MÉXICO, DF, 19 de abril (apro).- El mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un duro comunicado de condena al Estado mexicano por el hallazgo de 145 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón hacía uso de su nueva estrategia de comunicación (o incomunicación) en su cuenta de Twitter y escribió el siguiente mensaje:
“Muchas felicidades a las Fuerzas Armadas por la captura de El Kilo y toda su banda de Zetas, autores de la masacre de migrantes ahí”.
A las 11:17 horas del lunes 18 de abril, el mandatario mexicano insistió en la alabanza:
“La detención de El Kilo y Los Zetas de San Fernando, fue el resultado de una gran coordinación de fuerzas federales”.
Ni una sola palabra presidencial de apoyo a los cientos de personas que han acudido a la morgue para saber si entre esos cadáveres se encuentra algún familiar. Tampoco ningún compromiso por investigar si existen otros cuerpos hallados en fosas similares. Mucho menos referencia alguna a lo expresado por la CIDH.
La Comisión Interamericana instó al Estado mexicano “a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose”. El Estado mexicano no ha respondido formalmente a este llamado.
La pesadilla de las narcofosas apenas empieza a desentrañarse y el gobierno federal insiste en asumir como “logros” lo que es una demostración de la impunidad generalizada, con un alto grado de responsabilidad de los tres niveles gubernamentales (estado, municipios y Federación).
El incómodo blog del narco publicó el mismo día que la Secretaría de Marina presumió ante los medios la detención de Martín Estrada Luna, El Kilo, que “fuentes anónimas y confiables” indicaron que se encontraron 55 cuerpos más en una nueva narcofosa, donde existen cuerpos de bebés, niños y jóvenes “quienes fueron ejecutados con brutalidad extrema”.
En su edición de este martes 19, el periódico Reforma realizó un recuento para señalar que en cinco años se han hallado 156 fosas en todo el país, con un total de 645 cadáveres, diseminados en 22 entidades de la República y el Distrito Federal. En Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua se ha encontrado más de 60% de estos cuerpos. Lo peor de estos hallazgos es que la gran mayoría de los restos humanos no han sido plenamente identificados.
En otras palabras, apenas estamos en el umbral de un escándalo internacional que ya comenzó a generar notas muy duras en las cadenas televisivas internacionales como Telesur, CNN o las agencias informativas europeas y estadunidenses.
El sicario y sus víctimas
“No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada... Es imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de cien personas. Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles de ejecuciones”.
Este es el testimonio de El sicario, libro y documental del mismo título realizados por los periodistas Charles Bowden y Molly Molloy, cuyo adelanto se publica en la edición de Proceso de esta semana.
Las palabras de este asesino a sueldo, de Ciudad Juárez, Chihuahua, sólo confirman el horror que está por venir. El protagonista del documental insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos cien narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido descubiertas”.
El menciona tan sólo las fosas existentes en la frontera de Ciudad Juárez y Estados Unidos. Además de estos cementerios clandestinos, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Durango y en Coahuila se calcula que pueden existir decenas o cientos de estos sitios.
El país apenas entrará a las compuertas de este horror, uno de los verdaderos rostros de la espiral de brutalidad, violencia, impunidad y miedo que ha acarreado la guerra entre los cárteles, la persecución contra migrantes y contra la gente humilde, sin rostro, sin nombre.
Más de 3 mil desaparecidos
En la misma edición de la revista Proceso, la reportera Gloria Leticia Díaz cita el cálculo del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzosa o Involuntaria (GTDFI) de las Naciones Unidas en México. En su informe preliminar del 31 de marzo pasado, este organismo advierte que “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006” en todo el país.
El recuento hemerográfico realizado por Proceso señala que se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.
La reportera Marcela Turati, en su recorrido por la morgue de Matamoros, Tamaulipas, relata en la misma edición de Proceso que el Servicio Médico Forense (Semefo) está desbordado y más de 400 personas han acudido a este sitio –provenientes del mismo estado y de otros como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Jalisco-- en busca de sus familiares desaparecidos.
Un investigador, entrevistado por Turati, describe así el perfil de las víctimas:
“Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (‘no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso’, dice la fuente).
“--¿Por qué los habrían matado? –se pregunta al investigador.
“--A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los sicarios”.
Esos son los muertos sin nombre. Sus cuerpos apenas comienzan a descubrirse.
Sin embargo, para ellos no hay palabras de consuelo ni de compromiso contra la impunidad del presidente de la República.
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MÉXICO, DF; 17 de agosto (apro).- Las imágenes son terribles, atroces: cadáveres amontonados, cuerpos mutilados y torturados de cientos de mexicanos abandonados en fosas clandestinas.
Se parecen a las que se descubrieron en Chile, Argentina, Guatemala y demás países centro y sudamericanos al final de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Eran las víctimas de la violencia del Estado contra sus disidentes.
Son las mismas imágenes que dejaron la guerra nacionalista en la antigua Yugoslavia y la guerra tribal en Ruanda, en los años noventa.
Ahora, desde San Fernando, Tamaulipas, México da al mundo el mismo espectáculo fiero, inhumano. No es la primera vez, ni será la última, para vergüenza de un país sumido en una irracional guerra contra el narcotráfico.
Aquellos países pasaron del horror y la estupefacción a la indignación y al establecimiento de responsabilidades. Unos hicieron justicia, “en la medida de lo posible”, en sus propios tribunales. En otros casos, los responsables fueron juzgados en tribunales internacionales como criminales de guerra.
En México, los responsables de la barbarie también tendrán que ser procesados, juzgados y sentenciados. Pero la Procuraduría General de la República (PGR) está muy lejos de tal imperativo, pues es parte de esta trama violenta.
Como doble víctima, de la delincuencia organizada y de sus autoridades, a la sociedad mexicana no le queda más que organizarse para superar esa violencia parecida por sus resultados a una guerra civil y buscar que se impongan castigos.
Tarde o temprano tendrá que suceder si es que se quiere que el país salga del círculo vicioso de la violencia. Pero no como ahora se hace, atribuyéndole a una sola persona decenas y decenas de muertes.
Dice la Marina, por ejemplo, que Omar Martín Estrada Luna, El Kilo, supuesto jefe del cartel de Los Zetas en San Fernando, es el “autor intelectual” de por lo menos 200 muertes en ese municipio de triste testimonio.
Lo mismo hizo la PGR en enero de 2009 cuando le atribuyó a Santiago Meza López, El Pozolero, la muerte de unas 300 personas contrarias al cartel de Tijuana. Pero no pasa de esas acusaciones espectaculares. Nadie puede pensar que por sí solas dos personas sean las responsables de medio millar de muertes.
Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha realizado, que se conozca, una investigación para dar con las cadenas de mando y protección, lo cual supondría la detención y procesamiento de quienes ordenaron y ejecutaron tales asesinatos, así como de las autoridades civiles, policiales o militares que han protegido a las organizaciones delictivas.
El resultado de esa impunidad es que los ciudadanos sientan cada vez más cerca la violencia. Al principio estaba circunscrita a las áreas tradicionales de producción y tráfico de drogas. Después, se extendió a nuevas “rutas” que prácticamente abarcan a todo el país en búsqueda de caminos para llegar al mayor mercado consumidor del mundo de sustancias ilegales, Estados Unidos.
Exacerbada de por sí esa disputa de rutas, Felipe Calderón quiso apagar el fuego con gasolina. A la violencia enfermiza de los carteles de la droga que rompieron toda regla de confrontación, se respondió con la violencia legal e ilegal del Estado. A la barbarie, le siguió la violencia necia, obstinada.
Hoy la violencia pende sobre cada mexicano. Nadie se salva. A cualquiera le puede pasar. Ya no es estar en el momento y en el lugar inadecuados. Todo México, en cualquier momento, es propicio para la muerte. Ya por un choque entre narcotraficantes, ya por la acción de las fuerzas federales, policiales y militares, ya por la fuerza que hace tiempo dejó de ser monopolio del Estado mexicano.
Por eso las tumbas clandestinas brotan en cualquier punto del territorio. El horror es el signo del tiempo mexicano que ahora dejamos como testimonio al mundo.
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