El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, impulsará la investigación para que la justicia penalice a los responsables del plan de esterilización compulsiva de mujeres del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), asegura la portavoz de la agrupación política triunfante, Aída García Naranjo.
“Humala cumplirá con el compromiso del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no quede impune el caso de las víctimas de esterilizaciones femeninas y masculinas, que consideramos un delito de lesa humanidad”, dice García Naranjo a IPS.
“No puede haber democracia en un país donde se promueva el olvido y la ausencia de justicia”, sentencia la dirigente de Gana Perú.
El Acuerdo Amistoso del país con la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, data de 2003 y establece que se enjuiciará a los autores del programa de planificación familiar para reducir la pobreza con operaciones quirúrgicas masivas de ligaduras de trompas de Falopio y vasectomías, en particular en poblaciones andinas, campesinas y de bajos recursos.
En 2010, sin embargo, la representante del gobierno peruano había anunciado a la entidad, con sede en Washington, que el Ministerio Público había archivado el caso y que con eso daba por concluido el tema.
Así, Lima sólo cumplió en el caso testigo de este Acuerdo, con la indemnización y atención a la familia de María Mestanza, una de las víctimas de esterilización forzada que falleció en 1998, cancelándose así toda posibilidad de justicia.
Cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que entre 1993 y 2000 se practicaron 346 mil 219 esterilizaciones femeninas y 24 mil 535 masculinas, 55.2 por ciento de las cuales fueron realizadas entre 1996 y 1997, periodo en el cual fueron autorizadas a participar en estas operaciones a las Fuerzas Armadas y a la policía.
En ese lapso de dos años se efectuaron 262 ligaduras de trompas por día en promedio, en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, diseñado por el gobierno de Fujimori, actualmente encarcelado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Esta cuenta pendiente en Perú estuvo entre los principales asuntos manejados en el debate transmitido por televisión, previo a la segunda vuelta presidencial del domingo, que sostuvieron Humala y su contendiente, la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario.
El líder nacionalista, ganador del debate con un programa de gobierno de izquierda, emplazó a Keiko Fujimori a que se pronunciara sobre las esterilizaciones que afectó el gobierno de su padre a miles de mujeres, en particular a andinas y pobres.
Destacó, en esa presentación, que su contrincante contaba en su equipo técnico con Alejandro Aguinaga, quien como Ministro de Salud del gobierno fujimorista de 1999 a 2000, fue uno de los que ejecutó el cuestionado programa de planificación familiar.
Pero Humala olvidó mencionar a otro exministro de Salud involucrado en el caso, se trata de Marino Costa (1996-1999), que también formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. El tercer responsable de esta cartera acusado de encabezar el plan de esterilizaciones es Eduardo Yong Motta (1994-1996).
La hoy candidata frustrada a la presidencia se defendió indicando que el caso estaba cerrado, que Aguinaga había sido investigado y que no se le encontró ninguna responsabilidad. Pero, aún no se abre ningún juicio por este plan en Perú.
“El anuncio de Humala representa una esperanza de justicia para todas aquellas mujeres que, como yo, fuimos engañadas por el gobierno de Fujimori cuando nos dijo que al esterilizarnos mejoraría nuestra calidad de vida, y resultó todo lo contrario”, declara a IPS Ligia Ríos Lizárraga, de 44 años y madre de tres hijos.
“Por esterilizarme me mataron a mi último hijo”, señala esta campesina. Agrega que “desde que en 1997 con engaños me ligaron las trompas, sin decirme que en ese momento estaba embarazada, mi vida es un completo infierno. Cada cierto tiempo tengo hemorragias, y ahora acabo de salir del hospital para que me atendieran de emergencia”.
Ríos Lizárraga narra que recurrió a los tribunales para que sancionaran a los autores de la operación quirúrgica, pero el caso nunca prosperó. “Por eso, luego de 14 años de sufrimiento, escuchar que mi caso y el de otras mujeres será revisado me da cierto alivio. Espero estar viva cuando castiguen a los culpables”, apunta.
Las mujeres de la sureña región del Cuzco se encuentran entre las más afectadas por las esterilizaciones. En el periodo más intenso de esta práctica, entre 1996 y 1997, el número de ligaduras de trompas saltó espectacularmente de 1 mil 808 a 4 mil 535, lo que significaba casi cinco operaciones diarias.
Sabina Huilca Cóndor, de 41 años, procedente de la comunidad de Izcuchaca, en la provincia de Anta, fue una de esas víctimas. Actualmente tiene que seguir yendo a Lima para recibir un tratamiento especializado. Sufre una neoplasia que los médicos no descartan que sea una derivación de la mala práctica quirúrgica que le practicaron para ligarle las trompas.
“Me voy a poner a disposición de las autoridades para demostrar las causas de la esterilización que me hicieron sin mi consentimiento”, dice Cóndor.
“Yo puedo mostrar mis heridas, mis males, mis dolores, todo lo que sea necesario para que sepan los jueces que me hicieron daño de por vida por una operación que yo nunca pedí”, añade.
Al final de la campaña electoral y ya con el caso de las esterilizaciones golpeando fuertemente la credibilidad de su candidatura, Keiko Fujimori ensayó unas disculpas a las víctimas.
Pero Cóndor dice no aceptar esas disculpas, pues “fueron sólo por interés”. “No le creo porque antes nunca dijo nada”, agrega.
La directora de la organización nogubernamental Demus, Jeannette Llaja, manifiesta su expectativa por el anuncio de Humala y destaca que “no sólo se espera una investigación y sanción a los responsables, sino también la reparación a las víctimas, tanto individuales como comunales”.
Llaja agrega: “Especialmente en las zonas andinas, las esterilizaciones afectaron a comunidades campesinas completas, de allí que nosotras planteamos que el delito cometido es de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible”.
En entrevista con IPS, Llaja señala que “hay investigaciones del Congreso Legislativo y de otras instancias que han concluido que el programa de planificación familiar se diseñó especialmente para afectar a las mujeres más pobres del país, habitantes de las zonas andinas y quechuahablantes”.
Indica además que “la responsabilidad no se reduce sólo a los médicos sino también a los autores de las políticas públicas, lo cual equivale señalar al propio expresidente Fujimori”.
“La declaración de Humala es una expresión de que el Estado peruano finalmente asumirá el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso esperamos y velaremos porque se cumpla la palabra”, puntualiza Llaja.
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