En Estados Unidos, una de cada tres indígenas es violentada sexualmente a lo largo de su vida. Los agresores, mayoritariamente blancos, que ingresan a los territorios indios para abusar de niñas y mujeres gozan de impunidad. La justicia estadunidense no concede potestad a las autoridades de los pueblos nativos para juzgar por delitos cometidos a personas que no pertenecen a las tribus.
Haider Rizvi / IPS-Voces de la Tierra
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos. Este país es objeto de escrutinio internacional por no juzgar a quienes ingresan a territorios indígenas para abusar de mujeres y niñas.
Allí, las indígenas son mucho más vulnerables a sufrir abusos que las mujeres de cualquier otro grupo étnico en el país, según Rashida Manjoo, relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias.
Entre 60 y 80 por ciento de la violencia contra las indígenas estadunidenses es perpetrada por foráneos, dice Manjoo.
La relatora, quien se reunió con varios funcionarios y activistas por los derechos humanos para investigar la situación de las mujeres en Estados Unidos, cita datos que revelan que una de cada tres nativas es violada a lo largo de su vida.
En la mayoría de los casos, los violadores quedan libres porque los ancianos de las tribus tienen potestades limitadas para juzgar a quienes cometen delitos en su territorio. Los pueblos originarios sostienen que les resulta muy difícil obtener ayuda de las autoridades estadunidenses.
“Desde 1978, nuestro gobierno tribal (…) fue despojado de la autoridad para juzgar a violadores y abusadores” que no pertenecen a los pueblos nativos, dice Terri Henry, concejala de la Eastern Band of Cherokee Indians, tribu asentada en una reserva del oriental estado de Carolina del Norte.
En 1838, cuando los colonizadores europeos obligaron a los cherokees a abandonar sus tierras en el Sur, miles de indígenas murieron en su camino a Oklahoma debido a la falta de alimentos, vestimenta y refugio.
“Como todos los otros estatutos y políticas federales hacia los indígenas, la Ley de Remoción legalizó las muertes de miles de mujeres, hombres, niñas y niños cherokees”, explica Henry, quien se reunió con Manjoo en febrero pasado.
Henry, que también integra el Indian Law Resource Center, dice que no se pondrá fin a la violencia contra las mujeres nativas hasta que las autoridades federales “eliminen la barrera legal que ata las manos a los gobiernos tribales”.
Los tribunales de los pueblos indios solamente pueden imponer una sentencia de entre uno y tres años. Y en Carolina del Norte, por ejemplo, el delito de violación se castiga hasta con 40 años de cárcel, señala.
“Así que para la mayoría de las víctimas indígenas, una sentencia de tres años está muy lejos de disponer una justicia igualitaria ante la ley”, agrega.
En enero, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, anunció la formación de un nuevo grupo de trabajo para proteger a las mujeres aborígenes de la violencia y los abusos.
“Sabemos muy bien que las comunidades tribales enfrentan desafíos únicos en materia de aplicación de la ley y que se están esforzando por revertir una proporción inaceptable de violencia contra mujeres, niños y niñas”, dijo Holder.
Agregó que “el grupo de trabajo ha sido una prioridad para mí desde mi visita a los líderes tribales el año pasado; es un paso crítico en nuestro trabajo por mejorar la seguridad pública y fortalecer la coordinación y la colaboración relativa a las estrategias de las comunidades tribales para realizar juicios”.
El grupo de trabajo, de 13 miembros, busca elaborar un manual sobre prácticas judiciales para juzgar en el ámbito federal delitos cometidos contra las mujeres en territorios indígenas.
Incluye al fiscal federal para Nebraska y a fiscales federales adjuntos de otros cinco estados del Occidente de Estados Unidos, así como a jueces, fiscales y abogados de varias naciones originarias.
El gobierno de Barack Obama también aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo que fue bienvenido por los líderes de los 370 millones de integrantes de los pueblos originarios del mundo.
La histórica declaración de la ONU, que fue rechazada por el gobierno de George W Bush (2001-2009), reconoce que los pueblos autóctonos de todo el mundo tienen derecho a controlar sus tierras y a practicar sus sistemas de creencias tradicionales.
“La Declaración puede usarse como base para reclamar que el gobierno federal cumpla sus responsabilidades con las tribus y sus obligaciones de promover y respetar los derechos humanos de las naciones y tribus indígenas”, dice Robert T Coulter, director ejecutivo del Indian Law Resource Center.
Durante su visita de dos semanas a territorios originarios de Estados Unidos, la relatora especial de la ONU enfatizó que el racismo y la pobreza son problemas profundamente arraigados.
De las más de 1 millón de mujeres que actualmente están bajo supervisión del sistema de la justicia penal, por ejemplo, las negras y latinoamericanas representan 46 por ciento. Y la vasta mayoría de ellas han cometido delitos no violentos.
Manjoo tiene previsto presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, en los próximos tres meses. Mientras, Henry describe la situación de las mujeres indígenas en Estados Unidos como “una crisis de derechos humanos”.
“Estamos contentas de que el resto del mundo esté empezando a prestar atención”, señala.
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