Investigaban a los políticos corruptos
Miles de expedientes serán destruidos
Como regalo de fin de año para millones de mexicanos, Felipe Calderón prepara la desaparición de la Unidad de Inteligencia Financiera(UIF), el único órgano de la Secretaría de Hacienda encargado de investigar las fortunas de funcionario y políticos corruptos, y en sus archivos reúne miles de expedientes de servidores públicos, legisladores y militantes de partidos políticos que se han enriquecido con dinero público y con negocios que realizan con el crimen organizado y cárteles de la droga.
Incómoda para políticos, legisladores, burócratas, lavadores de dinero y defraudadores financieros, la UIF de la Secretaría de Hacienda desaparecerá por presiones políticas y sus funciones las asumirá una área de la cuestionada Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SIEDO), dependiente de la Procuraduría General de la República, y tentativamente se llamaría Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada.
El gobierno de Felipe Calderón tomó tal determinación ante la quejas de senadores, diputados, políticos y funcionarios que han sido investigados por la UIF y cuyos expedientes financieros han sido utilizados políticamente, es decir para ejercer presión en contra de algunos, otros han sido “perdonados” y sus expedientes archivados a pesar de haber pruebas contundentes en su contra, y los menos han sido procesados penalmente y están presos en cárceles de máxima seguridad, sobre todo aquellos que pertenecen a partidos opositores al del gobierno panista.
En los archivos de la UIF hay información tan valiosa, que a un gobierno interesado en impartir justicia le sería fácil combatir la corrupción oficial, el abuso del poder, el tráfico de influencias, el enriquecimiento inexplicable de burócratas y el desvío de recursos del erario federal, sin embargo a Calderón no le preocupa ni le interesa y prefiere deshacerse de una área de inteligencia molesto por las filtraciones que de allí han salido y han puesto en evidencia su forma interesada de gobernar.
Entre las irregularidades encontradas en esos expedientes destacan cuantiosos depósitos y retiros en efectivo de prominentes políticos, legisladores y militantes de todos los partidos políticos; transferencias millonarias a instituciones extranjeras sin que se conozca el origen del dinero; evasión del pago de impuestos; blanqueo de capitales producto del narcotráfico y crimen organizado, entre otros muchos delitos.
Por eso Felipe Calderón, un presidente sin credibilidad y debilitado políticamente, a quien critican lo mismo miembros de su gabinete que sus correligionarios panistas, cedió a las presiones legislativas para eliminar ese órgano de inteligencia y desaparecer sus funciones que hasta ahora desempeñaba desde las oficinas de la Secretaría de Hacienda, para darle más juego a una corrupta Procuraduría General de la República fácilmente manipulable y que no hará nada sin su consentimiento, como ocultar y desaparecer cualquier evidencia que pueda poner en riesgo a su equipo de gobierno.
Cede Calderón ante Manlio Fabio
Nos enteramos la semana pasada por la reportera Leticia Robles de El Universal, en una pequeña nota perdida en páginas interiores del diario, que la petición de eliminar la UIF de la Secretaría de Hacienda habría provenido de senadores del PRI y el PRD, ante lo cual el gobierno de Calderón de inmediato se aplicó para atender la queja de los legisladores y enviar una propuesta al Congreso.
El trabajo de la reportera explica que la UIF sería eliminada y sus funciones, a medio gas, serían ahora asumidas por una unidad creada en la SIEDO: “auxiliará directamente a la unidad especializada encargada de la persecución e investigación de los delitos (…) contará con oficiales ministeriales y personal especializado en las materias relacionadas con el objeto de la presente ley y estará adscrita a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada”, señala el documento.
El líder del Senado, el priista Manlio Fabio Beltrones y a quien la UIF también le abrió un expediente en busca de dinero mal habido, de inmediato se pronunció al respecto y dijo que la bancada priista “está buscando que nos garanticen que esta será una fiscalía especial que se encargue del combate a la corrupción y que dentro de la misma existan las facultades para abatir el lavado de dinero”.
Antes de su extinción, la UIF logró reunir cientos de expedientes de políticos clasificados como “Personas Políticamente Expuestas”, que no es otra cosa más que evitar que en las campañas políticas se utilice dinero sucio proveniente del narcotráfico y otros delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Ahora el gobierno federal deja de lado la investigación financiera en contra de aspirantes de todos los partidos políticos a puestos de elección popular, en momentos en que las campañas electorales empiezan a tomar fuerza para culminar en 2011 y 2012 cuando se designe presidente de la República.
En esta columna hemos dado cuenta de algunos de esos expedientes financieros confidenciales y en donde aparecen militantes de las principales fuerzas políticas (PRI, PAN, PRD y PT) que no han podido comprobar el origen de sus fortunas y el movimiento de dinero en efectivo en sus cuentas bancarias personales y de familiares.
Porqué entonces ha Calderón se le ocurre –en su tercer y último periodo de gobierno– que la UIF es un órgano de inteligencia inservible que debe desaparecer en Hacienda y propone la creación de otro que esté controlado por la corrupta Procuraduría General de la República.
La UIF
Dicha UIF fue creada como un órgano de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado y narcotráfico, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales.
En el portal de la propia Secretaría de Hacienda explica que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2004, el gobierno mexicano constituyó la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda “como una instancia central nacional para la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar operaciones posiblemente relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (LD/FT)”.
Las principales tareas de la UIF consisten en instrumentar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 bis del Código Penal Federal, o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 bis del mismo Código, referentes a LD/FT.
El objetivo de estas tareas es evitar que el sistema financiero mexicano sea utilizado en la realización de actos u operaciones vinculados con dichos delitos, con lo que se procura preservar su integridad y, por ende, la de la economía nacional.
En esa Unidad se reúnen expertos en la lucha contra el lavado de dinero, financieros, contadores, abogados y especialistas en seguir las huellas del dinero sucio, pero su futuro será incierto porque simplemente podrían ser despedidos.
Sin intereses políticos, estos técnicos sólo hacen su trabajo de investigación y de acumulación de pruebas para que desde Los Pinos decidan a quién se acusa penalmente, a quien se chantajea políticamente y a quien se le perdona el uso de millones de pesos producto del crimen organizado.
Godoy sí, Patrón Laviada no
Sin fuero de por medio, el exdiputado Julio César Godoy, hermano del gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy, es ya buscado por la Interpol en todo el mundo bajo los cargos de vínculos con el narcotráfico, delito que según las grabaciones filtradas de la PGR no dan lugar a duda y por ello se ha desatado una feroz persecución para llevarlo ante la justicia, sobre todo porque se trata de un militante de oposición al gobierno federal panista, esa es la justicia que sí le gusta practicar a Calderón, siempre y cuando no se trate de miembros de su gabinete que cometen corruptelas o militantes del PAN que violen la ley.
Escribía hace unas semanas que si hubiera justicia en México, los últimos tres procuradores generales de la República, todos de extracción panista, deberían ser procesados penalmente por encubrimiento, complicidad, negligencia y omisión ante delitos cometidos por el crimen organizado.
La razón es la discrecional forma de impartir justicia. En los últimos meses de la administración federal del malogrado Vicente Fox, el entonces procurador general Daniel Cabeza de Vaca Hernández recibió una denuncia penal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de varios miembros de la familia yucateca Patron Laviada, incluido el actual procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, por los delitos de vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero y desvío de recursos públicos cuando este último se desempeñó como gobernador de Yucatán.
A pesar de la contundencia de las pruebas aportadas por la UIF, como cuentas bancarias en donde se acumulan millonarios depósitos, en pesos y en dólares, presuntamente procedentes del tráfico de drogas, la PGR se negó a iniciar la averiguación previa correspondiente y le heredó el problema al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, a quien lo menos que le preocupa es que se haga justicia y utiliza los órganos judiciales y de inteligencia para revanchas personales y ajuste de cuentas en contra de quienes piensan distinto a él.
Hace unas semanas el procurador Chávez Chávez se comprometió en el Congreso a iniciar una averiguación previa en contra de Patrón Laviada por vínculos con cárteles de la droga, pero hasta el momento eso no ocurre y en cambio persigue hasta en la misma Cámara de Diputados a un legislador perredista relacionado con el cártel apodado La Familia. Justicia a secas contra la oposición e impunidad al gabinete y a los panistas.
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