WASHINGTON.- Para derrotar al narcotráfico en México es necesario investigar a fondo las acusaciones en el sentido de que en su gobierno prevalecen actos de corrupción, en especial los que se atribuyen al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y fortalecer el intercambio de información de inteligencia militar entre Estados Unidos y el país vecino, afirman congresistas republicanos.
A los legisladores del Partido Republicano les preocupa que, en algunas causas judiciales sobre presuntos actos de corrupción entre efectivos de la Agencia Federal de Investigación –iniciadas hace cinco años–, se mencione el nombre de García Luna.
En enero habrá un reacomodo político en Washington: los republicanos tendrán el control del Congreso y la cooperación en la lucha de México contra el narcotráfico será sometida a varios ajustes y exigencias.
“Mantenemos un sólido respaldo a la Iniciativa Mérida pero estamos particularmente entusiasmados por la cooperación entre el personal militar de Estados Unidos y el de la Marina de México. Queremos que haya más cooperación entre ellos, pero de manera especial en materia de inteligencia”, dice a Proceso Carl Meacham, asesor para Asuntos Latinoamericanos de Richard Lugar, senador republicano integrante del Comité de Relaciones Exteriores.
“Otra área donde pensamos que se necesita más atención es en el tema de la corrupción… especialmente y tomando en cuenta las acusaciones que han surgido contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de México”, enfatiza Meacham durante la entrevista con este semanario.
Desde hace varios meses y por iniciativa del senador Lugar, los republicanos en el Capitolio –que a partir del próximo enero serán mayoría en la Cámara de Representantes y controlarán las decisiones en la de Senadores– han elaborado varios proyectos de ley para revisar amplia y detalladamente la cooperación con el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Lugar –uno de los legisladores más influyentes en el Capitolio en materia de política exterior, así como asesor del presidente Barack Obama– busca ampliar la ayuda antinarcóticos, para lo cual los republicanos quieren que se investigue la corrupción del narcotráfico en los más altos niveles del gobierno federal y plantean una mayor participación de la inteligencia del Pentágono en los operativos de la Secretaría de Marina (Semar) y, en segundo término, en los del Ejército.
“Tomando en cuenta que el objetivo de la Iniciativa Mérida es fortalecer la habilidad del Estado mexicano para combatir al crimen trasnacional, la eliminación de la corrupción gubernamental debe ser una de las prioridades más altas”, destaca el asesor de Lugar.
En el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside el senador demócrata John Kerry, preocupa que “la corrupción en México sea un problema recurrente”, según Meacham.
Inquietan, por ejemplo, reportes a los que tuvo acceso ese comité en los que se mencionan los problemas de corrupción por narcotráfico en el más alto nivel de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México. Ahora, con la fuerza política que tendrán los republicanos en el Congreso, el senador Lugar buscará más apoyo para el gobierno de Calderón en la lucha contra el narcotráfico y, por ende, en el combate a la corrupción gubernamental.
La oficina del senador Lugar se negó a dar a conocer el contenido de los reportes que dice tener en resguardo sobre acusaciones de corrupción en torno a García Luna, pero explicó que éstos han sido y seguirán siendo compartidos con el gobierno de Calderón para que les dé respuesta en su momento como parte de las negociaciones para el financiamiento de la Iniciativa Mérida.
La pregunta incómoda
Los rumores y acusaciones respecto de los citados actos de corrupción en la SSP han preocupado a Washington desde hace años. En entrevista con Proceso (número 1686) Tony Placido, jefe de Operaciones de Inteligencia de la Administración Federal Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), también resaltó este aspecto como un punto fundamental para desmantelar a los cárteles del narcotráfico.
“Nos preocupa, por ejemplo, que de manera constante se mencione que varios de los colaboradores más cercanos del secretario Genaro García Luna podrían estar implicados con grupos criminales como el de los Beltrán Leyva”, dijo Placido.
Malcolm Beith, en su libro The Last Narco –una biografía de El Chapo Guzmán– alude a las constantes menciones de García Luna como uno de los funcionarios al servicio del narco. “Un testigo federal declaró ante la PGR que García Luna y otros han recibido regalos –yates y casas– de parte de El Chapo a cambio de información. Nada de esto se ha probado”, anota Beith en su libro.
El 30 de enero de 2008, durante una visita de García Luna a Washington, Proceso le preguntó su opinión acerca de la averiguación previa PGRSIEDO/UEIDCS/106/2005, iniciada en el sexenio de Vicente Fox por supuestos nexos de efectivos de la AFI con los Beltrán Leyva y donde el nombre del secretario de Seguridad Pública se mencionaba repetidamente.
“Es mentira, es mentira”, respondió García Luna.
“Es muy fácil difamar, argumentar cosas. Si eso existe yo pido, como ciudadano mexicano, que se aclare el tema. Es mentira, ya; y no voy a discutir sobre un tema que es como hablar con un borracho; o sea, es una mentira y no puedo discutir sobre algo que es mentira”, remachó el titular de la SSP evidentemente molesto.
Comisión independiente
Meacham adelantó que será en algún momento del próximo año cuando en el Capitolio se aprueben los 175 millones de dólares que están pendientes de entregar en el marco de la Iniciativa Mérida.
Este dinero forma parte del presupuesto adicional o suplementario del Pentágono, y en el caso de la lucha contra el narcotráfico en México sólo 11 millones de dólares de los 175 están dedicados al intercambio de información de inteligencia.
“Es muy poco dinero, pero se va a tener que revisar porque todos en el Capitolio han visto que gracias al intercambio de información de inteligencia con el Pentágono, la Marina de México y las demás fuerzas armadas han logrado asestar golpes fuertes al narcotráfico”, explica Meacham.
Para adelantarse a los procesos de revisión de la cooperación en la materia que se ventilan en los pasillos del Capitolio, el miércoles 8, Lugar y sus colegas demócratas Patrick Leahy y Robert Menendez presentaron un proyecto de ley para crear la Comisión Independiente de Política Antidrogas en el Hemisferio Occidental.
“Esta legislación bipartidista ordenará la creación de una Comisión Independiente para evaluar las políticas y programas de Estados Unidos enfocadas a reducir la producción y demanda de drogas, y recomendará una estrategia multianual para enfrentar la creciente crisis de seguridad en el hemisferio generada por el comercio ilícito de narcóticos”, destacan los autores del proyecto.
La comisión estaría integrada por dos funcionarios designados por la Casa Blanca, legisladores demócratas y republicanos, así como por académicos y analistas políticos reconocidos por su conocimiento sobre el problema en México y América Latina.
Si bien los legisladores no se proponen eliminar o reemplazar la Iniciativa Mérida con otro plan o mecanismo multilateral, sí prevén la formulación de enfoques más concentrados en una mayor participación del Pentágono, en profundizar la lucha contra la corrupción y en una mayor intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
“Estoy especialmente interesado en los esfuerzos para robustecer el papel que juegan las fuerzas militares y las agencias de inteligencia de Estados Unidos en el combate a los cárteles que tienen su sede en México, y que tienen alcances en Centroamérica y otros países en la región, como Venezuela”, afirmó Lugar al presentar, ante sus colegas, el proyecto de ley.
Al Comité de Relaciones Exteriores del Senado le preocupa que programas como el de la Iniciativa Mérida –financiada por Washington con poco más de mil 300 millones de dólares– cuenten con recursos muy limitados para ampliar el rol del Pentágono y de las agencias de inteligencia como la CIA.
“Esto va a tener que cambiar”, acotó Meacham, quien destaca que Hillary Clinton, la secretaria de Estado del gobierno de Obama, comparte la convicción de que la Iniciativa Mérida en su formato actual no está dando los resultados esperados, y respalda la idea de hacer mayores demandas al gobierno de Calderón y de otros países latinoamericanos en cuanto a limpia de funcionarios corruptos.
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