sábado, febrero 19, 2011

STPS da carpetazo a expediente Pasta de Conchos

La mina de Pasta de Conchos, en Coahuila.

La redacción

MÉXICO, D.F., 18 de febrero (apro).- Cinco años después del accidente en la mina Pasta de Conchos, que cobró la vida de 65 mineros, “prevalecen las condiciones de peligrosidad” en el filón propiedad de Grupo Minero México, “y no hay evidencia fundamental de que se hayan revertido”, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Por medio de un extenso comunicado, a un día de que se cumplan cinco años del siniestro –este 19 de febrero--, la Secretaría reiteró que “se hizo lo técnica y humanamente posible por rescatar los cuerpos de las víctimas”.
La Secretaría del Trabajo, que encabeza, Javier Lozano Alarcón, señaló, incluso, que debido a la imposibilidad de ingresar a la mina no han concluido las investigaciones para deslindar responsabilidades de carácter penal a los propietarios del filón, encabezados por el empresario Germán Larrea.
El 19 de febrero de 2006, a las 2:30 horas, una explosión en la mina Pasta de Conchos, ubicada en el poblado de San Juan Sabinas, en la región de Nueva Rosita, Coahuila, dejó sepultados a 65 mineros, de los cuales sólo dos cadáveres fueron rescatados.
Sobre la negativa a que personal independiente de rescate ingrese a la mina para recuperar los cuerpos de los mineros sepultados bajo los escombros, como lo ha propuesto la organización “Familia Pasta de Conchos”, la STPS señaló que no puede, “de manera irresponsable y populista”, arriesgar vidas al permitir este tipo de trabajos “sin que existan las condiciones de seguridad indispensables”.
“Es penoso –agregó-- que existan personas y grupos que aprovechen este tipo de acontecimientos y se sirvan del dolor e impotencia de los afectados para obtener beneficios personales, sin importarles generar expectativas que a la postre sean de difícil o imposible satisfacción.”
La dependencia federal recordó que “derivado del lamentable accidente” solicitó el apoyo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para que realizara un estudio que permitiera determinar la viabilidad de recuperar los cuerpos de los 65 mineros atrapados.
El 5 de octubre de 2007, dicha instancia terminó que el ingreso de personas a la mina “compromete significativamente su seguridad e higiene, así como su integridad física, y es contundentemente desaconsejable”.
Destacó que entonces, como ahora, “el riesgo, en las condiciones prevalecientes, es, al menos, cinco veces mayor que en condiciones normales en la minería de carbón, pero, además, por el conocimiento presente que se tiene del grado de deterioro en la zona afectada por el accidente, pueden constituir un peligro aún mayor que el previsto”.
Asimismo, reiteró, “con toda responsabilidad y respeto”, su solidaridad con los deudos de los trabajadores fallecidos, y reafirmó su compromiso por acompañarlos en todos los procesos legales que deben enfrentar hasta ver sus pretensiones satisfechas dentro del marco de la ley.

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