Integrantes de los gremios minero, electricista, de tranviarios y de telefonistas, así como trabajadores de la UNAM, realizaron una marcha del Ángel de la Independencia a la sede de Grupo México, en Polanco, para exigir justicia para los deudos de 65 obreros fallecidos en la explosión en Pasta de Conchos, Coa-huila, en febrero de 2006. Organismos de defensa de los derechos humanos señalan que el gobierno mantiene la protección y encubrimiento para el consorcio, al tiempo que solapa la inseguridad y corrupción en yacimientos de carbón Foto Marco PeláezVíctimas del desastre, 65 trabajadores murieron en ese momento. Televisa convirtió la tragedia en un espectáculo. Uno de sus levantacejas estelares transmitió día a día, desde el lugar de los hechos, exhortando al pueblo a orar para que los mineros regresaran a sus casas. La teledictadura, que aprovechó el alto rating del tema para ganar millones de pesos, sabía de sobra que no había sobrevivientes. Es imposible respirar un aire tan envenenado.
Humberto Moreira, como gobernador de Coahuila y pensando en su salto a las ligas mayores (hoy es presidente electo del PRI), no dejó de aparecer a cuadro, al tiempo que atendía a cuerpo de rey a sus populares anfitriones. Vicente Fox y su secretario del Trabajo, el yunquista Francisco Javier Salazar, desataron una cacería contra el líder charro del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, para desviar la atención del público.
De este modo, al igual que Moreira y Televisa, protegieron al dueño de Pasta de Conchos, el magnate Germán Larrea, que debió ser detenido y juzgado por negligencia criminal, ya que el gas metano se acumuló dentro del tiro porque estaba descompuesto el sistema de ventilación. Además, sus capataces obligaron a los barreteros a bajar a la mina, pese a que desde varios días atrás éstos reiteraban que la situación era cada vez más peligrosa.
A la fecha, los restos de 63 de aquellos mineros asesinados permanecen bajo los escombros de Pasta de Conchos. Los culpables de su muerte siguen impunes. Germán Larrea ayudó a Fox en el fraude electoral de 2006 a cambio de impunidad absoluta. Felipe Calderón de la Parca se la ratificó en cuanto se sentó en los pináculos. Ahora, Larrea posee también la cadena exhibidora Cinemex, empresa que vende los hotdogs más caros y más malos del mundo.
El trato que Fox le dio a Larrea creó un modelo, que Calderón aplica desde que vive en Los Pinos. A cambio de impunidad, obtuvo el apoyo de Mario Marín y Ulises Ruiz, y de todos los políticos y empresarios involucrados en negocios turbios, incluido el del narcotráfico. Los efectos de esta manera de no gobernar sólo se hicieron visibles cuando ocurrieron hechos tan espantosos como los incendios, ocasionados también por negligencia criminal, en la guardería ABC de Hermosillo y en la tienda Coppel de Culiacán. O con los secuestros y asesinatos masivos de migrantes.
La impunidad ilimitada concedida tan alegremente por Calderón a sus parientes, amigos y socios, destruyó el estado de derecho en la mayor parte del país. Y la patente de corso –el permiso que los reyes de Francia e Inglaterra concedían a sus piratas para que saquearan los barcos de otras naciones– fue extendida, por igual, a las fuerzas armadas, que en regiones dominadas totalmente por el narcotráfico –norte de Chihuahua y sur de Tamaulipas, por poner sólo dos ejemplos– roban, matan, secuestran, torturan, extorsionan y desaparecen personas, y al mismo tiempo transportan y venden droga como cualquier banda criminal, de acuerdo con abundantes y abrumadores testimonios cotidianos.
En los cables de Wikileaks, acertadamente entregados a La Jornada por el colega Julian Assange, los diplomáticos estadunidenses describen como incapacidad del Ejército para enfrentar al crimen organizado
la alianza, implícita y explícita, entre cárteles, policías y militares. Pero el caos calderónico ha desbordado ya los esquemas intervencionistas que diseñó Bush y heredó la pareja presidencial de Estados Unidos –Hillary Clinton y Janet Napolitano–, para mantener a la olinarquía mexicana en el poder e impedir que nuestro país emprenda, con Andrés Manuel López Obrador, un camino alternativo como el de Lula en Brasil y el de Evo en Bolivia.
El aparente montaje –¿a cargo de la CIA?– en que dos agentes de la Migraña del Tío Sam fueron atacados en una carretera potosina, será aprovechado por Washington, dicen los que saben, para que México permita que los policías del vecino país circulen armados dentro del nuestro, lo que marcaría el inicio de una invasión militar que parece ya inevitable. Muy atento al desarrollo de este conflicto, el presidente de Francia supone que debe abusar de la creciente y notoria debilidad física, política y moral de Calderón para cobrarle una vieja deuda. Si el hombrecito michoacano ha pagado con la moneda de la impunidad a todos los que lo ayudaron a hacerse pasar por jefe del Estado mexicano, ¿por qué se la niega únicamente a él, nada menos que a él, el marido de Carla Bruni, la ex amante de Mick Jagger, en favor de Florence Cassez?
Transcribo, al respecto, fragmentos de una carta que el famoso crítico teatral del periódico Libération, René Solis, me envió ayer desde Francia. Sarkozy, dice, es definitivamente un genio dioplomático. Su manejo del caso Cassez es una obra maestra. Tras cuatro años de prepotencia, grosería e ineficiencia a diario todavía logra sorprendernos. Es fascinante ver cómo la cosa se ha estado calentando de ambos lados, con los mismos mecanismos que llevan a la guerra
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Y sigue: apostarle todo a la inocencia de Cassez ha sido una tontería mayor de las autoridades francesas (pero) lo que no se entiende desde aquí son los 60 años de cárcel. Parece pesadilla gringa. En Europa hasta los asesinos violadores salen después de 25 años. Y además, aquí, para complicidad por rapto la pena máxima sería de 12 a 15 años de cárcel (entre seis y ocho efectivos). Eso sí, mejor 10 años en Santa Martha Acatitla que cinco en una cárcel de Francia
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GDF: ¿reabrirán gasolineras clausuradas?
El sábado pasado, Desfiladero planteó un acertijo, al comentar que los nuevos dueños de Mexicana de Aviación podrían ser dos políticos panistas que usan lentes pero sólo uno se deja crecer el bigote. A primera hora de la mañana de ese día, el profesor Benjamín Cortés Valadez envió una décima para proponer una respuesta al misterio que permanece en la oscuridad: No es posible ni dudar/ secretario, sin bigote/ Lozano, de SME el azote/ y el que tiene Molinar/ a más de bigote un par/ de buenos antecedentes/ asesino de inocentes/ y Licitación Veintiuno:/ como ellos dos, ninguno/ son los dueños convenientes
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Pero volviendo al tema de la impunidad calderónica, clave de la destrucción del país, los vecinos de Tlalpan que exigen la demolición de una gasolinera en Insurgentes Sur, piden a Marcelo Ebrad que ratifique en su cargo a Diana Ponce, procuradora del Medio Ambiente en el GDF, que durante su gestión ordenó la clausura de 12 negocios del mismo ramo, construidos con licencias otorgadas ilegalmente por Alejandro Nyssen Ocaranza, ex director de Regulación Ambiental, despedido por corrupto.
En la terna que Ebrard presentó a la Asamblea Legislativa para sustituir a la honrada y trabajadora Diana Ponce, figuran Elena Guzmán González, incondicional de Martha Delgado, secretaria del Medio Ambiente y muy cercana a Nyssen Ocaranza; Juan Pedro Machado Arias, abogado defensor de gasolineros, que reabriría todas las estaciones de servicio clausuradas, por chuecas que estén, y el panista y yunquista Miguel Ángel Cancino.
Mañana llega Eduardo Galeano a México. Y pasado mañana regresa Carmen Aristegui. ¡Bienvenidos sean!
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