operan “bajo el resguardo de la corrupción, con protección política y con apoyo logístico de la policía”, destaca el estudio legislativo.
La Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores expone también en el estudio que las autoridades municipales –alcaldes, síndicos y regidores– se quejan de falta de apoyo e insisten que no quieren ser meras figuras decorativas, menos aun cuando las amenazas que reciben son cada vez más frecuentes. En los últimos tres años han sido asesinados 41 funcionarios municipales.
En julio de 2006, meses antes de que Felipe Calderón llegara a Los Pinos, tenía información sobre la penetración del narco en los municipios. La PGR le entregó un amplio diagnóstico, según el cual los capos de la droga controlaban 80 presidencias municipales a lo largo del país.
A cuatro años de distancia, los territorios que el gobierno considera “perdidos” incluyen Nuevo Laredo y Reynosa, en Tamaulipas; Morelia, Uruapan, Apatzingán, en Michoacán; Culiacán y Guamuchilito, en Sinaloa; Acapulco y Zihuatanejo, en Guerrero. En esas plazas los sicarios cobran a las empresas el “derecho de piso” para que sigan funcionando, e incluso controlan la prostitución.
Para el investigador Edgardo Buscaglia, este fenómeno es una feudalización: “En todos los países (se da) la infiltración de la delincuencia organizada. Primero, mediante relaciones personales, sobornos o extorsiones a las autoridades; luego crean feudos, cuando el personaje al que financian se transforma en diputado, alcalde o gobernador”.
Buscaglia menciona que un grupo de expertos de la ONU realizó una investigación en varios estados de la República en la que se detectó que México está sufriendo una feudalización, que del ámbito municipal se está yendo a las gubernaturas. Y alude al caso de Mario Villanueva Madrid, en Quintana Roo, quien fue encarcelado al término de su gestión como gobernador de esa entidad por sus vínculos con el cártel de Juárez. “Su caso no es el único”, comenta el investigador.
Define como afganización al proceso mediante el cual el narco ha penetrado los municipios a lo largo de la administración calderonista, precisamente la que declaró la guerra a la delincuencia organizada y que, hasta ahora, ha dejado alrededor de 30 mil muertes.
Autor de innumerables libros y ensayos sobre seguridad nacional, Buscaglia señala que el crimen organizado le ha arrebatado al gobierno 982 bolsones territoriales donde no hay gobernabilidad, y este caso, dice, es muy similar al que enfrenta Afganistán, en donde no hay autoridad formal del Estado, pues la autoridad es el grupo criminal o bien el gobierno municipal que trabaja o forma parte del grupo criminal.
“El proceso de afganización, es decir, de ausencia del Estado en esas 982 zonas, se ha ido extendiendo a lo largo de los últimos tres años. En 2007 contabilizábamos solamente 353 municipios; en 2009 eran 650 y ahora son 982”, dice el investigador del ITAM.
Los feudos del narco
La administración calderonista admite que hay territorios donde el Estado ya perdió potestad. Fue la Sedesol la que detectó la penetración del narcotráfico en el ámbito municipal en 2001, una vez que llegó el PAN a Los Pinos con Vicente Fox.
Ese año, la dependencia publicó el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias, en el que advertía sobre la invasión del narcotráfico en distintas zonas del país, lo que significaba un obstáculo para aterrizar los programas sociales del gobierno federal.
De acuerdo con el documento, algunos municipios de Jalisco, Durango y Nayarit con población indígena mayoritaria eran lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en la zona rural como en la actividad política.
Para los analistas de la Sedesol, otros feudos del narco eran las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y la Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, ubicada entre los estados de Durango y Sinaloa, el llamado “triángulo dorado del narco”.
En esas demarcaciones la producción y trasiego de estupefacientes es elevada. La presencia del narco es tan poderosa que durante el sexenio foxista los empleados de la Sedesol tuvieron problemas para desarrollar el programa Contigo, Manos a la Obra. La razón: los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.
La titular de la Sedesol en el sexenio pasado, Josefina Vázquez Mota, supo desde el principio que la feudalización era un hecho, aunque lo ocultó. Sin embargo, semanas antes de abandonar el cargo, la funcionaria declaró: “Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo (Consejo Nacional de Población), de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes”.
En septiembre de 2008, ante la cúpula de su partido, el propio Calderón declaró que el crimen organizado cuenta con operadores en el ámbito político; incluso advirtió sobre el peligro de que algunas campañas sean infiltradas con dinero del narcotráfico. “Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano” (Proceso 1664).
El crecimiento del poder criminal, que ahora controla más de la mitad del territorio nacional, llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos, país que sigue con detalle el desarrollo de la guerra emprendida por la administración calderonista contra el crimen organizado.
El martes 5 de octubre, Bob Killebrew y Jennifer Bernal, del Centro para una Nueva Seguridad en Estados Unidos (CNAS, por sus siglas en inglés), divulgaron en Washington un reporte que analiza el poder del narcotráfico y del crimen organizado en general en su lucha contra el Estado, lo que ellos llaman “insurgencia criminal”.
Conocedores del fenómeno de la penetración del narcotráfico en municipios y regiones de México, los analistas sostienen que el país enfrenta una metástasis a causa de la nueva insurgencia criminal organizada.
Las redes amenazan a los gobiernos y sociedades civiles del hemisferio occidental y cada vez más a Estados Unidos, dicen Killebrew y Bernal. Ambos sostienen que el narco intenta “debilitar o impedir las funciones del gobierno”. Para ilustrar lo que dicen, mencionan a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y las comparan con los cárteles mexicanos y con algunas redes trasnacionales del crimen.
Por su parte, el senador republicano Dick Lugar dijo que la violencia en México ha adquirido características de una narcoinsurreción porque los cárteles intentan limitar el control del gobierno federal en gran parte del territorio nacional.
El estudio de Killebrew y Bernal levantó polémica en Estados Unidos. En contraste, aquí el gobierno calderonista se niega a reconocer que el de México es un Estado fallido, como lo llama el investigador del ITAM Edgardo Buscaglia.
http://www.proceso.com.mx/
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario