El telón de fondo de estos crímenes es una sucesión conflictiva y accidentada en el gobierno estatal, marcada por la crisis interna del priísmo oaxaqueño –consecuencia, a lo que puede verse, de la derrota electoral de julio pasado– y por acusaciones como las que pesan contra el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, y varios de sus familiares, por presunto lavado de dinero.
El clima de tensión creciente que impera en la entidad, agravado por los recientes homicidios, dificulta, a querer o no, las condiciones en que habrá de asumir funciones el gobierno entrante de Gabino Cué Monteagudo, quien tendrá como reto principal procurar orden y gobernabilidad en una entidad donde en el sexenio reciente han privado las características opuestas.
Por otro lado, acerca de la violencia que se desarrolla en la región triqui, el asesinato viene a enrarecer más un conflicto que, en meses recientes, ha cobrado decenas de vidas, entre las que destacan las de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, acaecidas el 27 de abril pasado, y la del dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI, escisión del MULT), Timoteo Alejandro Ramírez, ocurrida en mayo pasado.
No deja de ser significativo que, al igual que hizo el MULTI tras el asesinato de Timoteo Ramírez, la representación del MULT en esta capital calificó el homicidio de Pazos como crimen de Estado
. Al margen de la complejidad que ha adquirido el conflicto en la región triqui –donde además del MULT y del MULTI disputa el poder la organización priísta de corte paramilitar Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort)–, es claro que existe responsabilidad ineludible de las autoridades oaxaqueñas, las cuales han exhibido una actitud omisa, por decir lo menos, ante la multiplicación de signos de violencia en la región. Desde que el gobierno de Ulises Ruiz decidió lavarse las manos ante el bloqueo del municipio autónomo de San Juan Copala, y el posterior ataque a la caravana de solidaridad que buscó romper el cerco paramilitar impuesto a esa localidad, se otorgó una patente de impunidad que terminó por potenciar –hoy es meridianamente claro– el recrudecimiento de la violencia que lacera la resistencia histórica del pueblo triqui.
Igualmente sorprendente es que el asesinato de Heriberto Pazos haya ocurrido a pesar de que lo escoltaban elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a su seguridad, así como su guardia personal.
Los recurrentes intentos del oficialismo por minimizar el conflicto y atribuirlo a una lucha intestina han tenido el efecto contrario: sellar en la opinión pública la percepción de una voluntad gubernamental de encubrimiento para alguno de los bandos involucrados, y del designio de utilizar y fomentar la división del pueblo triqui para minar las reivindicaciones autonómicas de sus integrantes.
En tal circunstancia, el esclarecimiento de los asesinatos de los dirigentes sociales oaxaqueños adquiere un peso mayúsculo y un carácter de obligatorio para la administración saliente en la entidad.
Ejecutan a Heriberto Pazos, líder del MULT
Vehículo en que fue ejecutado Heriberto PazosOaxaca, Oax., 23 de octubre. El dirigente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, fue ejecutado la mañana de este sábado en la agencia municipal de Cinco Señores, ubicada al oriente de esta ciudad, informó María de la Luz Candelaria Chiñas, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Casi a las 11:15 horas, el presidente del Consejo Político Comunitario del MULT viajaba en una camioneta Chevrolet, Colorado LT, negra, placas RV-57629 de Oaxaca, cerca del puente El Rosario, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se le emparejaron al vehículo, que llevaba la ventanilla abierta, y dispararon a la cabeza de Pazos Ortiz.
El chofer, Catalino Mendoza Cortés, y Mauro Hernández Ramos, ambos elementos de la Agencia Estatal de Investigación asignados a la seguridad del líder, así como el guardia personal Heriberto Cid Mariscal, se percataron de la agresión cuando el dirigente se recostó del lado izquierdo, pues aparentemente las pistolas de los asesinos tenían silenciadores, dijo la procuradora.
Los atacantes huyeron, aunque el chofer, añadió la funcionaria, intentó alcanzarlos, pero por las reparaciones del pavimento y por chocar con el taxi 321 del sitio Presidente se detuvieron sobre la calle 5 de Mayo; ahí se percataron que Pazos Ortiz había fallecido.
Los policías declararon haber disparado a los agresores, incluso con un arma larga, pero no acertaron. Se les aplicará la prueba de rodizonato de sodio para determinar si fue así
, asentó Candelaria.
La funcionaria consideró que Pazos pudiera haber sido asesinado por ser dirigente del MULT, pues había pedido seguridad al gobierno estatal ante el riesgo de un atentado. Desconozco si fue amenazado de muerte, porque no lo había manifestado ante el Ministerio Público
, indicó.
Dijo confiar en que el asesinato pueda ser esclarecido antes de terminar el sexenio, el 30 de noviembre, pero la posibilidad de dar con los agresores dependerá de los vecinos, de la sociedad, de que estén dispuestos a dar testimonios. Esto es un delito, no importa el color
.
Durante la necropsia de ley, los médicos localizaron tres orificios en la cara derecha del cuello y uno de salida en la izquierda.
La investigación está a cargo de la Subprocuraduría General de Atención a Delitos de Alto Impacto.
Sergio Cruz Ruiz, de la dirigencia colectiva del MULT, dijo que no se puede ser irresponsable y señalar a alguien como culpable de la muerte
, pero sí exigir a las autoridades que hagan su trabajo y encuentren a los culpables. Pero nos preguntamos qué pasó, si iba custodiado por tres agentes. Nos extraña, nos molesta y nos encabrona
, afirmó.
Para exigir justicia, miembros del MULT y del Partido Unidad Popular bloquearon tramos de las carreteras Internacional Cristóbal Colón y Ciudad Alemán-Puerto Ángel, así como avenidas y cruceros importantes de la ciudad.
El gobernador Ulises Ruiz reprobó toda expresión de violencia que vulnere la estabilidad social en la entidad y aseguró que la procuraduría indagará hasta las últimas consecuencias.
El gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, se pronunció por un alto a la violencia
.
Flavio Sosa Villavicencio, diputado local electo por el Partido del Trabajo, calificó el asesinato de crimen de Estado
, del que el único responsable se llama Ulises Ruiz
.
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