En las plataformas petroleras, las áreas más protegidas de Pemex, se registra desde hace dos años el robo de costosos equipos. Burlando el resguardo militar y los sofisticados sistemas de vigilancia de la Armada de México, la Plataforma México de la SSP y el trabajo de inteligencia del Cisen, hasta un helipuerto fue robado. El saqueo pone en entredicho la seguridad nacional y es parte del ocultamiento de información de Juan José Suárez Coppel al Legislativo, pese a las evidencias de la infiltración de la delincuencia organizada en la paraestatal.
Paraíso, Tabasco. Pasaban de las 10 de la mañana cuando el Bell 412 de Heliservicios de Campeche aterrizó sobre el helipuerto de la Yaxche-Bravo, la nueva plataforma de perforación tipo horse ubicada a 20 tirantes de agua en el Activo Integral Litoral de Tabasco (AILT), uno de los activos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Aún los motores no terminaban de apagarse, cuando los supervisores de Pemex Exploración y Producción (PEP) abrían las puertas y bajaban con la cabeza gacha, esquivando el último rehileteo de las aspas, acelerados por iniciar su trabajo. Evaluarían los últimos detalles antes de autorizar la conexión de la Yaxche con los pozos para extraer crudo ligero.
Con la respiración cortada, pasaron de la sorpresa a la incredulidad. La novísima plataforma de 126 millones de pesos había sido saqueada: gabinetes, puertas, tableros e instrumentos de control. Los ladrones se llevaron también todo el cableado, la tubería de asbesto y aluminio; la red de tierras físicas y electrónicas; las alarmas, los sistemas de detección de gas y fuego; todo el alumbrado y hasta las luces de emergencia.
Su asombro no tenía tregua. A medida que recorrían la instalación, tropezaban con tornillos y pedazos de cable. Donde antes estaban los equipos, sólo había huecos. Hacía seis meses que la moderna plataforma –comprada a Industria del Hierro, subsidiaria de ICA– era instalada. Ahora parecía un vehículo recién desvalijado. La premura con la que una hora antes habían descendido del helicóptero les había impedido percatarse que en el helipuerto ya no había luces, señalizaciones ni cableado. Hasta el pararrayos se habían llevado.
El robo implicaba no sólo el valor de los equipos sustraídos, los graves daños a la instalación o la merma de la Yaxche a la producción petrolera contabilizada para ese año; significaba que, la víspera de aquel 15 de septiembre de 2008, alguien había burlado el cerco militar, los patrullajes náuticos y sobrevuelos de la Armada de México, esquivado la mira de Control de Tráfico Marino de Pemex (que revisa la maniobra de las embarcaciones) y la vigía de la Capitanía de Puerto; también, que los equipos fueron desmantelados por expertos –instaladores, maniobristas e instrumentistas– y sacados del área en una embarcación que no fue detectada por las Fuerzas Armadas.
Seguridad nacional, vulnerada
La Yaxche-Bravo es una de las plataformas que comprenden los activos integrales Abkatún-Pol-Chuc y Litoral de Tabasco, los campos con mayor producción de crudo ligero y superligero de la industria mexicana (con 212 mil barriles de petróleo crudo por día y un volumen promedio diario de 531 millones de pies cúbicos de gas), administrados por la Región Marina Suroeste de PEP.
A diferencia de la mayoría de las plataformas que operan en la Sonda de Campeche, las de esta zona sí son propiedad de Pemex. En los últimos tres años, se formalizaron las últimas adquisiciones, en una multimillonaria inversión, para aumentar la producción de los llamados campos maduros. Se trata de sofisticados equipos de primer nivel con tecnología de punta, construidos en patios portuarios de Tampico, Pueblo Viejo y Tuxpan, o adquiridos en el extranjero. De manera que el robo o daño a cualquiera de sus equipos representa un fuerte descalabro a las arcas públicas.
Al área de plataformas, que comienza 20 kilómetros mar adentro del Puerto Marítimo de Dos Bocas, sólo puede acceder el personal adscrito a su operación, y los elementos de las corporaciones encargadas de su vigilancia: Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex –integrada básicamente por militares–, Armada de México y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ingresan vía helicóptero o barco, en traslados estrictamente controlados por Pemex y la Capitanía de Puerto.
Pérdidas cuantiosas
Aun cuando las plataformas están aseguradas, este tipo de robos implicará para Pemex millonarios gastos adicionales por rehabilitación, de acuerdo con información proporcionada por fuentes de la petrolera que participan en la coordinación de estos trabajos. Hasta el momento, refieren, aún no termina de evaluarse el costo total de rehabilitación y puesta en operación de las plataformas.
Otra pérdida, quizá la más costosa, es “por el petróleo que no produce una plataforma que está fuera de operación”, lo que impacta en la producción estimada, explica Joaquín Dorantes, petrolero que durante 33 años laboró como directivo del área marítima de Pemex. Además de que “este tipo de robos implica una disminución acelerada del valor de los activos de la paraestatal”, añade.
Saqueos y complicidades
Hasta hoy, no hay pronunciamiento alguno sobre estos hechos por parte de las autoridades involucradas en la seguridad de la zona. La Semar aún “evalúa” responder a la solicitud de entrevista solicitada por Contralínea sobre los hechos aquí planteados. Por parte de Pemex, los directivos se negaron a responder.
La tesis de algunos mandos medios de PEP, tal y como se lo plantearon al director general Juan José Suárez Coppel, es que los equipos podrían estarse revendiendo a Pemex o enviándose al extranjero para usarse en plataformas en otros países, como ocurre con el crudo y condensados que en un mercado negro paralelo se les distribuyen también a petroleras estadunidenses.
Laura Itzel Castillo, secretaria de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dice que el ocultamiento de información por parte de Suárez Coppel impide que el Legislativo tenga evidencia de si este caso es parte de la infiltración de la delincuencia organizada en Pemex y el nivel de operación que el crimen organizado alcanza en la petrolera.
La legisladora acusa que hay negligencia en la ligereza con la que los directivos de Pemex manejan la situación. Explica: “Sorprende la ligereza con la que los funcionarios de Pemex están tomando el asunto, como ocurre con el mercado negro de combustible. Por ejemplo, en una reunión que tuvimos algunos legisladores con Carlos Morales Gil, llamó ‘competencia’ a los delincuentes que se apoderan de los hidrocarburos en la zona para venderlos en Estados Unidos. Si se tiene tanta información al respecto, ¿cómo es posible que no se actúe contra la delincuencia? No se promueve ninguna investigación ni acción diplomática”.
Aunque lo que ocurre en plataformas, explica Castillo, “evidencia que México pasó ya de ser un Estado fallido a un Estado criminal. Ahora ya no sólo es el robo de hidrocarburos, sino de las instalaciones que están custodiadas por la Marina y el Ejército. Sobre esto deben dar una explicación Felipe Calderón y Suárez Coppel, porque éste es un asunto de seguridad nacional y los dos tienen una responsabilidad directa”.
Legisladores integrantes de la Comisión de Marina alertan que los robos en plataformas son un tema de primer orden, ya que dejan al descubierto la vulnerabilidad de la seguridad nacional, por lo que pedirán a las dependencias respectivas información sobre cada caso.
“Éste es un asunto absolutamente delicado porque significa que ya los actos de la delincuencia organizada llegaron también a nuestra plataformas marinas, lo que pone en riesgo uno de los bienes fundamentales para la nación”, dice la diputada Ifigenia Martínez Hernández, integrante de dicha Comisión y experta en seguridad energética.
La obligación del Ejecutivo, agrega la diputada Martínez, “es garantizar que la explotación de Pemex se haga en condiciones de protección a los bienes de la nación, por el beneficio de todo el país, de manera que Calderón debe responder respecto del daño que estos actos están provocando”.
Legisladores consultados por Contralínea alertan que en tanto Suárez Coppel no clarifique lo que ocurre en las plataformas de Pemex, la escalada de delitos irá en aumento, colocando a la petrolera en una situación de alto riesgo; por ello, el tema es ya una de las prioridades para la Comisión de Energía del Legislativo.
“Hay una gran preocupación porque todos nos preguntamos en manos de quién estamos y si hay un descontrol absoluto. Finalmente, quienes se acaban apoderando de las riqueza son quienes están al frente de esta delincuencia organizada, pero con la complacencia de las autoridades federales”, explica la diputada Castillo.
Las fallas de García Luna
La inacción en los robos a las plataformas petroleras no compete únicamente a las Fuerzas Armadas. En el gobierno de Felipe Calderón, a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública (SSP), se le dieron atribuciones para establecer estrategias de prevención y combate del delito y la delincuencia organizada en las zonas petroleras –incluidas las plataformas– a través de Plataforma México.
El “cerebro informático que facilita el análisis de inteligencia para combatir la criminalidad”, como definió Calderón la Plataforma México (al clausurar la V Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia, en julio pasado), no ha logrado prevenir este tipo de delitos.
Según las funciones de Plataforma México, en este sistema debía registrarse cada caso, establecer el perfil de los responsables y el modus operandi. La información de este sistema debía cruzarse además con la de la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Hasta ahora, no hay evidencia de que la SSP tenga conocimiento de los casos. A la solicitud de entrevista de Contralínea para hablar sobre esos hechos, la SSP rehusó dar respuesta.
Irónicamente, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando mayor tecnología y elementos de inteligencia militar se han desplegado en las zonas petroleras, la delincuencia alcanzó las plataformas.
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