PAREJA PRESIDENCIAL Y ABUSO

Tras una rigurosa investigación, el periodista Francisco Cruz Jiménez detalla en el libro Las concesiones del poder (Editorial Planeta Mexicana. Sello Temas de Hoy. 2011), el tráfico de influencias que han marcado a la administración de Felipe Calderón y al matrimonio presidencial. Al margen de la guerra contra el crimen organizado, que en cuatro años dejó 34 mil muertos –en octubre de 2011 se reportan ya 50 mil–, el autor describe cómo la forma de gobernar de Calderón está ligada a su esposa Margarita Zavala Gómez del Campo, y ha beneficiado a familiares, amigos y a corporativos que se enriquecen a manos llenas. Sobre el tema, y con autorización de la editorial, presentamos el siguiente texto que describe a la pareja quien, todavía, es el centro del poder político en México.

Francisco Cruz Jiménez

Capítulo II

Los rostros ocultos de Margarita y Felipe

EN EL CUIDADO DE LAS FORMAS y las apariencias para cumplir con el papel solidario de Primera Dama ejemplar —por más que le disguste el título y hasta le suene peyorativo—, a Margarita Esther Zavala Gómez del Campo no la distingue precisamente la transparencia.

Las dudas brotan apenas se rasca la superficie de la historia reciente: un mes antes de los comicios presidenciales de 2006, José Gutiérrez Vivó pilló a Margarita Esther y a Felipe de Jesús en un incidente, uno de los más desconocidos y extraños episodios de la futura pareja presidencial, que cobró una dimensión difícil de ocultar y que se grabó en la mente del entonces más escuchado periodista de la radio en México.

Casi inadvertido, esa noche el sutil episodio se dio en una entrevista familiar que hizo, para Grupo Monitor y Canal 52 MX, a los Calderón Zavala en la última semana de mayo de 2006. Gutiérrez Vivó estaba inmerso en una guerra muy desigual contra el gobierno —que quería silenciarlo a través de un boicot publicitario generalizado— y contra los propietarios de Radio Centro por 21 millones de dólares. También debía atender los cada vez más graves problemas, por falta de liquidez, en Radio Monitor y en El Heraldo de México o Diario Monitor.

El apetito insaciable de los medios por los candidatos, la posibilidad de que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entrara a Los Pinos, la campaña de terror que alimentaban Fox, Calderón, el PAN y un grupo de empresarios desviaron el interés hacia otros temas. Se hicieron a un lado cuestiones como los ingresos y los bienes patrimoniales de la familia Calderón Zavala, así como las imputaciones contra un hermano de Margarita Esther.

Paquete especial con las figuras de los cinco candidatos presidenciales —Calderón, Roberto Campa Cifrián, Andrés Manuel López Obrador, Roberto Madrazo Pintado y Dora Patricia Mercado Castro—, Ésta es su casa fue un descalabro periodístico para Gutiérrez Vivó porque no mostró, aunque lo intentó, el lado humano de los cinco personajes. Lo mejor de las emisiones de Gutiérrez Vivó, quien visitó la residencia de cada uno de sus entrevistados, fueron los pequeñísimos detalles que no pudieron captar las cámaras de Canal 52 MX ni los micrófonos de Radio Monitor en el domicilio de los cinco integrantes de la familia Calderón Zavala. Para apoyar aquella entrevista, transmitida en vivo durante casi dos horas la noche del martes 30 de mayo, a la misma hora el equipo de campaña calderonista —encabezado por Juan Camilo Mouriño Terrazo, Josefina Vázquez Mota, Germán Martínez Cázares y César Nava Vázquez— y la dirigencia del PAN ratificaron que la diputada federal, Margarita Esther, sufragaba en forma íntegra los gastos personales y familiares de su abanderado presidencial.

Secretario general adjunto y vocero del Comité Ejecutivo Nacional, Nava confirmó que desde 1994 el ingreso de la familia “ha sido aportado principalmente por la legisladora federal. […] La declaración patrimonial de Calderón ante el IFE señala que goza de un fondo de ahorro que le permite afrontar su gasto, pero la fuente del sostén de la familia sigue siendo la misma: el ingreso de Margarita”.

Leer articulo completo AQUI.

El expediente negro de Dionisio Pérez-Jácome

La historia de Dionisio Pérez-Jácome Friscione como servidor público no es tan límpida como plantea el presidente Felipe Calderón. De su desempeño en el sector energético, el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes guarda un expediente que lo involucra en un millonario quebranto a las arcas de Petróleos Mexicanos.

Ana Lilia Pérez

En una medida considerada por los analistas como estratégica para deshacerse de uno de los funcionarios más cuestionados de su gabinete, en enero el presidente Felipe Calderón colocó a Dionisio Arturo Pérez-Jácome Friscione como secretario de Comunicaciones y Transportes, en sustitución de Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien lleva el lastre de la impunidad en torno al caso de la Guardería ABC.

Pero el exsubsecretario de Egresos, uno de los cuadros más cercanos a Calderón Hinojosa, tampoco tiene las “manos limpias”, así lo evidencia la auditoría 1001/2002, integrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que lo involucra en un millonario daño patrimonial en contra de Pemex Petroquímica (PPQ). Contralínea tuvo acceso al expediente que yace en los archivos confidenciales de la SFP. Ésta es la historia:

En 1997, el joven economista Dionisio Arturo Pérez-Jácome, de sólo 28 años de edad, recibió la encomienda de “promover la inversión” y capitalizar las empresas petroquímicas del Estado. El presidente Ernesto Zedillo lo nombró director del Comité Directivo Estatal para la Capitalización de las Empresas Petroquímicas no Básicas. Ya entonces trabajaba en Los Pinos como su asesor en “proyectos especiales” y política social y rural.

Tampoco eran sus primeros puestos en el Ejecutivo. Gracias al empuje de su padre, subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, y luego de Gobernación, Dionisio Arturo fue, a sus 22 años de edad, uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio –en el sector agropecuario y automotriz–, que tantos estragos ha provocado a la economía y campo mexicanos. Despachaba en la embajada de México en Canadá; fungía como tercer secretario.

Como parte de la división que Ernesto Zedillo hizo de la estructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) en subsidiarias y filiales, y de las modificaciones al artículo 27 constitucional y sus reglamentos para que la iniciativa privada participara en el área de petroquímica, creó el Comité donde colocó a Pérez-Jácome, bajo las órdenes directas del secretario de Energía, Luis Téllez Kuenzler, exjefe de Dionisio en la Presidencia.

Sus responsabilidades eran “diseñar esquemas para fomentar la participación privada en la industria, facilitar proyectos encaminados a fortalecer el sector de energía, así como servir de enlace entre inversionistas privados y las diferentes entidades del sector público”.

El Comité y PPQ signaron con la institución financiera JP Morgan un contrato para que la compañía, dedicada a los servicios financieros, fungiera como agente financiero para el proceso de enajenación y venta del 49 por ciento de las acciones de las filiales de PPQ (Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos y Escolín).

Aunque el Comité operaba con recursos asignados por la Secretaría de Energía (Sener), Luis Téllez y Dionisio Pérez-Jácome crearon un fideicomiso, identificado con el número PPQ1954, argumentando la supuesta necesidad de “capitalizar” el Comité. Decidieron que los recursos los aportaría Pemex Petroquímica, pero el fideicomiso sería controlado por Pérez-Jácome en su calidad de director del Comité Directivo Estatal y coordinador del Comité Técnico del fideicomiso. Se constituyó con un patrimonio de 3 millones 471 mil dólares y 8 millones 852 mil pesos.

Entre 1998 y 2000, Pérez-Jácome manejó cuantiosos recursos de la Sener y PPQ mediante el Comité y el fideicomiso sin rendir cuentas. Al cabo de dos años, fracasó su encomienda de capitalizar la industria petroquímica. Sólo se concertaron grandes negocios de empresas vinculadas con la Presidencia –como Fertimex y Agronitrogenados–, mientras que la producción y ganancias de Pemex fueron en declive.

Nunca se hicieron públicas las irregularidades con las que manejó el fideicomiso, consignadas en las auditorías que realizaron auditores de la contraloría interna.

Desvío de recursos

El Órgano Interno de Control (OIC) detectó el supuesto desvío de recursos de la subsidiaria PPQ al fideicomiso PPQ1954, que se habrían realizado entre junio y septiembre de 2000. Ello motivó el interés de los auditores para revisar las cuentas; aunado a que la Contaduría Mayor de Hacienda pidió al OIC su evaluación del contrato entre PPQ y JP Morgan para la colocación de las acciones de las filiales, que se volvió un rotundo fracaso.

Como la línea del fideicomiso apuntaba a la Secretaría de Energía, la SFP facultó a los contralores para que realizaran auditorías especiales a la Sener, mediante la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

Así, entre febrero de 2001 y junio de 2002, realizaron dos auditorías especiales al Comité. Al cabo de ellas, los auditores determinaron “ilegal” la creación y operación del fideicomiso PPQ1954, “producto de un acto viciado”, inscribieron en sus informes.

Pero además, las auditorías develaron supuestos “desvíos” cometidos por altos funcionarios de la Sener: el secretario Luis Téllez; el subsecretario, José Merino Mañón; y el jefe de unidad, Dionisio Pérez-Jácome.

Respecto de la relación contractual con JP Morgan, según los auditores, JP Morgan habría incumplido sus obligaciones contractuales sin apercibimiento alguno por parte del director del Comité. En lugar de realizar su trabajo, contrataron asesores externos para las funciones que el Comité y PPQ les habían encomendado. Los auditores determinaron también un daño patrimonial en la duplicidad de los servicios de JP Morgan.

Al respecto, cita la auditoría, “JP Morgan debió atender las actividades que tenía encomendadas aplicando sus propios recursos humanos y financieros; debiendo en todo caso correr por su cuenta y riesgo la contratación de los asesores que considerara convenientes para el cumplimiento del contrato… por lo que el fideicomiso no debió haber contratado consultores externos para apoyar las actividades de JP Morgan”.

Supuestamente, muchos de los recursos que manejó el fideicomiso se destinaron a la contratación de numerosos asesores, sin embargo, los auditores no encontraron evidencia documental que comprobara tales trabajos, contratados bajo el rubro de “gastos técnicos”. Se halló también la omisión de cobro de costos financieros por pago de facturas.

Se determinó un daño patrimonial de 8 millones de dólares. Las auditorías identifican como responsables a Luis Téllez, José Merino Mañón y Dionisio Pérez-Jácome; también al director de PPQ, Armando Leal Santa Ana, y al representante de la subsidiaria en el fideicomiso, Guillermo Lanché Guevara.

Concluidas las auditorías, los fiscalizadores enviaron al área de Responsabilidades la documentación para que se fincaran responsabilidades a los funcionarios citados por desvío de recursos y daño patrimonial. Entonces recibieron la “sugerencia” de sus superiores de “modificar” los resultados para eximir a los funcionarios. Como se negaron, la “sugerencia” se tornó en intimidación y luego en su cese. Así lo denunciaron los contralores en diversos oficios enviados entre 2004 y 2005 a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

En sendos oficios citan, además, que “el 23 de septiembre de 2003 se solicitó la intervención del ingeniero Rosendo Villarreal Dávila, contralor interno de la SFP para que no se perpetrara una arbitrariedad y se denunciaron las irregularidades cometidas, sin embargo, se hizo caso omiso y se dio carpetazo a los asuntos”.

Ello, detallan al Legislativo, fue clave para que prescribiera “la facultad de sancionar las irregularidades señaladas en el informe de presunta responsabilidad de la auditoría”.

En aquel periodo, el del fideicomiso que manejó el Comité Directivo Estatal para la Capitalización de las Empresas Petroquímicas no Básicas era considerado en la SFP como uno de los cinco casos más relevantes del sector energético, más que por el monto del daño patrimonial, por el nivel jerárquico de los funcionarios implicados.

Ninguna responsabilidad ni sanción se ejecutó contra Dionisio Pérez- Jácome; tampoco contra Luis Téllez, actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. El expediente quedó, como tantos, archivado en la SFP. De esta manera, el hoy secretario de Comunicaciones y Transportes libró una probable inhabilitación.

Cuando se concluyeron las auditorías, ejercía como comisionado regulador de Energía, área clave para el gobierno de Vicente Fox, donde, en 2003, le tocaría como jefe de sector Felipe Calderón Hinojosa. También en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la gestión de Pérez-Jácome dejó huella: una feria de permisos especiales para que los empresarios privados produjeran energía eléctrica, en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC); permisos en los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló gravísimas irregularidades.

En la CRE, entreguismo

Dionisio Pérez-Jácome Friscione hizo de la CRE un despacho de expedición de permisos para la producción de energía eléctrica a la medida de cada consorcio privado. Con ello no sólo quebrantó la Constitución respecto de la potestad del Estado en el sector eléctrico, sino que se obligó a que la CFE y LFC compraran a particulares energía al por mayor, producida incluso con la infraestructura de las paraestatales.

En términos generales, en estos permisos incluyó como excepción a la prohibición de vender energía eléctrica, su “enajenación” a “socios” del titular del permiso. También validó cada convenio y contrato para que los permisionarios vendan, bajo la simulada figura de “enajenación”, energía a sus “socios”, que en realidad son los compradores de esta energía.

Los permisos contravenían el artículo 27 constitucional y diversas disposiciones jurídicas, por tanto eran ilegales. Así lo determinó la ASF después de escrutarlos, como parte de dos auditorías especiales que hizo en la CRE en el periodo en que Pérez-Jácome se desempeñó como comisionado regulador.

El equipo del contador Arturo González de Aragón al frente de la ASF encontró también graves omisiones por parte de la Comisión Reguladora, como el que no requería a los permisionarios información de la energía que estaban produciendo y de qué forma y en qué cantidad la distribuían. Dicha información debía ser entregada de forma periódica según las obligaciones del permisionario inscritas en el clausulado de sus permisos. Su incumplimiento debía dar pie a la rescisión. Pese a que prácticamente en la CRE no recibía la información, Pérez-Jácome tampoco suspendió los permisos.

Cita la ASF que la CRE no tenía control de la aplicación de los permisos ni de las modificaciones que cada productor independiente hizo a las condiciones originalmente pactadas en sus concesiones.

La auditoría encontró que algunos permisos expedidos ni siquiera tenían el aval de la CFE, en contravención a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El órgano máximo de fiscalización indicó a la CRE que se excluyera la salvedad de vender energía eléctrica a los socios de los permisionarios y que supervisara que los solicitantes de los permisos no tuvieran como objeto la venta de energía eléctrica. De incumplirse cualquiera de estas disposiciones, advirtió la ASF, los permisos debían cancelarse. Recomendó también “evitar” la “discrecionalidad” en la autorización de los cambios a las condiciones pactadas originalmente.

Las observaciones de la ASF molestaron seriamente al presidente Vicente Fox, sobre todo porque la Auditoría solicitó al OIC que se fincaran responsabilidades contra los funcionarios de la CRE implicados en las irregularidades encontradas. En respuesta, el Ejecutivo, a través de la Sener, representada entonces por Felipe Calderón, interpuso una controversia constitucional donde alegaba que la ASF no tenía facultades para auditar los permisos.

Allí, por segunda ocasión, se desvaneció la posibilidad de que se fincaran responsabilidades contra Pérez-Jácome. Pero hubo un impacto mayor en detrimento de los bolsillos de todos los mexicanos:

Mediante los 381 permisos especiales para la producción de energía eléctrica que expidió en la CRE, obligó a que la CFE y LFC compraran a las privadas sus “excedentes”, con el argumento de que le era más rentable al Estado. Sin embargo, las auditorías de la ASF encontraron que la CRE nunca verificó la aplicación de la metodología para determinar los costos de la energía adquirida con los particulares; en consecuencia, el gasto por megawatt generado se incrementó 53.6 por ciento en términos nominales, entre 2003 y 2008. Costo que con la reducción del subsidio hoy paga directamente cada familia mexicana.

Diversos análisis elaborados por Sergio González Broca, especialista en tarifas eléctricas y extrabajador del sector por cuatro décadas, comprueban que el costo de producción y las tarifas se han incrementado a medida que los privados reemplazan a la CFE y la extinta LFC en la producción.

Ello se relaciona también con que en un afán de mero lucro, desde el sexenio de Vicente Fox, los productores privados comenzaron a producir en volúmenes a más del doble de lo requerido por el mercado mexicano, con compras aseguradas por la CFE. Lo que implicó una inversión de más de 5 mil millones de dólares a partir de 2001, cargo que se aplica a las tarifas eléctricas que paga el usuario, estima el Comité Nacional de Estudios de la Energía. Estas tarifas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, son las más caras del mundo.

Si como comisionado regulador de Energía Dionisio Pérez-Jácome hubiera observado, como era su obligación, lo costoso que le resultaba al Estado pagar para que terceros produjeran lo que por mandato Constitucional compete a las paraestatales, tal vez los mexicanos no lidiarían hoy con las exorbitantes facturas de la CFE, impagables para el poder adquisitivo de los mexicanos en el sexenio de Felipe Calderón.

Contralínea solicitó entrevista con el secretario Dionisio Pérez-Jácome para que respondiera respecto de la auditoría que lo involucra en supuesto daño patrimonial a Pemex, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Por su parte, Luis Téllez, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, a través de su vocero Roberto Gavaldón, dijo que no concedería la entrevista “porque el asunto ocurrió hace ocho años” y hoy no es funcionario de gobierno y responde “a otros intereses”.

Se buscó también la postura de JP Morgan respecto de la auditoría. El vocero en México, John Murray, dijo a Contralínea que no tenían ningún comentario al respecto.

Fuente: Contralínea 218 / 30 de enero de 2011

PAN: Margarita humilla a Patricia

Margarita Zavala y Patricia Flores.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 6 de diciembre (apro).- El triunfo de Gustavo Enrique Madero como presidente del Partido Acción Nacional (PAN) es de Felipe Calderón, quien con esta tercera imposición de manera consecutiva se confirma sin margen de duda como el jefe máximo de este organismo y mariscal único de la campaña hacia 2012, pero también lo es de Margarita Zavala Gómez del Campo, su mujer, cada vez más parecida a Marta Sahagún.

En contraparte, la derrota de Roberto Gil Zuarth es también de Patricia Flores Elizondo, la exjefa de la Oficina de la Presidencia que fue vetada no sólo para ser senadora en 2012, idéntica pretensión de Margarita Zavala, sino para integrar el Comité Ejecutivo Nacional que diseñará las reglas para la futura bolsa de trabajo que representan la lista de candidatos a diputados, senadores y presidente de la República.

Ante la embestida de Margarita Zavala, que ejerce los instrumentos del poder presidencial como lo hacía Martha Sahagún --aunque con una simulada discreción--, a Patricia Flores se le escapa, también, la posibilidad de ser embajadora y, si acaso, podrá tener empleo con el empresario Roberto González Barrera.

En el “lío de faldas en el PAN” que aquí se expuso hace dos semanas, en la disputa por el control de ese partido, se materializó la victoria de Margarita Zavala el sábado 4 y el domingo 5, cuando el Consejo Nacional de ese partido optó por Madero como presidente y un CEN totalmente afín a Calderón, en un proceso conducido, de punta a punta, justamente por él y por el secretario de Gobernación, Francisco Blake.

Desde que, a última hora, se inscribió Gil Zuarth, el 24 de octubre, hasta la integración del CEN, el domingo 5, Calderón tuteló los movimientos de los cinco candidatos: Desde que los reunió por primera vez en Los Pinos, el viernes 5, hasta que Blake se desayunó con miembros de respectivos equipos de los cinco, el sábado 4, y aun la declinación de Gil, a quien se le dio un transitorio derecho al pataleo.

A Gil Zuart, a quien sacrificó por razones de poder y aun personales, Calderón le podrá decir, parafraseando a Adolfo Ruiz Cortines: “perdimos, compadre” y podrá ser consolado con un cargo equivalente al sacrificio, como por ejemplo la coordinación de la diputación panista, que prematuramente deberá dejar Josefina Vázquez Mota.

Vale decir que, junto con Gil y Patricia Flores, fue derrotado también el secretario de Educación, Alonso Lujambio, y con Madero y Zavala se fortalece Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, a cual más de medianos, lo que explica la línea de Calderón de configurar una candidatura “ciudadana”, como si los miembros de los partidos no tuvieran tal condición.

Pero además de la victoria de Margarita Zavala, quien en ausencia de su marido condujo los trabajos del Consejo Nacional desde el principal sitio del podio instalado en el salón Manuel Gómez Morín, hubo otro triunfador inobjetable: El Yunque.

En efecto, la organización clandestina de ultraderecha conquistó por lo menos 16 de los 40 integrantes del CEN, casi la mitad, cuya secretaría general --la segunda en jerarquía en ese partido-- recaerá en Cecilia Romero, una prominente juramentada que con su candidatura evitó, también, quedar sepultada junto con los cadáveres de los 72 inmigrantes asesinados en Tamaulipas.

La configuración del CEN, que contará con los únicos talentos de Javier Corral y Juan José Rodríguez Prats, sólo ratifica el pacto Calderón-El Yunque que explica la orientación claramente de derecha del gobierno actual, no sólo en su clericalismo, sino en la defensa de privilegios a los grupos económicamente poderosos, cuya simpatía disputa con el priismo de siempre.

Madero tiene esa vocación en Chihuahua: Desenvuelto en el sector privado, fue impulsado en su carrera política por El Yunque de ese estado y muy pronto supo, como muchos otros panistas, vincular la política con los negocios, de la mano de Arturo Chávez Chávez, actual procurador general de la República, un modelo que ejercita desde su despacho de abogado otro de los grandes perdedores del fin de semana: Germán Martínez.

Aunque un consejero nacional que conoce al presidente del PAN que llevó a su partido a la peor derrota de su historia y que fue el jefe de campaña de Gil Zuarth hizo una aclaración precisa: “Nadie pierde lo que nunca tuvo”.

Así es…

Apuntes

En Proceso lo sabemos de cierto: Calderón montó en cólera y armó la trama con Televisa, de la que los muchos panistas se avergüenzan en voz baja, apocados. No vacilamos: Ante el poder, contra el poder, pero no con el poder…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

Huesos del CEN del PAN para cuates y familiares de Calderón

El reparto de huesos en el CEN del PAN incluyó a familiares y amigos de Felipe Calderón, incluyendo a una hermana, una sobrina, y amigos y subalternos de él en el gabinet.

Leer articulo completo AQUI.

Video: Alfredo Jalife y Ana Lilia Pèrez en la Presentaciòn del Libro Camisas Azules Manos Negras

http://www.youtube.com/watch?v=cwE-EYcyUqs

http://www.youtube.com/watch?v=jkCvnlIk-3s

Godoy, Calderón y sus familias michoacanas

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 12 de septiembre.- Julio César Godoy Toscano fue elegido diputado federal en ausencia el 2 de julio de 2009. Se había librado en su contra orden de aprehensión el 16 de junio anterior, para eludir la cual no se presentó al cierre de campaña ni acudió a las urnas del puerto de Lázaro Cárdenas, cuyo alcalde con licencia era. Pero los votantes le dieron su representación.
Acusado de ser parte de la estructura de La Familia michoacana –la banda local con alcances cada vez mayores fuera de la entidad–, Godoy Toscano perdió su lucha por rendir protesta como legislador, pero ha triunfado en el resto de los recursos legales que sus defensores han presentado ante la justicia de amparo. Ganó la protección de la justicia federal contra la orden de aprehensión, y en ese mismo tenor ha vencido en dos ocasiones más al Ministerio Público Federal, como lo ha hecho otras tres veces ante los tribunales de segunda instancia.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República insiste en ponerlo en la sombra. En la última semana de agosto y la primera de septiembre ha buscado inútilmente, en tres juzgados federales distintos, nuevas órdenes de aprehensión que en todos los casos han sido negadas por los jueces, ante la insuficiencia de indicios. No es casual que así ocurra, porque la persecución de Godoy Toscano ha sido planteada como parte de la embestida del Ministerio Público Federal contra decenas de alcaldes y funcionarios estatales y municipales del estado de Michoacán, iniciada a finales de mayo de 2009, que ha resultado un colosal fracaso: casi todos los detenidos en operaciones escandalosas y peligrosas (agentes federales encapuchados y con armas largas detuvieron a personas con mando de fuerza pública que, creyéndose víctimas de un asalto delictuoso, pudieron haberla utilizado en su defensa) han salido libres, por la precariedad de las acusaciones ministeriales.
Godoy Toscano es hermano de Leonel Godoy Rangel, quien resintió aquella magna maniobra, incluida la persecución contra su hermano, como una agresión política federal. Por su papel en la vida michoacana, se ha abstenido de promover jurídica y políticamente la exoneración de su hermano, que resulta víctima indirecta de la agria relación entre el gobernador y el presidente.
Por ello, ha correspondido a dos hermanas del diputado electo pero no en ejercicio dar a conocer la situación de Julio César, que ellas –Xóchitl y Guadalupe Godoy Toscano– calificaron de “acoso”, y añadieron que “casi cada tercer día” se ha buscado el mandamiento judicial que permita a la PGR procesar a su hermano. Hasta ahora la acusación ha fallado porque es artificial. Por ejemplo, se pretende probar la relación del exalcalde de Lázaro Cárdenas mediante el testimonio de agentes federales que vieron a una persona con las características de Godoy Toscano subir a un vehículo al que también entró una persona identificada como miembro de una banda. El testimonio incluye la descripción de la camioneta, su color y el número de su placa. Guadalupe Godoy explica, sin embargo, que “la camioneta sí era propiedad de Julio César, pero le había sido robada no días antes, sino años antes”, según consta en la denuncia respectiva.
Agrega que para detener a los presidentes municipales y funcionarios privados de su libertad el 26 de mayo se utilizó una especie de nómina presuntamente incautada a una banda de hampones. En ella no figuraba el nombre de Godoy Toscano, que se añadió a la lista semanas después, para justificar la acusación, fallida hasta ahora como ha ocurrido con la de casi todas las víctimas del “michoacanazo”, como se identificó a esta maniobra que, emprendida en vísperas electorales, parece haber sido diseñada con fines políticos. Un testigo que ya había declarado, en abril, respecto de los alcaldes detenidos, fue convocado de nuevo en junio para apuntalar el señalamiento contra Godoy Toscano. Pero era un testigo de oídas: “me platicaron”, “me dijeron”, es su modo de referir los hechos que se supone atestiguó.
Las hermanas Godoy Toscano denunciaron también en entrevista periodística que “agentes federales catearon la casa de su madre, de 76 años de edad, y de un hermano con parálisis cerebral”. (Reforma, 8 de septiembre.)
La conmovedora solidaridad fraterna de Xóchitl y Guadalupe respecto de Julio César es una forma de relación familiar en un grupo atribulado. Una forma distinta se observa en el seno de la familia Calderón Hinojosa.
La madre de Felipe de Jesús, presidente de la República, doña Carmen, y sus hermanos Luisa María de Guadalupe y Juan Luis, viven en Morelia. Como secretaria de Elecciones del Comité Estatal, y actuando en los hechos como coordinadora de las delegaciones federales, la hermana mayor de Felipe viaja por todo el estado y participa en lo que algunos de sus adversarios juzgan actos anticipados de campaña, con miras a los comicios del año próximo en que se elegirá a quien suceda al gobernador Godoy Rangel. El propio Ejecutivo local ha reprochado al hermano menor de Cocoa, como se la llama en familia, ese activismo que, en su opinión, estorba la relación entre los dos órdenes de gobierno.
Mientras llega el momento en que declare si aspira o no a la candidatura, la exsenadora se convirtió hace unos días en virtual organizadora del proceso interno, al menos en lo que respecta a quienes intervendrán en él. Definió que el elenco de los aspirantes, en el cual no se incluyó, está formado por los senadores José González Morfín (recién nombrado coordinador de su bancada en Xicoténcatl) y Marko Antonio Cortés Mendoza (el único de los listados distante del círculo proximísimo al presidente); los secretarios de Estado Salvador Vega Casillas (Función Pública) y Juan Rafael Elvira (Medio Ambiente), y los dirigentes del PAN Germán Martínez y César Nava.
La exdiputada federal, nacida en el Distrito Federal según su biografía oficial y establecida en Morelia hace menos de tres años (después de vivir en Barcelona durante 2007), reivindica su autonomía y el derecho que tiene, aunque no ha declarado si lo ejercerá o no, a ser la candidata de su partido, como en 1995 lo fue su hermano menor, él sí michoacano de nacimiento.
Tiene razón en reivindicar su autonomía respecto de su hermano que, como recordó ante Reporte Digital –una revista informática local–, era aún estudiante de derecho cuando ella ocupaba ya una curul en la legislatura michoacana (de 1983 a 1986). Fue después diputada federal y senadora, amén de secretaria de Acción Ciudadana en el Comité Nacional del PAN.
Como integrante de la bancada panista senatorial entre 2000 y 2006, su independencia se manifestó indudablemente cuando presentó una iniciativa para impedir el tráfico de influencias de los legisladores que al mismo tiempo realizaban tareas profesionales en la abogacía. El proyecto era un traje a la medida de Diego Fernández de Cevallos, quien coordinaba la fracción a la que pertenecía la promovente. Acaso por ello la iniciativa no tuvo curso, pero la denuncia de un comportamiento contrario a la ética –diputados y senadores litigando contra el Estado del que forman parte–, más que el antagonismo con una persona, la retrató cabalmente como propugnadora del bien común.
En la coyuntura michoacana, Luisa María Calderón enfrenta un riesgo semejante al que tocó para su infortunio al senador Fernando Elizondo en Nuevo León, el año pasado. Era, con mucho, el mejor entre los aspirantes y era indudable que los militantes panistas lo elegirían candidato. Pero el presidente quiso tomar para sí esa decisión, y la misma afectó para mal, dentro del PAN, a Elizondo, que no contó con el apoyo unánime de su partido, lo cual fue uno de los factores que lo condujeron a la derrota.
Resulta así que la aspirante michoacana tiene, paradójicamente, un hermano incómodo, que puede dañar la unidad del partido en su tierra si pretende imponer a quien naturalmente resultaría candidata, aunque también encara el riesgo de que desde Los Pinos se pida a la exsenadora dejar su lugar a alguno de los favoritos de la Presidencia, como Martínez, Nava o Vega.

México: capitalismo mafioso

Contra lo que supone Felipe Calderón y diversos sectores de la sociedad, el problema fundamental de México no es el narcotráfico y la violencia asociada al mismo. Comparado con la turbia connivencia establecida entre los gobiernos neoliberales, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y la oligarquía mexicana, aquel es un simple juego de niños, ciertamente sangriento.

Marcos Chávez

La “guerra” calderonista contra los cárteles de las drogas no ha sido lo suficientemente efectiva para ocultar del escrutinio público un hecho que le ha causado un daño aún más grave al país: las “relaciones peligrosas” ­–para usar el título de la novela epistolar publicada por Pierre Choderlos de Laclos en 1782– de los poderes político y económico, entre familiares, amigos y socios emergentes y temporales de las elites dominantes, por encima de los límites constitucionalmente fijados, que han convertido al erario, al Estado y las riquezas de la nación en su oscuro objeto de deseo, en su impune saqueo y rapiña, recreando con creces lo que el economista Joseph Stiglitz calificó como el capitalismo de amigotes, aunque otros analistas, con mayor precisión, la han denominado capitalismo mafioso. Ellas hacen palidecer las seductoras y trágicas intrigas de poder, de honras y deshonras palaciegas y de alcoba que transgreden la moral de la época de la perversa, puritana y al mismo tiempo libertina nobleza francesa de finales del siglo XVIII, deliciosamente recreadas por Choderlos de Laclos. Tales relaciones rememoran la frase de El Padrino: “No es nada personal, sólo es cuestión de negocios”.
A nadie sorprendería que el día que impere el estado de derecho en México se lleve a cabo una imparcial investigación sobre la privatización de las empresas estatales y de los sectores estratégicos de la nación –proceso iniciado por Miguel de la Madrid–, la manera en que han sido rescatados y subsidiados los empresarios que terminaron quebrando tales empresas, su nueva nacionalización y reprivatización, la renegociación de la deuda pública, los controvertidos contratos de servicios múltiples o las relaciones con el narco, y se aplique el imperio de las leyes.
Pero mientras eso sucede, si es que llega a ocurrir, los negocios entre el gobierno y los hombres de presa –más que de empresa– degradan a los trabajadores y la vida nacional, destruyen al capitalismo y al país con su insaciable voracidad. En correspondencia con la economía que se desplomaba en 2008, entraba en 2009 en su peor recesión desde la década de 1930 e iniciaba una incierta reactivación; la captación y el crédito de la banca comercial extranjerizada se contraían. La primera crece 16 por ciento, en términos reales, en 2008; en 2009, en apenas 5.6 por ciento, y en la primera mitad de 2010 decrece 1.6 por ciento. El segundo se elevó 23 por ciento en 2007; 5.7 por ciento, en 2008; en 2009 se contrae 5.3 por ciento, y en lo que va de 2010, en 0.5 por ciento. Nada extraño si se considera la situación económica. Lo llamativo son sus ganancias netas, descontando la inflación: 50.5 mil millones de pesos (MMDP) en 2008; 59.9 MMDP en 2009, y 35.5 MMDP en la primera mitad de 2010, por lo que cerrarán el año por encima de los 70 MMDP. ¿Cómo explicar la rentabilidad bancaria? Muy fácil: por la especulación financiera, el recorte de las prestaciones de los trabajadores, el despido de parte de ellos y la sobrecarga de trabajo; pero sobre todo por los voraces intereses y comisiones cobradas a los deudores, afectados por la caída de ingreso real, la pérdida de su empleo, los impuestos y el alza de los precios de los bienes y servicios públicos y privados. Ni el Congreso ni el banco central han querido controlar los abusos de los banqueros.
México es un paraíso para la oligarquía financiera trasnacional y criolla; también para otras fracciones capitalistas. En Chile, por ejemplo, el gobierno y entidades privadas organizaron un rápido programa de rescate de 33 trabajadores que quedaron atrapados dentro de la mina de oro y cobre San José, al Norte de Santiago. Incluso Sebastián Piñera, el derechista y neoliberal presidente, se trasladó de inmediato hasta el yacimiento para supervisar los trabajos y anunció una revisión a fondo de las condiciones de trabajo de la minería. En cambio, en México se escriben las páginas más siniestras de la política antiobrera y antisindical impuesta por la derecha radical neoliberal panista-priista. No sólo no hicieron nada serio por rescatar los cuerpos de los 65 trabajadores muertos el 19 de febrero de 2006 en Pasta de Conchos –víctimas de la negligencia criminal de la empresa Grupo México, de Germán Larrea, del grave deterioro de la seguridad de la mina que le permitió a la empresa “reducir” los costos de producción y aumentar sus ganancias, solapado por el titular del Trabajo foxista, Francisco X Salazar–, al contrario, hicieron lo necesario para ocultar el homicidio industrial y exonerar a Larrea. Más aún, con Javier Lozano en ese puesto, ya con Calderón, iniciaron una verdadera cacería en contra del sindicato minero, pisoteando la Constitución, las leyes laborales y los convenios suscritos con la Organización Internacional del Trabajo, con el objeto encarcelar a su líder que no quiso someterse a los dictados de los hombres de presa y del calderonismo, destruir al organismo e imponer otro controlado por la empresa, y desmantelar sus conquistas sociales (el derecho a la huelga, a la seguridad industrial, la libre organización, el contrato colectivo, la reducción y eliminación de las prestaciones y los salarios pagados). Después continuaron la violenta embestida con los mineros de ese lugar y sus familias. Los aparatos de represión del Estado se cubrieron de gloria, al igual que con los 1 mil 200 mineros de Cananea que fueron arrojados impunemente a la calle, y con los de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero. Brutales con los trabajadores, a los inversionistas de la minería, donde tienen gran presencia los canadienses, se les ha apoyado fiscalmente y se les permite pisotear los derechos de trabajadores, contaminar y destruir la ecología.
Si los trabajadores no aceptan por las buenas la contrarreforma laboral neoliberal, necesaria para elevar la “productividad”, la “competitividad” y las ganancias empresariales, a costa de la miseria y de la vida de los trabajadores, la extrema derecha gobernante la impone a garrotazos y arrojando las leyes laborales y la carta magna al bote de basura.
Favor con favor se paga, y generosamente. Al amigo y socio neoliberal Larrea, actualmente miembro de los consejos de administración de Vamos México y de Televisa, se le paga con creces su financiamiento de la campaña presidencial de Fox. ¿Qué permite suponer que no hizo lo mismo con la de Calderón? Se dice que Calderón le entregó simbólicamente a José Luis Barraza y al grupo Banamex –Roberto Hernández y los antiguos accionistas de ese grupo financiero conocen perfectamente las “bondades” del capitalismo de amigotes: recibieron 6.2 mil millones de dólares contantes y sonantes, libres de impuestos, al vender al intermediario al Citigroup, que saquea alegremente a los ahorradores y las empresas locales con la complacencia gubernamental– a Aeroméxico, por la ayuda financiera que le permitió asaltar la Presidencia en 2006, cruzada que involucró a la mafia oligárquica.
Se dice, asimismo, que Barraza, entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pagó 130 millones a la radio y la televisión para aceitar la guerra sucia en contra de Andrés Manuel López Obrador (La Jornada, 18 de octubre de 2007). En un gesto dadivoso, José Ángel Córdova, Alonso Lujambio y Bruno Ferrari, de católicos valores familiares, no permitirán que otra romana familia, la Servitje, los concesionarios de la Coca-Cola y demás empresarios vendedores de basura disfrazada de alimentos, vean afectadas sus nada apostólicos negocios. Han garantizado que continúen intoxicando y atentando en contra de la salud de los infantes escolapios pobres, miserables y desnutridos.
A Gastón Azcárraga, no tienen nada que contarle de las virtudes del capitalismo mafioso: figuradamente, en circunstancias similares y por las mismas razones, se apoderó de Mexicana de Aviación, turbiamente la atracó y la llevó a la quiebra, con la benevolencia calderonista.
Juan Molinar, titular de Comunicaciones y Transportes –corresponsable de la muerte de los niños quemados en la Guardería ABC y que gracias a la generosidad de los supremos cortesanos no está en la cárcel, porque continúa impunemente con sus tropelías–, dice que no es el momento de investigar las escabrosas causas de la bancarrota de Mexicana de Aviación, sino salvar a la empresa. ¿A quién le importa, por ejemplo, el destino de los 1 mil millones de pesos “prestados”, en quién sabe qué condiciones, por el Banco Nacional de Comercio Exterior a la aerolínea, y quién los pagará, así como los derechos brutalmente pisoteados de los usuarios de la empresa?
No puede mezquinarse la titánica aplicación de Molinar. Está por sacar a flote a Mexicana de Aviación. Y lo hace develando otra parte del conmovedor rostro del capitalismo mafioso: el familiar. El difunto Camilo Mouriño, el álter ego de Calderón, fue espléndido con su raza al momento de repartir las jugosas concesiones que depredan y llevan a la ruina a Petróleos Mexicanos. Molinar ahora rescata a Mexicana de su escabrosa ruina con oscuros “empresarios” de límpido pasado y linaje. La familia real no puede quedar fuera del negocio. El patriota Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo recibirá los dividendos por sus servicios. Por su contribución en el miasma electoral de 2006 que le dio el triunfo a Calderón, y por ser familiar de la princesa Margarita de Calderón. Hace poco, otro familiar de doña Margarita, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, disfrutaba plácidamente de la depredación de la concesionada Guardería ABC; pero su maldito incendio y, en mala hora, la muerte de los infantes acabaron con su negocio opulentamente pagado con nuestros impuestos. No obstante, los ministros cortesanos evitaron que arrumbara su osamenta en la cárcel. Los socios y los amigos de la derecha panista no fueron olvidados por Molinar: Andrés Rozental, medio hermano del mercenario Jorge Castañeda, y colaborador de Calderón; Vicente Ariztegui, contribuyente de la campaña de Calderón, y Javier, de apellido Molinar, entre otros, se sumarán en la cruzada que rescatará a Mexicana de sus cenizas, como el ave fénix; se apoderarán de ella a precios de regalo.
Una de las condiciones impuestas para esa patriótica contribución será, para beneplácito de Javier Lozano, la destrucción del contrato colectivo de los trabajadores y la reducción de sus prestaciones; la “flexibilidad” laboral otra vez para los esclavos modernos.
El asalto nocturno de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, al estilo del Decreto Noche y Niebla, igualmente conocido como Decreto NN, emitido por Hitler en 1941, también ha reportado beneficios. A los trabajadores electricistas les tocó la “flexibilidad”; a los desconocidos hombres de presa –para la sociedad, no para los calderonistas–, al menos 505 contratos por un monto de más de 1 mil millones de pesos, entregados directamente, sin licitación de por medio. ¿En qué condiciones? Nadie sabe. A Calderón y Lozano nada les importa el desastre eléctrico de la Zona Metropolitana. Que paguen sus votos por la izquierda gobernante capitalina.
Televisa, financiador de campañas panistas y feroz enemigo de los grupos progresistas, y su socio Nextel no quedaron fuera del negocio, al obtener el usufructo del espectro radioeléctrico. Pero este “detalle” merece comentarse separadamente.
El capitalismo mafioso, de amigotes, familiares y socios opera con soltura como una versión autóctona del Decreto NN; envuelve y oscurece los turbios negocios que algún día tendrán que descubrirse para restaurar la justicia y el estado de derecho, como un paso insoslayable para instaurar la república democrática y acabar con la depredación neoliberal y el despotismo político.

Calderón: Para los amigos... impunidad

El titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada. Su clan, bajo investigación.

Mientras el presidente Felipe Calderón anuncia que impulsará medidas para combatir el lavado de dinero, documentos con los que cuenta Proceso muestran que algunas investigaciones que se han iniciado para luchar contra este delito quedaron en el archivo. Así ocurrió con una querella que la Secretaría de Hacienda presentó contra Ricardo José Patrón Laviada por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La indagatoria alcanza incluso a su hermano, el exgobernador de Yucatán Patricio José, actual titular de la Profepa.

Raúl Monge

El 25 de octubre de 2006, en la recta final del sexenio de Vicente Fox, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, recibió un oficio “reservado y confidencial” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –folio 110/H/245/2006–, con una petición puntual: investigar posibles hechos delictivos cometidos por Ricardo José Patrón Laviada, hermano de Patricio José, entonces gobernador de Yucatán y actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

A pesar del silencio cómplice de dicho procurador, quien ahora es consejero de la Judicatura Federal, la instancia encargada de detectar posibles delitos financieros en personas físicas y morales dadas de alta en el Registro Federal de Contribuyentes no sólo mantuvo activa la indagatoria, sino que la extendió a otros miembros de la familia Patrón Laviada, incluyendo nada menos que al propio Patricio José, según se desprende del oficio 110/F/332/2008 fechado el 7 de noviembre de 2008.

Sin embargo, la PGR no actuó en ninguno de los dos casos.

Cuando Hacienda turnó el primer expediente a la procuraduría, Ricardo José era uno de los pocos integrantes del clan Patrón Laviada que había logrado mantenerse alejado de los escándalos públicos que desde hacía casi una década perseguían a su familia dentro y fuera de México. A sus hermanos Alejandro José y Antonio José se les ha vinculado más de una vez con la delincuencia organizada.

Firmado por el entonces director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, José Luis Martínez Colina, el documento –del cual Proceso tiene copia– dice:

“Con fundamento en los artículos 400-Bis párrafo IV del Código Penal Federal, 113, 117 y 118 del Código de Procedimientos Penales y 15-H fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vengo a denunciar hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) presuntamente cometidos por Ricardo José Patrón Laviada y sus socios Johnny Alberto Benítez Cetina, Cecilia Margarita Laviada y Arrigunaga o Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, José Baltasar Cetina Pech y quien o quienes resulten responsables.”

En la relatoría de hechos se indicó que Ricardo José es hermano de Patricio José Patrón Laviada, a la sazón gobernador de Yucatán, y que de 1998 a 2005 efectuó movimientos financieros “que no guardan relación con las actividades económicas declaradas, y mucho menos con sus manifestaciones de pago de impuestos”.

Enumeró algunos:

El 5 de septiembre de 2005, depositó 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital; de 2000 a 2005, realizó depósitos por 2 millones 487 mil 940 pesos con 40 centavos y retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos en las siguientes cuentas también de Bital: 4014055156, 4014055206, 4014055214, 4014083042; en 2008, retiró 100 mil pesos de la cuenta 95050003488 abierta en banca Confía, y de 1998 a 2005 hizo dos depósitos en la cuenta 1626862 de Banamex, uno por 131 mil dólares y el segundo por 884 mil 72 pesos. También retiró 1 millón 45 mil 50 pesos.

Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP encontró operaciones sospechosas realizadas en distintas casas de bolsa por el hermano de Patricio José Patrón Laviada, actual titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Sin precisar fechas, el documento consigna que en Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V., Ricardo José hizo dos transacciones: en la primera compró divisas y cheques de viajero por 4 mil dólares y en la segunda adquirió 10 mil dólares. En 2003, compró 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.

Oídos sordos

La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP investigó en la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes y confirmó que el hermano del entonces gobernador de Yucatán declaró como actividad preponderante el “servicio de reparación de artículos y aparatos”; que se dio de alta el 16 de octubre de 1984 y que su número de cuenta fue reactivado el 30 de agosto de 2001.

Además, averiguó que fungía como representante legal de la agencia Yucateca de Vehículos, S.A. de C.V., y que era cotitular en cuatro cuentas bancarias adicionales registradas a nombre de Johnny Alberto Benítez Cetina, Margarita Laviada Arrigunaga, Francisco Rodríguez de la Gala Faller y José Baltasar Cetina Pech, con quienes compartía el mismo domicilio fiscal, así como el de la agencia automotriz.

La entidad fiscalizadora de Hacienda también detectó que para realizar sus operaciones bancarias Ricardo José dio tres domicilios distintos: Calle 15, número 113, por 20 y 22, Código Postal 97050, colonia Yucatán; calle Bugambilias, número M, por Cereza y Algarrobo, colonia La Ceiba, y Calle 22, número 449, Residencial Sol Campestre, Código Postal 97200.

En las declaraciones fiscales que presentó entre 2003 y 2005 los investigadores encontraron inconsistencias; la más grave fue la omisión del pago anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2003, declaró ingresos por 346 mil 583 pesos; en 2004, por 455 mil 233, y en 2005, por 462 mil pesos.

En el expediente que la SHCP envió al procurador Cabeza de Vaca también se incluían notas periodísticas relativas a presuntas actividades ilícitas –narcotráfico, venta de autos robados y negocios inmobiliarios fraudulentos– cometidas por al menos dos hermanos del actual titular de la Profepa: Alejandro José y Antonio José.

Otro hecho que llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera fueron los inusuales movimientos bancarios realizados por Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga –prima de los Patrón Laviada– del 2 de mayo al 3 de octubre de 2005. De acuerdo con las pesquisas de Hacienda, en esos meses efectuó depósitos y retiros por 20 millones de pesos, de los cuales 14 millones fueron ingresados en efectivo.

La cuenta personal que Laviada Arrigunaga manejaba en Bital –número 4029764750– tuvo 69 movimientos en el lapso mencionado. En varias ocasiones, detalla el informe, efectuó el mismo día depósitos y retiros por más de 100 mil pesos.

Además, la investigación fiscal arrojó otro dato: que al momento de efectuar esas operaciones su cédula del Registro Federal de Causantes no estaba vigente y que en una declaración previa había manifestado que su actividad principal eran las tareas del hogar.

Concluye la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP:

“El millonario manejo en efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejen los movimientos económicos, así como la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a la realización de actividades ilícitas, son elementos que permiten establecer indicios fundados respecto de la probable procedencia ilícita de los recursos operados dentro del sistema financiero mexicano por todos y cada uno de los ahora denunciados, con la probable finalidad de dar apariencia de legalidad a los mismos y con ello tratar de impedir conocer el origen del numerario. Por ese motivo, se hace del conocimiento de esa representación Social de la Federación para los fines legales a que haya lugar.”

Solapamientos

A pesar de la abundancia de elementos incriminatorios, el procurador Cabeza de Vaca, así como los dos funcionarios que lo sucedieron en el cargo durante el gobierno calderonista, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, no le dieron trámite a la denuncia.

Al contrario, la hicieron perdediza. Ello se desprende del oficio número 110/F/26/2009 que el entonces director general adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Alberto Elías Beltrán, dirigió el 1 de septiembre de 2009 a Irving Barrios Mojica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda, de la PGR.

En dicho documento, “reservado” y “confidencial”, se incluye parte de un oficio enviado por la PGR para justificar su omisión:

“Se realizó una minuciosa búsqueda en el Libro de Gobierno de esta Unidad Especializada, en bases de datos existentes, y se solicitó información a los fiscales y agentes del Ministerio Público de la Federación, adscritos, obteniéndose como resultado que, al día de la fecha, no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentada la misma, ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas…”

Sin embargo, Elías Beltrán le recordó a Barrios Mojica que, de acuerdo con el acuse de recibo que obra en la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el oficio fue recibido en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.

También le hizo saber que el 7 de noviembre de 2008 envió a la PGR el oficio número 110/F/332/2008, con el resultado de la investigación fiscal que realizó a otros integrantes del clan Patrón Laviada, entre quienes figuraban Alejandro José y Patricio José, quien en ese momento ya era titular de la Profepa.

En ese mismo reporte fiscal de Hacienda aparecen los nombres de otras personas físicas y morales: Pilar Cervera Hernández, hija del exgobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco, y esposa de Alejandro José Patrón Laviada; Aída Amira Hernández Guerra, viuda de Cervera y expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; Alfonso Humberto Zabaleta Laviada, y las empresas Industrial Empacadora y Propesca.

El documento incluye diagramas, cédulas de operaciones relevantes y constancia de la consulta al Registro Federal de Contribuyentes, así como al Sistema Integral de Gestión Registral de la Secretaría de Economía (Siger). Todo ello en relación con las personas sometidas a la pesquisa.

En el oficio de septiembre de 2009 Elías Beltrán manifestó su inconformidad por la desidia mostrada por la PGR para iniciar una investigación formal contra Ricardo José Patrón Laviada y sus hermanos.

“El argumento –alega Elías Beltrán– esgrimido por esa Representación Social de la Federación, para la devolución del reporte de análisis de operaciones UIF/PGR/144/08 a esta Dirección General Adjunta de Procesos Legales, resulta contrario a derecho, en virtud de que no basta que indique que ‘no existen datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos y el oficio por el cual menciona fue presentado la misma ni averiguación previa iniciada en contra de dichas personas’.

“Ello en virtud de que tal y como esa Representación Social de la Federación podrá observar en la copia certificada del acuse de recibo del oficio 110/H/245/2006 de 25 de octubre de 2006, mismo que se remite como anexo 1, fue recibido por esa Unidad Especializada el 26 de octubre de 2006 a las 15:45 horas.”

Con base en ese documento, el funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP sostuvo que la PGR “tenía obligación de investigar los hechos denunciados, llevando a cabo una averiguación previa, practicando y ordenando la realización de todos los actos conducentes para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los inculpados y, en su caso, determinar la reserva o el ejercicio de la acción penal”.

Además, destacó que el reporte adicional enviado a la PGR acerca de las operaciones realizadas por Patricio José y Alejandro José Patrón Laviada, entre otras personas físicas y morales, “robustece aún más la necesidad” de que esa dependencia proceda a ejercer las atribuciones que le han sido conferidas.

A casi un año de distancia de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP refrendó su petición para que se investigue a Ricardo José, Alejandro José y Patricio José Patrón Laviada y socios, ni Medina Mora ni Chávez Chávez cumplieron con su deber de investigar los presuntos delitos.

La poda del presidente

Vega Casillas y Calderón Hinojosa.

John M. Ackerman

MÉXICO, D.F., 19 de agosto.- Frente a su incapacidad para lograr transformaciones de fondo en el país, Felipe Calderón alardea con acciones menores esperanzado en que éstas distraigan a ciudadanos y críticos. En materia de combate a la corrupción, en lugar de atrapar “peces gordos” e implementar medidas estructurales de prevención e investigación, el presidente se limita a emprender una “tala regulatoria” y envía a la basura una serie de normas que de todas formas eran inservibles. Aprovecha también esta limpieza como el pretexto perfecto para “liberar” a los empresarios de la acción reguladora del Estado.

El lunes 9 de agosto, Calderón y su secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informaron sobre la eliminación de más de 12 mil disposiciones y normas. Asimismo, establecieron de plazo el 10 de septiembre próximo para que cada secretaría de Estado reduzca al mínimo las normas necesarias para funcionar, su “equipaje de mano”, de acuerdo con la desafortunada metáfora del presidente. También, con el fin de homologar los procedimientos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha emitido una serie de “manuales” que buscan poner orden en algunos ámbitos estratégicos (adquisiciones, transparencia, auditoría gubernamental, etcétera) donde han predominado la confusión y la diversidad de procedimientos entre diferentes partes del gobierno. Finalmente, en un acuerdo publicado el 10 de agosto, Calderón declara una “veda regulatoria” que prohíbe la creación de nuevos reglamentos, normas y trámites a menos que sean estrictamente necesarios, en caso de emergencia o en cumplimiento de algún compromiso internacional.

El esfuerzo es plausible en principio, pero no implica de ninguna manera una transformación de fondo en la administración pública federal. Vega Casillas se engaña a sí mismo, o de plano miente, cuando señala que con estas acciones se busca “pasar de la lógica de los cambios graduales y posibles a los cambios de fondo que México realmente necesita”.

Una gran parte de los acuerdos y disposiciones eliminadas datan de hace muchos años, algunos incluso de décadas, y por lo tanto ya no eran aplicados dado que referían a oficinas, cargos, leyes y procesos hoy inexistentes. Además, los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional son los principales culpables del actual laberinto regulatorio en el interior del gobierno. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado en numerosas ocasiones cómo el número de trámites se ha multiplicado exponencialmente bajo las gestiones de Vicente Fox y Calderón. La presente iniciativa, entonces, llega tarde y después de 10 años de total descuido en la materia.

Esta lógica de “tala regulatoria” también cae en una serie de confusiones y contradicciones sumamente peligrosas. Por ejemplo, mete en un solo costal las normas internas de la administración pública, los trámites que tienen que realizar los ciudadanos ante el gobierno, y los esfuerzos de regulación estatal de la economía. Todo mundo sabe que estos tres son ámbitos radicalmente distintos. Una cosa es hacer más sencillo que el ciudadano tramite un pasaporte, y otra cosa completamente diferente es eliminar importantes reglas para las compras y adquisiciones gubernamentales o, en su caso, para “flexibilizar” la supervisión del cumplimiento de las empresas con normas ambientales o de salud pública, por ejemplo.

En su discurso, Vega Casillas citó un estudio reciente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), encabezado por el antiguo secretario de Hacienda José Ángel Gurría. De acuerdo con Vega Casillas, este informe señala que México es víctima de una “profunda tradición legalista que subraya la adhesión a las leyes y disposiciones y castiga a las personas que no lo hacen”. La respuesta del gobierno de Calderón es, entonces, la “desregulación” y el achicamiento del Estado en todos los ámbitos. “Estamos, en pocas palabras, construyendo un gobierno más moderno, más ágil, más eficaz... Un gobierno que cueste menos, un gobierno que haga más, un gobierno que con menos reglas tenga mejores resultados”, pronunció Calderón el lunes 9 de agosto.

No es gratuito por ello que la iniciativa privada haya sido la primera en felicitar al presidente. “Es parte de lo que nosotros solicitábamos, que se abrieran las paraestatales, sobre todo Pemex, que está casi 100% cerrada, no sólo a las Pymes, sino a las empresas nacionales”, afirmó Mario Sánchez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Llama la atención, por ejemplo, que la instancia gubernamental que ha eliminado más normas supuestamente innecesarias sea precisamente Pemex, con una cuarta parte de los trámites eliminados: 2 mil 962 de 12 mil, una cifra dos veces más grande que el segundo lugar, el SAT, y 15 veces mayor que la de los otros organismos gubernamentales.

Sin embrago, tanto el diagnóstico como la medicina están equivocados. De ninguna manera podemos hablar de una “tradición” de “castigar” a las personas que no cumplen con la ley en México. Todo lo contrario. La historia nos habla de una clara impunidad que ha generado ciclos viciosos de corrupción e ilegalidad. En consecuencia, en lugar de “liberarnos” de la “profunda tradición legalista”, habría que fortalecer la regulación y hacerla más eficaz y contundente.

El lunes 9, el mismo Vega Casillas confesó que la existencia de mucha chatarra normativa no es el único problema que aqueja al gobierno: “Gran parte de los casos de corrupción que ha detectado la SFP se originaron por deficiencias normativas, por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, pero sobre todo por la complejidad de la regulación”. Es evidente que reglas más claras y sencillas beneficiarían a todos, pero una simple “tala”, combinada con una “veda”, de ninguna manera resolverá los otros problemas más profundos de “deficiencia normativa” y exceso de “discrecionalidad”. Hace falta, por ejemplo, tomar medidas contundentes para dotar de mayor credibilidad, independencia y fuerza a las instituciones de fiscalización y control en todo el país, así como para facilit0ar la denuncia, tanto ciudadana como interna, entre otras reformas.

Tal y como hemos visto con las recientes acusaciones de corrupción y abuso de autoridad en la Policía Federal, y en general en las tareas de seguridad pública, el cáncer de la corrupción no se resolverá simplemente con buenos deseos y “limpias” superficiales. La poda de algunas ramas muertas es una acción rescatable, pero no afecta en absoluto la raíz torcida del árbol de la corrupción que cada día rinde más frutos podridos.

www.johnackerman.blogspot.com

Revelaciones

Blake y Calderón. Los amigos.

Sara Lovera

MÉXICO, D.F., 22 de julio (apro).- Para mover la atención que se merecen los casos controvertidos de las elecciones del pasado domingo 4, especialmente en Hidalgo, donde Xóchitl Gálvez no admitió la derrota, entre otras cosas porque el ataque artero en su casa, el mismo día de las elecciones, puso en evidencia el miedo de sus oponentes, Felipe Calderón hizo cambios en su gabinete, que han generado toda clase de interpretaciones.

Los sesudos analistas han explicado estos cambios como una necesidad del señor Felipe Calderón de fortalecer su entorno y crear un círculo de confianza entre amigos. Algunos pusieron en duda, desde el primer momento, la capacidad de Francisco Blake Mora, lo que no explica si puede o no con la Secretaría de Gobernación y los problemas postelectorales.

Desde luego que tras ese nombramiento queda claro que se endurece la política de guerra instrumentada desde hace casi cuatro años. Blake Mora no solamente hizo sus hazañas contra el crimen organizado en Tijuana, y no se sabe si negociando con los jefes, sino que se parece mucho al secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna. Digo, un parecido físico que hace pensar en una relación de parentesco, que si no lo es, ambos coinciden en mantener a flote lo que Calderón llama “guerra” y que ya suma más de 27 mil muertos y miles de afectados de la sociedad civil.

Los cambios de personas son preocupantes, y no solamente por las causas que mencionan los sesudos análisis. Hay hechos que profundizan la política de este desgobierno contra la vida y la libertad de las mujeres.

El sábado pasado, las mujeres de Nuevo León recordaron a la opinión pública quién es y hasta dónde llega el nuevo secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba, promotor en 1999 de la penalización del aborto, un hombre homofóbico y, encima, enlace de Marcial Maciel, jefe de los Legionarios de Cristo allá de donde viene Ferrari: Nuevo León.

Ferrari ha sido, además de legionario, cuyo significado no vale la pena señalar por lo conocido del tema en el mundo, dirigente del Grupo Pulsar, cara visible de la Legión de Cristo en aquella entidad.

Estas son las cosas precisas por las que habría que preocuparse. Un secretario de Economía que será correa de transmisión de los intereses empresariales más conservadores del país, donde se unirán sus militancias y su costumbre de recaudar fondos entre los ricos para enfrentar, por ejemplo, a los movimientos feministas, de la diversidad sexual y la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

No puedo imaginar cómo se organizará ahora el Partido Acción Nacional para presionar con éstos, los empresarios más reaccionarios, cambios constitucionales como el que está pendiente para penalizar cualquier tipo de interrupción del embarazo en la Constitución general o cuánto dinero habrá para penalizar todos los cambios liberales en las leyes del Distrito Federal, además de la política policiaca y militarista de Los Pinos a Bucareli.

Las revelaciones de las mujeres de Nuevo León sobre Ferrari explican hasta qué punto Calderón tiene compromisos claros y de fondo con la ultraderecha mexicana. Es tan claro que no tendría que confundir a los sectores cuya careta de izquierda se alían acríticamente, fortalecen la política que afecta a las mujeres, el nada despreciable 50% de la población y de los votos.

Las declaraciones de Irma Alma Ochoa, de Artemisas por la Equidad; de Mariaurora Mota, directora de Género, Ética y Salud Sexual, y de Mario Rodríguez Platas, de Diversitas, todas agrupaciones de Nuevo León, son una muestra de la importancia de la historia del conocimiento de hechos, que lamentablemente ignoran políticas y políticos, no les importa o no valoran. ¿Cómo se pueden ubicar los aliancistas en la izquierda, si ignoran que la derecha son los enemigos de la libertad de las mujeres y convalidan tamaños propósitos?

A pesar de todo y tras las nuevas gubernaturas que se festinan como un avance, lo claro es que entre los resultados del pasado proceso electoral y sus consecuencias y los cambios en el gabinete, según la gente que ha sufrido las acciones de los personajes de ultraderecha, el país no solamente tiene crisis financiera, desempleo, pobreza, crimen e ingobernabilidad, sino que se inclina claramente a un camino de regreso, grave, muy grave, opinan mis fuentes, porque una sociedad que se queda inerte ante estos hechos, grupos que negocian con el atraso y políticos cuya estrategia se basa sólo en los acomodos personales, indica que estamos perdiendo esa historia, hoy en boga, de la Independencia y la Revolución.

Los priistas, calladitos. Están como los súper analistas, hablan de política, o sea de sus acomodos y no de los principios ni de los problemas. Cada año cientos de mujeres pierden la vida en abortos clandestinos; cientos son asesinadas por razones de su condición de mujeres y por la violencia desatada; miles humilladas por sus decisiones de vida; miles en ocupaciones explotadas en esas empresas que hoy defenderá Ferrari, y su plusvalía, digo las de las trabajadoras, irá a parar a las campañas homofóbicas o antiabortistas, todas cosas de justicia social que no está en las preocupaciones de esa izquierda perdida.

saralovera@yahoo.com.mx

¿Calderón, corrompido?... dudas, sólo dudas

Felipe Calderón, titular del Ejecutivo.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 2 de julio (apro).- El crimen organizado está imbatible; políticos y ciudadanos comunes, por igual, no han escapado a las balas. Ya han sido ejecutados candidatos a regidores y a alcaldes, un aspirante a gobernador, dirigentes locales de partidos, mientras que del otro lado, de la gente de a pie, por la que nadie rinde honores ni homenajes, han muerto niños en retenes, a manos de militares, matrimonios y estudiantes en fuegos cruzados entre narcotraficantes y fuerzas federales, trabajadores de maquiladoras que salieron de su trabajo a la hora equivocada… ¿Quién más sigue?

¿Qué es lo que requiere el encargado del despacho federal, Felipe Calderón, para que haga a un lado su necedad e intereses particulares y cambie totalmente la estrategia para combatir al crimen organizado?

El pasado miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Oscar González Yañez, diputado por el PT, preguntó si lo que hace falta es que maten a un secretario de Estado, al presidente de la República o a otro candidato presidencial, para que Calderón entienda que su estrategia ha fracasado.

El senador del PRD por Guanajuato, Carlos Navarrete, integrante de Nueva Izquierda, la corriente perredista que se alió con el gobierno federal, Calderón, César Nava y el panismo en su conjunto, cambió el planteamiento: recordó que el narcotráfico ha corrompido autoridades municipales, estatales y federales, ¿Qué sigue ahora?, preguntó. ¿Acaso que corrompa al presidente de la República actual o al candidato del 2012?

El posicionamiento llamó la atención, pues mientras los priistas reclamaban desde la tribuna castigo para quienes ejecutaron a su candidato al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, el senador Navarrete, ahora aliado del panismo, hacía recordar a Zhenli Ye Gon, el chino nacionalizado mexicano al que se le decomisaron --en medio de un aparatoso despliegue publicitario--, 250 millones de dólares en efectivo, en su casa de Las Lomas.

A nadie se le podrá olvidar que cuando el supuesto dueño de los dólares reapareció, lo hizo en Estados Unidos y desde ahí ofreció datos reveladores que ningún medio de información escudriñó más allá de lo que el poder permite; dijo el chino-mexicano que un “señor Alarcón”, del PAN, era el dueño de parte de esos dólares, que eran algunos de los que habían sobrado del financiamiento de la campaña presidencial del PAN.

Zhenli Ye Gon, que fue acusado de ser narcotraficante, dejaba entrever que se trató de la campaña electoral de Felipe Calderón Hinojosa; su insistencia hacia el “señor Alarcón” llamó la atención porque justo por esos días, gracias a la investigación de un medio de comunicación, se pudo revelar que el secretario del trabajo, Javier Lozano Alarcón (a quién muchos supusimos que se refería Zhenli Ye Gon pero nadie pudo confirmar), tenía una oficina alterna a las impresionantes oficinas que tiene en el Ajusco, a dos cuadras de la residencia donde se realizó el millonario decomiso.

También recordamos, por supuesto, que el propio Javier Lozano Alarcón negó en conferencia de prensa toda relación con Zhenli Ye Gon y sus señalamientos, pero también sabemos que anunció una demanda contra el chino-mexicano, nunca supimos si verdaderamente la interpuso.

Lozano Alarcón no convenció; pero tampoco hay elementos para decir que efectivamente “mandó” guardar el dinero que sobró de la campaña, como lo dijo Zhenli Ye Gon; pero fue inevitable no recordar el dato, luego de la arenga del senador perredista.

Navarrete dijo que, en caso de no modificarse la estrategia antinarco, uno de los peligros que enfrenta el país es que el crimen organizado corrompa al actual presidente de la República o al que viene, al que será elegido en las elecciones del 2012.

El senador recordó que las muertes, la violencia y el consumo de estupefacientes no han disminuido a partir de la guerra de Calderón, ni mucho menos han quedado realmente descabezados los grupos criminales, pues cuando se mata o detiene al número uno, su suplente ya está operando.

Recordando los señalamientos de Zhenli Ye Gon uno se puede preguntar si realmente el presidente actual no fue ya “comprado”, si no se corrompió ya. Pruebas no hay, pero sí muchas dudas sobre la estrategia, su estrategia que no acaba con nada y que sólo ha generado más violencia, muerte, desasosiego y miedo.

Uno se pregunta por qué el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán no ha recibido fuertes golpes; por qué el Ejército, la Policía Federal y la Marina no han podido encontrar al capo que se fugó del penal de Puente Grande en 2001, o a Ismael, El Mayo Zambada, cuando éste se mueve tranquilamente por todo el país y puede hasta concertar entrevistas con don Julio Scherer García, el fundador de la revista Proceso.

No es raro, entonces, que la actuación de Calderón genere suspicacia, máxime si recordamos el caso de Zhenli Ye Gon, sus palabras, y las contraponemos luego con las pocas acciones en contra del cartel de Sinaloa.

¿Quién puede afirmar que el propio Calderón ya fue corrompido o no?, ¿si fue presionado o no? Nadie puede tener esa certeza, sólo el mismo Calderón. Él es el único que puede responder la duda del senador Carlos Navarrete y de muchos mexicanos sobre si ya sucumbió al poder del narco, o si está pronto a hacerlo; si su “guerra” contra el narcotráfico es dictada por un cártel o si es real.

Hasta el momento ningún medio de información ha podido probar ni lo uno ni lo otro, y esto, quizás, sólo lo sabremos al tiempo.

Dudas

Han comenzado a circular versiones que abonan las dudas sobre el atentado: que el jefe de Seguridad de Rodolfo Torre Cantú, un miembro del Ejército Mexicano enviado desde las “más altas esferas”, un día antes de la ejecución decidió “adelantarse” a Matamoros junto con otros integrantes de la milicia que formaban parte del equipo de seguridad del malogrado candidato; dicen que eso dijeron horas después de la ejecución. Y saltan más dudas aún sobre la otra especie: “que la camioneta blindada del candidato también había partido a Matamoros un día antes y sin Rodolfo Torres Cantú, por supuesto”.

Sólo son dudas que seguramente sólo la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, el Ejército o la PGR pueden despejar.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

El amigazo de Bernardo de la Garza

Manuel Portilla. Favoritismo

Beatriz Pereyra

MÉXICO, D.F., 5 de marzo (Proceso).- Para ser el responsable del principal programa de activación física del gobierno de Felipe Calderón, puedes ser cualquier cosa, menos especialista en la materia. Al menos así ocurre en la Conade. El cuarto responsable del área en tres años llegó ahí simplemente porque es amigo del titular Bernardo de la Garza. Sus antecedentes laborales: secretario particular de De la Garza, diputado local y federal, este último cargo de “rebote” porque una “Juanita” del Verde Ecologista le heredó la curul.

Sin preparación académica ni experiencia en la administración pública y menos aún en el ámbito deportivo, Manuel Portilla Diéguez, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es el nuevo subdirector general de Cultura Física de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, responsable de operar uno de los proyectos más importantes del gobierno de Felipe Calderón: el Programa de Activación Física.
Su único mérito para ocupar ese cargo es el de ser uno de los mejores amigos del titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, con quien estuvo trabajando durante los últimos cinco meses como asesor, luego de quedar desempleado al término de la LX Legislatura, en la que fue diputado federal.
El pasado 26 de enero, De la Garza sometió el currículum de Portilla a la consideración de la Junta Directiva de la Conade, máximo órgano de gobierno de ese organismo integrada por representantes de las secretarías de Educación Pública, de Hacienda, de la Función Pública y de la Procuraduría General de la República, entre otras dependencias.
En el apartado de experiencia laboral el documento consigna que de 2003 a la fecha Portilla Diéguez, de 40 años, tuvo tres empleos: secretario particular del diputado federal Bernardo de la Garza en la LVIII Legislatura; diputado local en el Estado de México en la LV Legislatura –donde fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos–, y diputado federal de representación proporcional en la LX Legislatura, en la que fungió como secretario de la Comisión de Gobierno y de la Mesa Directiva.
Por lo que toca a su preparación académica, el currículum indica que cursó hasta el tercer semestre de la carrera de administración, pero no especifica en qué universidad. La secundaria y preparatoria las hizo en el Instituto Cumbres. También se refiere que realizó cuatro diplomados: en ecología básica; en biocombustibles; para empresarios relacionados con el medio ambiente, y uno más llamado Por un país limpio.
Ante la evidencia, los integrantes de la Junta Directiva comentaron que el nombramiento no estaba justificado. De la Garza entró al quite y argumentó que Portilla tiene conocimiento del medio deportivo, pues en sus años mozos fue “jugador de futbol”. Viéndose unos a otros, los funcionarios sugirieron que al menos completara el currículum “con algo de deporte”.
Paradójicamente, desde hace mes y medio las direcciones de Medicina y Ciencias del Deporte así como la del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar) han estado acéfalos porque, según palabras del propio De la Garza, siguen analizando opciones, pues hasta ahora no han encontrado a nadie que cubra los perfiles de esos cargos.
Portilla tampoco tuvo que esforzarse para ser diputado federal. El año pasado, el analista político Jorge Alcocer denunció una práctica irregular que, con el fin de engañar al Instituto Federal Electoral, realizan los militantes del Partido Verde: para cubrir la cuota de género ponen a mujeres como propietarias de las curules y una vez que toman posesión son reemplazadas por sus suplentes hombres. Portilla sustituyó a la diputada Pilar Guerrero Rubio.
Ya en funciones, el entonces diputado propuso, a nombre del Partido Verde, que se realice un electroencefalograma virtual a quienes pretendan trabajar en la Procuraduría General de la República (PGR); de esta forma, sostuvo, se conocería el perfil psicológico, biológico y social de los aspirantes, “como un instrumento de medición psicológica integral que evitaría la infiltración de delincuentes y el reclutamiento de elementos viciados”.
Precisó que aun cuando existen personas comprometidas con su labor de servicio, “la corrupción, la insuficiente preparación de sus integrantes y la amenaza de la delincuencia organizada” han minado la eficacia de la PGR.
“El electroencefalograma virtual brindaría mayores elementos para conocer el perfil psicológico y detectar a quienes carecen de espíritu de servicio, preparación suficiente y valores éticos. El combate a la corrupción debe iniciar desde un estricto proceso de reclutamiento y selección de personal, de acuerdo con el perfil, programas de formación básica que inculquen valores de legalidad en el desempeño cotidiano y consoliden una estructura ética”, detalló Portilla.
Como diputado local, se destacó por ser el más faltista. De acuerdo con la página de la Unidad de Información del Poder Legislativo, en las primeras 81 sesiones del Congreso del Estado de México se ausentó en 19 ocasiones.

No hay cuarto malo

Portilla es el cuarto subdirector de Cultura Física en los tres años que van del sexenio de Felipe Calderón; sin embargo, no es el primer funcionario que no cubre el perfil para desempeñar ese cargo.
Su antecesor, Guillermo Romero del Real, saltó del puesto de director de Servicios (encargado de la administración de bienes materiales, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios) a esa subdirección. Su sueldo mejoró de 48 mil 50 pesos, a 119 mil 747 pesos.
Romero del Real asumió la Dirección de Servicios en junio de 2008, cuando Carlos Hermosillo era director de la Conade. En su currículum informó que estudió la licenciatura en administración en la Escuela Nacional de Comercio de Morelia. En el apartado de experiencia laboral consignó que entre 2002 y 2008 trabajó en tres empresas privadas, en las que sus funciones principales eran la dirección y asesoría de proyectos creativos.
Mientras Guillermo Romero era director de Servicios, el cargo de subdirector de Cultura Física lo ostentaba César González Arjona, licenciado en Educación Física, quien durante seis años fue el titular del Instituto del Deporte de Yucatán (Idey).
Por su desempeño en esta entidad –obtuvo buenos resultados en la Olimpiada Nacional y creó los Centros Municipales, Regionales y el Centro de Alto Rendimiento Deportivo–, González Arjona fue invitado por Hermosillo a trabajar en la Conade, a la que se integró el 1 de junio de 2007.
Un año y cuatro meses después, sin anuncio de por medio, salió de la dependencia. Desde el 1 de noviembre de 2008, sin presentación oficial, Romero del Real heredó ese puesto también por decisión de Hermosillo.
Cuando éste llegó a la Conade, designó a Raymundo Moral Arteaga como subdirector de Cultura Física, quien apenas duró seis meses en el cargo. Antes, Moral había trabajado en el gobierno de Orizaba, Veracruz, tanto en el ayuntamiento como al frente de la Comisión Municipal del Deporte (Comude).
El repentino ascenso de Manuel Portilla en la Conade le trajo amplios beneficios. De ser asesor del director general donde estaba contratado por honorarios pasó a formar parte del personal de estructura, lo cual le permitió gozar de prestaciones como seguridad social, aguinaldo y seguro de gastos médicos mayores, entre otras.

A un año de que Felipe Calderón presentara la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte, esta reportera solicitó una entrevista con Portilla para conocer los avances del programa que plantea que en 2012, 35 millones de habitantes (el 33% de la población) “realizarán activación física regularmente”, así como para aclarar algunas contradicciones en las cifras manejadas por Conade.

Por ejemplo, el pasado 18 de enero, cuando fue lanzado el Programa Delegación y Municipio Activo que forma parte de las metas a desarrollar dentro de la Estrategia Nacional en Materia de Cultura Física y Deporte, De la Garza anunció:

“Queremos llegar al 30% de la población nacional (casi 32 millones de personas) y en 2012 consumar (sic) entre el 40 y 45 (entre 42 y 48 millones de personas), que nos pondría entre 5 y 10 puntos arriba de la meta que marca el programa”.

Diez días después, cuando inauguró el Taller de Capacitación a Promotores y Activadores Físicos, Portilla declaró que se contempla que en un inicio el programa llegue al 9% de la población de nuestro país, “para terminar el ciclo de tres años con el 60 o 70% de la población en México activa en el deporte”.

Tropiezos

La entrevista solicitada a Portilla no se realizó. De la Garza decidió que el director de Activación Física, Alaviel Cervera Llanes –quien desde 2007 ha sobrevivido a los cambios en la Subdirección de Cultura Física–, sería el encargado de hablar con la reportera.

“A lo mejor fue un detalle de Manuel. A lo que se refiere es a la población universo, no quiere decir que ya estén activos. Queremos llegar hasta un 60% de la población universo; es decir, a población que se involucre (en alguna actividad física) pero que no necesariamente está activa”, precisa Cervera.

El funcionario aclara que de acuerdo con los parámetros de la Estrategia Nacional, se considera que una persona realiza activación física regular con el simple hecho de haber participado en dos o tres eventos masivos al año (Feria de Activación Física, Caminata Nacional, Día de la Activación Física, Día del Desafío).

Sin embargo, explica que quienes participan en esos eventos: “No los tomamos literalmente como participantes; si no, te diría que ahorita ya participan 22 millones porque sumé a alguien sólo porque fue una vez a una feria. Hay que considerar a los que son regulares; es decir, quienes participan en los programas Espacios Activos y en los de Activación Física Laboral y Escolar que ya realizan 30 minutos por día en el caso de los adultos y 60 minutos en el caso de los niños. Ahí tenemos ahorita entre 10 y 11 millones de participantes regulares. Para 2012 serán 25 millones que si les sumas los otros 10 u 11 que van dos o tres veces al año a los eventos masivos te dan la meta de 35 millones”.

Cervera comenta que de los 25 millones de niños inscritos en las escuelas de educación básica, hoy día participan entre 8.2 y 8.4 millones en el Programa de Activación Física Escolar que se aplica en 32 mil colegios del país.

Para operar los diferentes programas de activación física, la Conade tiene un registro de casi 30 mil promotores, de los cuales alrededor del 60% son profesores de educación física o personas relacionadas con alguna actividad deportiva. El resto son maestros de primaria y empleados de las dependencias gubernamentales o de empresas privadas que han sido capacitados.

De acuerdo con Cervera, en el Programa de Activación Física Laboral participan 240 instituciones de la administración pública federal y otras 588 a nivel estatal y municipal.

Otro de los tropiezos de Manuel Portilla en su nueva responsabilidad se debió a que afirmó que el problema de que la gente no tenga activación física no estriba en la carencia de infraestructura ni espacios deportivos, sino en la ausencia de instructores, activadores y promotores. Con ello, contradice al propio presidente Calderón, quien ha insistido en que las instalaciones deportivas en México no corresponden al número de habitantes.

“Lo voy a tratar de componer. Como decía el vocero de Fox (Rubén Aguilar): Lo que Manuel quiso decir es que tenemos centros del deporte escolar y centros del deporte municipal que se están enfocando en utilizar de forma adecuada la infraestructura deportiva; o sea, hay canchas y espacios que se usan sólo para cascaritas. Lo que se busca a través de estos programas es que se conviertan en lugares de iniciación deportiva. No es mi área (esa labor corresponde a la Subdirección General), pero sé que la Conade invertirá una cantidad histórica en crear infraestructura para la cultura física y estamos trabajando en el aprovechamiento de las ya existentes. Yo veo muchos elefantes blancos, que están las canchas y no se usan para nada.

–¿Pero se necesita o no crear infraestructura?

–Como director de ésta área considero que sí. Hace falta muchísima más. Necesitamos más espacios y adecuar los que ya tenemos. Hay una carencia de espacios para la activación física que aspiramos a lograr porque hay que separar las instalaciones entre quienes están en el alto rendimiento y quienes lo hacen de forma recreativa y por salud. Aquí trabajamos en la masificación de la cultura física y del deporte entendido como iniciación deportiva.

La Subdirección General de la Conade cuenta con un presupuesto de 759 millones de pesos que ejercerá en 2010 para la edificación de instalaciones en distintos municipios a las que podrá acceder toda la gente.

La dirección de Activación Física erogará este año 110 millones de pesos; es decir, casi 40 millones de pesos más del presupuesto con que comenzó a operar en 2006.

Con esos recursos, la Conade entregará en promedio a cada instituto estatal del deporte entre 2 y 3 millones de pesos para que los municipios realicen los distintos programas de activación física. Se espera, apunta el funcionario, que cada gobernador o alcalde invierta sus propios recursos y haga suya la responsabilidad de activar a la población.

“Implantar la cultura física en la población se logrará quizás en tres sexenios; por eso le apostamos a los niños para ver en la siguiente generación cómo los hábitos están cambiando, pero van a pasar unos 20 años antes de que comencemos a ver resultados en cuanto al sobrepeso y la obesidad porque en México nos fuimos al infinito”, sentencia Cervera.

Reportaje publicado en la edición 1739 de la revista Proceso que empezó a circular el sábado 27 de febrero.