Por ello, un día antes de la reunión de la Corte, Suárez Coppel balbuceó la peregrina idea de crear de una nueva empresa que se encargue de la emisión de los contratos, en la cual los futuros contratistas participarían en santa hermandad con el gobierno y en la que la presencia de Pemex sería minoritaria. Quizá para garantizar la opacidad jurídica de las operaciones y que el control de las actividades de inversión, exploración y explotación de los yacimientos petroleros sea avasallado por los caprichos de los “socios” mayoritarios.
Se sabe que a los inversionistas les fascinan los negocios con el gobierno, porque éstos les otorgan privilegios excepcionales, les aseguran la privatización de las jugosas ganancias, al margen de los resultados alcanzados y los métodos empleados, sean legales o ilegales, o ambos al mismo tiempo, y cuando las asociaciones arrojan pérdidas, ellas son socializadas, convertidas en deuda pública que, por décadas, pagarán las mayorías. Así, salvaguardan sus capitales. El actual rescate empresarial provocado por el colapso mundial neoliberal ha costado billones de dólares. El fracaso de los banqueros mexicanos se convirtió en un débito estatal por 765 mil millones de pesos (MMDP) y el de los constructores de carreteras en otro por 139 MMDP. En total, 904 MMDP, casi el 20 por ciento de la deuda total, por los cuales, además, a los nuevos banqueros les hemos pagado más de 200 MMDP por concepto de intereses. Pero los “socios” son volubles. Les irrita que las autoridades quieran dirigir las asociaciones para velar por el interés nacional y montan en cólera cuando algún regulador tiene el pésimo gusto de tratar de hurgar las hojas de balance y supervisar las actividades, ya que, dicen, atentan en contra del “libre mercado” e inhiben la “creatividad” empresarial.
Suárez Coppel también aventuró que PMI Comercio Internacional podría encargarse de los contratos, pues esos empleados son expertos en crear empresas ubicadas en el limbo legal; aunque en ellas participe Pemex, son manejadas como si fueran privadas. Así se evita el infame e incómodo escrutinio de la Auditoría Superior de la Federación y de la sociedad, y por añadidura, la rendición de cuentas y las posibles sanciones ante el corrompido tufo que emana desde sus cloacas. De Miguel de la Madrid a Calderón, con esos fines, Pemex ha inventado, al menos, 16 subsidiarias asociadas o figuras financieras que manejan miles de millones de dólares y se dedican a la compra-venta de crudo y sus derivados, la especulación, al oficio de asesoría o cuanto servicio se requiera. Se ubican en al menos nueve países de Europa, América del Norte y el Caribe, varias de ellas, en paraísos fiscales. Cuando se les ha demandado información sobre las actas constitutivas, su participación accionaria, el patrimonio, sus actividades y las utilidades obtenidas, siempre la han negado rotundamente bajo el argumento de que las empresas “no cuentan con presupuesto de recursos federales” o están sujetas a “leyes y normas de confidencialidad” (Israel Rodríguez y Elizabeth Velasco, La Jornada, 13 de julio y 20 de octubre de 2010). A decir de la periodista Nancy Flores, desde finales de la década de 1980 se han creado 25 empresas “privadas”, ciento por ciento propiedad de Pemex y sus subsidiarias, que operan en México y en el extranjero. La mayoría es sociedad instrumental o de papel: carece de personal y de oficinas. En 2007-2009, cuatro de ellas, manejadas por PMI, ocultaron el manejo de un presupuesto por más de 75 MMDP. Pemex ha sido seducido por los paraísos fiscales: Luxemburgo, Irlanda, Suiza, Islas Caimán, Delaware (Estados Unidos), Holanda y Las Bahamas (Contralínea 167). Curiosamente, a los gobernantes corruptos, los narcos o quienes tienen cuentas de origen oscuro, también les fascina el discreto encanto de esos lugares por la facilidad que otorgan para limpiar el dinero turbio. Allí pierden su origen y su tufo.
Suárez Coppel divagó sobre la opción de ampliar la participación de Pemex en refinerías estadunidenses, porque “es más conveniente y rentable que construir una refinería en México”. Pese a que por ley, desde 2009, Calderón y sus empleados de Pemex fueron obligados a edificar una nueva, que se dijo se ubicaría en Tula, Hidalgo, y que empezaría a funcionar en 2015 para reducir las importaciones de gasolinas, cuyos onerosos precios aumenta Hacienda mes con mes para saquear los bolsillos de los consumidores. A la fecha, con gran desprecio a la ley, no han hecho absolutamente nada, burlándose de la población, de los congresistas y los cortesanos. La edificación de la refinaría implicaría que, quizá, Pemex se vería obligado a dejar de manipular las divisas usadas para importar gasolina, diésel y otros petrolíferos, cuyo monto en el calderonismo ha ascendido a más de 690 MMDP, equivalente a cinco veces la inversión requerida para construir la refinería en Tula, según Nancy Flores (Contralínea 212); transacciones que son realizadas en las penumbras de los turbios paraísos fiscales por las empresas “privadas” de la paraestatal (Contralínea 164). ¿Con qué objeto?
Y Felipe de Jesús le confesó a José María Aznar que calculó mal la profundidad y la magnitud de la corrupción heredada por los priistas, secreto que, raudo, el boquiflojo engendro de Francisco Franco transmitió al Baby Bush, de acuerdo con los documentos publicados por Julian Assange en Wikileaks.
Ésa es nuestra democracia y estado de derecho bárbaros. Es el reino de la impunidad de las elites dominantes que se regodea esplendorosamente y que, según Calderón, retornará si la derecha priista recupera la Presidencia, una vez que se consume el estrepitoso derrumbe de la derecha clerical panista.
Ya sea que Calderón y Suárez Coppel hayan querido presionar a los ministros o adelantárseles por la vía de los hechos consumados, como lo hizo con Juan Molinar con la concesión de Televisa-Nextel, sus tribulaciones eran infundadas. Porque la docta Corte nuevamente demostró que está a la altura de las circunstancias. Por unanimidad, validaron dichos acuerdos, cuya naturaleza es similar a los contratos de riesgo emitidos por Miguel Alemán, por encima de la Carta Magna, los cuales permitieron una temporal trasnacionalización de la industria. El rechazo social que enfrentaron en su momento, empero, obligó a Adolfo López Mateos, en 1960, a modificar el artículo 27 constitucional para terminarlos anticipadamente, prohibir esa clase de concesiones desnacionalizadoras y restaurar la mancillada rectoría estatal en materia de hidrocarburos.
Pero ésas eran las épocas del nacionalismo y la soberanía rampante. Ahora priva el retorno al capitalismo salvaje, la “moderna” contrarrevolución neoliberal, desnacionalizadora, destructora de la rectoría del Estado, restauradora del reprivatizador pillaje y la destrucción empresarial de los recursos naturales, antaño propiedad de la nación. Amparada y fomentada por la derecha priista-panista neoliberal que desde 1982 asaltó el gobierno; legalizada por leguleyos al estilo Calderón y Javier Lozano.
Con acicalada perorata, los ministros de anteojeras se dijeron preocupados por el riesgo de que los contratos pongan en entredicho la rectoría estatal petrolera y el control público de los hidrocarburos; que el consejo administrativo de Pemex actúe a su libre arbitrio e interprete los convenios perversamente, ante una normatividad relajada; que se afecten las “actividades sustantivas” de la paraestatal (su capacidad productiva, la recuperación del nivel de las reservas, los costos, el valor de las ventas, las utilidades) o que los empresarios suplanten a Pemex, lo que comprometería el patrimonio del país.
Si no los hubieran aprobado, no tendrían que recurrir a esa figura retórica. ¿Ingenuidad o suprema desvergüenza?
Es obvio que los émulos del cachorro de la Revolución –como Vicente Lombardo Toledano calificó a Alemán, el míster amigou–, De la Madrid a Calderón, los legisladores citados y los hombres de presa, hubieran preferido reprivatizar a la industria petrolera de una vez por todas y para siempre, como ha sucedido con otros sectores estratégicos. Pero los contratos aprobados por los faltos de justicia y exceso de injusticia no son despreciables: ofrecen protección legal a la rapiña. Entregarán las áreas donde existen reservas explotables que garantizarán las ganancias en efectivo y más si se aplican, con un precio por barril extraído que no podrán rechazarse, con altas compensaciones respecto de los costos (70 por ciento-80 por ciento), y durante un plazo suficiente como para agotar los yacimientos (50 años, la mitad de tiempo con los contratos de riesgo y la otra, sin necesidad de un nuevo concurso). Al cabo, todo contrato siempre es ajustable para justificar el alza en los costos (inflación, precio del crédito o de los insumos) o el incumplimiento de las metas, en demérito de Pemex y la nación. Y se puede esconder. Se les considera como si fueran secreto de Estado y se les reserva por años.
El cachorro se quedó corto. Fuenteovejuna neoliberal rivaliza con Porfirio Díaz.
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