- Una consecuencia sería el despido masivo de personal con 15 o 20 años de antigüedad
El abogado y catedrático especializado en el tema laboral Alfonso Bouzas planteó lo anterior en entrevista, y detalló que la reforma del PRI, lo primero que desataría sería un "despido masivo de trabajadores de mayor antigüedad, los que tienen 15, 20 o más años laborando en muchas empresas, las que preferirían correrlos injustificadamente, irse a juicio, ya que en caso de perder, sólo estarían obligados a pagarles un año de salarios caídos". Sería la debacle laboral.
Al cuestionarle al abogado si la reforma del PRI va contra los principios de la Ley Federal del Trabajo, respondió: "no sólo contraviene esta ley si no el mismo artículo 123 constitucional", y va contra una de las conquistas más sentidas del sector obrero, que es la estabilidad en el empleo.
- Demandó un debate nacional para analizar el polémico tema
Porfirio Muñoz Ledo calificó de una ofensa y un asalto en despoblado la iniciativa priísta: "como en los peores tiempos del neoliberalismo avientan una iniciativa que manifiesta una abierta falta de honor y una violación al reglamento. Habíamos convenido que se discutieran las iniciativas, pero el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) se han aliado, otra vez, de forma perversa para sacar la última de las grandes de reformas neoliberales".
El legislador petista demandó un debate nacional, porque la legislación laboral es un asunto de extrema gravedad.
Pedro Vázquez, coordinador del Partido del Trabajo (PT), expuso que es necesario un proceso amplio de discusión con el objetivo de alcanzar una reforma laboral que atienda los intereses de los trabajadores. Y, al contrario, César Augusto Santiago, del PRI, expuso que es momento de discutir la reforma laboral. Y descartó que la iniciativa represente un guiño a la iniciativa privada.
Gobernación busca evadir denuncias
"De ese tema no voy a opinar nada", señaló Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, en cuya área también ha habido denuncias de despidos injustificados, precisamente en perjuicio de los abogados que estaban asignados a atender las demandas en contra de Gobernación y a quienes –aseguran– no se les dio, por lo menos, el derecho de audiencia.
- El tricolor excluye propuestas que se le han planteado, señala ONG
Patricio Flores, líder del Sindicato Industrial de Trabajadores y Artistas de Televisión y Radio (Sitatyr), señaló que esta propuesta del tricolor se presentó "en defensa", porque el Partido Acción Nacional (PAN) había presentado una que vulneraba los derechos de los trabajadores, aunque reconoció que es "perfectible", y agregó incluso que no sería necesaria una reforma laboral si se cumpliera con la actual Ley Federal del Trabajo.
En su opinión, si se tienen que pagar costos políticos por aprobar esta reforma, los deberán pagar "tanto el PRI como el PAN". No obstante, apuntó que el Legislativo puede “hacer mejoras y enriquecer la iniciativa priísta, sobre todo para que no se precarice el empleo. Sin embargo, expuso que ahora es el momento de llevar a cabo esta reforma y no perder más tiempo, "como lo hace el diputado Gerardo [Fernández] Noroña, que su única acción para todo, es tomar la tribuna", dijo sin que esto viniera al caso de la cuestión laboral.
- Plantea Bueno Torio eliminar la exclusividad del Estado en petróleo y petroquímica básica
- En dos iniciativas impulsa permitir a empresas privadas nacionales o extranjeras que construyan y operen refinerías, ductos; que distribuyan y almacenen gasolina, gas y productos petrolíferos
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer en el Senado dos iniciativas, que modifican el artículo 28 constitucional y la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, para privatizar la petroquímica básica y permitir que empresas privadas, nacionales y extranjeras construyan y operen refinerías y ductos y se hagan cargo de producir, almacenar y distribuir gasolina, gas y otros productos petrolíferos.
Es la misma propuesta que el presidente Felipe Calderón presentó en 2008, dentro de la reforma energética, y que fue desechada por el Congreso. El panista Juan Bueno Torio sostuvo que no nace muerta esta iniciativa, porque, dijo, la realidad es distinta a la de hace tres años y Pemex no tiene recursos para invertir en nuevas refinería o ductos.
La reforma propuesta por la bancada panista al artículo 28 constitucional propone eliminar de ese ordenamiento la exclusividad del Estado en el petróleo, los demás hidrocarburos, y la petroquímica básica
. En su lugar plantea dejar sólo como funciones que el Estado ejercerá de manera monopólica la exploración y extracción de petróleo crudo
.
A la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, los senadores de Acción Nacional proponen cambios a fin de que la refinación del petróleo, el procesamiento del gas natural
, así como el transporte, almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan, podrán ser llevados a cabo, previo permiso, por los sectores social y privados.
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- Seguridad, Iniciativa Mérida, asuntos militares y judiciales, sus temas
Blanche Petrich
Ex marine y diplomático especializado en América Latina, con larga trayectoria en la Subsecretaría de Estado para Asuntos Hemisféricos, el ministro consejero de la embajada estadunidense en México, John Feeley, ya fungió anteriormente como encargado de la misión diplomática –función que probablemente ejerza con el retiro de Carlos Pascual y hasta que ocurra un nuevo nombramiento– entre junio y agosto de 2009. En ese periodo le tocó preparar la participación del presidente Barack Obama en la cumbre tripartita norteamericana de Guadalajara.
En un despacho preparatorio, confidencial y sólo de uso interno, redactado personalmente por él y enviado el 31 de julio de 2009 a Dan Restrepo, director para el Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, introdujo en el temario del encuentro entre los presidentes Obama y Felipe Calderón, en el Hospicio Cabañas, el asunto de los problemas de los militares en materia de derechos humanos: Las denuncias de abusos a los derechos humanos por parte de los soldados desplegados en las misiones antinarcóticos amenazan con socavar el apoyo del público
a las políticas del gobierno contra el crimen organizado, advertía Feeley. Y en efecto, este rubro enturbió el clima de la cumbre de agosto.
Desde su llegada al cargo hasta febrero de 2010, Feeley supervisó o suscribió al menos 120 cables enviados por la embajada a sus superiores en el Departamento de Estado, contenidos en el archivo México de Wikileaks y que este diario ha estado dando a conocer desde el 10 de febrero. La mayoría de los despachos bajo la firma de Feeley, 33 para mayor precisión, son sobre cuestiones de seguridad, Iniciativa Mérida, asuntos militares y judiciales.
Entre otros, fue autor del texto de preparación para la reunión del grupo de trabajo de la Comisión Bilateral de Defensa, que tuvo lugar en Washington en febrero de 2010, en el que explica al subsecretario de Defensa, Paul Stockton –en la confianza de estar redactando un cable secreto
–, las considerables tensiones que existen entre la Sedena y la Semar
; de la aversión al riesgo
de los militares a la hora de emprender acciones para capturar a capos de alto rango (lo que llaman en términos castrenses objetivos de alto valor
).
Wikileaks en La Jornada
- Su difusión causó un
daño severo
y alborotó al gabinete, aceptó el presidente Calderón
- El embajador había criticado al procurador Chávez y ensalzado a su antecesor, Medina Mora
- La planeación de medidas de seguridad en Juárez, otro flanco donde intervino el diplomático
El pasado 3 de marzo, la tensión bilateral acumulada explotó en una entrevista concedida por Felipe Calderón a The Washington Post, publicada horas antes de su encuentro con el presidente Barack Obama. En ella el mandatario mexicano tronó contra el embajador estadunidense Carlos Pascual: No me ayudes, compadre
, dijo, y adelantó en público lo que acaso habría debido mantener en los canales institucionales idóneos: ante la pregunta de si aún le tenía confianza al diplomático reviró: Ese es un asunto que ta vez platicaré con el presidente Obama
.
El mensaje era inequívoco: Calderón procuraría gestionar, al margen de los conductos legales a su disposición (artículos 9 de la Convención de Viena y 33 de la Constitución mexicana), la salida de Pascual de la legación de Washington. Asimismo, y a pesar de los esfuerzos de control de daños desplegados por la Casa Blanca desde principios de diciembre, Felipe Calderón reconoció que las revelaciones de los desencuentros bilaterales contenidos en el paquete México de Wikileaks habían causado un daño severo
a sus vínculos con la administración del país vecino y que le habían alborotado el gabinete.
En la misma edición en la que daba tribuna al gobernante huésped, el rotativo estadunidense comentó que si Pascual llegaba a ser retirado por Washington, sería la más relevante baja estadunidense causada por los escándalos derivados de la difusión pública de los cables del Departamento de Estado.
Pero el visitante no tuvo margen para plantearle al anfitrión su disgusto con el embajador –el cual estuvo presente en la reunión realizada–, y un día después, tras la ronda habitual de buenos propósitos y elogios mutuos, el Departamento de Estado atajó las especulaciones: Le dijimos (a Calderón) que Pascual es nuestro embajador, y eso fue todo
, espetó off the record un alto funcionario del gobierno estadunidense.
Hasta ese punto, Calderón había formulado, a cambio de nada, la promesa de gestionar medidas adicionales de protección para los agentes estadunidenses que actúan en México, e incluso insinuó la posibilidad de promover reformas legales a fin de que éstos pudieran portar armas en el territorio nacional; estaba muy reciente el homicidio de Jaime Zapata, agente de Inmigración y Aduanas, en la carretera que va de San Luis Potosí a Monterrey.
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- "Nuestros superiores nos ordenaban quedarnos sentados y no intervenir", declara a CBS
- El embajador Carlos Pascual renunció al cargo "bajo presión", señala la cadena
La operación Rápido y furioso era conocida por otras agencias de seguridad estadunidenses y no sólo por la de control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés), según un testimonio de un segundo agente de la autoridad, reportó la televisora estadunidense CBS en un seguimiento a su reportaje en el escándalo de tráfico de armas de Estados Unidos a México.
La misma cadena aseguró este martes que el embajador estadunidense en México, Carlos Pascual, renunció bajo presión
, contrario a lo que se informa oficialmente, y que la operación Rápido y furioso fue sólo la gota que derramó el vaso
en una serie de controversias que rodeaban al diplomático.
El agente especial de la ATF, René Jáquez, habló con CBS desde El Paso, Texas, donde ha ejercido su labor de impedir el contrabando de armas y otros artículos ilegales.
El agente se dijo alarmado de saber que su propia agencia había hecho justo lo contrario: alentar a comerciantes de armas estadunidenses a vender sus mercancías a sospechosos de pertenecer a cárteles de narcotraficantes mexicanos, con la intención, aparentemente, de dejar que las armas caminaran
por las calles y ayudaran a rastrear y apresar a miembros del crimen organizado.
Jáquez enfatizó: Es lo que hacemos como agencia, no permitir que las armas pasen, que ningún arma camine
, para después añadir que se ordenó a agentes de la ATF dejar pasar el contrabando de armas.
Agregó que recibió órdenes de permitir la entrada a México de miles de armas. Dos de ellas eran rifles que después fueron encontrados en la escena del asesinato del guardia fronterizo Brian Terry, ocurrido en diciembre pasado en Arizona. Otra de esas armas se ligó al asesinato del agente de Inmigración y Aduanas Jaime Zapata. Cualquiera de nosotros pudo haber muerto víctima de esas armas
, sostuvo Jáquez.
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En el encuentro privado al que asistieron cinco ministros del máximo tribunal, trascendió que éstos respondieron a las inquietudes de la delegación internacional sobre el sistema judicial, el respeto a los derechos humanos, la figura del fuero militar y su aplicación en casos en los que soldados cometen delitos en contra de civiles durante actos del servicio, y sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla.
Arturo Zaldívar y Sergio Aguirre Anguiano, presidentes de la primera y segunda salas de la SCJN, respectivamente, así como Olga Sánchez Cordero y Fernando Franco participaron en la reunión, ya que de manera insólita por tratarse de una misión de alto nivel, el ministro presidente, Juan N. Silva Meza, únicamente le dio la bienvenida a los visitantes y se retiró
Astillero
- Tropiezos de Peña Nieto
- Desmemoria, injusticia y alianzas
- Del Mazo, Huixquilucan, narco
- Encinas, en la recta final
Uno de sus mayores éxitos en cuanto a visitas en Internet es el video en que el periodista Jorge Ramos le pregunta, para Univisión, el nombre de la enfermedad o mal que llevó a su primera esposa a la muerte, ante lo cual el gobernador del estado de México parece turbarse o inquietarse o, cuando menos, enredarse y olvidar la denominación formal de lo que era de suponerse habría de recordar sin problema. Otro punto alto de su expediente negativo está en el caso de la niña Paulette Gebara que un año atrás murió de una extraña manera que, sin embargo, terminó oficialmente consignada como resultado de extraños ocultamientos infantiles en un minúsculo hueco de una cama, lo que generó a escala nacional una extendida incredulidad sobre el resultado judicial y sobre la eficacia gubernamental.
Dinero
- Sube el algodón y también la ropa
- Creador de Facebook, escandalosamente rico
- La tenencia en el DF
- Calderón y su
transición energética
- Acelera la privatización (otro intento)
- Senadores panistas tras el artículo 28
gran proyectosexenal, el mismo que fallidamente intentaron concretar sus cuatro antecesores (aunque algo lograron avanzar): la total privatización del sector petrolero. A escasos 20 meses de que, felizmente, regrese a su casa, y a escasos siete u ocho de que la clase política y los poderes fácticos lo terminen de hacer a un lado ante el arranque de precampañas y campañas presidenciales, el susodicho mandó a un grupo de sus senadores a proponer modificaciones constitucionales para que el Estado mexicano se quede con el logotipo de Pemex, y el capital privado (foráneo, de preferencia) con el petróleo y todo lo demás.
A estas alturas, las huestes calderonistas, con su pastor al frente, no son precisamente creativas a la hora de pretextar la causa real de tal iniciativa, y no lo son porque todos los términos y las frases privatizadoras (desincorporación
, adelgazamiento
, coinversión
, inversión complementaria
, reclasificación
, etcétera, etcétera) se las alquilaron a los priístas en los sexenios concertacesionistas de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo para que fueran ellos los que desmantelaran el aparato productivo del Estado en beneficio de los consorcios privados, de tal suerte que cuando los blanquiazules llegaron a Los Pinos de plano ya no tenían más eufemismos aplicables, ni podían utilizar los mismos eslogans para alcanzar la misma meta (aunque hay que reconocerles el invento de un enunciado privatizador digno de colección: transición energética
).
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Esta nueva intentona privatizadora revive, en lo general, el sentido y los argumentos de la que pretendió avanzar el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, en abril de 2008: entonces, como ahora, se presentó un diagnóstico desastroso del estado de Petróleos Mexicanos (Pemex), se insistió en la necesidad de incrementar la producción y eficiencia de la paraestatal, se intentó chantajear a la población con la supuesta "necesidad" de recortar gasto de programas sociales para reforzar a Pemex y se sostuvo, a continuación, que la solución viable era el traslado a manos privadas de algunos segmentos de mayor valor agregado de la industria nacional de los hidrocarburos.
La disolvente desigualdad
Luis Linares Zapata
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