MÉXICO, D.F., 17 de noviembre (apro).- Ulises Ruiz dice en la televisión que fue un orgullo ser gobernador de Oaxaca en los últimos seis años, y que, a pesar de que algunos grupos quisieron deponerlo, sus gobernados lo impidieron. “Pronto nos veremos”, afirma al final de su mensaje, dejando ver que seguirá actuando en la política con nuevos espacios de poder.
El cinismo ha sido una de las características que Ulises Ruiz ha mostrado desde joven, cuando era el operador electoral más avezado del equipo de Roberto Madrazo y de César Augusto Santiago. Desde mediados de los noventa ya se distinguía por ufanarse de saber cómo realizar un fraude electoral sin que hubiera réplicas de la oposición; con esas credenciales llegó a gobernar Oaxaca en 2004, dejando tras de sí una estela de violaciones a los derechos humanos, muertes, represión, impunidad y corrupción como ninguno otro de los gobernadores de esta entidad.
En la edición más reciente de la revista Proceso (número 1776) el corresponsal en Oaxaca, Pedro Matías, da cuenta de la larga lista negra que Ulises Ruiz dejará al nuevo gobernador, Gabino Cué, quien tiene ante sí la responsabilidad de dar una respuesta firme a las peticiones de justicia que los oaxaqueños han lanzado desde que el pasado 4 de julio perdiera el PRI las elecciones, por primera vez en 80 años de gobierno ininterrumpido.
Las cifras que aparecen en el historial negro de Ulises son una expresión del terror con el que gobernó y que con todo cinismo pretende hacer una virtud dentro del PRI: 200 asesinatos de luchadores sociales, políticos opositores y representantes indígenas; más de 600 detenciones, 380 casos de tortura, siete desapariciones forzadas, secuestros, cuatro periodistas asesinados.
En el reportaje se señala que también permanecen sin cumplir mil 264 medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas, activistas, sacerdotes y pueblos enteros, lo mismo que las nueve solicitudes de juicio político contra Ulises Ruiz que no prosperaron y 40 controversias constitucionales interpuestas contra el gobernador por la destitución de funcionarios, discrepancias en la asignación de recursos públicos a los municipios y la revocación del mandato constitucional, principalmente de presidentes municipales.
El saldo negativo del gobierno de Ulises Ruiz no esta sólo en la parte social y de derechos humanos, también en las finanzas que han sido manejadas con dolo a favor de su familia y sus amigos.
Recientemente, a mediados de septiembre, fueron detenidos Daniel García Teurel Ortega y Martha Ortega Habib, hermana y sobrino del secretario de Finanzas del estado, Miguel Ángel Ortega Habib, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita. Ambos detenidos no pudieron explicar el origen de mil millones de pesos que tenían en sus manos.
El monto fue más de lo que reportó la Procuraduría General de la República. Según los legisladores del PAN y PRD en el Congreso de Oaxaca, en realidad se investigaban 4 mil 800 millones de pesos que fueron detectados en las cuentas bancarias de los familiares de Ortega Habib.
Desde el inicio, el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz ha estado salpicado por este tipo de escándalos financieros. Habría que recordar el reportaje publicado en Proceso por la reportera Patricia Dávila sobre el hospital privado SEDNA con un costo de mil 500 millones de pesos instalado en la Ciudad de México sin que haya claridad en el origen de los recursos utilizados. Dicho hospital está a nombre María de Lourdes Salinas Ortiz, esposa de Ulises Ruiz.
También los gastos erogados en la reconstrucción del Zócalo de la capital oaxaqueña a una constructora de su propia familia; igualmente los mil millones que gastó en la Ciudad Judicial, 11 millones 400 mil pesos que destinó a pueblos que integran la Ruta Dominica y 6 mil millones que deja como deuda pública por la firma de Contratos de Servicios de Largo Plazo, mejor conocidos como PPS.
Paradójicamente mientras hizo esos gastos extraordinarios sin ofrecer un reporte claro, Ulises Ruiz privó al ayuntamiento de Oaxaca de Juárez de más de 44 millones de pesos de recursos federales, lo cual generó un colapso financiero en la capital del estado, al grado de no tener ni para pagar el alumbrado público.
En sus últimos días Ulises Ruiz se ha dedicado a difundir una serie de mensajes como despedida de su gestión de seis años. En uno de ellos, acusa la existencia de “grupos” que tenían paralizado al estado pero que gracias a su gobierno, esto se superó y ahora Oaxaca está listo para seguir creciendo en paz; en otro anuncia que “pronto nos veremos”.
Esto es, quizá, lo que muchas organizaciones y personas lastimadas por su gobierno espera, pero verlo pronto ante tribunales judiciales, a fin de que responsa a todos y cada uno de los agravios. Si, pronto nos veremos, pero para ajustar cuentas con la justicia.
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