En la Cámara de Diputados, las bancadas de los partidos mayoritarios –Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD)– llegaron a un acuerdo para modificar la Iniciativa de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional que fue aprobada por el Senado el 27 de abril de 2010. Los líderes de las fracciones partidistas acordaron integrar las demandas del Ejército Mexicano a la minuta para que legalmente las Fuerzas Armadas de México puedan realizar intervención de comunicaciones, cateos, operaciones encubiertas, recopilación de información en lugares públicos y detención de delincuentes en flagrancia.
Ante la polémica que el tema genera, los legisladores acordaron no hablar de la iniciativa y mantener las negociaciones en sigilo. “La [reforma a la] Ley de Seguridad Nacional se presentará en el pleno el penúltimo o el último día del periodo de sesiones y se votará sin mayor discusión”, señala un legislador que participa en las negociaciones y que solicitó no ser identificado. Así, la nueva ley podría aprobarse en cualquiera de las dos últimas sesiones del mes: 26 o 28 de abril.
El diputado agrega que las bancadas partidistas han reconocido que las exigencias de los militares son “atendibles”. Especialmente, el Ejército Mexicano no aceptará que de nueva cuenta se le deje fuera, como ocurrió con la vigente Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005.
La legislación vigente regula de manera exclusiva las actividades del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), como si este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación fuera el único encargado de preservar la seguridad nacional. “Y los militares deben realizar sus actividades en el filo de la legalidad o, incluso, de manera ilegal”, explica el legislador.
En efecto, la ley que rige actualmente las actividades de inteligencia prevé por primera vez la intervención de comunicaciones (cuentas de correo por internet y teléfonos), pero facultó para ello exclusivamente al Cisen. Incluso, en la legislación se le dedica un capítulo completo, el segundo, al Centro.
“Los militares están encabronados. Los dejaron fuera de la ley pasada y se sienten relegados. La legislación fue acaparada por el Cisen. Todo lo hizo a su modo y, hasta la fecha, sigue bloqueando la participación de las Fuerzas Armadas en la elaboración de una nueva ley de seguridad nacional”, agrega el diputado federal.
El cabildeo del Ejército Mexicano en la Cámara de Diputados ha estado encabezado por el general de división Luis Arturo Oliver Cen, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hasta la fecha, la ley no faculta a las Fuerzas Armadas Mexicanas para realizar actividades de seguridad pública y, por lo tanto, no existen protocolos que rijan las actividades de la “lucha” contra el narcotráfico.
Fuerzas Armadas y labores de inteligencia
En entrevistas por separado, los diputados federales que integran la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional coinciden en que se debe establecer un sistema único que norme las actividades de todas las secretarías, instituciones y dependencias que realizan actividades de inteligencia. Así, se incorporarían al marco jurídico las actividades que ya realizan el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana. Además, se les incorporaría en esferas que hasta la fecha no son de su competencia.
Reacios a hablar del tema, los diputados terminan por confirmar a Contralínea que existe “una posibilidad” de que una nueva ley de seguridad nacional, que abrogue la actual, se apruebe antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura (el 30 de abril de 2011).
Antes de pedir licencia como diputado federal y coordinador de la bancada del PRD –para buscar la postulación de su partido como candidato al gobierno del Estado de México–, Alejandro Encinas presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Nacional. La propuesta confirmó los acuerdos: “Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional”, explica luego de bajar de tribuna el único perredista de la presente Legislatura que ha ocupado una secretaría en la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
—Es decir, se incorporarán en la ley las actividades de espionaje que realizan el Ejército y la Armada –se le inquiere.
—Sí. Se plantea que todos los organismos que hagan labores de inteligencia, civiles o militares, estén en una sola coordinación en un sistema nacional. Se requieren labores de inteligencia que reúnan actividades civiles y militares en materia de obtención de información. Aquí hay que entender que las labores de inteligencia no son de espionaje: son de la construcción de información suficiente para garantizar el respeto a la ley y los derechos de los ciudadanos.
El presidente de la Comisión de Defensa Nacional y secretario de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Rogelio Cerda, señala que lo que busca la nueva ley es “mejorar en sustento la capacidad procedimental para que quienes tienen que desarrollar funciones en el marco de la seguridad nacional del país tengan soporte legal”.
Cerda, del grupo parlamentario del PRI y quien asumió la presidencia de la Comisión de Defensa luego de que Ardelio Vargas pidiera licencia para separarse del cargo como legislador e incorporarse al gobierno de Puebla, señala que el debate no se centra en el espionaje. En la nueva legislación, explica, se establece que la seguridad nacional “es mucho más compleja que sólo aquello que tiene que ver con conspiración, sabotaje, asonada; el tema es mucho más amplio y más arduo”.
El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el diputado Gustavo González Hernández, está de acuerdo en que las Fuerzas Armadas “están dando una lucha importante en el tema de la principal amenaza de México; y sí es interesante el diálogo cívico-militar que se está dando de cuál debe ser el mejor esquema para que ellos (los militares) también tengan la salvaguarda de que están actuando conforme a derecho”.
De la seguridad pública a la seguridad nacional
Entre los acuerdos ya alcanzados por las bancadas mayoritarias en la Cámara de Diputados, también destaca el de la “gradualidad”, es decir, en el establecimiento de tres tipos de seguridad a garantizar por el Estado mexicano: seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Entre más importante sea la amenaza, más instituciones y secretarías se involucrarán en su combate.
Alejandro Encinas explica que la “gradualidad” definirá una situación de riesgo: “Sabremos cuándo un asunto de seguridad pública se convierte en un asunto de seguridad interior, y cuándo se convierte en un problema de seguridad nacional; con ello, también se establecerá cuáles son los momentos de intervención de las Fuerzas Armadas y cuáles corresponden a la autoridad civil”.
Agrega que en este tema “fundamental” todavía no se llega a un acuerdo definitivo. “Pero estamos tratando de construirlo y estamos muy cerca”.
A este respecto, Rogelio Cerda explica que el acuerdo para que exista el concepto de “gradualidad” en la Ley de Seguridad Nacional ha sido alcanzado ya. Sin embargo, reconoce que aún se trabaja para establecer en qué consistirá con puntualidad. “Estamos realizando ejercicios, en el marco de la minuta, gradualizando los riesgos que tiene el país, para que en la función del incremento del riesgo se vayan incorporando el número de oficinas, departamentos y secretarías que se involucren en los temas. Vamos de menor a mayor”.
El legislador por el PAN Gustavo Hernández González señala que, actualmente, las Fuerzas Armadas pueden intervenir, en materia de seguridad pública, en dos situaciones: “Coadyuvando con una autoridad administrativa en casos aislados y a petición de las autoridades administrativas, y cuando hay una afectación de más largo alcance tanto temporal como geográficamente; en este caso tiene que haber un procedimiento de declaratoria para que intervenga el Ejército y se restablezca el orden jurídico constitucional”. Agrega que lo que se busca con la nueva ley es “fortalecer jurídicamente estas atribuciones e incorporar otras en la ley que no han sido reconocidas explícitamente”.
Sobre si habrá una nueva ley antes de que finalice el presente periodo ordinario de sesiones, Rogelio Cerda señala: “Estamos trabajando; pronto ya vamos a tener una postura oficial. La conclusión del estudio que estamos realizando sí se dará en este periodo. No sé si alcance el tiempo para discutirla; pero estamos trabajando a tambor batiente”.
- Acuerdos para una nueva ley de seguridad nacional
- Regulación de las actividades de inteligencia que realizan las Fuerzas Armadas
- Incorporación de las Fuerzas Armadas a algunas labores de seguridad pública
- “Gradualización” y tipificación de amenazas a la seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional
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