Toda la estructura de seguridad, infiltrada por Los Zetas

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta como sicarios...

Elementos de la Marina en Veracruz.

Arturo Rodríguez García

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.
A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.
De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.
La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.
Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.
En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.
En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.
La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.
La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.
El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.
Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.
En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.
Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

Poder corruptor

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.
Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.
Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sérpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.
En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.
Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.
Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.
Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.
Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.
A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Antele, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquín Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.
En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.
“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.
Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.
El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.
Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

Narcosueldazos

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sérpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.
Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.
En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.
En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sérpico asentó que en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además se les regalaban costosos vehículos.
Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.
Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos’n Charlie’s –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciana Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.
En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.
Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconómina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.
Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.
Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.
En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo.
No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

El capitán Valbuena

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.
Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.
El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.
Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.
El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.
Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.
El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.
Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.
La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.
Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

Los Torres Charles

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licenciado Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.
En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.
El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.
Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.
Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.
Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.
Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.
Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.
Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.
Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.
El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.
Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

Yo te acuso a ti, Calderón…

La familia de CINICOS, AMORALES, ASESINOS.....ESPURIOS que viven de "a gratis" en Los Pillos!

Álvaro Cepeda Neri *

… La autoridad reproduce la violencia que pretende suprimir

-Antonio García-Trevijano, Teoría pura de la república

Todas las modalidades de la delincuencia, con los narcotraficantes como avanzada y su complicidad con policías y militares, han puesto las condiciones de una violencia sangrienta. El presidente Felipe Calderón decidió el combate contra esa rebelión a sangre y fuego, y los calderonistas y el Partido Acción Nacional (PAN), con sus desgobiernos fallidos en todo el abanico de sus obligaciones, lo secundan. Y al no lograr la mínima eficacia para someterlos al imperio de la ley y restaurar la paz social, han contribuido al aumento de ésta al cosechar ya ?con los 74 periodistas asesinados, 14 desparecidos y 19 asilados? no menos de 50 mil homicidios (ni Augusto Pinochet ni Muamar Gadafi ni las matanzas en Irak y Afganistán) que cínicamente contabilizan Alejandro Poiré, con sus estúpidos mitos, y Genaro García Luna, con sus abusos, al lado de Guillermo Galván Galván y Mariano Saynez Mendoza.

Los mexicanos somos carne de cañón, conejillos de indias del calderonismo; víctimas del militarismo con palos de ciego a los que el mandatario napoleoncito llamó “daños colaterales”.

Durante los dos sexenios del PAN (aunque dentro del partido existen excepciones… que confirman la regla) y no se diga en el último lustro, no ha pasado un día, unas horas, sin homicidios que al año suman 10 mil. Y peor aún, más de una cuarta parte de éstos son ciudadanos de bien que van a sus oficinas, a sus labores en el campo y la ganadería; obreros, estudiantes baleados y asesinados incluso dentro de áreas escolares; madres con sus hijos muertos en plena batalla de la “no-guerra” calderonista. Mexicanos de todas las edades que han dejado miles de huérfanos y viudas, asesinados por delincuentes, por marinos enloquecidos, soldados desatados o policías sin freno, que cuando no son cómplices de los criminales, disparan sin control para ser unos facinerosos con uniforme de servidores públicos. La otra cara de esa moneda son los sicarios, los capos, los funcionarios sobornados, los rateros, los secuestradores, los depravados sexuales y los drogadictos.

Con su “estrategia” fracasada ordenada a tontas y locas, donde los altos mandos castrenses, para eludir responsabilidades, hacen lo que les ordena y firma el inquilino de Los Pinos escondido en su búnker para dormir tranquilo, Calderón y los capos comandan la doble fuente de violencia que tiene a más de 100 millones de mexicanos sometidos en la angustia, el miedo colectivo y los homicidios. La atmósfera de violencia semeja la de un golpe de Estado, para matar a diestra y siniestra, luego dar el pésame y ofrecer dinero para supuestamente resarcir los daños irreparables y la falta de uno o más familiares que destruyen vidas y el tejido social.

Los mexicanos, además, padecemos los bajísimos salarios, el masivo desempleo y la pobreza de 50 millones de nacionales; el encarecimiento de los productos de primera necesidad; y que Calderón, como Gadafi, tenga 200 mil millones de dólares (al financiar a los estadunidenses, pues están guardados en arcas de ese país), mientras que México necesita inversiones, créditos blandos, subsidios para la educación, pues sus edificios están en ruinas, con sanitarios antihigiénicos, etcétera. Además del total descuido de la agricultura para que sigan abarrotando el mercado libre calderonista de mercancías chinas desde donde llegan chiles y granos.

Todo esto ha creado las condiciones para lo que se ve venir: el golpismo al estilo de Victoriano Huerta (el militaroide alcohólico que generó una violencia cruenta como la actual; y no es que la historia se repita ?esta expresión no tiene sustento racional? sino que es un nuevo fenómeno de barbarie).

El calderonismo no ha podido, ni sabe, ni quiere terminar esa crueldad infame, pero sí aumentarla como un emperadorcito… Después de él, el diluvio. Somos presas del pánico, porque no pasa un minuto sin que sepamos de homicidios por ajustes entre delincuentes, enfermos que matan por matar, por adicciones a las drogas, por robar.

Hoy cualquiera tiene una pistola, un cuerno de chivo, un fusil, granadas, porque los estadunidenses, ante la pasividad-complicidad de Calderón (que quiere asilo y protección cuando huya), se las dieron a los sicarios y se venden en sucursales en el Distrito Federal, pues Marcelo Ebrard, entretenido en sus matrimonios, corrupción y locura por la candidatura chuchista-camachista, ha dejado que la capital de nuestro pobre país, con el Estado de México ?donde gobernaba Enrique Peña Nieto? estén convertidos en campos de criminalidad, donde los feminicidios ?que son homicidios agravados? son la noticia de todos los días y a todas horas.

No se trata de si son periodistas (74 muertos desde el foxismo) o no. Son mexicanos ajenos a la delincuencia y a los uniformados con disfraces de guerra, la mirada amenazadora y las metralletas amartilladas. Esta violencia pavorosa nos tiene en una insoportable sicosis, al grado de que millones de mexicanos ya no ven los noticieros ni leen la prensa ni tocan el tema de la inseguridad para escapar de la angustia.

“Si no pueden, ¡renuncien!”, le gritaron a Calderón y le exigen la dimisión a la par de la del desgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal (protegido de Santiago Creel y Calderón), porque éste tiene la obligación de garantizar la seguridad y debe ser señalado con índice de fuego por aumentar la violencia. Nadie le pide que desista de extinguirla, pero no a tontas y locas.

Así que ¡yo te acuso a ti, Calderón! A ti, que cinco años después de gobierno, con los delincuentes, tienes al país y a la nación atrapados en esa doble violencia.

*Periodista

Fuente: Revista Contralínea 254 / 9 de octubre de 2011

Los paramilitares, una realidad

La multiplicación de los “paras”

La incapacidad del aparato de seguridad del Estado sigue dando frutos: ahora en el país ya no solamente se enseñorean el narco y la delincuencia organizada en general, sino grupos armados de corte paramilitar. La presentación de los autodenominados Matazetas, quienes se atribuyeron la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz, el 20 de septiembre, reavivó en el país el temor hacia el paramilitarismo, a tal punto que el gobierno de Felipe Calderón se apresuró a negar que en el país existan grupos de este tipo, el experto Edgardo Buscaglia asegura que en México operan 167 de ellos. Se trata, dice, de sicarios formados en la milicia o en las policías y que no sólo trabajan para los cárteles, sino para gobiernos estatales o empresarios.

El primer mensaje de 'Los Matazetas' en Youtube.

Ricardo Ravelo

El vacío de poder que priva en México, la simulación electoral, el financiamiento de las campañas políticas por el narcotráfico y la acelerada pérdida de los controles territoriales por parte del Estado son “el caldo de cultivo más eficaz para la proliferación de los grupos paramilitares en el país”, plantea Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Virginia y profesor de derecho internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Señala que mientras el presidente Felipe Calderón continúe combatiendo al crimen organizado “de manera sesgada”, sin golpear “el nervio financiero de la mafia”, poderes como el paramilitarismo seguirán arrancando “pedazos del Estado” hasta que México se precipite al abismo, como pasó en Afganistán, Kosovo y, en los años ochenta y noventa, en Colombia, país donde esos grupos se popularizaron con el nombre de “paras”.

A Buscaglia no le sorprende la aparición del grupo paramilitar autodenominado Los Matazetas, que irrumpió en el escenario nacional tras la matanza de 35 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, pues afirma que aunque el gobierno federal niegue la presencia de paramilitares en México, este fenómeno existe desde hace mucho tiempo.

Según el experto, en México operan 167 grupos paramilitares que son financiados por empresarios empeñados en proteger “vida y propiedad”, garantías que ya no puede otorgar el Estado mexicano, y en otros casos –asegura– son pagados por los propios gobernadores, quienes ante la incapacidad de otorgar seguridad a la gente, pagan a estos grupos armados para limpiar territorios y salvar los mercados de la droga que hoy ve amenazados el cártel de Sinaloa, la organización criminal que el propio gobierno federal pretende consolidar en el territorio mexicano.

Explica: “Los grupos paramilitares en México existen desde hace mucho tiempo. Los Zetas, por ejemplo, son una expresión del paramilitarismo ligado a un grupo criminal, en este caso al cártel del Golfo. Los Zetas y todo lo que se desprende de ellos –policías, mercenarios y otros grupos – llevan a cabo tácticas militares de protección, control territorial y de mercados, y su función primordial es limpiar los territorios en beneficio de los grupos que les pagan.

“Lo que hoy preocupa, y mucho, es la proliferación de estos grupos paramilitares, que el gobierno quiere ocultar porque ya refleja una fragmentación cada vez mayor de la estructura del Estado. Existen porciones del Estado que han sido compradas al por mayor por grupos empresariales oligopólicos y monopólicos; otros pedazos del Estado están en manos de grupos ilegales desde hace 10 años, cuando inició la caótica transición política que viene conduciendo al país no a una democracia participativa, sino a lo que yo llamo una mafiocratización”.

De acuerdo con Buscaglia –también profesor de Economía y Derecho del Crimen e investigador de la Universidad de Stanford–, el proceso de fragmentación del Estado ha derivado en un rompecabezas en el cual “cada trozo le pertenece a un cártel. Por ello, el gobierno de Calderón no puede proteger vida y propiedad, y ese vacío que deja el Estado es aprovechado por los grupos paramilitares”.

–¿Cómo surgen los grupos paramilitares en México? ¿De dónde vienen? –se le pregunta.

–Muchos son mexicanos, provienen de las propias policías o del Ejército. En otros casos son traídos del extranjero y contratados por los empresarios o algunos gobiernos estatales.

“El caso de las policías municipales que controlan el mercado de migrantes en una determinada región y la práctica de entregarlos a Los Zetas para asesinarlos son ejemplos claros de táctica paramilitar. Su tarea es controlar un mercado y así favorecer a los grupos que les pagan. En México hay una mezcla de grupos paramilitares: los pagados por empresarios, y los tradicionales, que pertenecen a los cárteles de la droga, como fue el caso de Los Zetas del cártel del Golfo”.

Negociador de las Naciones Unidas en países como Afganistán y Nigeria, Buscaglia sostiene que la desarticulación del gobierno y el desorden que priva en todo el país aumenta la percepción de inseguridad entre la gente y en la clase empresarial, a la que hoy ve paralizada y sumida en su interés de proteger sus negocios:

“El escenario de México es harto complicado. Estamos más cerca del abismo que antes, y este proceso está sujeto a un efecto multiplicador, pues cuanta más percepción de inseguridad tienen los empresarios, más están dispuestos a pagar a compañías privadas estadunidenses para que les provean de cinco a 10 mercenarios que protejan su patrimonio y su vida, lo que genera más paramilitarización.”

Según Buscaglia, varios factores favorecen la proliferación de los grupos paramilitares: “El gobierno federal no puede controlar la embestida criminal debido a que su estrategia para enfrentar la tragedia social y política que vive México es mediática. Además, es claro que el presidente Calderón está muy mal asesorado, pues sus asesores extranjeros y nacionales tienden a negar lo que todo mundo ve, y esta postura miope refleja el temor a que se desate un potencial bloqueo del flujo de inversiones extranjeras, con lo cual se les caería el modelo político-empresarial mafioso que prevalece en México desde los años ochenta.

“Y es que hay grandes inversiones en determinados sectores protegidos de la economía que han sido protegidos por el partido en turno, llámese PRI, PAN o PRD, aquí no hay ideología, porque en México la simulación electoral es un deporte nacional, pues los candidatos de todos los partidos están manejados por los mismos focos de poder.

“A mí me han dicho que la simulación electoral es una falacia, porque en México se celebran elecciones. Ante esto yo digo que, en efecto, los candidatos van a elecciones, pero están previamente pridigitados por esos factores de poder que están tras bambalinas, y esos factores de poder son los que han generado la fragmentación del Estado, que es responsable de la paramilitarización que estamos viviendo.”

–En Colombia y otros países de Latinoamérica hay grupos paramilitares desde hace décadas. ¿Qué otras causas dan origen a ese fenómeno desestabilizador?

–En Colombia el paramilitarismo fue auspiciado por el propio Estado; era una paramilitarización centralizada. En México la paramilitarización es un síntoma del Estado débil y fallido, y se prohija por el vacío de poder y la falta de legitimidad del gobierno federal.

“Yo no encuentro palabras para expresar lo que se vive en México. Pienso en casos como el de Rusia, donde hay una delincuencia organizada consolidada y gestionada por el Estado. En ese país, si alguien es víctima de un delito y por causalidad le corresponde al grupo criminal protegido, al agraviado se le puede procesar con una causa penal por denunciar. Ese no es el futuro que se quiere en México, aunque por desgracia la estrategia del gobierno federal, por acción u omisión, conduce al país a una situación similar a la de Rusia.”

Fenómeno de la descomposición

La aparición en Veracruz del grupo paramilitar Los Matazetas causó revuelo en el país y fuera de él, pero no es el único que opera en el territorio mexicano. Desde 2005, la descomposición de las corporaciones policiacas estatales y federales, así como la disputa territorial de los cárteles, han propiciado la formación de los llamados comandos de la muerte o núcleos paramilitares al servicio del narcotráfico.

En 1996, tras desertar del Ejército por razones hasta ahora desconocidas, surgió la organización armada Los Zetas, una de las expresiones más acabadas del paramilitarismo en México. Agrupados en torno del entonces jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, este grupo comenzó a sembrar violencia.

Pronto dio muestras de su poder: levantones, secuestros, matanzas y extorsiones fueron las modalidades criminales que pusieron en práctica y que hasta hoy los caracterizan, pues fue el núcleo armado ligado al narcotráfico que mejor diversificó sus actividades ilegales. Actualmente son reconocidos por la DEA como un cártel independiente y con presencia en una veintena de entidades.

En 2005 surgió en Guerrero otro núcleo llamado El Comando Negro, liderado por agentes de la Agencia Federal de Investigación (la AFI que encabezaba Genaro García Luna, en aquel tiempo la corporación policiaca “modelo” del sexenio de Vicente Fox). Esos agentes federales estaban adscritos a la delegación de la PGR en Acapulco. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, los policías, que actuaban como secuestradores y sicarios en sus tiempos libres, estaban al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con la indagatoria citada, los agentes federales participaron en el secuestro de un grupo de zetas que fueron entregados a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien junto con otros pistoleros los interrogó en una casa de seguridad mientras los grababan. En el video, que fue entregado a la PGR y después difundido por internet, se observa cómo alguien encañona a uno de los presuntos zetas y le dispara en la cabeza. Todos fueron asesinados de la misma forma.

Por aquellos años, el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, creó su propio grupo paramilitar: Los Pelones. Era un equipo armado que se enfrentó a Los Zetas para expulsarlos del estado de Guerrero y así ocupar esa codiciada plaza. En ese estado era común ver a grupos ligados a los cárteles de la droga desatando balaceras y matanzas sin que ninguna autoridad les pusiera freno. Hasta la fecha ocurre.

En 2008 surgió el grupo denominado La Policía del Calendario, cuyos integrantes presuntamente tienen formación militar y están al servicio exclusivo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los pilares del cártel de Sinaloa.

Esos paramilitares no aparecieron en video como Los Matazetas. Están mencionados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008, integrada por la PGR en contra del presunto narco colombiano Ever Villafañe Martínez o Marco Antonio Espinoza Tovali. La compañera sentimental de éste, Altagracia Espinoza Aguilar, refiere ahí que tanto ella como su novio fueron secuestrados por La Policía del Calendario el 30 de julio de 2008, cuando circulaban por la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.

Ella declara que los sicarios al servicio de El Mayo la torturaron al tiempo que le mostraban fotografías de Arturo Beltrán Leyva, capo que presuntamente estaba relacionado con Villafañe y a quien Zambada pretendía eliminar.

Además, a principios del presente año, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que en Chiapas operan grupos paramilitares que tienen asoladas a poblaciones como Las Perlas, en el municipio de Altamirano, y El Carrizal, comunidad de Ocosingo.

En un comunicado, ese frente denunció que los paramilitares están encabezados por Humberto Castellanos y acusaron al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, de auspiciar el surgimiento de este tipo de organizaciones en todo el estado “para acallar a los grupos de campesinos disidentes”.

El 23 de septiembre, dos días después de que fueron arrojados 35 cadáveres de presuntos zetas en plena zona turística de Veracruz-Boca del Río, apareció en el portal conocido como El Blog del Narco un video en el que cinco personas encapuchadas, desarmadas y totalmente vestidas de negro hablan sobre ese hecho y hacen pública la existencia de su nueva organización: Los Matazetas.

También dijeron ser miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un brazo del cártel de Sinaloa que, según las autoridades, proviene de la célula que encabezó Nacho Coronel, muerto el 29 de julio de 2010 durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio jalisciense de Zapopan.

La aparición de este grupo paramilitar que dice tener la misión de limpiar al estado de Veracruz de los grupos que extorsionan y secuestran –además de “respetar a los poderes ejecutivos” tanto federal como estatal y comprender que las Fuerzas Armadas no puedan actuar al margen de la ley–, causó temor porque aviva la sospecha de que los grupos paramilitares empiezan a suplantar al Estado en tareas de esta naturaleza.

Los Matazetas ofrecieron una “disculpa” al pueblo veracruzano por la violencia que se ha desatado, al tiempo de que se adjudicaron la muerte de los 35 presuntos zetas. Sin embargo, el gobierno de Veracruz niega la existencia del grupo paramilitar y de manera conjunta con la PGR investiga la masacre.

Por su parte, el gobierno federal reconoció la existencia del grupo, pero tuvo el cuidado de no referirse directamente a él como Matazetas. El 27 de septiembre, sin entrar en detalles, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, leyó un comunicado en el que expuso que el gobierno federal es el que encabeza la lucha contra el crimen organizado con fundamento en la ley y a través de las instituciones formalmente constituidas para ello.

Sin nombrar a los Matazetas, cuyo video han visto más de 65 mil personas en internet, Blake Mora añadió: “Cualquier otra expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de legitimidad necesaria y, con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado”.

Un día después, el 28 de septiembre, Alejandra Sota Mirafuentes, vocera del gobierno federal, negó que en el país operen paramilitares, y se refirió implícitamente a Los Matazetas al reiterar: “Todo grupo que actúa al margen de la ley, que pone en riesgo la tranquilidad, la seguridad y la dignidad de las personas, será perseguido y llevado ante la justicia.

“Veracruz no será la excepción. La ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un punto estratégico para redes criminales. Su infraestructura portuaria y su colindancia con Tabasco y Chiapas, estados fronterizos con Guatemala, y por el otro lado con Tamaulipas, la frontera con el mayor intercambio comercial con Estados Unidos, hacen de la entidad un paso codiciado para el trasiego de drogas hacia el centro y norte del país.”

Edgardo Buscaglia cuestiona que el gobierno federal no reconozca directamente a los grupos paramilitares, pues señala que en varias entidades del país ya suplantaron al propio Estado:

“Hay diversos grupos paramilitares que ofrecen resolver homicidios, cobrar una deuda o investigar casos de desapariciones. Esto es evidente en Guerrero, en Durango y en Sinaloa, bolsones territoriales donde ya es claro el Estado fallido. De seguir esa orgía de corrupción y de financiamiento electoral por parte del narco, y en este caos institucional, no veo para México otro fin que precipitarse a un abismo como el que vive Afganistán.”

–¿Qué pasa con las clases empresarial y política? ¿Están dormida?

–Tratan de proteger sus propios intereses pero no se dan cuenta de que colectivamente están perdiendo todo. Eso en teoría de los juegos se llama “el dilema del prisionero”. La reacción de los empresarios vendrá cuando el narco les penetre sus círculos sociales, les derribe sus aviones o les haga estallar bombas en sus casas o empresas, como pasó en Colombia.

“La clase empresarial actuará cuando sienta tanto dolor y sufrimiento como los padres o las madres de Ciudad Juárez que han perdido a sus seres queridos, y vivan el calvario de no encontrarlos.”

Narcocomunicado de Los Mata-Zetas

http://youtu.be/G_YJOTxp1Tc

Virgilio Caballero Medios de Comunicación y Democracia

Virgilio Caballero habla sobre los sicarios del régimen y explica porqué Televisa es la madrastra de la sociedad.

Desfiladero

Terror en Jalapa

Pánico en Monterrey

Esperanza en el Edomex

Jaime Avilés

Tres empleados de Construcciones Santa Clara –entre ellos, el ingeniero Raúl Tecatl Cuevas–, regresaban a Jalapa, el viernes 17 de junio, cuando a las siete de la noche los detuvo un retén del 63 batallón de infantería, en la ex hacienda El Lencero. Los soldados los bajaron de la camioneta en que viajaban. De pronto se desató una balacera. Los militares respondieron con todo, incluso con apoyo de helicópteros artillados. Fue cosa de minutos.

Cuando el zafarrancho terminó, el ingeniero estaba muerto dentro de otro vehículo, con diez heridas de bala en la espalda y un tiro de gracia. Sus dos amigos también estaban muertos, pero incompletos, pues a ellos les habían cortado las manos. Los cadáveres fueron retratados junto con armas de alto poder. La versión oficial los tachó de sicarios.

Durante horas circularon rumores que hablaban de cuatro víctimas inocentes: tres hombres y una mujer. En su palacio, el gobernador Javier Duarte analizaba la matanza. Cuando se puso de acuerdo con sus cómplices, declaró que, en un exitoso operativo, habían muerto 11 sicarios.

Indignados, los allegados al ingeniero hoy combaten la mentira. En el portal Plumas Libres, Eduardo Segura escribió: por la maldita guerra estúpida que vive nuestro país, murió sin deberla ni temerla Raúl Tecatl, primo político de un servidor (...) brillante profesionista, originario de Jilotepec (...) que fue cruelmente acribillado de 10 balazos y pasó por boca de las autoridades a ser un sicario; por favor, qué falta de escrúpulos tienen al asesinar a un hombre de bien y destruir moralmente a toda una familia, dejar a su pequeño hijo en la orfandad y sembrar un futuro incierto y de desesperanza.

En el periódicodigital.com.mx, alguien bajo el seudónimo de Ozz, reiteró: el 17 de junio, en El Lencero, fueron asesinados a sangre fría un familiar y otros dos compañeros de trabajo. Las autoridades dicen que están limpiando Veracruz, pero están matando civiles como ustedes y como yo. Otro lanzó esta pregunta: ¿por qué no dicen nada de mi amigo que le desfiguraron su cuerpo y de los otros dos pobres que les cortaron sus manos?.

Obvio: en Jalapa ocurrió lo mismo que el 20 de marzo de 2010 en Monterrey, donde dos estudiantes del Tec fueron torturados y asesinados por el Ejército que los acusó de sicarios; o lo mismo que el 31 de marzo de 2008 en Culiacán, donde cuatro jóvenes que iban a una fiesta fueron ametrallados en un retén militar; o lo mismo que el 5 de abril de 2010 en Tamaulipas, donde otros soldados dispararon a ciegas contra una camioneta y dieron muerte a dos niños. O lo mismo que... escriban ustedes la fecha y el sitio donde se han producido hechos similares en todo el país.

Exhortar a los soldados a matar inocentes y presentarlos como sicarios para cobrar un premio, es una práctica llamada falsos positivos, que inventó el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando era jefe de la policía de Álvaro Uribe, otro genocida de la talla de Felipe Calderón. Hoy, Uribe es interrogado por la justicia de su país, debido a sus vínculos con los paramilitares que exterminaron a miles de hombres y mujeres. Santos, por su parte, condecoró a Genaro García Luna porque desde 2008 las fuerzas armadas mexicanas entregan falsos (resultados) positivos, como acaba de reconfirmarlo el caso del ingeniero Raúl Tecatl y sus acompañantes, un asunto que debe volver a movilizar a la sociedad para que los responsables del crimen sean castigados en forma ejemplar. ¡Atropellos como éstos ya no deben repetirse nunca, nunca más en México!

A propósito de lo mismo, Yuriria Iturriaga, corresponsal de La Jornada en París, me renvió una carta que alguien de su confianza le mandó desde Monterrey, ciudad en la que se está dando, le dicen, un fenómeno jamás antes visto, que es el secuestro masivo y al azar de la gente en la calle, es decir, te ven, te detienen, te suben a una camioneta con otros secuestrados, y te van cambiando de camioneta hasta que tu familia da el dinero o te matan.

Se presume, añade la carta, que se están cometiendo de 80 a 110 secuestros diarios. Mujeres, niños, ancianos, de todas las clases sociales sin distingo, lo que habla de unas tres mil personas secuestradas al mes. ¿Será verdad tanto horror?, pregunta Yuriria. No sé, pero intento recordar. ¿Cómo empezaba el reportaje que Sanjuana Martínez publicó el domingo pasado en este diario?

Así. ¿Qué se hace en un anfiteatro con 50 descuartizados? Para los médicos forenses integrar las piezas de cada persona es una tarea difícil, imposible en algunos casos, tanto que algunos familiares deciden enterrar a sus muertos de manera incompleta. En lo que va del año, 50 personas han sido descuartizadas en Nuevo León, la mayoría con el uso de sierra eléctrica. Y ha habido, agrega, según estadísticas oficiales, 743 asesinatos.

¿Es verdad que salir a la calle en Monterrey es tan pero tan peligroso? Sí, me dicen periodistas amigos, consultados por teléfono. El gobernador (Rodrigo Medina) ya no existe. La desaparición de poderes se masca en el aire, pero la popularidad del Ejército está al alza. Acaba de haber una expo de las fuerzas armadas: la asistencia sobrepasó el medio millón de personas. Saca tus conclusiones.

Lo intento. Hace 11 años, cuando la conocí, Monterrey era la ciudad más segura de México: los pobres vivían amontonados en los cerros; en el centro había tolerancia cero, y entre los ricos, en todos los casos de injusticia, siempre ganaban los injustos. ¿Quién recuerda a Gabriela Rodríguez Segovia, la acaudalada mujer a quien sus hermanos encerraron en un manicomio para quitarle su casa, su dinero y sus hijos? ¿Qué fue de Joaquín Romo de Vivar, el empresario a quien el gobierno panista despojó de su spa y trató de matarlo? A costa de los más débiles, los poderosos dinamitaron el estado de derecho, pero crearon una impunidad sin límites que terminó devorándolos.

Volvamos a Veracruz, donde Fidel Herrera brindó impunidad a todos corrompiendo todo. Anteayer, mientras su sucesor presidía un banquete en El Lencero, para festejar el asesinato del ingeniero Raúl Tecatl, por las calles de Jalapa protestaban los padres de decenas de jóvenes desaparecidos en esa ciudad, de abril a la fecha. Moraleja: socializa la impunidad y generarás caos. ¿O qué hizo Felipe Calderón en todo México? Se robó la presidencia y para poder gobernar, abolió el estado de derecho. Más de 40 mil muertos, más de 10 mil desaparecidos; cientos de narcofosas aún sin abrir a lo largo de las vías del tren que va de Chiapas a Texas; la droga más presente y más barata que nunca; la inseguridad pública en todo su esplendor y Estados Unidos construyendo una base militar en Puebla para invadirnos desde adentro. ¡Esta es su obra!

¿Y qué hay de Paulette, y de Mónica Pretelini, y de los feminicidios y de la corrupción de Peña Nieto? En Youtube, un video (busquen secundaria 582) muestra a alumnos de una escuela pública haciendo banderitas que proclaman: Eruviel gobernador. Cuando AMLO dijo en 2006 que la mancha de un fraude electoral no se puede borrar ni con el agua de todos los mares, jamás pensamos que esa mancha sería de nuestra sangre. Pero hoy, si algo tenemos claro, es que para salir de esta pesadilla sólo debemos despertar. La rebelión pacífica puede estallar de mañana en ocho, cuando Alejandro Encinas y las estructuras de Morena en el estado de México enfrenten al copetón, al chapitas y a la narcodictadura salinista y, con ayuda de usted, señorita, y de usted, señor, sí, y también de usted, señora... tal vez los derroten.

jamastu@gmail.com

Alumnos de secundaria son aprovechados para armar propaganda de Eruviel Ávila

http://youtu.be/5NwPhHPFy_Q

La guerra que prefieren los general

Elementos del Ejército en la Ciudad de México.

Sabina Berman

MÉXICO, D.F., 2 de mayo.- Por fin el presidente se ha dado por enterado. Reconoció recién esta semana que hay un consenso en el país: El Ejército no debe estar en las calles. “Hay una presión enorme, enorme para que no esté en las calles”, declaró Felipe Calderón.
Lo que preocupa de la admisión del presidente es que pudiera conducir a la conclusión directamente antípoda: Luego de que nada se ha ganado en esta guerra, el Ejército debe retirarse admitiendo la derrota del Estado mexicano ante el crimen.
Tal vez es más productivo enunciar el llamado de la sociedad civil de forma más compleja: El Ejército debiera ser retirado de las calles, pero no para declararse vencido, sino para adquirir funciones de Ejército.
Porque por lo pronto el Ejército ha sido sacado a las calles con una mano amarrada a la espalda: a cumplir funciones de policías, con restricciones de policías que se mueven entre la población civil, pero el Ejército pudiera y debiera emprender la guerra contra el crimen como lo que es, una fuerza militar entrenada y equipada para la confrontación directa y extraordinariamente violenta.
Si se cuadricula al territorio nacional. Si se delimita claramente qué zonas han dejado de estar regidas por el Estado legal y son regidas por el crimen. Si esas regiones se aíslan y se sellan. Si se evacúa a la población desarmada. Si en esas regiones selladas se declara el estado de excepción, ni más ni menos que la suspensión de garantías individuales, que permite el artículo 29 de la Constitución, para zonas donde se ha alterado gravemente el orden. “Entonces el Ejército podría entrar a ellas con todo su poder. Por aire, por tierra y por mar”. Con aviones y helicópteros, tanques y buques. “Para no dejar sin voltear una sola roca”.
Los entrecomillados son palabras del general de División Luis Garfias, las otras mi síntesis de su planteamiento.
Sigue el general Garfias: “Hablamos de un 40% del territorio nacional” donde el Estado ya no gobierna. Un 40% que se está desbordando.
Si esta es una guerra, implica el general Garfias, que lo sea. Que el presidente y el Congreso se atrevan a tomar las medidas para que lo sea. Una guerra territorialmente limitada y con condiciones para que logre su cometido con rapidez. “Según los órganos militares duraría semanas o meses”, aclara el general Garfias. No años.
Otra función crucial que el Ejército debiera tener, depende de que por fin el presidente focalice el objetivo de esta guerra. Que renuncie a la guerra amplia contra el crimen y el tráfico de drogas de todo México, y decida restringir el objetivo al de la seguridad de la población civil.
La seguridad de la población civil no se define por el exterminio de los maleantes, ni siquiera por la disminución drástica de personas que se dedican a actividades ilícitas. Se define por el abatimiento dramático de los crímenes que directamente destruyen las vidas de los civiles. El robo, la extorsión, el secuestro y el homicidio.
Me lo confía otro general de División que me pide no revelar su nombre, dado el tamaño de lo que expresa: “Por mí que construyan los narcos un ducto que lleve directo la coca de Sinaloa a California. Si Estados Unidos no hace la guerra contra los distribuidores de droga, ¿por qué nosotros la hacemos contra los que les transportan la droga a esos distribuidores felices? Lo que debe importarnos es librar del crimen y del miedo a los mexicanos”.
Este segundo planteamiento no excluye al anterior del general Garfias, adecuado únicamente para reconquistar las zonas de donde el Estado ha sido expulsado. Este segundo planteamiento sería adecuado para el resto del territorio y prevé un cuerpo armado de élite, con una movilidad y capacidad de ataque extraordinarios. Un cuerpo de élite que no puede surgir a corto plazo más que del Ejército o la Marina.
Si los miembros de un cártel roban, extorsionan, secuestran o matan a un civil, este grupo reacciona atacando al cártel en una zona focalizada y con una intensidad feroz.
Definir el objetivo de la guerra como la seguridad de los civiles tiene beneficios puntuales. Permite a los civiles aceptar esta guerra como su guerra. Alienta a los capos a replegar las actividades de sus tropas, a contenerlas, a controlarlas, como lo hacen desde hace tiempo del otro lado de nuestra frontera norte. Permite al Ejército elegir los territorios del enfrentamiento, para su ventaja y el de los civiles. Y por último, da un criterio objetivo para algún día dar por ganada la guerra.
¿Quién decidió esta guerra y cómo librarla, el presidente o los generales del Ejército Mexicano?
“El presidente”, responde lacónico el general Garfias.
Algunos militares piensan que es tiempo de que los militares decidan cómo hacer la guerra.

Una frontera llena de fosas

Editado por Molly Molloy, el libro del periodista Charles Bowden El Sicario: The Autobiography of A Mexican Assassin (El Sicario: La autobiografía de un asesino mexicano) será puesto en circulación por National Books a partir del 14 de junio en Estados Unidos. En una serie de conversaciones grabadas en abril de 2010, parte de las cuales fueron adelantadas por este semanario (Proceso 1788), el gatillero revela que la existencia de narcofosas en el país no es nada nuevo, pues cientos de ellas proliferan en la frontera norte de México. Y eso, afirma, lo saben incluso policías y militares, algunos de los cuales participaron en las ejecuciones.

J. Jesús Esquivel

WASHINGTON.- En la frontera norte de México hay cientos de narcofosas con miles de cuerpos dentro, declaró al periodista Charles Bowden un antiguo gatillero del cártel de Juárez en una serie de conversaciones que recoge el libro El Sicario: The Autobiography of A Mexican Assassin (El Sicario: La autobiografía de un asesino mexicano), que comenzará a circular en Estados Unidos a partir del 14 de junio, editado por Molly Molloy.

El entrevistado vaticina que Felipe Calderón perderá la guerra que emprendió contra las bandas del crimen organizado; además, denuncia que el alcalde de Ciudad Juárez está coludido con el narcotraficante que se adueñó de esa plaza.

El protagonista del documental El sicario room 164, filmado por Gianfranco Rosi en colaboración con Bowden (Proceso 1788), insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos 100 narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido descubiertas”.

Expolicía con formación universitaria, afirma haber sido entrenado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y que durante 20 años fue matón a sueldo para el cártel de Juárez. Su relato se condensa en 224 páginas del libro de la editorial National Books.

Las revelaciones de El Sicario, hechas en abril del año pasado, cobran actualidad a la luz de los hallazgos de la narcofosas en San Fernando, Tamaulipas, al tiempo que desnudan la corrupción gubernamental y la impunidad de que gozan los criminales y aun las tropas inmersas en la lucha militarizada lanzada por Calderón contra los cárteles de la droga.

“El lector no está mirando de frente al rostro del sicario sino a la cara del verdadero Estado mexicano. En este lugar nadie pregunta si un policía es corrupto u honesto, si un asesinato será investigado; aquí nadie pide justicia, simplemente busca sobrevivir.

“En este mundo las declaraciones de los presidentes de Estados Unidos sobre México no significan nada porque insisten en hablar de un México que no existe y que nunca ha existido”, escribe Bowden en el prefacio de la obra, que National Books envió a Proceso de manera anticipada.

Y aun cuando el volumen incluye partes sustantivas del documental de Gianfranco Rosi exhibido en salas europeas desde febrero pasado, contiene los detalles del entrevistado en las que explica por qué considera que el narcotráfico tiene el control del país.

“El presidente Felipe Calderón tiene un problema muy serio: dentro de su gobierno hay informantes de las organizaciones del tráfico de drogas; él no va a poder limpiar la casa. En el gobierno hay gente que tiene años de haber sido corrompida por el narco”, comenta El Sicario.

Y aventura un diagnóstico: “Calderón no ha entendido cómo debe afrontar la situación el gobierno. Él está favoreciendo a un cártel, mientras otro simula una guerra. Calderón no va a poder resolver esta situación en un sexenio. Ojalá se compongan las cosas, pero (pienso que) tendría que limpiar todo, comenzando por la Presidencia”.

Las revelaciones

Dividido en siete capítulos: “El yugo”, “El paquete”, “Niño”, “Adolescente”, “Hombre”, “Niño de Dios” y “Sistema y la Vida”, el libro documenta la forma en que el entrevistado –quien afirma que en 2007 tuvo que huir de México– aprendió a asesinar, torturar y desaparecer a sus víctimas. También insiste en que el narcotráfico se enquistó en todos los niveles de gobierno mexicano.

Sobre las narcofosas, El Sicario es enfático: “No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada… Es imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de 100 personas. Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles las ejecuciones.

El cártel de Juárez tiene muchas casas de seguridad y muchas personas bajo su mando. En los lugares que han sido descubiertas (las fosas) se encontraron 30 o 40 cuerpos; en algunos sólo 10, aunque los sitios con menos muertos son casas de seguridad”.

Expone también que, para eliminar el olor de la descomposición de los cuerpos, “es necesario ponerles jugo de limón y otros químicos. Se les quita la ropa y todo lo que lleven encima para que no quede rastro y para que no sean localizados”.

El Sicario, por cuya cabeza sus antiguos compañeros ofrecen 250 mil dólares de recompensa, sostiene que algunos militares, policías federales, estatales y municipales conocen la ubicación de las narcofosas, pues llegaron a participar en las ejecuciones.

Conocedor de los entretelones del narcotráfico en las plazas del norte de México, El Sicario critica abiertamente la lucha militarizada de Calderón: “El presidente de México dice: ‘Yo tengo el control…’, pero el nivel de corrupción es tan alto que el gobierno no puede ser controlado. Lo que pasa es que son los narcos los que están controlando al presidente”.

Al resumir su carrera en el cártel de Juárez pone énfasis en la presunta relación del capo Vicente Carrillo Fuentes con el alcalde de Ciudad Juárez, el priista Héctor Murguía Lardizábal.

En la parte final del libro, Bowden y Molloy escriben que así respondió El Sicario “a la pregunta sobre el resultado de las elecciones (del 4 de julio de 2010) en el estado de Chihuahua y el subsecuente asesinato de un funcionario en Ciudad de Juárez”.

“Dios nos bendiga.

“Por desgracia la gente de Juárez decidió votar otra vez por el canguro, por no llamarlo como debería llamarlo; una rata que camina en dos patas...

“Su grupo sufrió dos o tres golpes antes de que asumiera el poder, pero eso no fue más que un recordatorio de quién le está pagando y que será mejor que obedezca. Esto parece ser lo que está ocurriendo, con esta elección habrá otros tres años de abusos con impunidad total. Los criminales se estarán reorganizando dentro de la policía, todo en secreto, igual que antes, cuando él manipuló a la policía municipal de Juárez.”

El entrevistado también habla del presunto asesino del dentista y columnista de El Diario de Juárez Víctor Manuel Oropeza, ejecutado el 3 de julio de 1991 dentro de su consultorio y cuyo caso no ha sido resuelto: “Recuerdo muy bien lo mucho que se habló de este asesinato. La orden directa (de matarlo) provino de un tipo conocido como El Cora de Sinaloa”.

Oropeza, quien publicaba su columna A mi manera, fue el primer periodista que denunció los casos de corrupción por narcotráfico en el gobierno estatal y municipal de su estado. Según El Sicario, Oropeza estaba muy bien informado y lo que escribía en su columna era verídico. Admite incluso que el cártel de Juárez nunca descubrió quién era su fuente.

“Ninguna de las células que operaban en la ciudad en esos años quería involucrarse en el caso. Pero había un grupo de cinco individuos bajo la dirección del Cora, que se dedicaban exclusivamente a ejecutar a gente en las calles. Este grupo asumió la orden. Hicieron un plan y ejecutaron al doctor” en su consultorio, añade.

No obstante, dice, “El Cora y sus hombres cometieron un error muy grave: se les olvidó llevarse la billetera del dentista”. Eso echó por tierra el plan, que era hacer creer a las autoridades que Oropeza había sido acuchillado durante un asalto.

“Al final, el asesinato del doctor sirvió para abrirle el camino al Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, quien se convirtió en cabeza del cártel y asumió el control de la plaza de Ciudad Juárez”, subraya El Sicario.

Según él, Amado Carrillo supo calmar las disputas internas en la organización luego del asesinato de Oropeza. Por esas fechas, El Sicario acababa de iniciar su carrera como policía estatal. Relata que fue a él a quien le pidieron esconder a “uno de los policías estatales que fue implicado en el homicidio (de Oropeza)”.

Las confesiones

En la introducción del libro, Molloy escribe que El Sicario comentó que “el número 10 (del cártel de Juárez) fue quien dio la orden para ejecutar a los 16 jóvenes en la masacre de la colonia Villas de Salvárcar, el 31 de enero de 2010”.

“Hasta hace unos años los narcos respetaban la vida de las mujeres y de los niños; pero desde hace como un año y medio (inicios de 2008), parece que esa regla dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque los narcos comenzaron a reclutar a mujeres para que se dedicaran a cobrar deudas. Y ellas comenzaron a utilizar a los niños como escudos para protegerse”, refiere.

La autobiografía explica el modus operandi de los grupos especiales de sicarios dentro de los cárteles de la droga, a los que también se les conoce como células.

–¿Cuántas células operan en Ciudad (Juárez)? –se pregunta El Sicario, e inmediatamente se responde:

–En años recientes ha habido alrededor de… puede que tenga cinco células trabajando en Ciudad Juárez. Don Vicente (Carrillo Fuentes), tomando en cuenta que él es la cabeza de la plaza, ha de tener 20 células.

La relación entre los cárteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México es descrita por El Sicario de distintas maneras a lo largo del libro:

“En ese tiempo era muy fácil para mí trabajar en Juárez, Chihuahua, Sinaloa o Durango. Todo lo que teníamos que hacer era llegar a un aeropuerto, subirte al avión e irte. No era ningún problema. Las armas y el dinero en efectivo también se transportaban en aviones privados. En el aeropuerto todo ya estaba arreglado; en los aeropuertos el Ejército se hacía cargo de todos los vuelos privados. De los vuelos comerciales se hacía cargo la Policía Federal Preventiva...”

Según El Sicario, en el gobierno federal hay funcionarios que no se dejan corromper por el narcotráfico. Es el caso, dice, de José Luis Santiago Vasconcelos, quien falleció junto con el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en un avionazo en la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008.

“Era respetado incluso dentro de los cárteles. Cuando iniciaba una investigación, incluso era una prioridad para los cárteles; se hacían a un lado y le deban espacio para que hiciera su trabajo… Era un hombre humilde, dedicado a su trabajo y a su familia. Me hubiera gustado conocerlo.”

Molloy, quien editó el material contenido en el volumen, es investigadora de la Universidad de Nuevo México y se ha dedicado a recabar información sobre los asesinatos en Juárez. Bowden, periodista y escritor, es autor de libros como La ciudad del crimen y Blues para caníbales.

El sicario, un documental proscrito en México completo

http://www.youtube.com/watch?v=uylhdcRsw3Q

Una fuerte denuncia de los métodos de tortura, asesinato y reclutamiento de los cárteles mexicanos y la acusación de complicidad de autoridades con el crimen organizado, centran el documental "El sicario room 164", realizado en 2010.

"No hay fronteras para el narco: ni en México, ni en Estados Unidos, ni en Colombia, ni en Costa Rica, ni en El Salvador. El narco puede comprar todo, paga policías, paga aduanas, paga migración. ¿Qué tan difícil es, si mueven y mueven toneladas de drogas, mover a una persona?"

Esta es una de las confesiones que el sicario narra encapuchado frente a la cámara en la habitación número 164 de un motel no revelado, en un lugar cercano a la frontera de Estados Unidos con México, escenario de hechos criminales en los que el testimoniante participó.

La cinta fue realizada por el escritor y periodista estadounidense Charles Bowden y el cineasta italiano Gianfranco Rosi, cuyos detalles fueron revelados en la más reciente edición de la revista mexicana Proceso, en una entrevista realizada a Bowden, quien facilitó a su entrevistador una copia del documental.

A través de la producción audiovisual, el sicario explica en detalles las técnicas de tortura, secuestro o asesinato en una especie de manual para aprender cómo practican esas actividades los grupos criminales, expone la revista.

La profesionalización de un sicario, hasta su educación universitaria en la mayoría de los casos, es una inversión que hacen los jefes de los cárteles de la droga para contar con asesinos efectivos y discretos, asegura el asesino en la reseña publicada por Proceso.
Leer más
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id...

Mexico; el cementerio de Calderón

Narcofosas y Calderón, mensajes frente al horror

El hallazgo en San Fernando.

Jenaro Villamil

MÉXICO, DF, 19 de abril (apro).- El mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un duro comunicado de condena al Estado mexicano por el hallazgo de 145 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón hacía uso de su nueva estrategia de comunicación (o incomunicación) en su cuenta de Twitter y escribió el siguiente mensaje:

“Muchas felicidades a las Fuerzas Armadas por la captura de El Kilo y toda su banda de Zetas, autores de la masacre de migrantes ahí”.

A las 11:17 horas del lunes 18 de abril, el mandatario mexicano insistió en la alabanza:

“La detención de El Kilo y Los Zetas de San Fernando, fue el resultado de una gran coordinación de fuerzas federales”.

Ni una sola palabra presidencial de apoyo a los cientos de personas que han acudido a la morgue para saber si entre esos cadáveres se encuentra algún familiar. Tampoco ningún compromiso por investigar si existen otros cuerpos hallados en fosas similares. Mucho menos referencia alguna a lo expresado por la CIDH.

La Comisión Interamericana instó al Estado mexicano “a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose”. El Estado mexicano no ha respondido formalmente a este llamado.

La pesadilla de las narcofosas apenas empieza a desentrañarse y el gobierno federal insiste en asumir como “logros” lo que es una demostración de la impunidad generalizada, con un alto grado de responsabilidad de los tres niveles gubernamentales (estado, municipios y Federación).

El incómodo blog del narco publicó el mismo día que la Secretaría de Marina presumió ante los medios la detención de Martín Estrada Luna, El Kilo, que “fuentes anónimas y confiables” indicaron que se encontraron 55 cuerpos más en una nueva narcofosa, donde existen cuerpos de bebés, niños y jóvenes “quienes fueron ejecutados con brutalidad extrema”.

En su edición de este martes 19, el periódico Reforma realizó un recuento para señalar que en cinco años se han hallado 156 fosas en todo el país, con un total de 645 cadáveres, diseminados en 22 entidades de la República y el Distrito Federal. En Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua se ha encontrado más de 60% de estos cuerpos. Lo peor de estos hallazgos es que la gran mayoría de los restos humanos no han sido plenamente identificados.

En otras palabras, apenas estamos en el umbral de un escándalo internacional que ya comenzó a generar notas muy duras en las cadenas televisivas internacionales como Telesur, CNN o las agencias informativas europeas y estadunidenses.

El sicario y sus víctimas

“No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada... Es imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de cien personas. Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles de ejecuciones”.

Este es el testimonio de El sicario, libro y documental del mismo título realizados por los periodistas Charles Bowden y Molly Molloy, cuyo adelanto se publica en la edición de Proceso de esta semana.

Las palabras de este asesino a sueldo, de Ciudad Juárez, Chihuahua, sólo confirman el horror que está por venir. El protagonista del documental insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos cien narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido descubiertas”.

El menciona tan sólo las fosas existentes en la frontera de Ciudad Juárez y Estados Unidos. Además de estos cementerios clandestinos, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Durango y en Coahuila se calcula que pueden existir decenas o cientos de estos sitios.

El país apenas entrará a las compuertas de este horror, uno de los verdaderos rostros de la espiral de brutalidad, violencia, impunidad y miedo que ha acarreado la guerra entre los cárteles, la persecución contra migrantes y contra la gente humilde, sin rostro, sin nombre.

Más de 3 mil desaparecidos

En la misma edición de la revista Proceso, la reportera Gloria Leticia Díaz cita el cálculo del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzosa o Involuntaria (GTDFI) de las Naciones Unidas en México. En su informe preliminar del 31 de marzo pasado, este organismo advierte que “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006” en todo el país.

El recuento hemerográfico realizado por Proceso señala que se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.

La reportera Marcela Turati, en su recorrido por la morgue de Matamoros, Tamaulipas, relata en la misma edición de Proceso que el Servicio Médico Forense (Semefo) está desbordado y más de 400 personas han acudido a este sitio –provenientes del mismo estado y de otros como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Jalisco-- en busca de sus familiares desaparecidos.

Un investigador, entrevistado por Turati, describe así el perfil de las víctimas:

“Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (‘no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso’, dice la fuente).

“--¿Por qué los habrían matado? –se pregunta al investigador.

“--A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los sicarios”.

Esos son los muertos sin nombre. Sus cuerpos apenas comienzan a descubrirse.

Sin embargo, para ellos no hay palabras de consuelo ni de compromiso contra la impunidad del presidente de la República.

Comentarios: www.homozapping.com.mx

www.jenarovillamil.wordpress.com

Fosas clandestinas

Cadáveres en el Semefo del DF

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF; 17 de agosto (apro).- Las imágenes son terribles, atroces: cadáveres amontonados, cuerpos mutilados y torturados de cientos de mexicanos abandonados en fosas clandestinas.

Se parecen a las que se descubrieron en Chile, Argentina, Guatemala y demás países centro y sudamericanos al final de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Eran las víctimas de la violencia del Estado contra sus disidentes.

Son las mismas imágenes que dejaron la guerra nacionalista en la antigua Yugoslavia y la guerra tribal en Ruanda, en los años noventa.

Ahora, desde San Fernando, Tamaulipas, México da al mundo el mismo espectáculo fiero, inhumano. No es la primera vez, ni será la última, para vergüenza de un país sumido en una irracional guerra contra el narcotráfico.

Aquellos países pasaron del horror y la estupefacción a la indignación y al establecimiento de responsabilidades. Unos hicieron justicia, “en la medida de lo posible”, en sus propios tribunales. En otros casos, los responsables fueron juzgados en tribunales internacionales como criminales de guerra.

En México, los responsables de la barbarie también tendrán que ser procesados, juzgados y sentenciados. Pero la Procuraduría General de la República (PGR) está muy lejos de tal imperativo, pues es parte de esta trama violenta.

Como doble víctima, de la delincuencia organizada y de sus autoridades, a la sociedad mexicana no le queda más que organizarse para superar esa violencia parecida por sus resultados a una guerra civil y buscar que se impongan castigos.

Tarde o temprano tendrá que suceder si es que se quiere que el país salga del círculo vicioso de la violencia. Pero no como ahora se hace, atribuyéndole a una sola persona decenas y decenas de muertes.

Dice la Marina, por ejemplo, que Omar Martín Estrada Luna, El Kilo, supuesto jefe del cartel de Los Zetas en San Fernando, es el “autor intelectual” de por lo menos 200 muertes en ese municipio de triste testimonio.

Lo mismo hizo la PGR en enero de 2009 cuando le atribuyó a Santiago Meza López, El Pozolero, la muerte de unas 300 personas contrarias al cartel de Tijuana. Pero no pasa de esas acusaciones espectaculares. Nadie puede pensar que por sí solas dos personas sean las responsables de medio millar de muertes.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha realizado, que se conozca, una investigación para dar con las cadenas de mando y protección, lo cual supondría la detención y procesamiento de quienes ordenaron y ejecutaron tales asesinatos, así como de las autoridades civiles, policiales o militares que han protegido a las organizaciones delictivas.

El resultado de esa impunidad es que los ciudadanos sientan cada vez más cerca la violencia. Al principio estaba circunscrita a las áreas tradicionales de producción y tráfico de drogas. Después, se extendió a nuevas “rutas” que prácticamente abarcan a todo el país en búsqueda de caminos para llegar al mayor mercado consumidor del mundo de sustancias ilegales, Estados Unidos.

Exacerbada de por sí esa disputa de rutas, Felipe Calderón quiso apagar el fuego con gasolina. A la violencia enfermiza de los carteles de la droga que rompieron toda regla de confrontación, se respondió con la violencia legal e ilegal del Estado. A la barbarie, le siguió la violencia necia, obstinada.

Hoy la violencia pende sobre cada mexicano. Nadie se salva. A cualquiera le puede pasar. Ya no es estar en el momento y en el lugar inadecuados. Todo México, en cualquier momento, es propicio para la muerte. Ya por un choque entre narcotraficantes, ya por la acción de las fuerzas federales, policiales y militares, ya por la fuerza que hace tiempo dejó de ser monopolio del Estado mexicano.

Por eso las tumbas clandestinas brotan en cualquier punto del territorio. El horror es el signo del tiempo mexicano que ahora dejamos como testimonio al mundo.

jcarrasco@proceso.com.mx

Fosas clandestinas

Cadáveres en el Semefo del DF

Jorge Carrasco Araizaga

MÉXICO, DF; 17 de agosto (apro).- Las imágenes son terribles, atroces: cadáveres amontonados, cuerpos mutilados y torturados de cientos de mexicanos abandonados en fosas clandestinas.

Se parecen a las que se descubrieron en Chile, Argentina, Guatemala y demás países centro y sudamericanos al final de las dictaduras militares de los años setenta y ochenta del siglo pasado. Eran las víctimas de la violencia del Estado contra sus disidentes.

Son las mismas imágenes que dejaron la guerra nacionalista en la antigua Yugoslavia y la guerra tribal en Ruanda, en los años noventa.

Ahora, desde San Fernando, Tamaulipas, México da al mundo el mismo espectáculo fiero, inhumano. No es la primera vez, ni será la última, para vergüenza de un país sumido en una irracional guerra contra el narcotráfico.

Aquellos países pasaron del horror y la estupefacción a la indignación y al establecimiento de responsabilidades. Unos hicieron justicia, “en la medida de lo posible”, en sus propios tribunales. En otros casos, los responsables fueron juzgados en tribunales internacionales como criminales de guerra.

En México, los responsables de la barbarie también tendrán que ser procesados, juzgados y sentenciados. Pero la Procuraduría General de la República (PGR) está muy lejos de tal imperativo, pues es parte de esta trama violenta.

Como doble víctima, de la delincuencia organizada y de sus autoridades, a la sociedad mexicana no le queda más que organizarse para superar esa violencia parecida por sus resultados a una guerra civil y buscar que se impongan castigos.

Tarde o temprano tendrá que suceder si es que se quiere que el país salga del círculo vicioso de la violencia. Pero no como ahora se hace, atribuyéndole a una sola persona decenas y decenas de muertes.

Dice la Marina, por ejemplo, que Omar Martín Estrada Luna, El Kilo, supuesto jefe del cartel de Los Zetas en San Fernando, es el “autor intelectual” de por lo menos 200 muertes en ese municipio de triste testimonio.

Lo mismo hizo la PGR en enero de 2009 cuando le atribuyó a Santiago Meza López, El Pozolero, la muerte de unas 300 personas contrarias al cartel de Tijuana. Pero no pasa de esas acusaciones espectaculares. Nadie puede pensar que por sí solas dos personas sean las responsables de medio millar de muertes.

Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha realizado, que se conozca, una investigación para dar con las cadenas de mando y protección, lo cual supondría la detención y procesamiento de quienes ordenaron y ejecutaron tales asesinatos, así como de las autoridades civiles, policiales o militares que han protegido a las organizaciones delictivas.

El resultado de esa impunidad es que los ciudadanos sientan cada vez más cerca la violencia. Al principio estaba circunscrita a las áreas tradicionales de producción y tráfico de drogas. Después, se extendió a nuevas “rutas” que prácticamente abarcan a todo el país en búsqueda de caminos para llegar al mayor mercado consumidor del mundo de sustancias ilegales, Estados Unidos.

Exacerbada de por sí esa disputa de rutas, Felipe Calderón quiso apagar el fuego con gasolina. A la violencia enfermiza de los carteles de la droga que rompieron toda regla de confrontación, se respondió con la violencia legal e ilegal del Estado. A la barbarie, le siguió la violencia necia, obstinada.

Hoy la violencia pende sobre cada mexicano. Nadie se salva. A cualquiera le puede pasar. Ya no es estar en el momento y en el lugar inadecuados. Todo México, en cualquier momento, es propicio para la muerte. Ya por un choque entre narcotraficantes, ya por la acción de las fuerzas federales, policiales y militares, ya por la fuerza que hace tiempo dejó de ser monopolio del Estado mexicano.

Por eso las tumbas clandestinas brotan en cualquier punto del territorio. El horror es el signo del tiempo mexicano que ahora dejamos como testimonio al mundo.

jcarrasco@proceso.com.mx